jueves, 29 de junio de 2017


Rector...sin título


Tulio Ortiz Uribe
La Paz, BCS.- El 29 de agosto de 2012, dos días después de la visita del secretario de Educación Pública José Ángel Córdova Villalobos, para anunciar la creación de la Universidad Tecnológica de La Paz (UTLP), el gobernador Marcos Covarrubias recibió en su despacho una llamada de Gustavo Cruz Chávez, rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, para recomendarle a su protegido, Allan Alexander Amador Cervantes, para el puesto de rector de la nueva institución.
El Congreso local aún no decretaba la ley orgánica de la UTLP, y ya se barajaba el reparto de posiciones. Amador Cervantes había dejado cuatro meses atrás, por no tener el perfil, la dirección de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la UABCS (cargo en el que duró unos meses), y se encontraba desempleado.
Covarrubias Villaseñor accedió a la petición de su amigo Cruz Chávez, e instruyó al diputado panista Sergio Barrón Pinto, secretario de la Gran Comisión, para que se omitiera en el decreto un requisito clave para ser rector de una institución de ese tipo: ser egresado de una carrera técnica.
Así, en un proceso lleno de anomalías, se designó a una persona sin experiencia administrativa y sin título profesional para hacerse cargo de un centro educativo donde firma documentos oficiales y convenios con otras instituciones como "licenciado" y donde incluso se hace llamar "Maestro en Ciencias".
Pero Allan Amador no sólo le mintió al gobernador del Estado, sino a las propias autoridades de la SEP.
En efecto, mediante la solicitud de información 0001100234813 dirigida al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la SEP entregó a este medio de comunicación copia del currículum que Amador Cervantes presentó a las autoridades educativas. Ahí dice haber estudiado la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UABCS y poseer la Cédula Profesional No. 000931.
Al consultar la página www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/index
Avanzada.action, se informa que dicha cédula, tipo C1, le fue expedida a Mario Juan Camargo Hampshire en 1946, luego de titularse como abogado en la UNAM. Existe otra cédula con el mismo número, pero esta es tipo A-1 (especialidad) y le fue otorgada en 1986 a Moisés Alvarado Ortega por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea como especialista en Medicina Interna.
Ya desde marzo de 2014, tres meses antes de que llegara a La Paz el secretario de Educación Emilio Chuayffet Chemor para inaugurar las instalaciones de la UTLP, la licenciada Ingrid Mercedes Jasso López, jefa del departamento Jurídico de la Dirección de Profesiones de la SEP, mediante el oficio DGP/DJ/531/2014 dirigido a este reportero, dice: "informo a usted que de la consulta realizada en el Sistema del Registro Nacional de Profesionistas no se encontró antecedente profesional a favor del C. Allan Alexander Amador Cervantes como licenciado en Ciencia Política y Administración Pública.
En una nueva petición de información, de fecha 29 de mayo de este año (folio 0001100229417), se solicitó a la SEP que informara "si el señor Allan Alexander Amador Cervantes tiene registrado título profesional de licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, por la Universidad Autónoma de Baja California Sur y en consecuencia si se le ha otorgado cédula profesional". La Unidad de Transparencia de esa dependencia federal respondió que: "De acuerdo con los registros con que cuenta esta Unidad Administrativa y el resultado de la búsqueda en el Sistema Nacional de Profesionistas, NO resultó dato a nombre de la persona solicitada"
El rector de la UTLP pone asimismo como antecedente académicos haber estudiado en la UABCS la maestría  en Estudios Sociales y Humanísticos de Frontera, con especialidad en Ciencias Sociales y Globalización, pero tampoco existen pruebas que acrediten sus dichos. También afirma en su currículum tener 8 años y 8 meses de experiencia como Profesor Investigador  en esta universidad, sin que informe o presente documentos de los trabajos y materias que desempeñó.
Todo lo anterior configura diversas violaciones a la ley, con penas que van desde la aplicación de multas, hasta la suspensión o cancelación  de  la autorización para que continúe efectuando actividades profesionales.
La Ley para el Ejercicio de las Profesiones del Estado de Baja California Sur,
dice en su artículo 5 que "requerirán titulo y cédula profesional debidamente registrados ante la dirección de profesiones del Estado, todos aquellos profesionistas que hayan concluido sus estudios universitarios, tecnológicos, normalistas o de cualquier instituto superior"
Por su parte el artículo 56 establece que: "Cuando una persona dentro del territorio del Estado se ostente como pasante o profesionista sin serlo, y realice actos propios de una actividad profesional...no tendrá derecho a cobrar por concepto de sueldo u honorarios, y se le impondrá además una multa hasta por el equivalente a 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización"
Mientras, el artículo 55 determina que "Cuando derivado del ejercicio profesional se incumplan con las obligaciones que esta ley señale para los profesionistas, se actúe con negligencia, se ataquen los derechos de terceros o los derechos de la sociedad en general, la Dirección podrá imponer una multa hasta por el equivalente a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y podrá suspender o cancelar la autorización para que continúe efectuando las actividades profesionales..."
Creación de la UTLP
El 12 de diciembre del 2012, el Congreso del Estado expidió el Decreto 2045 con el que se aprobó la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de La Paz, la cual entró en vigor el 1 de enero de 2013, fecha con que se dio de alta como rector a Amador Cervantes.
El artículo Segundo Transitorio de ese ordenamiento, le dio al gobernador la facultad de nombrar de manera directa al primer rector, quien "durará en su cargo cuatro años y podrá ser reelecto una sola vez".
Llama la atención que, a diferencia de similares decretos en otras entidades de la república, aquí no se haya hecho obligatorio para el candidato a ocupar el puesto de rector, tanto el requisito de poseer una especialidad tecnológica como el de tener maestría o doctorado.
Manejos poco transparentes
Personal de esa institución que no proporcionó sus datos personales para evitar represalias, hablan de manejos poco transparentes del presupuesto asignado. Refieren por ejemplo, la cantidad de viajes que Allan Amador y su hermano Kenno Allen, quien es el director Jurídico de la Universidad,  han hecho al interior del país y del extranjero. Comentaron que, como se puede ver en los estados financieros (http://www.utlp.edu.mx/estados-financieros), entre el 2015 y el 2016, gastaron 999 mil 440 pesos en pasajes aéreos y 932 mil 257 pesos en viáticos al extranjero y 542 mil 323 en viáticos dentro del país.
Del 8 al 10 de octubre, los hermanos Amador Cervantes  viajaron a Tucson, en donde la Universidad de Arizona realizó la Convención por el 20 Aniversario de la CONAHEC (Consorcio para la Colaboración en la Educación Superior en América del Norte), donde presentaron la ponencia "Advance and Grow, but Never Forget the Basics" (Avance y crecimiento, pero nunca olvidar lo esencial). De acuerdo con la agenda del evento, este trabajo versaría sobre "todos los aspectos que los presidentes de las instituciones de educación superior deben ocuparse desde que se fundan hasta que alcanzan la madurez" (The presentation is about all aspects that Presidents of higher education institutions must take care about since the university is founded,until it is mature).

