martes, 3 de diciembre de 2019

El México de López Obrador: no es un año de gobierno, es toda una vida de lucha

Katu Arkonada

A 12 meses del 1 de diciembre de 2018 y tras el discurso de Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo, es buen momento para hacer balance del primer año de gobierno.
Probablemente una de las primeras cosas que Amlo ha aprendido es que llegar al gobierno no es tener el poder. Se ganó el 1 de julio de 2018 por toda una vida de lucha en defensa de las mayorías sociales, pero el año transcurrido desde el 1 de diciembre de 2018 ha servido para aprender que el gobierno es solo una parte de un monstruo llamado Estado, y que las élites políticas y económicas que durante años gobernaron México han podido perder el poder político, pero siguen controlando una parte de la economía del país, mientras se atrincheran en el poder mediático o judicial.
Pero a pesar de las dificultades, es innegable que el país cambió. La imagen de hace un año mientras Amlo se dirigía a la toma de posesión en su Jetta blanco, y un ciclista le dice a su lado “No tienes derecho a fallarnos”, es la imagen de un país lleno de esperanza, pero, sobre todo, tremendamente politizado.
Esperanza, porque Amlo ha sido capaz de canalizar el descontento con el modelo neoliberal, incapaz de garantizar condiciones de vida dignas para una mayoría de la población; y politización, porque ha sido capaz de explicar que para dejar atrás ese modelo neoliberal hace falta construir uno nuevo, posneoliberal, atacando de raíz uno de los principales males del Estado: la corrupción.

1 año de gobierno, 12 meses de tareas pendientes
Lo dijo Amlo en el Zócalo: “ ¿Cuánto tiempo necesitaremos para consolidar la transformación? Pienso que un año más; es decir, en diciembre del 2020 ya estarán establecidas las bases para la construcción de una patria nueva. Para entonces, ante cualquier circunstancia, será prácticamente imposible regresar a la época de oprobio que significó el periodo neoliberal o neoporfirista.”
Es claro que lo simbólico ha sido fundamental en el primer año de gobierno, desde la desaparición del Estado Mayor Presidencial hasta la apertura al público de Los Pinos, pasando por los viajes de Amlo en aviones comerciales.
Pero, aunque lo simbólico es fundamental para la disputa de la hegemonía cultural posneoliberal, es en dos cuestiones materiales y concretas donde se va a medir si la cuarta transformación se consolida o no:
Por un lado, la reducción de la pobreza y la desigualdad. En un país donde el 41% de la población vive en situación de pobreza, y un 16% más en extrema pobreza, la puesta en marcha de un proceso de redistribución por medio de los diferentes programas sociales es una apuesta clara por reducir esos niveles de pobreza. Si a esa redistribución, que permitirá dinamizar el consumo y la demanda interna para generar crecimiento (y esto es Keynes, no Marx) se le suma la apuesta por una (re)industrialización (con la recuperación de Pemex a la cabeza) y grandes obras de infraestructura, como el Tren Maya, los indicadores sociales (que no siempre van de la mano de los económicos) deberían mejorar.
Por otro lado, la apuesta por una nueva estrategia de seguridad también debería dar sus frutos en el medio plazo. Es clara la apuesta por desplegar los programas sociales entre la población, y la Guardia Nacional en el territorio para recuperar la soberanía nacional. Y aunque sea muy pronto para decirlo, y aunque la mayoría de medios nos vayan a bombardear al terminar este 2019 señalando que la cifra de muertos por la violencia es la más alta de la historia, la realidad es que el incremento respecto de 2018 es de tan sólo el 2%, lo que indica una estabilización, mientras que el crecimiento de año en año durante los dos sexenios anteriores era del 25-30%. Si se consigue que en 2020 se reduzca el número de muertes, por pequeño que este porcentaje sea, se empezará a consolidar el cambio de estrategia.

12 meses de gobierno, 5 años de desafíos por delante
Y si la reducción de la pobreza, desigualdad y violencia son los principales indicadores para evaluar la cuarta transformación en el mediano plazo, son 5 los indicadores que permitirán evaluar el éxito o el fracaso del gobierno de López Obrador en los 5 años que quedan de sexenio.
En primer lugar, es urgente y necesaria la construcción de un partido que empuje hacia la izquierda un gobierno que por inercia siempre va a tender al centro. Sobre todo, porque en 2021 Amlo no va a estar en la boleta y se necesita una mayoría clara si se quieren hacer reformas constitucionales.
Asimismo, es imprescindible la politización de la sociedad. Lo sucedido en Bolivia es el mejor ejemplo de que la inclusión y redistribución de la riqueza son inútiles si creas una clase media de consumidores, despolitizada. O, mejor dicho, politizada por los medios de comunicación. Los millones de personas que van a ver mejoradas sus condiciones de vida materiales deben saber que esto es debido a unas determinadas políticas sociales y económicas del gobierno de López Obrador.
Todo ello debe venir acompañado de medidas que van más allá de lo simbólico. Se hace urgente y necesario que los responsables del saqueo del país en sexenios anteriores sean juzgados y encarcelados. Entendiendo la decisión táctica de Amlo de no querer enjuiciar a los presidentes para no abrirse nuevos frentes de batalla, la corrupción estructural no puede quedar en la impunidad.
Y el saqueo solo ha podido ser posible mediante la doctrina del shock contra la población, mediante el impulso a una economía criminal amparada por la narco política, que ha dejado México convertido en un cementerio, o peor aún, en una gran fosa común. La política de Derechos Humanos, la justicia en casos como el de Ayotzinapa, o poner todos los recursos del Estado para enfrentar el drama de los desaparecidos, va a ser otro de los pilares por los que se mida el éxito o fracaso de la cuarta transformación.
Y finalmente, y como la gente no come ideología, la redistribución de la riqueza y el crecimiento del país, y más en un contexto de recesión mundial como el que estamos entrando, debe venir acompañada de una reforma fiscal como única forma de sostener el proceso de transformación. Que paguen más quienes más tienen como forma de mejorar estructuralmente un país del G20 que tiene algunos de los índices de pobreza y desigualdad más bajos de la OCDE.
Si todo lo anterior se encara con valentía, la vida entera de lucha de Andrés Manuel López Obrador, y millones de personas más, habrá servido para dejar como herencia de este sexenio la transformación radical de México.

