Razonemos y supongamos

Guillermo Almeyra

  

Hasta junio de 2018, cuando en principio se realizarán las elecciones generales para renovar presidente, senadores y diputados, por supuesto que podrían aparecer “imprevistos” bastante predecibles e incluso predichos (un agravamiento o larga prolongación de la crisis económica, nuevos y mayores conflictos bélicos, estallidos sociales en algunos países importantes o la “sorpresa” de un triunfo del cavernícola Donald Trump). Pero, aunque se puede hacer futurología, es más cauto razonar a partir de las tendencias actuales para elaborar los escenarios más probables en los próximos dos años.

Supongamos pues que en estos dos años aumenta la espiral resistencia-violencia estatal. El impotente gobierno oligárquico se aísla entonces cada vez más de los sectores populares. Sus organismos de mediación (los partidos, entre otros) pierden credibilidad. Los movimientos sociales- como el de la CNTE- persisten, se radicalizan, se extienden a otras capas y a todos los estados, reduciendo aún más el consenso de la camarilla gobernante en sectores de las clases medias, afectadas crecientemente por las políticas económicas gubernamentales y horrorizadas por la represión. Crece el abstencionismo, como en el resto del mundo, y MORENA, aunque aumenta su influencia, llega a ser sólo la primera de las minorías electorales (la mayoría, como siempre, no vota o a causa de la emigración, o por indiferencia y atraso cultural, o por repudio).

Permanece entonces el trágico empate social entre la rebelión creciente pero desorganizada y el gobierno cada vez más dependiente de la fuerza bruta y, por lo tanto, frágil (Napoleón, que sabía de eso, decía que con las bayonetas se pueden hacer muchas cosas menos sentarse encima).

¿Qué hacer entonces llegados a ese punto hipotético? Pues lo de siempre: elegir el mejor modo de golpear al establishment, lo que más haga avanzar la confianza en sí mismos de los trabajadores, su organización, su unificación. Si no hay otra opción factible, no quedaría sino votar por MORENA, que es un partido-movimiento burgués, con un programa ilusorio de reformas del capitalismo, con una dirección personalista-caudillista y cerrado además a la comprensión del contexto internacional pero que es apoyado por millones de trabajadores, por una base plebeya, que quiere conservar las conquistas de la revolución mexicana que aún subsisten y, para eso, exige un cambio.

Es decir, votar, como en 1988 y en el 2006 aún a sabiendas de que el gobierno jamás reconocerá un voto adverso ni otro programa que el suyo. Pero después aguantar la vara, organizar la resistencia civil a un enésimo ataque brutal contra los derechos democráticos.

Porque si no se tiene ni una relación de fuerzas ni una organización suficientes para imponer otra opción que votar o no votar, es de irresponsables proponer la medida más pasiva como principio.

Ir o no a las urnas es una cuestión táctica. Otra cosa es la necesidad de repudiar la política electoralista, que conduce todo hacia las instituciones del Estado y pone obstáculos a la autoorganización, a la independencia de los trabajadores, a la autogestión, al aprendizaje masivo de la democracia directa del poder popular…

En otro escenario, también probable, los movimientos sociales y las luchas en estos años próximos consiguen en cambio unificarse y coordinarse a pesar de las diferencias resultantes de sus distintos orígenes. CNTE, MORENA, OPT, NCT, EZLN y los grupos de izquierda logran así elaborar un programa mínimo común de defensa de la democracia, de desmilitarización del país, de reconquista de las palancas fundamentales de la economía, de protección a los emigrantes y que reconstruya solidaridades, libertarismo, fraternidad. De ese movimiento unificado surgiría una dirección plural que podría encarar diversas opciones, entre ellas, la electoral, o sea oponerle a ésta algo superior o respaldar con organización y la movilización ciudadanas un boicot activo al gobierno y al fraude.

Por esa razón, si MORENA llama hoy al presidente a construir un gobierno de transición no sólo lo legitima y hace creer que Peña Nieto puede hacer eso sino que también se coloca en un dilema. MORENA es un partido de oposición moderada. Si EPN responde no o no responde, esa situación no cambiará. Pero si dice sí, o MORENA deja de oponerse ante la aceptación de su propia propuesta, o le da a ese gobierno un apoyo crítico. Por eso dije que en la propuesta de AMLO está implícita esta posibilidad, cualquiera sea el rechazo de la izquierda de MORENA.

Por eso es vital que cualquier propuesta o viraje importante de MORENA sea discutido y evaluado colectivamente por todo el movimiento y asegurar la democracia, la transparencia y la horizontalidad de las decisiones de AMLO y del grupo dirigente. Sobre todo teniendo en cuenta que, cuanto más se acerque el momento de votar, mayor va a ser la tentación de superar con maniobras dudosas o arriesgadas el carácter aún minoritario de MORENA y su escasa implantación en los movimientos sociales, sindicales, campesinos, democráticos.

El objetivo no es llevar a la presidencia a cualquier costo a un AMLO acotado y maniatado. Suponer eso sería insultante para AMLO mismo. Por el contrario, es echar a los corruptos, asesinos, hambreadores, cambiar radicalmente la estructura institucional en México y crear las bases para la reestructuración del país y su liberación del gran capital. Esta es una tarea que requiere arrancar a millones de mexicanos de la apatía y que no puede quedar sólo en manos de un dirigente, por honesto y bienintencionado que éste sea.

San Agustín decía que el que razona no tiene fe. Por lo tanto, el que tiene fe no razona. Pero no estamos ante un problema religioso sino ante la necesidad de salvar a México que no necesita gente con fe ciega en los dirigentes sino ciudadanos con espíritu crítico. Razonemos pues y dejemos de lado la esperanza en Salvadores porque “la liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos” o no será. 

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La Tijereta ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Enrique Peña Nieto, Aurelio Nuño, la CNTE y las Zonas Económicas Especiales

Carlos Fazio

Asentada en la violencia depredadora y estructural del sistema capitalista, la guerra del régimen de Enrique Peña Nieto contra el magisterio nacional está en la esencia de la ideología neoliberal. Como advirtió Pierre Bourdieu en 1998, esa teoría tutelar es una pura ficción matemática fundamentada desde el inicio en una formidable abstracción –el orden puro y perfecto del mundo económico, potenciado por el discurso clasista y racista dominante− que, convertida en programa político de acción de la partidocracia que impulsó el Pacto por México, busca crear las condiciones de realización y funcionamiento de dicha “teoría”: un programa de destrucción sistemática de los colectivos y todo lo social organizado.