martes, 20 de junio de 2017

Videgaray al relevo de Almagro como peón de Washington

Carlos Fazio
Rebelión
Los días 14, 15 y 16 de junio, la base militar del Comando Sur del Pentágono en Doral, Miami-Dade, Florida, será uno de los escenarios de la Conferencia de alto nivel sobre seguridad y economía para México y Centroamérica, convocada por los secretarios de Estado y Seguridad Interior de Estados Unidos, Rex Tillerson y John Kelly, respectivamente, con el Estado mexicano como “coanfitrión” (sic).Planificado bajo la lógica de la administración Trump que pone énfasis en la vigilancia de fronteras e identifica como una “amenaza” a la seguridad nacional de EU al trinomio del terrorismo, el crimen organizado y la migración indocumentada, el evento tendrá un enfoque netamente militarista como premisa para una reinversión de capitales privados en la subregión.
La conferencia, a la que asistirán el vicepresidente de EU, Mike Pence, y los secretarios del Tesoro, Steven Mnuchin y de Comercio, Wilbur Ross, ha sido precedida de sendos eventos en Tapachula y Cozumel, México, que contaron con la participación directa de los jefes de los comandos Norte y Sur, la generala Lory Robinson y el almirante Kurt W. Tidd.
Por encomienda de Enrique Peña Nieto, en la reunión de Cozumel de finales de abril, los secretarios de Defensa y Marina de México, general Salvador Cienfuegos y almirante Vidal Soberón, aceptaron profundizar la “cesión inteligente” de la soberanía nacional (según la definición acuñada en 2001 por el ex canciller de Vicente Fox, Jorge G. Castañeda, actual asesor oficioso de Luis Videgaray), y subordinarse al mando del almirante Tidd, como parte de una “fuerza de tarea conjunta” con Guatemala que realizará patrullajes terrestres, marítimos y aéreos a lo largo de la frontera común.
Al espíritu colaboracionista de los mandos de las Fuerzas Armadas, se suma el entreguismo supino del aprendiz de canciller Videgaray, quien en mayo pasado, tras reunirse con Tillerson y Kelly, aludió a una “negociación integral” con EU, lo que ha dado pie a interpretaciones de que al negociar en “paquete”, México podría recibir ciertas concesiones en la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a cambio de permitir operaciones oficiales del Pentágono y otras agencias de seguridad de Washington en el territorio nacional.
Al respecto, y más allá del ruido mediático que provocan el histrionismo y la verborrea del presidente de EU, cabe señalar que Donald Trump está siguiendo al pie de la letra los lineamientos del Council on Foreign Relations (Consejo de Relaciones Exteriores, CFR, por sus siglas en inglés), el influyente tanque de pensamiento señalado como la “aristocracia del dólar” o la cara oculta del poder globalizado; en particular −en lo que tiene que ver con México− en materia energética, comercial, migratoria y de seguridad.
Desde hace 70 años, la élite del business determina los objetivos bélicos de EU en función del interés de los monopolios empresariales y elabora la diplomacia de guerra de la Casa Blanca por consenso y a puerta cerrada. Es decir, al margen de todo control democrático. 

El CFR y la guerra como continuación del libre mercado 
Según el documento América del Norte, el momento de un nuevo enfoque −elaborado en 2015 por el CFR−, la proyección imperialista en lo que llama la “comunidad norteamericana” incluye la “integración” en materia de infraestructura de las plantas de producción de hidrocarburos, refinerías y mercados de ese espacio geopolítico trilateral, y la interconexión eléctrica transfronteriza.
Con eje en la seguridad nacional de EU, el CFR enfatiza el control monopólico y el aumento de la producción de energía fósil −sin ningún atisbo que busque reducir los gases de efecto invernadero−, lo que prefigura un escenario neocolonial para México, que profundizará su papel como enclave exportador de bienes primarios a través de una red de gasoductos integrada de facto a la infraestructura instalada en EU; con el añadido de una enloquecida carrera de despojo de territorios del lado mexicano.
A partir del perverso vínculo indocumentados-terrorismo-crimen organizado, el documento del CFR llamaba a militarizar las fronteras con mecanismos más sofisticados, y con la zanahoria de la “cooperación” militar de la Iniciativa Mérida preconizaba la “integración orgánica” de México al Comando Norte. Aunque en 2015 el CFR no promovía la intervención directa de EU en suelo mexicano sino el control operacional y doctrinario de la maquinaria de seguridad local −lo que convirtió a las Fuerzas Armadas mexicanas en un virtual ejército de ocupación interna−, con Trump dicha visión parece haber cambio y ello puede estar relacionado con las políticas de “cambio de régimen” impulsadas en el vecindario.
Bajo la premisa de que la guerra no es “la continuación de la política por otros medios” (según la fórmula de Clausewitz), sino la continuación del libre mercado, el Council on Foreign Relations ha contribuido a exportar el modelo político estadounidense cooptando a funcionarios extranjeros. Ejemplos sobran. Cuando en abril pasado el general (retirado) John Kelly dijo que no era bueno un presidente mexicano “de izquierda y antiestadunidense” –en implícita alusión al político de centro izquierda Andrés Manuel López Obrador−, destacó su “amistad” con Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón, asiduos visitantes del Comando Norte. 