La Tijereta ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


miércoles, 30 de octubre de 2019


16 Tesis para una crítica de la 4T
¿“Nuevo régimen” con hegemonía oligárquica secular?



José Luis Ríos Vera

I. La fecha de nacimiento del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) no data de la insurrección “ciudadana” del 1 de julio de 2018, sino del período de la campaña electoral. La apariencia “anti-empresarial” de la 4T fue borrada en este período. De la mano de Carlos Urzúa y Alfonso Romo –portavoces del capital financiero, industrial, comercial– quienes subrayaban la postura de “centro-izquierda” del proyecto, el principal dirigente de la 4T (AMLO) autoproclamó en dicho periodo de campaña sus compromisos “a los inversionistas nacionales y extranjeros”, tales como: respeto a contratos y concesiones establecidas; aseguramiento del sistema financiero; independencia de Banco de México; disciplina fiscal; superávit primario; rechazo a la Reforma Hacendaria progresiva; respaldo al TLCAN. II. Reconociendo las Deudas (corruptas, ilegítimas) del “viejo régimen”, el “nuevo régimen” de la 4T aceptó sin cuestionamientos prácticos la hegemonía de la oligarquía financiera, la principal expoliadora del país. ¿Es posible un “nuevo régimen” con viejos acreedores y añejas obligaciones? ¿Puede hablarse de un nuevo régimen con hegemonía secular?
III. Con cargo en la reproducción de rezagos sociales y del histórico atropello de las necesidades colectivas y populares (educación, salud, etc.), el “gobierno de la austeridad” consolida el poder del capital financiero (con inéditas transferencias de 1 billón de pesos anuales equivalentes a 50 mil millones de dólares). Tras la supuesta premisa de “extirpar la corrupción” anidada en las “alturas” del aparato estatal, en su desmesura, la “austeridad” se ha hecho “República”, y observamos la acentuación del adelgazamiento de la máquina estatal (una máxima neoliberal). Las principales repercusiones de ello se han orientado contra los derechos laborales de los trabajadores de la función pública (administrativos, médicos, enfermeras, doctores, profesores, etc.). A ello hay que añadir que, en el país de la precariedad y de la informalidad laboral, la disciplina fiscal y el régimen de austeridad defendidos con firmeza por el gobierno de la 4T, mantienen y agravan el atraso, el deterioro y el subdesarrollado estado de los servicios públicos del Estado.
IV. La 4T desperdició la oportunidad de derrumbar (¡en unos cuantos días!) los principales nudos del patrón de acumulación y reproducción del capitalismo mexicano dependiente de la economía estadounidense, esto es, el TLCAN y el yugo financierista. No realizó ningún desafío al sistema financiero internacional a través de un arrojado Presupuesto Público Federal que tuviera como prioridad las necesidades sociales (educación, salud, ciencia y tecnología, etc.). No ofreció ninguna respuesta contundente a la amenaza-extorsión de Trump respecto a los “aranceles” al comercio de mercancías y por la defensa de los derechos de los trabajadores migrantes que impidiera la mayor crisis migratoria que día a día crece en el país.
V. Una forma política de régimen no se define por un carácter “honesto” o “corrupto”. En el remoto caso de que en el mundo del capital pudiera ocurrir un “gobierno honesto”, existe una gran distancia entre “eliminar” la corrupción mediante el ejercicio de un gobierno con este carácter y el establecimiento de una nueva forma política de régimen. En consecuencia, barrer a los “corruptos del pasado” –aun en el caso que así pueda serlo– no es suficiente para conformar un “nuevo régimen político”.
Un régimen político se explica a partir de las clases y fuerzas sociales que concentran y ejercen el poder político, así como las formas y medios por los que se construyen los procesos de acumulación, las relaciones de explotación y condiciones de dominación. En stricto sensu éstas fuerzas no se identifican inmediatamente con “los corruptos” (por ejemplo, los hasta ahora investigados o procesados en el país), sino sustancialmente con aquellas clases sociales o fracciones de éstas que detentan la capacidad de imponer sus intereses de clase y construyen la modalidad predominante –actualmente vigente– de acumulación y reproducción del capital (banqueros, financieros, exportadores, importadores, manufactureros, propietarios del sector de telecomunicaciones, del sector turismo, etc.).
La construcción de un nuevo régimen político implica –entre otros elementos– trastocar la capacidad política de las fuerzas de clase que detentan y ejercen el poder político (fuerzas hegemónicas). En consecuencia, significa poner en marcha la de-construcción de los intereses y políticas económicas que cimientan y conforman la modalidad de acumulación-reproducción del capital predominante impuesta por dichas fuerzas.
La noción acuñada de “mafia del poder” (AMLO) reduce el cuestionamiento del orden económico y político al funcionamiento corrupto y vertical del aparato estatal (y de sus actores) y sus vínculos con los agentes económicos, si bien es indicativa de la tradicional lumpenpolítica practicada en el seno del aparato estatal y grupos empresariales, en rigor resulta desorientadora. También deja de lado el papel del Estado y las relaciones de poder entre las clases sociales en el establecimiento e imposición de la forma dominante de acumulación del capital en el conjunto de la sociedad.
En el límite, la narrativa “anticorrupción” de la 4T lleva a la apología del orden del capital y su modalidad de acumulación. Por medio del genuino discurso y política de “combate a la corrupción” como bandera de justicia social, AMLO hace de la “corrupción” el “principal problema del país”. Sin embargo, con aquél combate otorga legitimidad a un orden que paradójicamente fetichiza las contradicciones históricas de la sociedad: el modo de acumulación-concentración del capital, las transferencias de riqueza al exterior, la subordinación y dependencia del régimen económico-político y los antagonismos sociales y de clase. Para la 4T, la “solución” a ello se presenta con la simple fórmula de un “gobierno honesto”, con lo que se perpetúan dichas contradicciones reales.
