Las delegaciones federales, para premiar lealtades, colocar amigos y pagar facturas

Tulio Ortiz Uribe

En mayo del 2008, luego de que el gobierno Federal nombrara a los delegados del Registro Agrario Nacional, IMSS y Sedesol  en el estado (los tres sin mayores méritos ni capacidad) el gobernador Narciso Agúndez Montaño hizo lo que popularmente se llama “un oso” y dijo en tono molesto  que enviaría “un escrito de protesta al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, por la designación unilateral de delegados federales”.

Irritado, pidió “ser tomado en cuenta ya que estas decisiones inciden de manera directa en el desarrollo económico y social de la entidad”. No se sabe si el cabeño envió la dichosa carta, pero lo único cierto es que nadie le hizo caso y desde gobernación se siguen palomeando a los representantes de las diversas secretarías y organismos federales que operan en Baja California Sur. Seguramente el actual gobernador hará algunas propuestas y recomendaciones, con el fin de colocar algunos amigos que no tuvieron cabida en su administración.

El gobierno Federal tiene mil 390 delegados en todo el país. Son posiciones muy bien cotizadas por los altos salarios (120 mil pesos mensuales brutos más otras prestaciones) y las prerrogativas que el puesto conlleva. Se critica el hecho de que sean otorgadas a partir de criterios políticos y personales, ya que se dan generalmente a militantes del partido en el poder y son designados aun cuando la mayoría no cumple con  los perfiles profesionales y técnicos que exige la Ley del Servicio Profesional de Carrera.

Desde que el PAN llegó al poder en el 2000 con Vicente Fox, y luego con Felipe Calderón, se instituyó la práctica de repartir posiciones a amigos, empresarios, candidatos perdedores y aliados políticos de otros partidos, como en el caso de la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo, quien ha ubicado a maestros incondicionales como delegados del ISSSTE y de la Secretaría de Educación Pública.

El pasado delegado del ISSSTE en el estado, Efraín Monreal Gastélum, fue miembro en dos ocasiones del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE y Secretario General de la Sección II de dicho sindicato en Baja California. Fue gente muy cercana a la profesora Gordillo.

Dos delegaciones en el estado se entregaron como premios de consolación a militantes panistas, perdedores de una elección: la de Economía, para Alfredo Polanco Álvarez y la delegación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios  de Servicios Financieros (Condusef), para  Carlos Rodríguez Bucheli. Ambos no contaban con la experiencia mínima para el cargo.

Polanco Alvarez, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara en la carrera de licenciado en Derecho, fue agente del Ministerio Público del Fuero Común en La Paz y Comondú; subdirector de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Los Cabos y subprocurador Regional de Justicia en la zona sur del Estado. En el 2001 contendió por el PAN a la presidencia municipal de La Paz y perdió. De acuerdo con su currículum, nunca ha tomado algún curso relacionado con la economía.

El otro caso, patético, es el de Carlos Rodríguez Bucheli. En su currículum dice textualmente en lo relativo a nivel de escolaridad: “Curso de Mercadotecnia y Publicidad en la Escuela Técnica de Publicidad, de la Asociación Nacional de Publicidad”. Es todo lo que registra como preparación académica. Pero eso sí, consigna en el documento que es “miembro activo del PAN desde 1999”; candidato a la gubernatura de BCS en 1998 y presidente estatal del blanquiazul del 2003 al 2005, año en que fue nombrado delegado por Luis Pazos, el director general de la Institución.

En agosto del 2008 el delegado de gobernación en el estado, José Luis Suárez Flores, fue destituido y consignado ante la PGR por presuntos actos de corrupción. De militancia panista, era el representante de esa secretaría desde el 16 de noviembre de 2001. Suárez Flores fue jefe de personal de Exportadora de Sal; director general del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en el Municipio de la Paz y director general de Seguridad Pública y Transito Municipal en Mulegé. En su declaración patrimonial del 2003, consigna un salario mensual neto de 96 mil pesos mensuales. Un ciudadano que declaró ante las autoridades de SFP y Segob, dijo haber recibido del  funcionario un permiso para realizar peleas de gallos con cruce de apuestas y diversos sorteos, a cambio de un pago de 2 mil 500 pesos. Fue destituido pero no se le hicieron mayores cargos.

Sin esperar a que fuera juzgado, el PAN estatal se apresuró  a seguir un procedimiento para expulsarlo, ya que “su conducta le causa un perjuicio a la imagen de Acción Nacional”, según dijo el dirigente Alfredo Zamora García.

Amalia Camacho Álvarez, delegada del Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Llegó a ese cargo sin tener alguna experiencia en la administración pública; fue nombrada sólo por su militancia panista. Sus antecedentes académicos y profesionales no revelan nada excepcional: “ponente profesional en temas del ámbito laboral; ponente en foros internacionales de emprendedores y liderazgo; asesora de organizaciones empresariales en áreas de capacitación, cultura y educación”. Cabe aclarar que en su currículo no consigna en qué "foros internacionales" participó, ni qué organizaciones empresariales asesoró

Pero también los empresarios leales al régimen calderonista,  fueron premiados con una representación. Félix Fernández González fue designado delegado de la Secretaría de Desarrollo Social. No tiene antecedentes en la administración pública federal. Originario de Hermosillo, Sonora, es diseñador industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana.

Su currículo consigna las empresas de las que es socio o accionista mayoritario: Grupo Corf, SA; Desarrollos Inmobiliarios de Los Cabos, SA de CV; Diseño y Proyectos del Caribe, SA de CV y Constructora de Desarrollos Turísticos, SA de CV. 

Gente con más experiencia en la administración pública fue desplazada por personajes como Fernández González.