Bajo la coordinación de las secretarías de Go­bernación y de Desarrollo Social, y mediante el accionar represivo de los órganos coercitivos del Estado adscritos al gabinete de Seguridad Nacional, Peña y Aurelio Nuño, secretario de Educación “pública”, vienen imponiendo de manera autoritaria las políticas diseñadas en el exterior por el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En la coyuntura, resulta evidente que esa teoría desocializada y deshistoricizada de los operadores políticos de quienes mandan en México: el capital trasnacional −al que responde el paquete de ajustes neoliberales aprobados por el Congreso, incluida la punitiva contrarreforma educativa, que en realidad es laboral y administrativa−, posee más que nunca los medios de realizarse, de hacerse empíricamente verificable a macanazos, balas de goma, gas pimienta y otros instrumentos “pedagógicos” que abrevan en la imagen del cuadro de Goya de finales del siglo XVIII, titulado La letra con sangre entra.

Para beneficiar a las corporaciones trasnacionales y sus inversiones, la política de desregulación financiera se lleva a cabo mediante una acción destructora del Estado nación –como depositario de todos los valores universales asociados a la idea de lo público− y de todas las estructuras colectivas que puedan obstaculizar la lógica del mercado puro y su maquinaria infernal, entre ellas, los sindicatos, las asociaciones, las cooperativas.

La instauración a sangre y fuego del reinado absoluto de la flexibilidad, con sus reclutamientos bajo contratos a término fijo, las ocupaciones interinas, la individualización de la relación salarial, la atomización de los trabajadores y los “planes sociales” de relleno, ha derivado en una competencia voraz entre individuos sometidos a una evaluación permanente en medio de la inseguridad, el sufrimiento y el estrés.

Esa institucionalización práctica de un mundo socialdarwinista basado en la lucha de todos contra todos, se da gracias a la existencia de un ejército de reserva de mano de obra domesticado por la precarización y la amenaza permanente del despido y el desempleo. En ese contexto, y en nombre de la “eficacia” económica, la partidocracia y los altos funcionarios gubernamentales que sacralizan los poderes del mercado, imponen por las buenas o por las malas el desmonte de las barreras administrativas y políticas que puedan molestar a los detentadores del capital en la persecución de la maximización de la ganancia individual, institucionalizada como modelo de racionalidad.

Cuando a mediados de los años noventa el sistema entró en una crisis crónica, Estados Unidos, como hegemón del capitalismo, militarizó la acumulación global. Desde entonces, el “Estado niñera” neoliberal −un Estado del bienestar dirigido a proteger y subvencionar sólo a los ricos− viene aplicando una estrategia derollback, de dominio y vuelta atrás, cuyo objetivo es descomponer por completo el viejo contrato social producto de la lucha popular masiva durante un siglo y medio, que había conseguido suavizar los extremos de la tiranía privada depredadora.

Hoy, en México y otras partes del mundo se debe volver atrás, a los días en que los salarios eran casi de esclavos, según los denominaban los trabajadores del siglo XIX. Los trabajadores y los pobres deben estar sujetos a la disciplina del mercado. Por eso se militariza a la sociedad. Y de allí la sorda guerra de Peña Nieto y el déspota perfumado Nuño –quien viene cumpliendo funciones de fiscal, juez, golpeador y verdugo a sueldo del gran capital− contra la CNTE y todos los maestros y maestras de México. La plutocracia que se beneficia de la existencia de las estructuras militares −de la naturalización de lo militar heredadas del régimen de Felipe Calderón− sabe que debe dedicar recursos a mantener un elevado nivel de militarización en las mentes de sus conciudadanos, porque mientras sea así podrán seguir manteniendo su situación de privilegio.

En el marco de una “economía mundial de guerra” (Robinson), el capitalismo militarizado de nuestros días responde a la nueva fase de acumulación por desposesión o despojo neocolonial que se abrió a partir de la aprobación y puesta en marcha de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE), publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de junio de 2016, cuyos escenarios principales serán el puerto de Lázaro Cárdenas, abarcando los municipios colindantes de Michoacán y Guerrero; Puerto Chiapas (antes puerto Madero), en el municipio de Tapachula; el corredor industrial interoceánico Coatzacoalcos-Salina Cruz en el Istmo de Tehuantepec, que unirá el estado de Veracruz sobre el Golfo de México con el Pacífico oaxaqueño, y el corredor petrolero que irá desde Coatzacoalcos hasta Ciudad del Carmen, Campeche, pasando por Tabasco.

En esos estados del sur-sureste mexicano, donde predomina la propiedad colectiva de la tierra y que han sido destinados a sufrir profundas reconfiguraciones territoriales, económicas y poblacionales vía el despojo neocolonial, el papel de las maestras y los maestros −como formadores de una identidad nacional e impulsores de una pedagogía comunitaria, autonómica, autogestionaria, solidaria, emancipadora y de prácticas culturales de reafirmación étnica y de relación armónica con la naturaleza − se ha convertido en un obstáculo; de allí la guerra contrainsurgente y mediática de Peña y Nuño contra la CNTE, incluida la criminalización de la protesta y la detención y persecución de sus dirigentes.

Nochixtlán, la guerra asimétrica

Por alguna razón inconfesable, temprano en la mañana del domingo 19 de junio, a plena luz del día, la comunidad de Nochixtlán, en la Mixteca oaxaqueña, fue elegida como blanco de una operación de guerra no convencional, irregular o asimétrica por mandos de los aparatos de seguridad del Estado Mexicano, con el saldo conocido de 11 civiles ejecutados de manera arbitraria o sumaria y medio centenar de heridos.