El grotesco Videgaray y su doble moral 
Es patético, asimismo, el papel de Luis Videgaray en la guerra sucia de Washington contra el presidente constitucional y legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro. Ajeno al arte de la diplomacia, Videgaray no entiende que una negociación parte de la confianza y que al tomar partido por una de las partes se autoexcluye como mediador.
Toda negociación diplomática pasa por buscar puntos de coincidencia entre las partes; ese es el ABC de la negociación. En sentido contrario, en la coyuntura, de manera imprudente y equivocada, acicateado por el ex canciller Jorge G. Castañeda, agente del intervencionismo de Washington, y bajo los efluvios emanados de su parentesco político con Margarita Zavala –esposa del ex presidente ultraconservador Felipe Calderón, quien acaba de pedirle que rompa relaciones con Venezuela−, Videgaray ha provocado un escalamiento del conflicto y logrado fragmentar a América Latina en tres bloques: las naciones del ALBA; Bahamas y el Caricom, y los 14 países que bailan al son que les toca Trump.
Amigo de Jared Kushner, el yerno de Trump vinculado con la mafia rusa, Videgaray relevó como peón de la diplomacia de guerra de EU a Luis Almagro, el secretario de la Organización de Estados Americanos refutado por sus ex compañeros del Frente Amplio de Uruguay y convertido en un cadáver político.
Videgaray sigue los pasos de Almagro. Y no en balde, la reunión de la OEA del 19 al 21 de junio en Cancún, Quintana Roo, fue planeada inmediatamente después de la conferencia de seguridad en el Comando Norte, para tener “planchado” el aislamiento hemisférico de Venezuela y la aplicación de eventuales sanciones; pero la inexperiencia y la rudeza de Videgaray rompieron cualquier consenso posible.
Por cierto, México decidió cambiar la sede del evento de la Ciudad de México a Cancún, para evitar manifestaciones de repudio a la OEA y al gobierno mexicano, y de apoyo al proceso bolivariano de Venezuela.
A su vez, en su esgrima verbal con la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, Videgaray se exhibió como una pieza de Trump. Y es relativamente cuestionable que México se someta al escrutinio internacional: de manera recurrente, cuando un fallo no le favorece, lo impugna o no lo acata.
Pruebas, abundan. Lo pueden atestiguar los cinco miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que elaboraron dos voluminosos informes que incriminan al gobierno de Peña Nieto por los crímenes de Estado de Iguala/Ayotzinapa; el alto comisionado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Raád Al Hussein, quien identificó a México como un “cruel ejemplo” de la violencia generalizada y de los vínculos entre las fuerzas de seguridad del Estado y autoridades locales y federales con el crimen organizado, y el relator especial de la ONU sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, Juan Méndez, quien fue acosado y estigmatizado por la Cancillería mexicana, por afirmar que dichas prácticas, en el país, son “generalizadas” y se dan en un contexto de total impunidad. 

jueves, 15 de junio de 2017


Nuevas denuncias penales de la ASF contra la administración de Marcos Covarrubias

Tulio Ortiz Uribe

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó en la Procuraduría General de la República dos nuevas denuncias penales contra la administración del ex gobernador de Baja California Sur Marcos Covarrubias Villaseñor, por el desvío de recursos que suman 120 millones 653 mil 607 pesos, de la cuenta pública del 2014.

Mediante el oficio USIT/DTAIPD/939/2017, la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos de la ASF, dio respuesta a la solicitud de información 0110000036217 de este reportero, en donde informa que el 2 de septiembre del año pasado entregó al Ministerio Público Federal una denuncia por el desvío de 25 millones 915 mil 980 pesos, a la cual se le asignó la averiguación previa FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001695/2016.

Asimismo, el 1 de marzo de este año se presentó nueva denuncia, ahora por 94 millones 737 mil 627 pesos, la cual tiene pendiente el número de averiguación previa. Estos recursos no han sido solventados y se desconoce su destino. Las dos últimas denuncias se suman a otras tres presentadas en el 2011 y 2012.