VI. Bajo el lema de “separar el poder político del poder económico”, se pretende neutralizar los privilegios y la capacidad política de la oligarquía predominante de imponer sus intereses, y reconstituir a la República sobre la forma de un “pluralismo” político-democrático sustentado en un “Estado de Derecho”. De este modo, se busca la ampliación de espacios para el conjunto de fuerzas u organismos económicos y sociales, así como el establecimiento de “nuevas” condiciones de competencia económica y política.
En este sentido, anteponer la “unidad nacional” y/o el “interés general” al estrecho círculo de una lumpenburguesía oligárquica corrupta (cuasi-monárquica y/o autárquica), supone elevar y aperturar al conjunto general de las clases propietarias a la dominación del capital sobre los explotados y/o desposeídos. Por tanto, la convocatoria a la “unidad nacional” de la 4T –que buena parte de la oligarquía rechaza con desprecio–, representaría una alianza entre “ricos y pobres”, “millonarios y hambrientos”, en condiciones estructurales e institucionales que favorecen permanentemente a los primeros, con lo que dicha “separación” –entre “poder político” y “poder económico”– termina por ser una apariencia, abiertamente manipulatoria.
No obstante, hasta ahora, la pretendida “unidad nacional” (pluriclasista, “sin privilegios”, “democrática”) ni por asomo se ha acercado a remover tanto las relaciones esenciales de la acumulación del capital como la composición de las relaciones de hegemonía en el seno de las fuerzas políticas (de clase) en México. Por lo que se recrea así una “reconciliación nacional” imaginaria, que se constituye bajo la permanente égida de las fuerzas hegemónicas (financieras, exportadoras, y fracciones de clase subordinadas al capital internacional predominantemente estadounidense).
VII. La “abolición” del neoliberalismo sólo ocurre en la fantasía de la nueva fracción política “reinante” en el aparato estatal, en la imaginación del gobierno y en sus desveladas frases. Sus acciones dicen lo contrario: transferencias de riqueza al capital financiero, defensa de la liberalización comercial, austeridad, recorte del Estado, ningún aumento en gasto educativo, salud, caída de inversión productiva, etcétera.
VIII. Las expresiones que sintetizan la apariencia “antineoliberal” de la 4T son el “desarrollo” y el “bienestar”. Orientadas a la construcción de un “nuevo pacto social”, y una de “política social” y de “bienestar”, son un evangelio incapaz de cuestionar al capital y sus relaciones de apropiación del patrimonio público, despojo (territorial y de la biodiversidad) y superexplotación del trabajo. Sin embargo, es fundamental resaltar que estas expresiones impactan en la conformación de un Estado despolitizador, el cual es impuesto sobre los explotados por el mundo del capital.
La “redistribución del ingreso” (según AMLO) o “crecimiento inclusivo” (de acuerdo con el FMI), sin ninguna mudanza estructural, apenas levantan el derecho a una “asistencia pública” frágil, acrítica y subordinada al orden clasista de opresión, injusticia social y desigualdad prevaleciente.
IX. Con la postración de un Estado austero, en el límite de la crisis fiscal, la 4T estimula y acrecienta el reino de la llamada Iniciativa Privada (el gran capital) en la mayor parte de espacios y circuitos económicos de la esfera social al que el propio Estado (“sin recursos”) ha renunciado. Es el caso, por ejemplo, del sector de la Petroquímica o del “Plan de Infraestructura”, que eleva la participación de la IP (con el magnate Carlos Slim al frente) en la infraestructura social y hace retroceder la inversión pública y de “desarrollo” –por cierto, digámoslo fuerte– diseñada y organizada por el empresario neoliberal Alfonso Romo.
La obstinada convocatoria y defensa del nuevo gobierno para recurrir a la inversión extranjera y nacional se explica por esta señalada retracción y renuncia de la participación del Estado como capitalista colectivo –aquí su límite desarrollista–. Lo anterior revela entonces la total ausencia de un programa de ruptura con el orden económico de la mundialización neoliberal y la construcción de una alternativa social real. Esto es así a pesar de las disputas y contradicciones existentes (política energética en Pemex, CFE, gasoductos, etc.) entre el gobierno de la 4T y las clases predominantes locales-extranjeras, quienes defienden sin tregua sus intereses de clase (certidumbre jurídica, el Estado de Derecho, la reforma laboral “competitiva, T-MEC, las instituciones supuestamente “autónomas”, los llamados farmouts, los amparos judiciales; la “flexibilidad” fiscal, etc.), y forman en la derecha una oposición posesiva y destructiva.
X. El llamado decálogo de la “nueva política industrial” en absoluto intenta construir una nueva capacidad de organización y estructura industrial que supere la subordinación del aparato productivo a los nodos de una economía exportadora. Por el contrario, mantiene el absoluto dominio trasnacional (división internacional del trabajo) y la estructura altamente importadora (en déficit estructural), de baja generación de valor en aquellos sectores de especialización productiva que lograron integrarse a las cadenas mundiales de valor –organizadas por las grandes corporaciones trasnacionales demandantes de las condiciones de superexplotación del trabajo de los países dependientes y periféricos—.
La dinámica de la política industrial y del mercado nacional reafirman y consolidan su supeditación a la demanda externa y al inestable (des) orden económico de la globalización neoliberal, muy próxima de una nueva recesión. Dicha supeditación es evidenciada con la enérgica persistencia de la brutal violencia que se vive bajo la no-correspondencia entre el salario y el costo de la vida y que se refleja en las disminuidas metas de la 4T de incrementar el salario mínimo “por lo menos dos puntos porcentuales” (AMLO) por encima de la inflación, y de lograr una recuperación del poder adquisitivo de “20 por ciento” en el periodo 2019-2024, además de su prácticamente nulo combate a la informalidad y precariedad del trabajo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo.
