Quebranto de 43 millones dejó Alberto Lascurain Ochoa en la SCT: ASF

Tulio Ortiz Uribe

Pérdidas por 42 millones 838 mil pesos dejó la mala administración del Centro SCT en el estado, durante la construcción de la autopista La Paz-Los Cabos en el tramo San Pedro-Cabo San Lucas, destaca  la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011.

Luego de auditar la obra, el organismo fiscalizador de la Cámara de Diputados determinó que la dependencia, bajo la responsabilidad de Carlos Alberto Lascurain Ochoa, incurrió en incumplimiento de diversas leyes, reglamentos y disposiciones normativas, razón por la cual el dictamen se calificó como negativo.

El tramo carretero San Pedro–Cabo San Lucas y el libramiento de Todos Santos, forma parte del corredor transpeninsular. El costo de la obra para modernizar y ampliar 161 kilómetros con cuatro carriles, se estimó en 3 mil 630 millones de pesos, de los cuales 2 mil 280 millones correspondieron a recursos federales y mil 350 millones de pesos de inversión  privada, y un periodo de ejecución programado de 2008 a 2012.

En octubre del año pasado, Lascurain Ochoa respondió las críticas del senador priista Ricardo Barroso Agramont,  quien dijo que al transitar por dicha carretera se encontró con “charcos y zonas de mala calidad”, y comentó que una inversión tan grande no correspondía con el estado de la carretera.

El delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes replicó que “las carreteras están auditadas permanentemente por la Secretaría de la Función Pública y por la Auditoría Superior de la Federación y agregó que “si el senador Barroso tiene alguna duda, pues puede recurrir a esas instancias”.

Un mes después, el mismo funcionario dijo que la delegación de la SCT en el estado no deja “tornillos sueltos”, y que el trabajo realizado en “materia de infraestructura carretera, tiene un 10 de calificación”.

En el dictamen, la ASF informa que durante una inspección física de la obra, se encontraron grietas, fracturas, humedad en losas de puentes, socavones en los terraplenes, así como lavaderos y bordillos destruidos y cunetas azolvadas entre otras anomalías.

Asimismo, el Centro SCT autorizó pagos por 5 millones sobre trabajos y materiales que no estaban contemplados en los contratos; obras pagadas pero no ejecutadas por 2 millones de pesos y la falta de rescate de un adelanto por 17 millones 647 mil pesos entregados a una empresa a la cual se le rescindió el contrato. (Nota: la Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados su informe de resultados 2011, el 18 de febrero de 2013)

Desvió recursos federales el gobierno de Venustiano Pérez Sánchez en Comondú

Tulio Ortiz Uribe

El gobierno municipal de Comondú desvió y ocultó más de 6 millones de pesos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, que le fueron suministrados por el gobierno federal para obras sociales, denunció la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El organismo detectó que una parte se transfirió ilegalmente a otras cuentas bancarias; no se encontró documentación que comprobara el gasto y destino de los recursos, y tampoco se realizó un registro contable de ese dinero, dice el organismo en su Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2011.

El faltante es parte de los 15 millones 347 mil pesos entregados para obras que reducirían el rezago social y la pobreza extrema, en materia de agua potable, drenaje, electrificación y mejoramiento de vivienda. El recurso significó el 100 % de la inversión total en 2011 para obra pública del municipio, gobernado por Venustiano Pérez Sánchez.

Además, se realizaron obras que no benefician  directamente a la población en pobreza extrema y, en el rubro de gastos indirectos, existen conceptos que no tienen relación con las obras ejecutadas con recursos federales, se informa en el documento.

Lo anterior, dice la ASF “limitó seriamente los impactos del  fondo, retrasaron los beneficios previstos y generaron áreas de opacidad que impactaron negativamente la participación social en su operación”.

Por ese motivo se inició un procedimiento para determinar responsabilidades de los servidores públicos involucrados en el hecho. La ASF informó que los órganos internos de control de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y Desarrollo Social, integraron los expedientes 2012/SHCP/DE456-T479 y 2012/SEDESOL/DE1242 para tal efecto.

El informe detalla los desvíos de recursos efectuados por el municipio y lo instruye para que sean devueltos a la federación “más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo”.

El órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados afirma que en el municipio de Comondú hubo “un proceso de planeación inadecuado y el desconocimiento de la normativa aplicable al Fondo, lo que propició que se privilegiara con el 52.2% de la inversión a obras de urbanización.

Esto tuvo una clara orientación de beneficiar a sectores de población que presentan las mejores condiciones de desarrollo, en detrimento de las localidades con mayores necesidades”, que pone de manifiesto una contribución marginal del municipio al cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas de desarrollo social.

Por tanto, “la contribución al cumplimiento de los objetivos del Fondo fue marginal”, en virtud de que sólo se destinó el 18.7% de los recursos para atender necesidades de los que menos tienen, no obstante que el 10.8% carece de agua potable; 15.8% alcantarillado y el 28.8% de la población no tiene de piso de cemento en sus hogares.

Y pidió se someta a análisis del Cabildo los resultados del informe, a fin de que se tomen las medidas que permitan orientar adecuadamente los recursos del fondo en beneficio de las zonas que presentan los mayores rezagos y la población en pobreza extrema. 

Treinta millones para pagos ilegales a comisionados en el SNTE

Tulio Ortiz Uribe

La Secretaría de Educación Pública (SEP) en Baja California Sur tampoco pudo escapar a las presiones y el poder político de la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la “maestra” Elba Esther Gordillo.

En 2011, dice el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública entregado a la Cámara de Diputados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la secretaría realizó pagos por 27 millones 389 mil 100 pesos, a 64 trabajadores (62 docentes y 2 administrativos) comisionados a la Sección III del sindicato.

Pero además, la ASF encontró que se localizaron 18 trabajadores adscritos en un “centro de trabajo AGS”, que es como se denomina a las oficinas del sindicato en todo el país,  a los que les realizaron 652 pagos, por 3 millones 333 mil 700 pesos, por lo que resultó un total de 30 millones 722 mil 800 pesos.

 De acuerdo con el reglamento de las condiciones generales de trabajo y la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, las comisiones sindicales se otorgan sin goce de sueldo. Por tanto no tienen fundamento legal pero se entiende que se dan por presiones del sindicato.

¿Qué significa ese subsidio que le da la SEP a la poderosa organización sindical, que debiera usar las cuotas que se descuentan a los maestros para el pago de sus comisionados? David Calderón, presidente de la organización Mexicanos Primero, asegura que en 2011 los mexicanos pagaron mil 700 millones de pesos en salarios a los maestros comisionados que realizan trabajo sindical en el SNTE. Estos recursos servirían para pagar 65 veces el programa nacional de lectura, 17 veces el programa para el fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales y 11 veces el programa para fortalecer el servicio de telesecundarias.

David Calderón expresó que es necesario poner fin al abuso que representa el pago a profesores comisionados en labores sindicales que no dan clases, pero sí absorben recursos destinados a la educación de los niños.