En el escrito, la Auditoría se abstuvo de calificar el tipo de delito en que incurrieron el funcionario o funcionarios de esa administración, ya que, señala, sus atribuciones son "la presentación de las denuncias penales que deriven de las irregularidades detectadas en la fiscalización de la Cuenta Pública, por lo que se limita a describir los hechos presuntamente delictivos derivados de la irregularidad durante la fiscalización, sin calificarlos jurídicamente, facultad que le corresponde al Ministerio Público de la Federación quien debe acreditar el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad, como base del ejercicio de la acción penal"

Averiguación Previa
Cuenta Pública
Fecha de Presentación de la Denuncia
Monto de la Irregularidad
Irregularidad
Estado
FED/SEIDEF/UNAI/BCS/000034/2017
2011
02/10/2015
$ 2,166,995.56
No se aplicaron los recursos públicos a los fines destinados
En integración
AP/PGR/UEIDCSPCAJ/CAJ/MVI/230/2015
2011
02/10/2015
$ 4,166,369.34
No se aplicaron los recursos públicos a los fines destinados
En integración
AP/PGR/DDF/SPE-XXIII/2370/2014
2012
28/08/2014
$ 299,937.87
No se aplicaron los recursos públicos a los fines destinados
En integración
FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001695/2016
2014
02/09/2016
$ 25,915,980.15
No se aplicaron los recursos públicos a los fines destinados
En integración
Pendiente de Asignación
2014
01/03/2017
$ 94,737,627.21
No se aplicaron los recursos públicos a los fines destinados
En integración


domingo, 7 de mayo de 2017


La reforma energética en México, broche de oro para el capital, a veinte años del TLCAN 

Andrés Peñaloza

En 2013, Enrique Peña Nieto, símbolo del regreso del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia, tras un intervalo de 12 años de alternancia pactada con el derechista Partido Acción Nacional, arremetió con un paquete de reformas neoliberales sumamente agresivas. Entre ellas encontramos la energética, que busca permitir la inversión privada y extranjera en los hidrocarburos y la electricidad, con lo que se anula en esencia el decreto expropiatorio y la nacionalización de la industria energética realizada en 1938.

Ver texto completo en: 
http://www.rosalux.org.mx/sites/default/files/reformaenergetica_0.pdf

