miércoles, 16 de octubre de 2013

Aprueban diputados quitar a Estados el pago de nómina a profesores. Entre 2007 y 2010, la ASF determinó recuperaciones en BCS por 2 mil 587 millones 952 mil pesos.


Tulio Ortiz Uribe
Esta noche la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la ley de coordinación fiscal, que confirma la centralización del pago de nómina de los maestros en la Secretaría de Educación Pública.

De esta manera desaparece el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB), que proporcionaba los recursos a los estados para el gasto de educación y se crea el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), que cubrirá en su totalidad los recursos para cubrir los gastos al personal que ocupa las plazas de maestros. Así, “la SEP se encargará de llevar un sistema de administración de nómina y solicitará a la tesorería de la federación el pago a los profesores, por cuenta y orden de las autoridades educativas estatales, que mantendrán el carácter de patrón”.

Una de las razones para revertir el proceso de descentralización de recursos federales para la educación, fue el descontrol y discrecionalidad con que se manejaban esos recursos en los estados, como lo demostró la Auditoria Superior de la Federación (ASF). Entre el 2000 y el 2010, Hacienda transfirió al estado a través del FAEB, 19 mil millones de pesos. En el lapso 2007-2010, la Auditoría detectó desvíos por un total de 2 mil 587 millones 952 mil 300 pesos.

En el documento: “Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 en Baja California Sur”, la ASF destaca lo siguiente: en el 2009 se detectaron recursos por 322 millones 555 mil 900 pesos que no fueron ejercidos a la fecha de la revisión y que tampoco se encontraron en la cuenta bancaria del fondo; asimismo, entre 2007 y 2010,  se realizaron pagos por 91 millones 149 mil 500 pesos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión; se pagaron compensaciones y estímulos por compromiso estatal por mil 151 millones 327 mil 900 pesos, de los cuales no se presentó la normativa para su pago o no estuvieron autorizados por la Federación; no se encontró documentación comprobatoria de gastos con cargo en el FAEB por 274 millones 300 mil 600 pesos; no se presentó evidencia documental que avale el destino y aplicación de los intereses generados por los recursos del FAEB en las cuentas abiertas por el gobierno del estado por 148 millones 258 mil 400 pesos y, con recursos del Fondo, el estado pagó multas y recargos por 92 millones 949 mil 400 pesos, por la retención del impuesto o cuotas (ISR, SAR, ISSSTE, entre otros) de sueldos y salarios, no enterados al SAT.

“Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron una  mayor presencia, dice el reporte, están vinculadas con deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la entidad, así como las relacionadas con el incumplimiento de las metas y objetivos del fondo.

lunes, 7 de octubre de 2013

La Paz, a punto de la bancarrota

Tulio Ortiz Uribe
Exceso de personal, creciente deuda con proveedores y bancos, falta de liquidez, poco ahorro interno para crear infraestructura y una insuficiente generación de ingresos, están llevando al Municipio de La Paz a una situación de “insostenibilidad fiscal” que podría derivar en una “crisis financiera”, alerta un reporte preparado por la agencia GeoAdaptive LLC, de Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos.

El informe describe además serios problemas de administración: ineficiencia, falta de planeación, métodos obsoletos de trabajo, personal poco capacitado y exceso en el gasto corriente, tales como el pago de 2 millones mensuales por concepto de “horas extras” a empleados; viáticos y boletos de avión en el país y el extranjero para altos funcionarios, por un millón 38 mil pesos en tres meses; presencia de ratas en el área de catastro que dañan los documentos; 30% de los contribuyentes no paga el impuesto predial y una nómina abultada, donde “el trabajo de una gente lo hacen cuatro o cinco del personal de base”.

La situación es crítica porque no sólo refleja problemas administrativos, sino aquellos que no permiten financiar el gasto de operación del municipio, así como la inexistencia de fondos para gastos de inversión, que se traduce en incapacidad para ampliar la cobertura a la población que carece de servicios básicos, se dice en el reporte1 de 42 páginas.

Redactado para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por encargo de la Fundación Femsa, del gigante mexicano de la CocaCola y la International Community Foundation (ICF), una organización de jubilados estadounidenses, el documento sugiere además “el desarrollo de proyectos de asociación público-privada de carácter municipal”, con el fin de privatizar algunos servicios municipales.

Tanto la ICF como Femsa (controladora también de la cadena de tiendas OXXO), financian la participación de La Paz en la iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles”, programa del BID que busca “desarrollar una estrategia de largo plazo para alcanzar la sostenibilidad en su gestión ambiental, fiscal y urbana”, de ahí el interés del banco por tener un diagnóstico financiero del municipio.