XI. Por medio de un proceso de incorporación de la región del Sur-Sureste del país se pretende “superar” los graves problemas de concentración y desigualdad geográfica-territorial, económica y productiva, promovidos por la integración subordinada-segmentada a la economía estadounidense. Ello implica la construcción de nuevos polos productivos en la región (parques manufactureros-maquiladores, Zonas Económicas Especiales) orientados a proveer de bienes a la demanda de las cadenas globales de valor, mismas que contarán con una nueva plataforma de infraestructura (Corredor Transístmico) que daría un inmejorable impulso al mercantilismo capitalista global y a la dependencia exportadora de una economía de cuyas contradicciones le impiden conformar el crecimiento de un mercado interno de masas a razón de que ésta es sustentada en un mundo del trabajo centrado en relaciones de superexplotación.
Otro conjunto de megaproyectos (Tren maya, oleoductos, minería, carreteras, etc.) dominados por grandes capitales completarán esta nueva etapa de incorporación “tardía” de la región sur-sureste a las formas de acumulación de capital e integración subordinada al capital extranjero, para lo que se han venido activando políticas de contrainsurgencia, cooptación y desorganización de la lucha popular en las respectivas poblaciones y territorios. Sin embargo, todos estos proyectos en lugar de procurar romper la subordinación económica al mercado mundial, terminan por incrementarla.
XII. Contario a lo esperado, el gobierno de la Cuarta Transformación reactiva y continúa con las políticas de un Estado de excepción que ahora suponen promover la defensa de la “seguridad nacional” ante “amenazas potenciales” (“crimen organizado”, “sabotaje”, etc.). Despliega su mayor capacidad para coaccionar y desmovilizar la lucha social, e irónicamente, revela su impotencia y aguda incapacidad de poner fin a la violencia social y a la crisis de “seguridad pública”, argumento utilizado para imponer la militarización oficial del país. De este modo, la Guardia Nacional reedita la Ley de Seguridad Interior elaborada por el gobierno anterior como arma de criminalización y militarización de las luchas populares en defensa del medio ambiente, la biodiversidad, el territorio, y el conjunto de los derechos sociales y laborales que los intereses y Megaproyectos del gran capital nacional-internacional destruyen.
XIII. La experiencia “progresista” que elude la lucha de clases en aras de una sentimental “fraternidad” abstracta, es un anacronismo histórico categórico. Han sido demostrados los límites de las recientes experiencias de “Nuestra América”, erguidas en las bases de un Reformismo menor, por lo que la historia muestra la necesidad ineludible de dar el salto cuántico hacia una política de cuestionamiento y ruptura con el orden prevaleciente.
XIV. El significado de la “gobernabilidad” defendida por el Ejecutivo reside en el fortalecimiento del vacilante sistema de dominación caracterizado por las condiciones de la crisis de la democracia y de representación que en buena parte llevó al “tsunami” electoral de julio de 2018. Al no utilizar en su justa dimensión el llamado “bono democrático” del que hasta ahora dispone, la 4T abdica gratuitamente de la capacidad política para implementar reformas estructurales (económicas, políticas, culturales, mediáticas) en beneficio de los vilipendiados y desposeídos. El “nuevo régimen” reproduce el divorcio entre el poder ejecutivo, los centros de poder del aparato estatal y del sistema de decisiones de las clases trabajadoras y populares. Hoy más que nunca se vuelve mucho más efectiva aquella expresión que dice “todo lo que no es abolido, puede ser restaurado”.
XV. La actual política energética del Estado es el epicentro de la disputa entre la oligarquía dependiente y el capital extranjero (principalmente estadounidense) con la nueva clase reinante que controla el cuerpo institucional del aparato de Estado. Los más grandes capitales pugnan por la continuidad de la Reforma Energética, pues por medio de las “rondas petroleras”, licitaciones y contratos de exploración y explotación, liberalización del fracking, desmantelamiento de Pemex, etc., la renta petrolera era entregada a capitales locales y principalmente trasnacionales (bancos de inversión, bancos comerciales, petroleras trasnacionales, empresarios privados locales, etc.). De ahí el inflexible rechazo del gran capital al impulso de las refinerías del Estado, la defensa de la soberanía energética, el fortalecimiento de CFE, etc.
La transferencia de recursos desde la Secretaría de Hacienda hacia Petróleos Mexicanos y su capitalización, desdibuja la sonrisa de los acreedores internacionales del Estado, pues ven “en riesgo” las transferencias públicas de riqueza (por el Costo Financiero de la Deuda y Superávit primario) a sus bancos, al tiempo que limita la participación del gran capital en la exploración y extracción de hidrocarburos. El gran capital exige ¡disciplina financiera y apertura energética para los privados! El poder financiero y sus agencias calificadoras amenazan con el “terrorismo económico”. A todas luces incomparable a la llamada “delincuencia organizada”, la amenaza catastrofista de los grandes “cárteles” del poder financiero internacional y grandes capitales asociados son entre otros: degradación en la calificación de deuda (de Pemex, deuda soberana), fuga de capitales, devaluación, inflación, empobrecimiento generalizado.
XVI. El control del aparato de Estado es muy distinto de concentrar y ejercer el poder político del Estado. La 4T debe poner freno a su escalada de subordinación y rendición al orden de acumulación-reproducción del capital predominante, a riesgo de ser avasallada. Construyendo vínculos con los desposeídos bajo el marco del clientelismo electoral e implementando leves modificaciones a dicho orden, la 4T quedará muy lejos de una transformación histórica genuina, y mucho más próximo del periodo de una reforma menor, que administra el aparato estatal y desorganiza y posterga los intereses de los desposeídos y trabajadores.
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La Tijereta ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

