martes, 17 de mayo de 2011

La rapiña de Joel Villegas Ibarra

Tulio Ortiz Uribe
Sumada a los raquíticos recursos económicos y a la mala administración que han enfrentado los municipios del estado, ahora hay que agregar la rapiña que los propios presidentes municipales ejercen sobre fondos federales destinados a resolver necesidades básicas de la población.

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) determinó que la administración de Joel Villegas Ibarra del municipio de Comondú, cometió un presunto fraude a la hacienda pública federal por 3 millones 105 mil 173 pesos.

El 21 de octubre pasado, la Dirección General de Auditoría de los Recursos Federales para los Estados y Municipios de la ASF, envió a Villegas Ibarra un acta circunstanciada (002/Rehabilitación varios caminos rurales Comondú 2010), en donde se le informa que “no se cuenta con elementos documentales pertinentes ni suficientes que permitan la identificación puntual y detallada en campo, de los trabajos reportados como ejecutados por el ente (municipio), por lo que la cuantificación y verificación de los trabajos no se efectuó”

Luego de examinar físicamente los caminos rurales que el municipio dijo haber rehabilitado con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), el ingeniero Jorge Silva Trigueros, representante de la ASF, explica en el acta que no se observaron trabajos de compactación con equipó mecánico, y concluye que “a simple vista no se aprecian los trabajos reportados como ejecutados”

Joel Villegas respondió el comunicado oficial diciendo que “los caminos visitados son muy antiguos, anteriormente eran brechas a lo largo del estado de Baja California Sur, que comunicaban principalmente a las Misiones, construidas por los jesuitas en todo el Estado (entre los años 1683 a 1768), por lo que nuestro Municipio se ha dado a la tarea de desde hace ya varios años de revestir casi en su totalidad estos y otros caminos con material de banco tipo caliche que abunda en nuestra región…”

Como la respuesta no satisfizo a la autoridad, se dictaminó que “Se presume un daño la Hacienda Pública Federal por un monto de 3,105,173.00 pesos (tres millones ciento cinco mil ciento setenta y tres pesos 00/100 MN.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por haber ejercido recursos del FISM en 11 obras cuyos expedientes unitarios no cuentan con ningún tipo de documento que permita la identificación de los trabajos, por lo que no se pudo verificar su ejecución; asimismo, en ninguno de los casos se encontraron vestigios de los trabajos, por lo que se presume que no fueron ejecutados.”

Cuando los estados o municipios no cumplen con la normatividad en materia de aplicación de fondos federales, la ASF exige la devolución de los montos desviados, antes de interponer una demanda penal.

Comondú recibió durante el 2010, 14 millones 752 mil pesos como recursos del FISM, dinero etiquetado para la creación de infraestructura de agua potable, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales o infraestructura productiva rural, obras que permiten atender a grupos marginados o en pobreza extrema. Los recursos del fondo representaron el 36.6% del total de ingresos propios municipales, constituyendo un apoyo importante para las finanzas municipales.

Los auditores federales encontraron también que las autoridades municipales orientaron otras cantidades “a trabajos de mantenimiento, no así a creación de infraestructura que beneficie a población en pobreza extrema y rezago social, los cuales no fue posible verificar por falta de documentación comprobatoria y evidencia física” y exige también la devolución de 4 millones 729 mil 719, “más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por haber ejercido recursos del FISM en obras que no benefician a la población marginada”

Por si lo anterior no fuera suficiente, la ASF encontró que el municipio exhibió siete facturas, “presumiblemente apócrifas”, que amparan pagos realizados con cargo a los recursos del Fondo, por un importe de 830 mil 240 pesos, e informa al Servicio de Administración Tributaria para que audite al contribuyente con registro federal de causante MUML6305129H6, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Otra irregularidad más: el municipio transfirió recursos de la cuenta bancaria específica del Fondo a otras cuentas bancarias por un total de 14 millones 752 mil pesos, de los cuales sólo se reintegraron a dicha cuenta 14 millones 285 mil 400 pesos, pero sin los rendimientos financieros correspondientes que ascienden a 390 mil 600 pesos, “por lo que queda pendiente de reintegro la diferencia del principal por 466 mil 700 pesos más los mencionados rendimientos financieros, lo que da un total de 857 mil 300 pesos”

Dictamen negativo
El órgano auditor de la Cámara de Diputados precisa que del total ejercido por el municipio de Comondú de los recursos del Fondo, el 14.7% se aplicó en obras que no beneficiaron directamente a población en pobreza extrema y rezago social y el 21.3% se aplicó en obras que están fuera de la apertura programática respectiva. Agrega que respecto de la muestra auditada el municipio de Comondú, Baja California Sur, no cumplió con las disposiciones normativas como se precisa en los resultados que se presentan en el informe, ya que además no se promovió la participación ciudadana por medio de comités de obras.