Apoyados por helicópteros y provistos con fusiles de asalto, pistolas 9 milímetros y equipo antimotines (bastones PR-24 y granadas de humo, irritantes y lacrimógenas), en la operación intervinieron alrededor de 850 agentes uniformados y de civil (entre ellos presuntos francotiradores que habrían accionado armas desde las azoteas de los hoteles Juquila y Fandango) pertenecientes a tres divisiones de la Policía Federal: la de Seguridad Regional, Fuerzas Federales y Gendarmería, que responden al comisionado general, Enrique Galindo Ceballos, quien, a su vez, por la cadena de mando, recibe órdenes del comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

A 15 días de los hechos, las iniciales declaraciones del comisionado Galindo se desvanecieron por completo. El funcionario mintió una vez más. Igual que en los hechos de Tanhuato, Michoacán, el 22 de mayo de 2015 −cuando un helicóptero Black Hawk artillado y más de 100 agentes de la Policía Federal apoyados por el Ejército abatieron a 42 jornaleros que se hallaban durmiendo en el rancho El Sol−, su teoría de un enfrentamiento a tiros en Nochixtlán no se sustenta en datos firmes.

Su narrativa y las sucesivas rectificaciones sobre los hechos del 19 de junio son un insulto a la inteligencia de los mexicanos. En Nochixtlán no se aplicó ningún protocolo de uso de la fuerza ni para el traslado de detenidos (18 dolientes que participaban en un entierro en el panteón local fueron trasladados como reses muertas en un camión de la Policía Federal). Sus policías militarizados sí iban fuertemente armados a temprana hora de la mañana, y no hay ninguna prueba ni una sola imagen en la que aparezcan civiles portando cuernos de chivo, como refirió la versión oficial. Hay, sí, testimonios de que policías de civil cargaron garrafones de gasolina y prendieron fuego a varios automóviles estacionados a los costados de la carretera.

Dada la indignada reacción de la población local, esta vez los federales no tuvieron oportunidad de modificar el teatro de operaciones y las escenas de los crímenes, ni de sembrar pruebas o evidencias para incriminar a sus extraños agresores, que Galindo definió como un grupo de personas distintas del movimiento magisterial. Asimismo, la habitual coartada de la legítima defensa y la utilización del verbo repeler, tan afines a los organismos de seguridad del Estado en sus tareas de gestión y control de población en el marco de la necropolítica aplicada por el régimen de Enrique Peña Nieto, no se sustentan en la realidad.

Los pobladores que respondieron el ataque de las fuerzas gubernamentales utilizaron bombas molotov, cohetones y piedras, lo que marca la asimetría del enfrentamiento con las tropas de asalto federales altamente entrenadas y equipadas, según se había ufanado en varias ocasiones, antes de los hechos de Nochixtlán, el propio Galindo. Además, la versión del comisionado de que 2 mil lugareños realizaron una emboscada estratégica a los profesionales de la violencia que él comanda es una reverenda estupidez; de ser así, debió haber sido relevado de su cargo de inmediato.

Galindo sigue haciendo uso de una estrategia operacional que incluye la guerra sicológica y el manejo mediático con fines diversionistas o de distorsión informativa. Las imágenes captadas por Jorge Arturo Pérez, fotógrafo de la agencia Cuartoscuro, quedaron grabadas en su cámara de manera automática entre las 10:15 y las 10:30, y allí se observa a policías federales accionando sus rifles AR-15 y pistolas calibre 9 milímetros. Pérez declaró a la prensa que trató de ubicar con su teleobjetivo a algún civil armado y no logró ver ninguno (policías le dijeron en el lugar de los hechos que ellos habían sido atacados con un AK-47). A su vez, Luis Alberto Cruz, fotógrafo de la agencia estadunidense Ap, captó la imagen donde se observa a un uniformado en posición rodilla a tierra disparando su fusil de asalto contra la barricada desde la Vulcanizadora Reyes; la imagen se convirtió en viral en las redes sociales y dio la vuelta al mundo, desnudando a Galindo.

Enclavada en el corazón de la primera zona económica especial (ZEE, el corredor industrial interoceánico del Istmo de Tehuantepec que conectará el Golfo de México con el Pacífico oaxaqueño), Asunción de Nochixtlán es una pequeña localidad que conecta la región mixteca con la supercarretera Tehuacán-Oaxaca, una vía estratégica bloqueada con barricadas desde el 13 de junio por maestros de la CNTE. Como tal, está ubicada en una zona de gran importancia geoeconómica para las corporaciones trasnacionales que impulsan la economía de la muerte y preparan el despojo en los ocho estados del sur-sureste de México que comprenden las ZEE.

En Nochixtlán , como antes en Tlatlaya, Iguala, Apatzingán y Tanhuato, la ofensiva neocolonial de la maquinaria de guerra estatal representa el lugar en el que la soberanía consiste, fundamentalmente, en el ejercicio de un poder al margen de la ley y donde la “paz” suele tener el rostro de una “guerra sin fin” (A. Mbembe). Como lo muestra el caso palestino bajo la política de apartheid del Estado sionismo israelí, la ocupación colonial de la modernidad contemporánea es un encadenamiento de poderes múltiples: disciplinar, biopolítico y necropolítico. La combinación de los tres permite al poder colonial una absoluta dominación sobre los habitantes del territorio conquistado; poblaciones enteras son el blanco del soberano. Se militariza la vida cotidiana y los mandos castrenses y policiales locales tienen la libertad de matar a quien le parezca a cielo abierto o mediante matanzas invisibles.

Dicha política se viene instrumentando en México en los últimos diez años. La ocupación colonial en curso busca hacerse con el control físico y geográfico del territorio e inscribir sobre el terreno un nuevo conjunto de relaciones espaciales y sociales. Impulsado por la plutocracia internacional, la combinación del poder disciplinar, biopolítico y necropolítico ha comenzado a desplegarse contra poblaciones de los territorios de las ZEE. Las tecnologías de destrucción de esta forma de gubernamentalidad consisten en inscribir los cuerpos −poblaciones enteras− en el orden de la economía máxima, representado hoy por la “masacre”. Verbigracia, Nochixtlán.

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Después de la masacre de los maestros en Nochixtlán

Peña Nieto en su laberinto

José Luis Hernández Ayala

“Dios ciega a quien quiere perder”

 

El fracasado intento de Enrique Peña Nieto de manipular la masacre de ocho personas en Nochixtlán -para presentarlo primero como un conflicto entre la comunidad y los maestros de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), luego como una acción defensiva de la Policía Federal Preventiva y finalmente como el accionar de un “desconocido” grupo provocador-, ha resultado devastador para su ya escasísima credibilidad. Aún periodistas y medios oficialistas han tenido que reconocer, como verdad irrefutable, que estamos ante un nuevo crimen de estado.