miércoles, 26 de abril de 2017


Los riesgos del turismo en gran escala en Cabo del Este

Tulio Ortiz Uribe
CABO DEL ESTE, BCS.-De aprobarse proyectos turísticos a gran escala para la región de Cabo del Este, en tan solo 13 años habría serias consecuencias sociales, ambientales y económicas, de las cuales no tienen conciencia las autoridades locales y federales.
Sería tan grave la situación, que se prevé una población de 120 mil habitantes en el 2030 y de 263 mil 900 en el 2040, en La Rivera, Los Barriles, Buenavista, El Campamento, Santa Cruz y Santiago, con los consiguientes "complejos procesos socioeconómicos, políticos, culturales y ambientales causados por el incremento poblacional en la región".
Un estudio realizado por la empresa GeoAdaptive a pedido del Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos, advierte que si bien el turismo es un vehículo de crecimiento económico y desarrollo social, aquellos de gran escala pueden tener "impactos indirectos sobre la estructura social, la dinámica demográfica, los impulsores/motores económicos y el entorno natural de una región", como lo es, entre otros, "la afluencia de trabajadores medianamente y poco cualificados, atraídos por la especulación de empleo en el ramo turístico. Este rápido aumento de la población local conduce a un crecimiento no planificado e informal en las zonas circundantes, incapaces de soportar o satisfacer las necesidades de los nuevos residentes debido a la falta de infraestructura y servicios municipales"
El estudio de GeoAdaptive, titulado "Evaluación rápida de los impactos indirectos a causa de los desarrollos de gran escala en la región de Cabo del Este", concede que por sí mismo el desarrollo turístico no es una influencia indeseable, ya que puede ayudar a estabilizar la economía local y proveer empleo estable a las comunidades circundantes, "Sin embargo los mega desarrollos turísticos pueden provocar efectos negativos sobre la región y tener consecuencias involuntarias (como el desarrollo no planificado) al no considerar las condiciones económicas y sociales actuales como la disponibilidad de infraestructura básica. El crecimiento rápido e inesperado puede conducir a niveles de pobreza y altos niveles de marginalización debido a la ausencia de planificación y de acceso a servicios básicos. Como ejemplo regional, el nivel de pobreza actual está reflejado en los datos municipales del censo del 2010, en donde 28.5% de residentes de la municipalidad de Los Cabos y el 24.7% de residentes en la municipalidad de La Paz viven dentro de niveles de pobreza, mientras que el 5.6% y el 2.8%, respectivamente, viven en la pobreza extrema (CONEVAL, 2012)”
Por ejemplo, con más de 260 mil habitantes se necesitarían 14 mil 955 hectáreas de suelo urbanizable. "Este aumento en la demanda de suelo, dice el documento, tiene un efecto directo sobre los ecosistemas terrestres al comenzar a expandirse la huella urbana sobre zonas con coberturas más frágiles tales como áreas de recarga del acuífero, zonas de alta biodiversidad y terrenos agrícolas"
Por tanto, advierte, "el régimen hidráulico puede ser modificado por el aumento de las superficies impermeables", como el pavimento y el asfalto. Además, la demanda del líquido y "teniendo en cuenta el almacenamiento estimado del acuífero de Santiago (aproximadamente 283 Mm3 ) (CONAGUA, 2009), este recurso podría estar totalmente agotado dentro de los próximos 15 a 21 años, al atender el aumento poblacional regional". Pero no sólo eso, al reducirse la capa freática, habrá un aceleramiento del proceso de salinización de las aguas subterráneas a lo largo de la costa, "reduciendo aún más la disponibilidad de agua potable, o requiriendo infraestructura costosa para evitar una intrusión mayor de agua salada en los acuíferos"
Pero habría también otros impactos aún más costosos tales como los servicios médicos y educativos. La extensión de estos servicios está basada en la identificación del número de centros médicos y centros educativos requeridos para atender el incremento poblacional regional.
Así por ejemplo, dar servicios de salud para los nuevos residentes tendría un impacto significativo en la región, en donde actualmente sólo hay dos Centros de Salud Urbanos y menos de 10 Unidades de Medicina Familiar en Cabo del Este. Por tanto, en un escenario de una población de 120 mil habitantes el costo de construir dos hospitales generales del IMSS con 144 camas; dos unidades de medicina familiar del ISSSTE con 4 consultorios; una clínica hospital de 10 camas del ISSTE; un centro de salud urbano del la SSA con seis consultorios y hospital, sería de 561 millones 821 mil pesos.
Adicionalmente, agrega el estudio, se debe mencionar que los cálculos sólo representan el costo de la infraestructura y no el costo de operación o mantenimiento de los centros de salud.
En cuanto a los servicios educativos, en un escenario de una población en el 2040 de 263,909 habitantes, se estima que habría una población estudiantil de 84 mil 451 alumnos, de jardín de niños a preparatoria general, en donde el costo de la infraestructura sería de alrededor de 803 millones 670 mil 962 pesos.
Los analistas hacen hincapié en que el número de instalaciones educativas adicionales sólo representa la cobertura adicional requerida; no representa la carencia actual del servicio para la población existente ni para los estudiantes que asisten a escuelas privadas. "La estimación de costos considera solo el costo físico del plantel, no el costo de operación o mantenimiento"
Residuos sólidos
Otro de los riesgos inherentes a un cambio no planificado en Cabo del Este son los desechos que se producirán con un aumento significativo de la población. "Al experimentar un incremento poblacional en la región, enfatizan los analistas, también se verá un incremento en la generación de residuos sólidos. El promedio de generación de desechos es de 1.13 kg por habitante por día, de acuerdo al PDU Municipal de Los Cabos. Al calcular la cantidad de desechos adicionales para el año 2040, las cifras representan un incremento de 398 toneladas por día bajo un escenario alto; 373 toneladas/día en un escenario medio y 298 toneladas/día para el escenario bajo.
"El factor adicional que se debe tomar en consideración al estudiar estos incrementos es el lugar de disposición final de los residuos. Actualmente Cabo del Este no tiene un vertedero oficial dedicado, el cual será necesario al considerar cualquiera de los escenarios de crecimiento poblacional. La ubicación del mismo será de suma importancia para evitar la contaminación de suelo y del agua (acuífero y marino) y causar problemas secundarios de la salud y degradación ambiental"
Se necesitará un importante apoyo de parte de las agencias federales, estatales y locales para planificar mejor estos cambios demográficos y sociales, el aumento de la demanda de viviendas, la infraestructura y los servicios como el agua potable, saneamiento y servicio eléctrico.
Es necesario, dice el documento, "una planificación proactiva que debe ser incorporada en los esfuerzos de planificación a largo plazo de la región", al tomar en cuenta los impactos indirectos producto de posibles desarrollos de gran escala.
Demanda por el recurso hídrico
Con una población estimada de 263,909 habitantes, se espera que el uso residencial proyectado cause el mayor aumento de la demanda de agua potable. Se calcula que el consumo de agua generado por la suma de los requerimientos de agua proyectada para un nuevo desarrollo turístico y el uso de agua actual en la región, supere la recarga del acuífero por 18 a 13.3 Mm3 por año. Este déficit de agua subterránea provocará el agotamiento del almacenamiento a largo plazo del acuífero, que requerirá fuentes alternativas para sostener el aumento de la tasa de uso, dice informe.
Por otro lado, habrá otros gastos por los servicios e infraestructura municipal, los cuales dependen de los datos espaciales tales como la red vial, el servicio eléctrico, el alcantarillado y el servicio de agua potable.
"La extensión de la infraestructura para la red vial se basó en la densidad actual de las vías existentes en las zonas urbanas, tomando a San José del Cabo como ejemplo regional. Como resultado se estimó un total de 1,196 km adicionales. Se asumió que el sistema de alcantarillado y agua potable seguirá la trama de la red vial, por lo cual se utiliza la misma medida (1,196 km) para la estimación de ambos sistemas"
Los analistas explican que el número total de luminarias, otro de los gastos de urbanización,(1 luminarias por cada 0.029 km), fue extrapolado utilizando la extensión de la red vial como guía y la extensión de la red de líneas de transmisión de 126 km, se alcanzó un estimado basándose en la densidad de las líneas en zonas urbanas actuales (similar al caso de la red vial).


De esta forma los costos adicionales de infraestructura (red vial, eléctrica, alcantarillado y agua potable), rondarían los 27 mil 955 millones 131 mil pesos. Una cantidad que sumada a los gastos de salud y educativos difícilmente podría ser asimilados por los tres niveles de gobierno, y que los desarrolladores turísticos ni por asomo estarían dispuestos a poner una parte.