Proveedores y deuda de corto plazo, fuente de financiamiento
En los Estados Financieros de mayo de este año (último mes que se puede consultar en la página oficial), La Paz enfrentaba deudas y documentos por pagar a corto plazo (pasivo circulante), por 380 millones 410 mil pesos, un rubro que ha ido creciendo debido a que, por problemas de liquidez, se ha estado financiando a través de proveedores, lo cual “no sólo es más costoso que la deuda pública, sino además genera un efecto de ‘bola de nieve’ ya que se convierten en la única fuente de financiamiento para cubrir los faltantes”, dice la agencia. En el mismo periodo de 2012, el pasivo circulante del municipio era de 243 millones 368 mil pesos; es decir, en un año las deudas de corto plazo con proveedores crecieron 34 %.

Agrega el reporte: “La falta de certidumbre sobre los ingresos a recibir (que en una buena parte son transferencias federales) y la regularidad del gasto corriente para mantener la operatividad del gobierno, genera problemas de liquidez a las finanzas municipales, dando lugar a un financiamiento creciente a través de proveedores”, los cuales cargan a sus facturas los costos financieros derivados del crédito.

El municipio también ha estado utilizando líneas de crédito de corto plazo por 40 millones con  bancos comerciales, para atender sus  problemas de liquidez. Estos créditos, al no documentarse como deuda pública, se contratan a tasas de interés elevado.

La calificadora Fitch Rating coincide con esto al afirmar que “el uso recurrente de dichas líneas ha presionado la liquidez de la entidad, por lo que la política a implementar en 2013 es el uso menos frecuente y más moderado de dichas líneas. Asimismo, el nivel de pasivo circulante continúa registrando niveles elevados, aspecto al que Fitch deberá dar seguimiento, ya que el financiamiento intensivo mediante estos pasivos, es uno de los aspectos que continúan presionando la calificación de La Paz”

Por su parte GeoAdaptive LLC afirma que “el financiamiento de corto plazo a través de proveedores y líneas de crédito de corto plazo con la banca comercial, termina por traducirse en mayor endeudamiento de largo plazo, ya que al no existir excedentes para pagarlos el municipio puede verse obligado a documentar como deuda pública dichos pasivos y liquidarlos con recursos de crédito”.

Sin embargo, apunta el documento, “seguir invirtiendo a través de la deuda pública, significa que en el futuro se realizarán menos inversiones, ya que se deberá pagar la deuda actual. Por ello, la reestructura de la deuda es una medida insuficiente. Únicamente significa trasladar el problema hacia el mediano o largo plazos, pero en algún momento habrá que hacerle frente. De seguir la tendencia actual, La Paz se está encaminando a una situación de insostenibilidad fiscal”

Pronostica que ante esta tendencia “es previsible que el nivel de calificación otorgado por las agencias calificadoras no mejore e incluso se reduzca aun más, con un consecuente costo financiero mayor de la deuda actual y futura de La Paz, ya que la tasa de interés aplicable a los créditos está asociada al nivel de calificación, además de que las autoridades encontrarán crecientes problemas para obtener crédito”

Y el pronóstico se cumplió: en diciembre pasado, Fitch Rating puso en perspectiva negativa la calificación del municipio (BBB mex,  la nota más baja posible del grado de inversión),  “debido a que la flexibilidad financiera aún es limitada, conjugado con niveles elevados de endeudamiento y servicio de la deuda en términos de su ahorro interno”, dice la calificadora en su sitio de internet.

Gasto corriente, el problema principal
La mala situación financiera del municipio de La Paz se explica entre otros motivos, por un crecimiento del gasto corriente superior a los ingresos. En el 2011, año en que llegó la actual administración, el gasto total se incrementó en 15.49%, mientras que los ingresos disminuyeron en 2%.

Esta situación no ha cambiado: en mayo de este año, el municipio presupuestó ingresos por 65.2 millones, pero sólo obtuvo 63.4; mientras que en los gastos se excedió en 12.6%, pues había pensado erogar 67.9 millones y gastó 76.5 millones; 8 millones 600 mil más de lo que se presupuestó.

Esto también se ha reflejado en el principal capítulo del gasto corriente: el pago a la  burocracia. Cuando Esthela Ponce Beltrán tomó posesión de la alcaldía, en abril de 2011, la nómina aumentó en 10 por ciento (se sabe que contrató cuando menos a 100 empleados de su misma filiación política: el PRI), pues pasó de 542 a 595 millones de pesos anuales, cantidad que ni con sus propios ingresos alcanza a pagar, pues recauda por impuestos, derechos, aprovechamientos y servicios alrededor de 400 millones. Si se toma en cuenta que el presupuesto de egresos de La Paz en el 2012 fue de aproximadamente 900 millones, se estima que tan solo en pagar a los empleados gasta el 66 por ciento del total, olvidando que en el municipio viven 219 mil 596 personas que requieren atención y servicios básicos.