 

Uno más que se suma a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal rural de Ayotzinapa, la veintena de jóvenes ejecutados por el Ejército en Tlatlaya o los miles que han ocurrido en otros lugares de la república en sus cuatro años de mandato. Si hasta ahora estos crímenes han quedado impunes -a pasar de las abrumadoras conclusiones de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar el caso de Ayotzinapa-, ha sido porque Peña cuenta a su favor con el silencio ensordecedor de los gobiernos del mundo, especialmente el de Barak Obama, y por el control casi absoluto que ejerce en los medios de comunicación en México.

 

La nueva tecnología de cámaras y teléfonos móviles hace casi imposible ocultar crímenes de estas dimensiones. Existen demasiadas fotos y videos que muestran a policías disparando a mansalva, armas de grueso calibre, en contra de una población que sólo se defiende con palos y piedras. Los testimonio de cientos de personas, los casquillos de balas dejados por los asesinos y el hecho de que ningún policía se encuentre entre las víctimas, no deja lugar a dudas, la masacre fue ordenada por el gobierno federal y contó con la complicidad del gobierno perredista de Oaxaca.

 

La indignación por el crimen y el cinismo del gobierno se extiende por todos lados. El día de hoy se está realizando masivas reuniones de estudiantes en diversas universidades de la república. En la Universidad Nacional Autónoma de México, una asamblea donde participan más de 3 mil estudiantes, discute diversas acciones de solidaridad incluyendo la realización de un paro universitario. Las movilizaciones de la CNTE se mantienen firmes en los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y se extienden a otras partes de nuestra geografía. En el poblado de Nochixtlán se acaba de reinstalar el retén en la carretera. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI), acaban de expresar su total apoyo a la causa magisterial. El próximo domingo el partido Morena, representado por Andrés Manuel López Obrador, realizará una masiva movilización en defensa de los maestros en la capital del país.

 

Todo parce indicar que el gobierno de Enrique Peña Nieto se encuentra parado sobre un barril de pólvora, el problema es que parece que no se ha dado cuenta. Por vez primera desde que comenzó el paro magisterial, el pasado 15 de mayo, el gobierno peñista, por medio de su secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong), ha aceptado reunirse con una representación de la CNTE para el miércoles 22 de junio, pero su secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño afirmó que “la Reforma Educativa no se detendrá, ya que este es un proyecto para mejorar el cambio en el sistema de enseñanza del país”.

 

La cerrazón de gobierno

Existen varias razones que explican esta actitud temeraria, y casi suicida, del Enrique Peña Nieto. En primer lugar su mal llamada “Reforma Educativa”, cero educativa y sí laboral, es clave para iniciar la privatización de este sector. Facilita el despido de maestros mediante evaluaciones punitivas, terminando con la estabilidad laboral, traslada a los padres de familia los gastos de mantenimiento de las escuelas y permite terminar con el sentido nacionalista y social de la educación en México, para reproducir el modelo individualista y el egoísmo neoliberal.

 

Esta reforma fue impulsada por las altas esferas patronales, agrupadas en el grupo ultraderechista  “Mexicanos Primero”, a las que Peña obedece sin chistar. Es parte sustantiva de un paquete que ya logro reformar la Ley Federal del Trabajo y privatizar el sector energético (electricidad y petróleo), pero que aún tiene pendiente reformar los sistemas de salud y de pensiones. Estas dos últimas reformas le permitirían a su gobierno ahorrarse millones de pesos, reduciendo las pensiones y la atención médica a toda la población, para compensar las millonarias pérdidas por la baja de los precios del petróleo y un endeudamiento público cercano a los 9 billones de pesos (450 mil millones de dólares).

 

La irresponsable reducción de la economía mexicana a simple productor de materias primas y mano de obra barata (aunque mucha de ella tenga niveles de productividad y calidad similares a la de los países más desarrollados), subordinada a los intereses del imperialismo yanqui, nos ha colocado en una situación de extrema vulnerabilidad que se refleja en la fuga de capitales en renta variable (que en el mes de enero ascendió a 6 mil 173.5 millones de pesos, el 29.5 % del nivel más alto de agosto de 2014) y en la espectacular devaluación del 64 % del peso frente al dólar (en 2012 un dólar costaba 12.60 pesos y el pasado 11 de febrero subió hasta los 19.61 pesos).

 

Estas son las condiciones objetivas que explican la cerrazón del gobierno, pero también existen las subjetivas. El gobierno sabe que ceder ante la CNTE es darle alas a los movimientos que aún impugnamos las reformas laboral y energética y de plano posponer o cancelar las pendientes. La política neoliberal ha entrado en un callejón sin salida.

 

Por si fuera poco lo anterior, el régimen también enfrenta una nueva recomposición de fuerzas en el campo electoral. Ayer renunció el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, debido a los decepcionantes resultados electorales obtenidos el pasado 5 de junio en 12 elecciones estatales y para la elección de una Asamblea Legislativa en la Ciudad de México. De las 12 gubernaturas en juego, el PRI solo ganó en cinco, pesar de haber ido en alianza con diversos partidos satélite. Las otras siete gubernaturas fueron ganadas por el derechista Partido de Acción Nacional y su aliado de “izquierda” el Partido de la Revolución Democrática, convirtiéndose así este último en apéndice del primero. No deja de ser interesante el crecimiento espectacular de Morena en algunos estados de la república, particularmente en la Ciudad de México donde logró convertirse en primera fuerza a pesar de un abstencionismo del 71 por ciento; y en Oaxaca y Veracruz, en donde se ha convertido en tercera fuerza gracias a una alianza electoral con la CNTE.

 

La única manera de destrabar esta compleja situación es profundizando el apoyo a la lucha de la CNTE, que se ha convertido en el mejor catalizador del enorme descontento popular. Cuentan con el respaldo de todas las organizaciones sociales y sindicales independientes. Es muy afortunado que en un país en donde la izquierda casi nunca se pone de acuerdo en nada, ahora desde el EZLN, hasta Morena y pasando por bastantes versiones de la izquierda radical, entre ellas la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT), coincidamos en apoyar este movimiento. Debemos hacer un enorme esfuerzo unitario y de movilización para construir un poderos movimiento social capaz de obligar al régimen a sentarse a negociar y poner coto a la barbarie neoliberal.