miércoles, 29 de marzo de 2017

Peña nieto, el león herido

Camila Vollenweider y Esteban De Gori
CELAG

La celebración del 88° aniversario de la creación del PRI (Partido Revolucionario Institucional) coincidió con la llegada de Trump. Peña Nieto se encontró en un escenario impensado: el PRI no pasa por su mejor momento, como tampoco la relación con los Estados Unidos desde la llegada del nuevo presidente. La idea de relanzar al PRI –que volvía al poder de la mano de este presidente, después de ser derrotado por el PAN (Partido Acción Nacional) de Vicente Fox- se ve erosionada tanto por los acontecimientos locales (problemas económicos y fuerte aumento del precio de los combustibles), como por las medidas que ha tomado y piensa tomar el mandatario norteamericano. Enrique Peña Nieto, por ahora, se ha transformado –por decisión propia- en el pato rengo de la política mexicana. No expresa una mayoría social frente a los otros partidos y no sabe cómo lidiar con Trump.
El contexto no es el mejor. Este año se celebrarán elecciones en cuatro Estados y en 2018 se realizarán las presidenciales. Peña Nieto debe consolidar a su propio partido que, al momento, posee una desaprobación –según una encuesta de Reforma [1] del 86%. El mismo sondeo indica que el PRI quedaría en un tercer lugar como opción para las elecciones de 2018. Primero se ubicaría el espacio MORENA (Movimiento Regeneración Nacional, dirigido Andrés Manuel López Obrador) con un 27%, luego el PAN con 24% y en tercer lugar el PRI, con solo 17%. Ahora bien, cuando se consultó sobre intención de voto presidencial, Morena obtiene un 27% (tendencia que va en ascenso), el PAN 24% y el PRI un 17%. Los últimos partidos vienen desde diciembre de 2016 perdiendo adhesiones y con una tendencia negativa.
López Obrador tiene una ventaja frente a la “prudencia” de Peña Nieto: rápidamente se ha colocado en contra de las políticas de Trump y ha interpelado en un mismo movimiento al nacionalismo mexicano –bandera histórica del PRI- y a los migrantes. El deseo de éstos por ascender socialmente se articula con las expectativas de los mexicanos que no han migrado.
Con respecto a Enrique Peña Nieto, si bien colocó al PRI nuevamente en la presidencia, su política puede poner en juego el bastión histórico de este partido: el Estado de México. Desde 1925 el Estado, conocido como EDOMEX es gobernado por los priístas, y existen serias posibilidades de que el PAN y su candidata, Josefina Vázquez Mota, puedan ganar este distrito. El candidato del PRI es primo del presidente, por lo cual, una derrota electoral se asociará directamente a su figura.
Peña Nieto reconoció sus problemas: “a diferencia de los últimos gobiernos de la oposición nosotros sí nos atrevimos a asumir los costos de transformar al país […] entendimos que la popularidad es efímera mientras que la responsabilidad trasciende”. Advirtió que “están surgiendo amenazas que representan la parálisis de la derecha o el salto al vacío de la izquierda demagógica”.
Sus problemas políticos provienen de lo que parecía la “joya” del cambio y la “llave” para continuar en el gobierno teniendo un poder limitado: el Pacto por México. De este compromiso realizado en 2012 por el PRI, el PAN y el PRD (Partido de la Revolución Democrática) [2] surgieron las reformas estructurales demandadas por los organismos internacionales de crédito, fundamentalmente, en las áreas de telecomunicaciones, política fiscal y en la energética. Uno de los efectos no deseados –por Peña Nieto- de sus reformas “transformadoras” fue el llamado gasolinazo, un incremento sustancial en el precio de la gasolina que ha tenido un impacto importante en su ya descendiente aceptación pública, y que posiblemente afecte el desempeño electoral del partido tricolor.
El PAN, pese a que lo acompañó en reformas estructurales, ha comenzado a “despegarse”. La candidata a gobernadora por el Estado de México criticó la idea de cambio si esta trae problemas, o se cambia por cambiar o para que nada cambie. Posiblemente en México podamos observar que las derechas discutirán sobre los “cambios” y sobre el “cambio”. Ya no será con la izquierda o el progresismo, también ellas pondrán en el laboratorio discursivo dicha palabra.
El inicio de un gobierno limitado, la necesidad de encontrar aliados y una gestión económica pobre prepara una dinámica incierta para el oficialismo. Es posible que el presidente mexicano inaugure prontamente dos escenarios críticos: la derrota en manos del PAN (demostrando ser una “mejor” derecha y más eficiente para la lectura de debilidades) y su retorno al poder, o la llegada de un partido progresista que parece ser –por ahora- el más opositor a las políticas conservadoras y al presidente norteamericano. La impericia del PRI y las políticas de Trump pueden provocar un giro progresista o una identificación con Andrés M. Lopez Obrador. También puede existir otra posibilidad: una renovación más pragmática en la relación con Trump y un relanzamiento del NAFTA ( Tratado de libre comercio de América del Norte) con Canadá, intentando un bloque anti política norteamericana.
El PRI puede inaugurar ciertas condiciones para el retorno del PAN o para el triunfo de MORENA: hoy es el actor principal de una movida que puede modificarlo todo.
_______________________________________________
Notas:
[1] La encuesta fue aplicada del 11 al 15 de enero, entre mil mexicanos adultos. Tiene un margen de error +/-4.2%, según Reforma.
[2] Posteriormente se incorporó el partido Verde Ecologista de México, en 2013.
@mcvollenweider
@edegori

La Tijereta ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
La maquina de guerra alemana opera en México

Hannah Fröhlich

Entre la venta directa de armas, licencias y herramientas para su producción, Alemania ha sido corresponsable de incontados asesinatos y varios masacres en México, un país marcado por la guerra contra el narcotráfico.