sábado, 19 de octubre de 2019


La última intriga vaticana, digna de 'El Padrino': cardenales que compran palacios con el dinero para los pobres

Jesús Bastante
Sloan Avenue, 60. Barrio de Chelsea, Londres. El ladrillo reluciente de este remozado palacio en uno de los barrios más caros de la ciudad es el epicentro de una trama corrupta digna de El Padrino, que por el momento se ha cobrado la dimisión del jefe de seguridad vaticana, Domenico Giani, después de veinte años siendo la sombra de tres papas. El edificio londinense, propiedad del Vaticano, costó 200 millones de euros. 200 millones que salieron del dinero de la Iglesia católica para los pobres.
Los dineros vaticanos siempre han estado rodeados de misterio, luchas de poder, odio e incluso muerte. También en Londres, el 18 de junio de 1982 apareció ahorcado en el puente de Blackfriars Roberto Calvi, apodado 'el banquero de Dios', después de haber financiado, junto al todopoderoso arzobispo Marcinkus, fondos del IOR (Banco Vaticano) y el Banco Ambrosiano que, en muchas ocasiones, se destinaron a la mafia o las operaciones anticomunistas que Juan Pablo II fomentó en Polonia. Este sangriento episodio aparece retratado en la última entrega de la trilogía de Francis Ford Coppola, en 1990.   

Bertone, Becciu y la AIF, involucrados
37 años después, la capital británica vuelve a ser protagonista de intrigas vaticanas. Este escándalo financiero implica el dinero del Óbolo de San Pedro, que las iglesias de todo el mundo entregan al Vaticano para obras de caridad del Papa y que se desviaron para negocios turbios que involucran el pontificado de Benedicto XVI –y a su secretario de Estado, Tarcisio Bertone–, pero también al actual prefecto de Causas de los Santos, Angelo Becciu. Resucitan además otra polémica de comienzos del papado de Francisco: el 'Vatileaks II', que llevó a juicio al español Lucio Ángel Vallejo Balda y a su colaboradora Francesca Chaouaqui, así como a dos periodistas italianos, Gianluiggi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, acusados de filtración de documentos.
Este último ha sido quien destapó el último escándalo desde las páginas de L'Espresso, a través de los máximos responsables del IOR y de la Oficina del Revisor General vaticano. Ellos advirtieron en junio al Papa de posibles delitos financieros que podrían implicar a varios trabajadores de la Secretaría de Estado y de la Autoridad Internacional Financiera (AIF), órganos que supuestamente estarían detrás del trabajo de transparencia financiera del Vaticano.
De hecho, entre los acusados está Tommaso Di Ruzza, presidente de la Agencia de Información Financiera, encargada de controlar los blanqueos de capitales. Los lazos entre los responsables del dinero vaticano y los poderes económicos italianos es evidente. Ruzza es yerno del ex gobernador de la Banca d’Italia, Antonio Fazio.
Otro investigado es monseñor Mauro Carlino, jefe del Departamento de Información y Documentación, los 'ojos' del Vaticano para sintetizar lo que sucede fuera y para orientar al departamento de Comunicación. Carlino fue hasta el año pasado secretario del cardenal Becciu. Los otros tres encausados son Vincenzo Mauriello y Fabrizio Tirabassi, dirigentes de la Secretaría de Estado; y una empleada de la administración, Caterina Sansone.

El 'pecado' de la filtración
"Al día siguiente de la divulgación de la nota de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, las personas sometidas a las investigaciones han sido objeto de un verdadero escándalo mediático con la publicación de sus fotos, a pesar de que todavía no se han determinado las posibles responsabilidades", lamentó oficialmente  el Vaticano. "Las personas involucradas en la investigación tenían y tienen derecho a ser respetadas por su dignidad como hombres y mujeres, ya sean sacerdotes o padres y madres de familia", sostiene.
El Papa se mostró furioso por la publicación de la noticia sobre la investigación, que llegó a ser calificada de 'pecado mortal'. El Vaticano mantiene una difícil relación con Fittipaldi, el periodista que la publicó, desde que fue exonerado de ser juzgado en el caso Vatileaks II.
De hecho, la filtración de los nombres de los investigados provocó la renuncia de Domenico Giani como Comandante de la Gendarmería Vaticana. Fuentes cercanas al Papa ven su cese como una estrategia para eliminar a algunos colaboradores del Pontífice, entre los que se encontraba Giani, y miran al cardenal Becciu y al 'clan de los italianos' como artífices de una trama para evitar perder el control de la Curia, y de sus fondos. 
En todo caso, Francisco ha querido dejar clara su confianza en Domenico Giani, a quien visitó en su casa, y que podría ayudarle a continuar con su política de transparencia en la Santa Sede, bien desde fuera, bien desde algún puesto pontificio creado específicamente para él.