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Hillary Clinton: ¿Se elegirá a una espía como presidente?

James Petras

Introducción

Durante sus 4 años como secretaria de Estado de Estados Unidos (2009-2014), Hillary Clinton controló la política exterior de EE.UU. Tuvo acceso a información y a cientos de miles de documentos de Estado, clasificados como de alta confidencialidad y provenientes de todas las principales áreas y agencias gubernamentales: Inteligencia, FBI, Pentágono, Tesoro y la oficina presidencial. Tuvo acceso irrestricto a información secreta y esencial sobre la política estadounidense en todas las regiones clave del imperio.

Hoy, las críticas a la Sra. Clinton se han enfocado en los aspectos técnicos de sus infracciones a procedimientos y normativas del Departamento de Estado con respecto el manejo de las comunicaciones oficiales y sus descaradas mentiras sobre el uso de su correo electrónico privado en el desempeño de asuntos gubernamentales, incluyendo materiales clasificados como ultra secretos -violando las leyes del Registro Federal- al igual que el ocultamiento de documentos oficiales del Freedom of Information Act (Acta de la Libertad de Información) y la fabricación de su propio sistema, fuera de toda supervisión oficial, a diferencia de los demás funcionarios gubernamentales.

Por ello, para numerosos analistas el asunto involucra procedimientos, moral y ética. La Sra. Clinton se ha situado a sí misma por encima y más allá de las normas disciplinarias del Departamento de Estado. Esta prueba de su arrogancia, deshonestidad y claro menosprecio por las normas debería descalificarla como candidata a presidente de EE.UU. Mientras que las revelaciones de uso indebido de documentos oficiales, la creación de un sistema privado de comunicación y correspondencia y la destrucción de decenas de miles de intercambios oficiales, incluyendo documentos ultra secretos, son temas importantes que deben ser investigados. Esto no responde a la pregunta política primordial: ¿En beneficio de quién la Secretaria de Estado Clinton desempeñaba las funciones de política exterior de EE.UU. sin ninguna supervisión gubernamental?

El significado político y las motivaciones de los graves delitos cometidos por Clinton contra el Estado

El manejo privado e ilegal de documentos oficiales de EE.UU. realizado por la exsecretaria de Estado generó una investigación del FBI. Adicionalmente, hay otra investigación realizada por la Oficina del Inspector General, en torno a infracciones a la seguridad nacional.

Hay diferentes líneas de indagación contra la Sra. Clinton:

1) ¿Trabajó con, nombres todavía sin identificar, gobiernos y servicios de inteligencia extranjeros en beneficio de aquellos y contra los intereses de EE.UU.?

2) ¿Dio información sobre operaciones y posturas políticas de diversas figuras clave de la política de EE.UU. a rivales, adversarios o aliados en detrimento de las actividades militares, de Inteligencia y del Departamento de Estado?

3) ¿Obró contra funcionarios veteranos del Departamento de Estado y el Pentágono, que estaban a favor de métodos diplomáticos y menos violentos, en pos del objetivo de incrementar su poder personal dentro del gobierno de EE.UU. y para imponer su política agresiva de guerras seriales de "prevención"?

4) ¿Preparó un "equipo encubierto", integrado por agentes extranjeros o de doble nacionalidad, para sentar las bases de su candidatura presidencial y su objetivo final de alcanzar el poder militar y político total?

Contexto de las operaciones clandestinas de Clinton

No hay duda de que la Sra. Clinton intercambió cartas y documentos oficiales, de poca y de gran importancia, a través de su correo electrónico privado. Comunicaciones personales, familiares, e incluso íntimas pueden haber circulado en el mismo servidor de internet. Pero el asunto clave es el gran volumen de información gubernamental de alta confidencialidad enviada a Clinton desde una cuenta "back channel" (indirecta), privada e insegura, que le permitió mantener comunicaciones gubernamentales secretas.

¿Pero quiénes eran los correspondientes más constantes, persistentes e influyentes de la secretaria de Estado Clinton? ¿Qué tipos de intercambio requerían eludir la supervisión normal y arriesgar la seguridad?

Las políticas de guerra encubierta de Clinton, entre las que se incluye el violento derrocamiento del gobierno electo de Ucrania, fueron dirigidas por su "lugarteniente" la vicesecretaria de Estado Victoria Nuland. Esta funcionaria es una neoconservadora virulenta, heredada del gobierno de Bush, y comprometida con la provocación a Rusia y el apoyo al poder de Israel en el Medio Oriente. La idea política de Clinton, extremadamente peligrosa y económicamente desestabilizadora, del cerco militar a China, el llamado "pivote a Asia", debe haber requerido intercambios clandestinos con gente del Pentágono, al margen de la supervisión del Departamento de Estado y posiblemente del Poder Ejecutivo.

Dicho de otra manera, dentro del circuito político de Washington, la intensificación de las políticas de guerra nuclear contra Rusia y China llevada a cabo por la secretaria Clinton requirió de correspondencia secreta que no necesariamente estuvo dentro de las normativas políticas y de inteligencia de otras agencias gubernamentales y de negocios.

Clinton, constante e intensivamente, mantuvo comunicaciones privadas con numerosos regímenes indeseables, incluyendo Arabia Saudí, Israel, Honduras y Turquía, para realizar actividades violentas, clandestinas e ilegales. Trabajó con los partidos opositores y grotescamente corruptos de Venezuela, Argentina y Brasil.

Los intercambios de Clinton con las fuerzas armadas y la brutal oligarquía de Honduras condujo al golpe militar contra el presidente electo Zelaya, a la secuela de violencia y a la falsedad de las elecciones para nombrar a un títere sumiso. Dada la campaña gubernamental con escuadrones de la muerte para asesinar a activistas civiles, Clinton obviamente habría querido ocultar su rol directo como organizadora del golpe de Estado. De igual manera, la Sra. Clinton habría querido destruir todas sus comunicaciones con el presidente turco Erdogan sobre las operaciones de inteligencia en apoyo de terroristas-mercenarios musulmanes en Siria e Irak.

Los mensajes de e-mail de la secretaria Clinton probablemente demostraban su respaldo a la brutal invasión saudí de Bahrein y Yemen para suprimir las organizaciones sociales independientes y los rivales políticos de la región.