Imaginemos un montaje de muchas escenas, filmadas desde una cámara escondida en los cañones de todas las armas inventadas en Alemania y usadas en México. Una cámara que capturara cada disparo que salga de cada uno de estos cañones.
Para poner un margen de tiempo, empecemos a imaginar todos los disparos realizados desde el 2006, año en el que Calderón inició la guerra contra el narcotráfico y varias empresas de armamento alemana aprovecharan la orden de militarización en México como oportunidad de mercado para vender armas, herramientas para su producción y licencias.
Un montaje de todos los disparos realizados
Imaginemos un montaje de todos los disparados realizados. ¿Qué veríamos?
Veríamos caer a miles de personas en todas las esquinas del país, asesinatos de mujeres, campesinos, estudiantes, niñas y niños, defensores de derechos humanos y de la tierra, de los recursos y de los pueblos indígenas. Asesinatos de personas cuyo nombre desconocemos, historias confusas que no entenderíamos porque ya no hay información suficiente para reconstruirlas. Asesinatos clandestinos, silenciados e impunes. Con tanto estruendo, grito y sangre quedaríamos sordos y aterrorizados.
No sólo como herramientas de crímenes diarios, sino también en la mayoría de las grandes matanzas que han sacudido a México, armas de origen alemán han figurado un papel fundamental. A continuación veremos algunos de los casos en los que por el fracaso de la justicia de Alemania, un país considerado de los más avanzados en cuanto a su legalidad constitucional, han podido ocurrir terribles crímenes de Estado en México. La gran mayoría impunes hasta el día de hoy, en ambos países.
María Escobedo fue asesinada con una pistola alemana
Veríamos la bala de una pistola de 9-mm-Sig Sauer, en manos de un sicario irrumpiendo el cuerpo de María Escobedo, portando un afiche el 16 de diciembre de 2010 enfrente del palacio de gobierno de Chihuahua. La veríamos caer al piso y morir.
María Escobedo era una importante defensora de derechos de la mujer. Para ella, todo cambió después de que su hija de 16 años fuera matada por su novio celoso. Su absolución y la generalizada indiferencia jurídica y política ante miles de feminicidios en su estado y en todo el país, la habían movilizado para luchar por justicia y paz.
Según las confesiones posteriores del sicario que mató a María Escobedo, con la misma pistola alemana de Sig Sauer lo veríamos matar a once personas más.
Turbias estrategias empresariales y escondrijos jurídicos
Sig Sauer, con sede principal en Eckernförde, Alemania, es una de las empresas de armamento que ha sido experta en evadir las leyes de exportación alemanas, deslocalizando parte de sus fábricas de producción a otros países de la OTAN que cuentan con leyes de exportación más permisivas.
Con su localización en New Hampshire, EEUU, la empresa hermana de Sig Sauer ha encontrado un punto estratégico para enviar armas a su vecino del sur que se encuentra en un constante conflicto armado.
Según un documento interno del congreso estadounidense a manos de los medios alemanes Tageszeitung taz y ARD, el monto actual de enviados de rifles, metralletas y herramientas que la empresa de New Hampshire recientemente envió a México, equivale a un valor de 266 millones de USD. Esto es una cantidad nunca antes vista, cómo destaca el periodista Wolf-Dieter Vogel, experta en asuntos de armas. El material se distribuye a la marina, la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y a fuerzas federales y estatales.
El abogado y activista anti-armas Holger Rothbauer, recalca: "Sin la tecnología de la sede en Alemania, no serían posibles las exportaciones de la compañía hermana estadounidense“.
También Jürgen Grässlin, activista importante, autor y acusador de varias empresas y funcionarios involucrados en negocios disonantes de exportación de armas afirma que Sig Sauer en Alemania quebró la ley de forma sistemática, porque para suministros tecnológicos a sedes en países terceros, es necesaria una autorización por parte de los ministerios alemanes. Esta nunca fué solicitada. Los procesos penales, inducidos por los dos abogados, siguen vigentes.
Los sucesos en Guerrero del 2011
Sigamos imaginando el montaje de balas saliendo de armas alemanas:
Veríamos cómo a la luz del mediodía del 12 de diciembre 2011 cayeran los estudiantes de la normal de Ayotzinapa Gabriel Echevarría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, por balas de calibre OTAN. Estas son propias de los fusiles G36 de la empresa alemana Heckler & Koch (H&K). Fueron portadas por las fuerzas públicas que ese día apuntaron a la gente que pacíficamente bloqueaba la Autopista del Sol a las afueras de Chilpancingo.
Los fusiles G36 estaban prohibidos en Guerrero
Según las leyes de control de exportaciones alemanas, el fusil automático G36 no debería haber estado en Guerrero. Es uno de los cuatro estados mexicanos, a los que la venta de armas estaba prohibida por reportes de graves violaciones a derechos humanos, calificados por la Secretaría de Relaciones Exteriores alemana. Los otros tres estados son Chihuahua, Chiapas y Jalisco.
Sin embargo, sólo entre los años 2006 y 2008 pudieron llegar una cantidad incierta de 8 mil a 10 mil fusiles a los almacenes del ejército mexicano en todo el país, desvela una investigación del experta Carlos Pérez Ricart. Según su crónica publicada en el 2013, la mayoría de este envío de armas (un 49,68 %) ha sido distribuido en los ya mencionados cuatro "estados prohibidos“.
¿Cómo fue posible la presencia de las armas en Guerrero a pesar de la prohibición?
Desde el 2009, Vogel, Grässlin y Rothbauer entre otros, fueron destapando una gran cadena de enredos corruptos entre directivos de la empresa H&K que produce los G36, personas en las oficinas públicas en Alemania y funcionarios mexicanos. Un informante, en aquel entonces empleado de H&K, les había proporcionado importantes medios de prueba del negocio corrupto.
Armas alemanas y Ayotzinapa
De estos mismos fusiles G36, 56 ejemplares han sido encontrados en los cuarteles de la policía municipal de Iguala, después de la matanza de seis estudiantes de Ayotzinapa, la desaparición de 43 y varias lastimaduras graves en la noche entre el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.