Fondos de inversión en Italia, Rusia, Malta o Jersey
¿Pero qué ha sucedido en Roma para que, por primera vez en la Historia la Gendarmería vaticana entrara en la Secretaría de Estado y se incautara de cientos de folios de documentación, ordenadores, tablets y teléfonos móviles? La investigación apunta a un fondo británico, gestionado por oscuros monseñores vaticanos, que tras el referéndum del Brexit sufrió pérdidas millonarias.
No sólo eso: está detrás de transacciones financieras entre Roma, Londres y Luxemburgo en los últimos ocho años, que llevaron el dinero vaticano a fondos de inversIón controlados en Italia, Rusia, Malta y Jersey. Según apunta Fittipaldi, entre unos y otros llegaron a invertirse hasta 800 millones de euros provenientes del Óbolo de San Pedro y el Fondo Pablo VI, para la sociedad WRM y la inversora Athena Capital Found, ambas con sede el Luxemburgo. Es ésta última la que logra el contrato para invertir los 200 millones de euros en distintos inmuebles, entre ellos el palacio del barrio de Chelsea. Becciu y el anterior responsable de los fondos de la Secretaría de Estado, monseñor Alberto Perlasca, podrían haber ejercido como intermediarios con Athena.


El edificio de la Sloane Avenue, en Londres, que fue adquirido con el dinero para la caridad.
La economía, uno de los puntos negros de Bergoglio
Todos las miradas apuntan al cardenal Becciu, quien hasta hace poco fue Sustituto de la Secretaría de Estado. De hecho, es su sucesor, el venezolano Edgar Peña Parra, quien habría impulsado la investigación, tras comprobar algunas irregularidades en los archivos de su antecesor. En el trasfondo, una lucha de poder entre los afines a los cambios propugnados por Francisco que, en el ámbito económico, supondrán que los fondos de todas las congregaciones habrán de pasar por el control de la Secretaría de Estado, acabando así con el descontrol financiero de la Curia vaticana.
Según se desprende de la investigación, Becciu era la firma que autorizaba las inversiones investigadas por la Gendarmería vaticana, y que podrían superar los 200 millones de euros. Tal y como explica Financial Times, pudo haber jugado un papel fundamental en las reformas financieras del Vaticano, protagonizando enfrentamientos con el entonces 'superministro de Economía' vaticano, George Pell, hoy condenado por pederastia en Australia.
En todo caso, la operación de la Gendarmería deja en punto muerto el trabajo que la AIF estaba llevando a cabo para fomentar la transparencia financiera del Vaticano, y se une a las caídas de otros personajes que en su día trataron de hacerse cargo del poder económico romano. Desde el español Vallejo Balda al cardenal Pell, condenado por pederastia en Australia y que durante años ejerció como 'superministro de Economía' vaticana, pasando por el anterior revisor general, Libero Milone, despedido tras haber sido sorprendido en operaciones cuando menos sospechosas. Todos ellos fueron nombrados por Francisco: algo que sus enemigos están utilizando para atacar al pontífice argentino y su supuesta ineficacia para gestionar la todopoderosa maquinaria financiera de la Iglesia católica.
Fuente:https://www.eldiario.es/sociedad/Sinodo-Amazonia_0_949105831.html
Más información en religiondigital.org