Pero el compromiso de Clinton hacia Israel, de larga data y a gran escala, supera con creces su discurso público de lealtad y fidelidad a Israel. Toda la carrera política de Clinton ha dependido básicamente del dinero y de la propaganda sionista y de las operaciones del Partido Democrático Sionista.

Clinton, a cambio del respaldo político del aparato de poder sionista en EE.UU., podría haber sido el principal conducto de información confidencial desde EE.UU. hacia Israel; y la correa de transmisión para promover políticas a favor de los intereses de Israel dentro del gobierno estadounidense.

La totalidad del complejo de enlaces y correspondencia entre Clinton e Israel ha puesto en peligro el trabajo de los servicios de Inteligencia, del Departamento de Estado y del Pentágono.

Hillary Clinton le ha dado un servicio extraordinario a Israel, sin escatimar ningún esfuerzo, incluso actuando contra los propios intereses de Estados Unidos. Es extraño que ella haya recurrido a medidas tan burdas, como instalar un servicio privado de internet para desempeñar funciones gubernamentales. Ignoró sin disimulo el reglamento y la supervisión del Departamento de Estado y envió aproximadamente 1300 documentos confidenciales y 22 documentos ultra secretos relacionados con el "Special Access Program" (Programa de acceso especial). Destacó los documentos militares y de inteligencia sobre políticas estratégicas de EE.UU. en Siria, Irak, Palestina y otros regímenes importantes. El reporte del Inspector General indica que "a ella se le advirtió" sobre este tema. Las acciones de Clinton no han sido juzgadas como de alta traición solamente por el dominio único que Tel Aviv e Israel, como la Quinta Columna de EE.UU., ejercen sobre el gobierno y el sistema judicial de Estados Unidos. ¡Es el colmo de la hipocresía que el gobierno de Obama haya enjuiciado y encarcelado a denunciantes de conciencia por hacer públicas sus preocupaciones dentro del sistema de vigilancia del Inspector General, mientras que la secretaria Clinton está en camino a convertirse en presidenta del país!

Conclusión

Muchos de los principales críticos de Clinton, entre ellos dos docenas de exagentes de la CIA, han creado el mito de que la principal infracción de Hillary es su "descuido" en el manejo de documentos oficiales y sus deliberados engaños y mentiras al gobierno.

Estos críticos han trivializado, personalizado y moralizado algo que es en realidad una conducta política deliberada y altamente politizada. La Sra. secretaria de Estado Hillary Clinton no fue descuidada por usar un servidor de internet inseguro. Si Clinton mantuvo una relación política con funcionarios extranjeros de manera calculada usó un servicio privado de internet para la correspondencia con el fin de evitar ser detectada por agentes de seguridad del gobierno de Estados Unidos. Ella le mintió al gobierno de EE.UU. sobre el uso y la destrucción de documentos oficiales porque los documentos eran intercambios políticos entre una traidora y sus interlocutores.

Los 22 reportes ultra secretos del "Special Access Program", que Clinton tuvo en sus computadora privada, le proveyeron a gobiernos extranjeros los nombres y fechas de agentes y representantes de EE.UU.; permitiendo contrarrestar acciones con el costo de miles de millones de dólares en perjuicios y posiblemente pérdida de vidas.

El Reporte del Inspector General solo se refiere al delito superficial. El FBI ha ido un paso más allá al identificar las conexiones políticas, pero enfrenta obstáculos enormes, puestos por los aliados internos de Hillary, para realizar una investigación delictiva. El puesto de director del FBI es político, y esta agencia ha sufrido una serie de derrotas en sus intentos de investigar y enjuiciar el espionaje a favor de Israel, incluyendo el caso Rosen & Weismann de espionaje de AIPAC y su larga oposición contra la liberación del notorio espía de EE.UU. e Israel, Jonathan Pollard. El poder de los sionistas dentro del gobierno detuvo la investigación de una docena de espías israelíes capturados en EE.UU. justo después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

La decisión de Clinton de mantener comunicaciones privadas y secretas, a pesar de las advertencias que recibió a lo largo de muchos años del Departamento de Estado para que cumpliera con las normas estrictas de seguridad, es un indicio de su base de poder sionista, y no una simple reflexión sobre su carácter egocéntrico o su arrogancia.

Clinton ha hecho circular más documentos ultra secretos y más material clasificado que Jonathan Pollard.

El presidente Obama y otros funcionarios de alto nivel comparten las alianzas políticas de Clinton, pero operan a través de canales "legítimos" y sin arriesgar personal, misiones, financiamiento o programas.

Actualmente, el liderazgo ejecutivo enfrenta el problema de qué hacer con una traidora, que podría ser la próxima candidata del Partido Demócrata a presidente de EE.UU., sin perjudicar el objetivo de poder global de EE.UU. ¿Cómo pueden hacer el liderazgo ejecutivo y las agencias de inteligencia para respaldar como presidente a alguien que espió para un país extranjero? ¿Y que estuvo profundamente comprometida y que podría ser chantajeada? Esto explica las reticencias del FBI, la NSA y la CIA para presentar cargos; las reticencias incluso para investigar seriamente, a pesar de lo descarado de los delitos. Y más que nada, explica por qué no hay ninguna mención a la identidad de los correspondientes de la secretaria Clinton en los diversos reportes hechos públicos hasta ahora.

Como diría Sherlock Holmes: "Estamos entrando en aguas profundas, Watson".

Traducido por Silvia Arana

El efecto Porkis

Rafael de la Garza Talavera

La persistencia de un ambiente caracterizado por la violencia y la brutalidad, como consecuencia de una política de estado que se hace de la vista gorda frente al crimen organizado para mantener el poder, ha demostrado tener consecuencias en la vida cotidiana de millones de personas. La impunidad sistemática ha colocado al crimen organizado y sus prácticas como actor privilegiado, lo cual ha permeado en el estilo de gobierno, en las dinámicas partidistas, en el estilo de hacer negocios y hasta en las aspiraciones de vida de sectores acomodados de la sociedad nacional. 

Si por un momento pensamos que el narcotráfico sólo cooptaba a los sectores marginales de la sociedad -esos jóvenes sin ninguna oportunidad ni futuro, hundidos en la pobreza y la exclusión social- para ofrecerles un destello de esperanza aunque sea a costa de la vida y sufrimiento de los otros, el error está a la vista. Los Porkis en Veracruz demuestran que los sectores acomodados, sobre todo su juventud, no son ajenos a la fascinación ejercida por el estilo de vida narco. 