GeoAdaptive LLC advierte que la administración esta excedida, pues existe más personal del necesario para realizar la operación del municipio, y enumera los grandes problemas de la burocracia: “El trabajo de una gente lo hacen cuatro o cinco del personal de base; hay  mil 250 empleados sindicalizados, que representan más del 50% de la nómina;  existen acuerdos políticos con el Sindicato que hacen inamovibles a los empleados de base, y se posibilita que ante baja de personal puede dejar la plaza a un familiar directo, quienes ||generalmente son de bajo perfil, no proclives a la capacitación; existe un desorden en las categorías del personal: base, confianza, lista de raya, compensados, supernumerarios y de pago único. Por si esto no fuera poco, un porcentaje de gente jubilada está contratada bajo otro régimen, el cual no se tiene plenamente identificado”

Pero además hay otros excesos. Con todo y que la nómina es insostenible, en los primeros cinco meses de este año se erogaron 10 millones 150 mil pesos por “horas extras” del personal, como se puede ver en los documentos2 Estados Comparativos de Egresos. Asimismo, por boletos de avión y viáticos en el país y en el extranjero, se gastaron un millón 964 mil 134 pesos en el mismo periodo, un promedio de 393 mil pesos mensuales; en telefonía celular 154 mil pesos.

Al respecto, el análisis de la agencia norteamericana pide “establecer un control estricto de viajes y viáticos en todas las dependencias municipales, con el propósito de limitar el gasto a aquellos que sean estrictamente necesarios para el desarrollo de la actividad de gobierno”

Con relación al gasto en servicios generales se registraron disminuciones en términos reales entre 2008 y 2010. Sin embargo, en 2011 se observa un incremento real de 14.7 por ciento.

Los ingresos, a la baja
Por el lado de los ingresos propios, factor importante para conservar un sano equilibrio de las finanzas municipales, se ha experimentado una disminución en los últimos años. En 2008 representaban el 54.4% y el resto aportaciones federales; para 2011, ese porcentaje se redujo a 45.2%, con la consecuente pérdida de autonomía financiera.

Los impuestos sobre el predial y la adquisición de bienes inmuebles, constituyen el 80% de la recaudación de impuestos, “pero existen deficiencias en el catastro que es la fuente para determinar la base gravable y el padrón de contribuyentes de los impuestos inmobiliarios. Se calcula que alrededor de 40 mil contribuyentes omiten el pago del impuesto predial, el 30% del padrón”

Ratas, dañan los documentos
Los analistas de GeoAdaptive LLC señalan además que uno de los problemas de las oficinas del Registro Público de la Propiedad “es la cantidad de papel que se utiliza. Todos los expedientes son en papel. Por ejemplo, en el acto de compraventa y acto de hipoteca, se reciben tres tantos de cada expediente. Por el gran tamaño del archivo hay un enorme problema de espacio. No se cuenta con firma electrónica. Al igual que en otras áreas, hay un exceso de personal, laboran 32 personas y utilizan 20 computadoras personales. Podían trabajar con 6 personas y mejor equipo de cómputo. El área ha crecido en personal dedicado a la capturar de documentos, ya que existe un elevado nivel de riesgo por el uso de papel, incluyendo un problema de presencia de ratas que dañan los documentos. Se estima que el 60% de los documentos está digitalizado, del cual 50% está validado. Se estima que la digitalización faltante podría realizarse con una inversión de 18 millones de pesos”

En sus conclusiones, la agencia estadounidense recomienda que para conservar su sustentabilidad fiscal en el largo plazo, el gobierno municipal debe llevar un gasto responsable, que esté equilibrado con su capacidad de generación de ingresos, lo cual “sólo se puede lograr a través de un estricto programa de disciplina fiscal, que incluya la instrumentación de las siguientes acciones, con impacto de corto plazo:

 “Congelamiento” de las plazas no ocupadas en todas las dependencias del municipio; cancelación de las contrataciones bajo el régimen de honorarios en todas las dependencias y organismos para municipales; establecer un programa de reducción de uso de papel en todas las dependencias, promoviendo la lectura en archivo electrónico, a efecto de reducir el gasto en este concepto; establecer un control estricto del combustible para vehículos de funcionarios; controlar la adquisición de nuevo equipo de cómputo a las áreas sustantivas de la administración municipal, a efecto de disminuir las erogaciones por este concepto.

Además, establecer un control estricto de viajes y viáticos en todas las dependencias, con el propósito de limitar el gasto a aquellos que sean estrictamente necesarios para el desarrollo de la actividad de gobierno; limitar la contratación de servicios de consultoría a temas que mejoren los servicios públicos, incrementen el nivel de ingresos o generen ahorros al municipio de La Paz e integrar una cartera de bienes inmuebles y terrenos no prioritarios que sean susceptibles de enajenarse, y destinar los recursos provenientes de la venta a un fideicomiso de inversión. Esto con el fin de canalizar los recursos ociosos a inversiones en proyectos que beneficien a la población.

Finalmente, el documento sugiere privatizar algunos servicios públicos del municipio de La Paz, capacitando con recursos del BID, a través del Programa para el Impulso de Asociaciones Público-Privadas en Municipios Mexicanos (PIAPPEM), a un grupo de funcionarios “para el desarrollo de proyectos de asociación público-privada de carácter municipal, e iniciar los procesos de licitación una vez que se obtengan los recursos de un crédito INFRAFUND que opera el Banco a través de BANOBRAS”