jueves, 22 de agosto de 2019


La trampa de la feminidad y las nuevas masculinidades

Tasia Aránguez Sánchez
Algunas mujeres afirman que la feminidad les empodera, algunos hombres afirman estar reinventando la masculinidad que les oprime, algunas personas afirman que es necesaria una feminización de la política. Estas afirmaciones me resultan desconcertantes. Acudo a un libro de Margarita Pisano, El Triunfo de la Masculinidad, tratando de dilucidar el origen de mi estupefacción.
Pisano señala que masculinidad y feminidad tienen un origen muy distinto, de modo que no pueden abordarse con equidistancia, como si ambos géneros nos limitasen de forma comparable, como si fuesen dos cárceles: “mientras uno proviene de una experiencia de poder y omnipotencia, con una historia escrita y relatada, el otro proviene de una historia de siglos de sumisión, maltrato y marginación”. Es decir, la masculinidad es la marca del poder y la feminidad la marca de la subordinación.
En la sociedad lo que se ama y se respeta es al hombre “pues la masculinidad atrapó para sí el valor fundamental que nos constituye como humanos y humanas: la capacidad de pensar”. Dicha masculinidad pretende describir no solo a los hombres, sino todo lo humano.
“Lo que el patriarcado trajo como esencia desde su lógica de dominación- la conquista, la lucha, el sometimiento por la fuerza-, hoy se ha modernizado en una masculinidad neoliberal y globalizada”. La masculinidad eleva las contingencias de la historia del poder de los hombres a la categoría de la universalidad. Es decir, la masculinidad es la ideología del patriarcado.
El espacio de la feminidad está dentro de la lógica masculinista. “La lectura simplista de dos espacios diferenciados de género masculino y género femenino nos ha conducido a formulaciones erróneas de nuestra condición de mujeres y de nuestras rebeldías, pues estos supuestos dos espacios simbólicos no son dos, sino uno: el de la masculinidad que contiene en sí el espacio de la feminidad”.
Es decir, la feminidad no es un espacio autónomo que nos permita emanciparnos o que pueda reinventarse: la feminidad “es una construcción simbólica y valórica diseñada por la masculinidad y contenida en ella como parte integrante”.
Pisano considera que la contraposición de caracteres entre los géneros ha sido una estrategia de la masculinidad para mantener la sumisión de las mujeres y su forma de relacionarse entre ellas y con el mundo: la feminidad nos instala en el espacio privado e intocable de la maternidad.
La finalidad de la ideología de la masculinidad y la feminidad (género) es que los hombres puedan utilizar a las mujeres para: “el placer (la pareja, lo amoroso, la heterosexualidad), el uso de la reproducción (la maternidad) y por último, el poder (a través de la explotación y el trabajo de las mujeres)”. La feminidad no es un espacio aparte con posibilidades de emporaderamiento, sino una construcción de valores contenida en la masculinidad. 
La noción de masculinidad establece una frontera necesaria para diferenciar a los sujetos poderosos de las sometidas: “la masculinidad se ha construido desde una lógica anti-mujeres en términos colectivos”. La masculinidad es la cultura del patriarcado y la feminidad es solo su reverso necesario. Toda noción de masculinidad, antigua o nueva, contiene dentro de sí una frontera entre hombres y mujeres que se sostiene por oposición con lo femenino. Nos han intentado convencer de que la feminidad nos ofrece una forma alternativa de poder.
Las mujeres se aferran al pequeño poder del amor y la maternidad, que no son más que un disfraz. Sin embargo el poder ejercido por gobernantes, militares y otros hombres es claro, fuerte, violento, reconocible. Hay toda una línea feminista que busca la emancipación por medio del orgullo de la feminidad, de los valores de misma o de la reinvención de lo femenino: “tendremos que abandonar parte del cuerpo teórico producido por el feminismo que se basa precisamente en esa idea”. Y abandonaremos también el modelo de feminidad “que tenemos instalado en nuestras memorias corporales, hasta tal punto que creemos que esa es nuestra identidad”.
Hemos presentado dicha identidad femenina como rebeldía ante la masculinidad, pero la feminidad no hace más que afirmar la masculinidad: “No lograremos desmontar la cultura masculinista sin desmontar la feminidad”. Por consiguiente, Margarita Pisano expone que la masculinidad y la feminidad no pueden reinventarse, sino que deben ser abolidas. La liberación de las mujeres pasa necesariamente por la reflexión desde un espacio cultural y político no feminizado. Afirma que las mujeres avanzaremos “liberándonos de los nostálgicos deseos de permanecer en una cultura que, por más que la queramos leer como nuestra, nos sigue siendo ajena”. Por eso el principal avance del feminismo son los espacios en los que pensamos y actuamos con otras mujeres, donde rompemos con la feminidad, y nos conocemos como seres humanas completas.
En esos espacios desmontamos la desconfianza y la traición entre mujeres. Es necesario que surja un pensamiento inspirado en nuestra propia genealogía y construido a partir de los debates entre mujeres. Ese pensamiento permitirá que desarrollemos la capacidad civilizatoria de nuestra clase sexual. A propósito de estas reflexiones de Pisano, podríamos preguntarnos cuál es la tarea de los hombres en el proyecto feminista de abolición de la ideología patriarcal (masculinidad y feminidad). Más allá del oxímoron de la nueva masculinidad, los hombres podrían negarse a hacer uso de las estructuras que subyacen tras dicha ideología (y denunciar a los hombres que hacen uso de las mismas).
Me refiero a las estructuras del placer (pornografía, prostitución, valoración de las mujeres por su belleza, las partes de su cuerpo o su vestimenta, fetiche por la juventud femenina, romantización de la mujer entregada, pedestal objetificante del amor cortés, etc.), las de la reproducción (explotación de las mujeres como paridoras y cuidadoras) y las del poder (elevar a los ídolos de la cultura masculina e invisibilizar a las mujeres, explotar a las mujeres en una doble jornada para liberar tiempo propio, delegar en las mujeres los trabajos más ingratos, acaparar honores, imagen y protagonismo, acaparar la palabra, participar en cualquier evento o institución no paritaria, acaparar los liderazgos instituciones o en los movimientos de protesta, etc.).
Admito mi escepticismo ante la disposición de las personas a renunciar a aquello que les resulta útil y placentero. En la historia observamos que los derechos se conquistan y no se piden por favor ni se logran gracias a la toma de conciencia de los opresores. Por mucho que señalemos las desventajas que tiene la masculinidad para los hombres, el patriarcado les resulta indudablemente beneficioso.
Sin duda bastantes hombres encuentran placentero obtener palmaditas en la espalda por su bondad y altruismo con las mujeres, pero creo que esa motivación está muy lejos de ser compromiso feminista, pues no hace más que satisfacer la transferencia de afecto y reconocimiento de las mujeres hacia los hombres.
Aún así siempre ha habido algunos hombres que sí son auténticos aliados feministas y los sigue habiendo. Pero una organización de los hombres frente a las estructuras patriarcales encontraría acomodo fuera de la categoría de la “nueva masculinidad”, que resulta contraria al proyecto abolicionista del género característico del feminismo.


miércoles, 19 de junio de 2019



Entrevista a Noam Chomsky

"El arresto de Assange es escandaloso por el alcance extraterritorial de EEUU"


Amy Goodman: Noam Chomsky cuál es su opinión sobre el arresto de Julian Assange.
Noam Chomsky: El arresto de Assange es escandaloso por varios motivos. Uno de ellos es lo relacionado con los intentos de los gobiernos… y no solo del Gobierno de Estados Unidos. El Gobierno británico está cooperando. Ecuador, por supuesto, está ahora cooperando. Suecia cooperó en el pasado. Me refiero a los intentos por silenciar a un periodista que estaba publicando información que las personas en el poder no querían que se difundiese. Eso es básicamente lo que ha sucedido. WikiLeaks estaba publicando información sobre las personas que están en el poder y que la gente debería conocer. A las personas en el poder no le gusta eso, así que tenemos que silenciarlo. Este tipo de cosas, este tipo de escándalos, son algo común, desafortunadamente.