A la altura de hoy, investigadores mexicanos pueden probar que al menos siete policías del operativo de esa noche disparaban con los mismos fusiles que habían llegado a Guerrero de forma ilegal. Entre ellos está el policía que asesinó a Julio Cesar Mondragón.
"Nunca hemos estado tan avanzados en la lucha contra la industria de armamento"
Aunque en la mayoría impunes hasta el día de hoy, Grässlin apunta al gran avance de los activistas antiarmas.
En una conversación en diciembre del año pasado, el autor me asegura: "En toda la historia, nunca hemos estado tan avanzados en la lucha contra la industria de armamento como en este preciso momento. Por primera vez, han sido citados ante los tribunales dos de los directivos de la empresa más letal del mundo, por el número de muertos (aprox. 2 millones en todo el mundo). Esto no ha pasado nunca.“
También es la primera vez en la historia que una víctima directa de armas alemanas en el extranjero juegue un papel principal en los juicios contra empresas de armamento. Se trata de Aldo Gutiérrez Solano, estudiante de Ayotzinapa que desde ser disparado en la noche del 26 de septiembre aún sigue en coma.
Son los padres de Aldo que pidieron la vista de expedientes del proceso contra la empresa H&K que iniciará este año. Con ello, tratan de incorporar a Aldo como actor accesorio, me explica Christian Schliemann, abogado del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) que lleva la denuncia.
Además, Grässlin espera que se puedan reabrir los procesos penales contra los funcionarios públicos que desde Alemania han ayudado intencionadamente a encubrir los envíos de armas a los cuatro estados prohibidos.
"Hay pruebas tan obvias, que no me puedo imaginar que la tribunal permita que los acusados salgan de la sala de justicia impunes“, sostiene el activista. "Va a ser un proceso muy interesante, porque la fiscalía de Stuttgart es conocida por ser muy cercana a la industria de armamento.“
Denuncia del Ex-presidente de la tribunal regional, Peter Beyerle
A principios de verano de este año, Peter Beyerle, el ex-presidente de la tribunal de Rottweil, va a ser llevado ante la justicia.
Peter Beyerle fue presidente de la tribunal de Rottweil, región donde se ubica la sede de H&K. Después de su jubilación, sin solución de continuidad, pasó a la sección jurídica y la gerencia de la misma empresa de armamento, dónde estuvo operando los negocios sucios con México, resalta Grässlin.
"En Alemania va a haber un verdadero estallido a nivel jurídico. El caso es intrigante: Una tribunal regional va a juzgar sobre un ex-presidente de tribunal“, dice Grässlin. "Hay dos posibilidades: O lo cuidan con guantes de seda por ser uno de los suyos o lo condenan de forma extremamente dura, porque claro, resulta ser un verdadero escándalo que uno de sus propias filas derive a la ilegalidad“.
Un nuevo caso de vergüenza: HMP
Ahora, otras empresas han sabido aprovecharse de la oportunidad comercial que ha dejado la prohibición de venta a H&K tras las denuncias de Grässlin y Rothbauer. Esto sobre todo afecta el mercado de las armas más letales: Las armas ligeras.
Según el periodista Vogel, nuevas investigaciones revelan los planes de la fábrica Heinrich-Müller-Maschinenfabrik (HMP) de exportar una máquina para la producción de cañones sin autorización del gobierno alemán.
Rothbauer acaba de presentar una denuncia contra HMP por querer saltarse las leyes de exportación alemanas: Documentos internos en manos del Tagezeitung taz confirman el trato de venta de HMP con la SEDENA.
La máquina en discusión sirve para producir cañones de los fusilos de asalto mexicanos FX05, la copia barata de los rifles alemanes G36 de calibre OTAN.
Ahora está en la fiscalía de comprobar la acusación. "En el caso de que se dicte no necesaria la autorización para la venta de esta arma de guerra, significaría un fracaso absoluto de todos los organismos públicos involucrados“, opina Rothbauer.
Leyes absurdas
En una entrevista con Schliemann, el abogado del ECCHR recalca el absurdo de las leyes de exportación alemanas. "Es un hecho que la justicia alemana es diseñada con recursos legales limitados para evitar el procedimiento contra las propias leyes de autorización de exportación.“
Con respecto a la política de limitar la venta sólo a ciertos estados (Chihuahua, Guerrero, Chiapas, Jalisco), Schliemann añade: "Esta limitación ya de por sí fue pura arbitrariedad. Es una completa idiotez y jurídicamente nunca se ha manejado así. Eso de lanzar cualquier región sobre la mesa, y alegar que son las más violentas, no tiene sentido alguno“.
El absurdo de estas leyes se hace evidente cuando en casos como el masacre de Tlatlaya en el Estado de México del 2014, en el que fueron asesinadas 22 personas o en las matanzas de civiles en Michoacán, como en el caso del niño Hidelberto Reyes, es evidenciado que fueron usados rifles alemanes provenientes de la empresa H&K.
Doble moral a nivel europeo
También a nivel europeo la justicia deja mucho que desear.
El vago reglamento de doble-uso de la Unión Europea es una verdadera zona gris en el sistema jurídico: Permite la exportación de mercancías que son usadas tanto con fines civiles como militares. Bajo este reglamento, "los motores para tanques chinos ya no son considerados bienes armamentísticos por el simple hecho de que también pueden ser usados con otro propósito“, explica el político del Partido de la Izquierda DIE LINKE, Jan van Aken.
Todos estos ejemplos de la realidad mexicana muestran la urgencia de redefinir reglamentos de control de exportación.

Entre otros ajustes, el abogado Rothbauer propone un reglamento que obligue a las empresas de depositar un anticipo de fondos para el caso hipotético de que haya víctimas civiles. "De esta manera se podrían frenar considerablemente las enormes ambiciones económicas que las empresas tienen en el mercado mexicano“. Esto sería una manera eficaz de evitar exportaciones a países donde "policías y militares fríen a cualquiera de forma salvaje“.
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