El que un grupo de jóvenes sin problemas económicos adopten sin rubor las maneras de apropiarse de lo que se les antoje, sin parar en mientes sobre el daño causado, es un síntoma claro de cómo el narcotráfico influye en los estilos de vida adoptados por un importante sector de la sociedad mexicana. Al hablar de estilo de vida, se rebasa por mucho el simple consumo de la narcocultura, expresada en canciones, formas de vestir y de consumir, de hablar y sentir; nos remite a la manera de concebir la vida, de asumir valores y principios en un contexto que premia la mentira y reprime la verdad, que glorifica la violencia.
En este sentido, Los Porkis asumen la violencia como un estilo de vida, como una estética que le da un sentido a sus acciones, encaminadas no solamente a proveerse de placer sino de hacerlo de manera violenta, humillando y despreciando al otro para convertirlo en objeto negado de valor humano y potenciando así la ilusión del poder. No se trata de seducir sino de violar, de someter para experimentar el perverso placer de tener en tus manos la vida ajena sin consecuencias.
Resulta evidente que las oligarquías de este país experimentan una suerte de embriaguez colectiva ante la capacidad para mantenerse en la impunidad, pero eso no podría explicar por sí mismo el hecho de que Los Porkis existan en cada rincón del país, no sólo en Veracruz. ¿Cuántas de las violaciones, feminicidios y desapariciones son cometidas por miembros de éstas oligarquías como deporte, sin fines de lucro? ¿Cuántas para presumirlas en las redes sociales sin temor a ser castigados? La descomposición de las relaciones sociales está sin duda alineada a la transformación del modelo de acumulación pero a ello habrá que agregar esta fascinación por la barbarie, materializada en la apología del delito y el narcotráfico.
La responsabilidad del caso Porkis reside así no sólo en la pobreza moral de los jóvenes corrompidos por la impunidad y la riqueza sino sobre todo del clima de impunidad y omisión sistemática de las obligaciones del estado para mantener la paz social. Al encontrarnos con que la inmensa mayoría de los crímenes no son perseguidos, y cuando lo son no necesariamente se logra hacer justicia, se está en realidad enviando un mensaje muy claro a la sociedad: todo vale, mientras tengan el poder para evitar consecuencias. Y esta responsabilidad es compartida por empresarios de todo tipo, políticos y funcionarios, obispos y banqueros, que sin mirar para atrás van dejando una estela de crímenes impunes que, al mismo tiempo, refuerzan su prestigio frente a los demás.
Sin negar la responsabilidad de la sociedad en su conjunto, la responsabilidad mayor es de los que desde el poder niegan una y otra vez la crisis humanitaria en la que vivimos. Por ellos, la violencia y la descomposición social gozan de buena salud y no se ve para cuando termine.

El efecto Porkis existe gracias a esa política de estado -tributaria de la acumulación por desposesión- que glorifica por un lado la violencia por la violencia, el robo y la mentira, mientras por el otro nos procura convencer siempre que puede que vivimos en una democracia sólida y respetuosa de los derechos humanos.

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Blog del autor: http://lavoznet.blogspot.mx. La Tijereta ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Cultura proletaria para el pueblo necesaria

La lucha de clases en la cultura

FRAGUA

A diario oímos hablar de la cultura: del golpe que significa para ésta el subir los costos de los museos, de un espectáculo en alguna plaza, o de Fulano de Tal que es muy culto, etcétera. Lo cierto es que este término toca diversos ámbitos y se ubica también dentro de la lucha de clases sociales. ¿Cómo es esto?

Nosotros nos desarrollamos en una constante pugna interclasista, entre unos pocos que tienen los medios de producción, los burgueses, y los que sólo tenemos nuestra fuerza de trabajo, los proletarios.

Esta compleja lucha abarca la vida económica, social y política, y aunque tiene su punto clave en la primera de ellas, mantiene un vínculo estrecho con las otras dos. Por ello es que quienes detentan el poder en la formación socioeconómica de un país, también manejan la manera en que éste se significa a través de la cultura. Así es que, en México, la burguesía controla también la cultura. Pero ¿qué es eso?

Es un sistema y una práctica de tradiciones y estilos de vida que adquirimos socialmente, eso incluye la manera pautada y repetitiva en la que pensamos, sentimos, actuamos y aprendemos (ya sea por instrucción o por imitación), así como la manera en que concebimos los significados que dan sentido a nuestra vida y acciones. Viéndolo así, lo que somos tiene mucho que ver con nuestra cultura y ésta se manifiesta en todo lo que hacemos, por lo que no se desliga de las actividades políticas o económicas que tenemos ni de las relaciones que construimos con otros seres ni con la naturaleza. Y, como producto de nuestra práctica histórico-social, refleja las relaciones de propiedad, describe la forma en la que nos organizamos y nuestras aspiraciones de clase, y expresa los conflictos, así como los fenómenos vividos y sintetizados por la conciencia social.

Por tanto, la cultura se conforma como un producto histórico que va cambiando y que está de acuerdo con las formas de producción de la vida social en cada etapa del desarrollo del hombre y con cada grupo humano, y por eso es que a través de ella construimos algunos de los imaginarios tanto de sujeción como de liberación con que contamos.
Si, como dijimos, la lucha de clases permea todas las esferas de nuestra vida, ¿cómo se vincula esto con la cultura?

A grandes rasgos, puede relacionarse un tipo de cultura con cada una de las dos grandes clases en que nos dividimos socialmente. Así, existen la dominante y la dominada. En nuestro país, donde prevalece el sistema capitalista, predomina la de quienes tienen el poder, es decir, la dominante, la cual fomenta los valores aceptados e impuestos desde las diversas instituciones; difunde y expresa el individualismo, la competencia, el rechazo o miedo a lo diferente, y el conformismo ante la situación actual, en resumen: la desigualdad y la permanencia del capitalismo.