Podemos ver otro ejemplo justo al lado de Ecuador, en Brasil, donde los acontecimientos que han tenido lugar son extremadamente importantes. Brasil es el país más importante de América Latina y uno de los más importantes del mundo. Durante el gobierno de Lula, a principios de este milenio, Brasil fue tal vez el país más respetado del mundo. Bajo el liderazgo de Lula da Silva fue la voz del Sur Global. Fíjense en lo que pasó. Hubo un golpe de Estado, un golpe ‘suave’, para eliminar los efectos del Partido de los Trabajadores. Eso fue lo que el Banco Mundial describió —no lo digo yo, lo dijo el Banco Mundial— como la «década de oro» de la historia de Brasil, en la que se logró una reducción radical de la pobreza, una extensión masiva de la inclusión de poblaciones marginadas, que conforman una gran parte de la población —la población afrobrasileña, la población indígena— fueron integrados en la sociedad, lo que produjo un sentimiento de dignidad y esperanza en la población. Eso no podía ser tolerado.

Después de que Lula dejara la presidencia, tuvo lugar una especie de «golpe suave», no voy a explicar los detalles, pero el último movimiento, ocurrido el pasado septiembre, fue encarcelar a Lula da Silva, el líder en las encuestas, la figura más popular de Brasil, quien iba a ser, con casi absoluta seguridad, el ganador de las próximas elecciones, y fue encarcelado en confinamiento solitario, esencialmente sentenciado a muerte, 25 años de cárcel, teniendo prohibido leer la prensa o libros y, lo que es más importante, teniendo prohibido realizar declaraciones públicas, a diferencia de los asesinos en masa en el corredor de la muerte. Todo esto para silenciar a la persona que era el probable ganador de las elecciones. Lula es el preso político más importante del mundo ¿Han escuchado algo al respecto?

Bueno, Assange es un caso similar: tenemos que silenciar esta voz. Si retrocedemos en la historia, algunas personas recordarán cuando el Gobierno fascista de Mussolini encarceló a Antonio Gramsci. El fiscal dijo: «Tenemos que silenciar esta voz durante 20 años. No podemos dejar que hable». Eso mismo ocurre con Assange y con Lula. Hay otros casos. Esta es una parte del escándalo.
La otra es el alcance extraterritorial de Estados Unidos, el cual es impactante. ¿Por qué debería tener Estados Unidos u otro… ningún otro Estado podría hacerlo, pero ¿por qué debería tener Estados Unidos el poder de controlar lo que hacen otras personas en otras partes del mundo? Es una situación descabellada. Es algo constante. Ni siquiera nos damos cuenta de ello. Al menos no es algo de lo que se hable.

Es similar al tema de los acuerdos comerciales con China. ¿Cuál es el objetivo de los acuerdos comerciales? Son un intento por impedir el desarrollo económico de China. Eso es exactamente lo que son. Ahora bien, China tiene un modelo de desarrollo. Al Gobierno de Trump no le gusta. Por lo tanto, vamos a debilitarlo. Pregúntese lo siguiente: ¿Qué pasaría si China no respetara las reglas que Estados Unidos está tratando de imponer? China, por ejemplo… cuando Boeing o Microsoft o alguna otra empresa importante invierte en China, China quiere tener algo de control sobre el carácter de esa inversión. Quieren cierto grado de transferencia de tecnología. Deberían obtener algún beneficio de la tecnología. ¿Hay algo malo en eso? Así se desarrolló Estados Unidos, robando —lo que nosotros llamamos robar— tecnología de Inglaterra. Así es como Inglaterra se desarrolló, robando tecnología de países más avanzados: India, los Países Bajos, e incluso Irlanda. Así es como todos los países desarrollados han alcanzado la etapa de desarrollo avanzado. Si a Boeing y Microsoft no les gustan esos acuerdos, pueden decidir no invertir en China. Nadie les está apuntando con un arma en la cabeza. Si hubiera alguien que realmente creyera en el capitalismo, debería ser libres de llegar al acuerdo que quisieran con China. Si eso incluye transferencia de tecnología, está bien. Estados Unidos quiere bloquear eso, para que China no pueda desarrollarse.

Analicemos los llamados «derechos sobre la propiedad intelectual», los exorbitantes derechos de patente para medicamentos, para Windows, por ejemplo. Microsoft tiene el monopolio de los sistemas operativos, a través de la Organización Mundial del Comercio. Supongamos que China no los respeta. ¿Quién se beneficiaría y quién perdería? Bueno, lo cierto es que los consumidores en Estados Unidos se beneficiarían. Eso significaría que obtendrían medicamentos más baratos. Significaría que cuando compran una computadora no estarían obligados a utilizar Windows. Podrían utilizar un sistema operativo mejor. Bill Gates tendría un poco menos dinero. Las corporaciones farmacéuticas no serían tan ricas como son, serían un poco menos ricas. Pero los consumidores se beneficiarían. ¿Hay algo malo en eso? ¿Hay algún problema con eso?

Bueno, uno podría preguntarse: ¿Qué hay detrás de todas estas discusiones y negociaciones? Esto es cierto en todos los ámbitos. En casi cualquier problema que elija, uno podría preguntarse: ¿Por qué se acepta esto? En este caso concreto, ¿por qué es aceptable que Estados Unidos tenga el poder de siquiera iniciar una petición para extraditar a alguien cuyo delito es exponer ante la sociedad información que las personas en el poder no quieren que la sociedad vea? Eso es básicamente lo que está pasando. (Democracy Now!)