Todo esto se ve reflejado en las expresiones artísticas o culturales auspiciadas y permitidas por el Estado, las cuales sirven a los intereses de quienes se encuentran al mando y, por tanto, promueven principalmente tres ideas:
1.- Que la cultura y el arte son temas sólo relativos o pertenecientes a la burguesía.
2.- Que es necesaria, válida e importante la competitividad en el arte: la obra tiene como fin el lucro y la comercialización y no la creatividad, el valor artístico o su aportación social.
3.- Que existe una división entre la actividad política y la cultura. Con ello se despoja a ésta de su relación con el sistema actual y su dimensión histórica y, al mismo tiempo, se reduce la capacidad de lucha y organización en torno a ella y al arte.

Con estos planteamientos se oculta el carácter de clase de la cultura, su papel dentro del modo de producción imperante y la forma en la que sirve a los intereses de las diferentes clases. Además, se evita que quienes somos trabajadores de la cultura nos reconozcamos como tales, cuando no importa si somos músicos, bailarines, actores o lo que sea, seguimos siendo explotados.

Sin embargo, a la par de la dominante, existen subculturas y contraculturas que coexisten o que le están en franca resistencia. Éstas, al ser marginales, se organizan y manifiestan de manera independiente e, incluso, en algunos casos no sólo buscan tener un lugar más reconocido dentro de la cultura hegemónica, sino construir algo nuevo, transformar al mundo en sus diferentes niveles.

Estas culturas dominadas pertenecen a las clases desposeídas, las expresan y las representan. Y su trabajo o manifestación se impulsa a través de los propios medios de sus exponentes, no es propagado por los medios masivos de comunicación, ni apoyado por empresas, consorcios o por el gobierno. A diferencia de las expresiones de la burguesía y sus aliados, la cultura dominada, la proletaria, la nuestra, expresa nuestros intereses; por ello la defendemos y procuramos.

Como trabajadores debemos impulsar un cambio radical en esta sociedad, para hacer de éste un país más libre, más justo, donde no exista diferencia entre clases. Sabemos que, de lograr nuestro cometido, la cultura y nuestras formas de expresión cambiarán, se abrirán nuevas formas de concebir al mundo, de interpretarlo y de actuar en él, y se enriquecerá nuestra producción artística y cultural. Luchemos organizados por esta transformación.
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Nota: Este artículo fue publicado como parte de la sección ANÁLISIS del No. 15 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), en circulación desde el 12 de marzo de 2016.

La Tijereta ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

BCS con "niveles críticos de impunidad"

Tulio Ortiz Uribe

Baja California Sur se encuentra clasificado entre las entidades con "niveles críticos de impunidad", de acuerdo con el Índice Global de Impunidad México 2016, dado a conocer el pasado 3 de febrero por la Universidad de Las Américas Puebla y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia.

Luego de analizar 35 indicadores relacionados con la seguridad, la justicia y los derechos humanos, el documento incluye al estado de BCS en el grupo 4, entre otros con Tamaulipas,  Guerrero y Veracruz, entidades con índice superior a 70 puntos, y grado de impunidad "muy alta". Ahí se destaca que "el clima de desconfianza e inseguridad que vive la población" se demuestra con una cifra negra del 88.4%, que es el porcentaje de delitos no denunciados ante las autoridades.

Al hacer una revisión de las variables estructurales, se encontró que algunas fallas en la procuración de justicia no se deben a una ausencia de recursos humanos, sino  más bien a la falta de calificación y capacitación del personal encargado de los procesos, ya que las cifras son más elevadas que la media nacional. Por ejemplo, del personal en las procuradurías por cada 100 mil habitantes, Baja California Sur tiene 131 contra 75.7; hay aquí 7.4 agencias del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, frente a 3.2; y 46.5 policías judiciales por cada 100 mil habitantes frente a 11 como promedio nacional.

A lo anterior hay que agregar, dice el análisis, deficiencias en el diseño institucional y altos grados de corrupción, que se traduce en una mayor impunidad, dado que no hay mecanismos para disminuir y castigar el delito.

Por otra parte y de acuerdo con el informe anual de la Comisión de Derechos Humanos del estado, en el 2015 se presentaron 153 quejas en contra de agentes de seguridad (policía ministerial, policía estatal y policía municipal), donde las violaciones más recurrentes fueron: violación al derecho al trato digno, ejercicio indebido de la función pública, abuso de autoridad, detención arbitraria y violación al derecho a la integridad y seguridad personal.

En cuanto a los principales hallazgos encontrados en los 35 indicadores analizados, el estudio expresa que "es alarmante que habiéndose registrado 22 mil 932 delitos en averiguaciones previas, sólo se dictaron 885 sentencias; asimismo, el estado presenta importantes deficiencias en ejes del sistema de seguridad y justicia, ya que, por ejemplo, se registraron  3 mil 208 delitos por cada 100 mil habitantes, contra mil 444 como media nacional.

Igualmente hay menos encarcelados por robo respecto al promedio nacional (7.3% contra 10.3%, respectivamente). Resalta que el porcentaje de encarcelados por homicidios en averiguaciones previas, alcanza 17%, contra el 27.5% a nivel nacional, lo cual es un indicativo del rezago en el proceso de impartición y procuración de justicia.

Por su parte, el eje transversal sistema de justicia de la dimensión funcional también presenta variaciones importantes al compararlo con la media nacional, por ejemplo, sólo el 0.05% de las averiguaciones previas abiertas deriva en causas penales en primera instancia. Adicionalmente, al menos la mitad de los sentenciados ingresan a las penitenciarias (57.3% contra 58.4% en el promedio nacional) y existe una brecha significativa del porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia (35.7%) en comparación con la media nacional de 50.1%.

Al respecto, añade que Baja California Sur "es uno de los estados que se encuentran sin proceso activo de operación hacia la transición al nuevo Sistema Penal Acusatorio", pues sólo lleva un 14% de avance en la armonización de las normas.

De acuerdo con cifras del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014, los cinco delitos del fuero común más recurrentes en Baja California Sur, son: 1. Robo a casa habitación 2. Lesiones 3. Daño a la propiedad 4. Violencia familiar 5. Otros robos.

El documento manifiesta que la impunidad "es un asunto que ya rebasó a todas las instancias de gobierno que claramente no pueden atender este problema de manera aislada", por lo que recomienda el involucramiento "urgente de otros actores no gubernamentales" como la sociedad civil, sector privado, academia y los medios de comunicación.

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El documento se puede ver en: http://www.udlap.mx/igimex/assets/files/IGI-MEX_CESIJ_2016.pdf