Tiendas escolares: utilidades millonarias, podrían estarse desviando a cuentas privadas

Tulio Ortiz Uribe/Diana Cuevas
Veinticinco millones de pesos anuales, producto de las ganancias por la comercialización de alimentos y bebidas en las tiendas escolares concesionadas del sistema educativo estatal, podrían estarse desviando a cuentas privadas.
Cada año se realizan ventas por un monto aproximado de 250 millones de pesos en las tiendas de los 502 planteles de educación primaria y secundaria del estado. De esa cantidad, 25 millones aproximadamente son entregados por los concesionarios como utilidad para las escuelas, cifra que podría ser mayor si se toman en cuenta “los apoyos económicos y en especie otorgados por compañías refresqueras” a la Secretaría de Educación Pública, por la firma de contratos de exclusividad.
Aunque oficialmente este dinero se invierte “para resolver los problemas y las necesidades presupuestales de abasto y mantenimiento en los planteles escolares”, la Secretaría de Educación Pública obliga a los directores a justificar el gasto mediante facturas a nombre de la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado. Los comprobantes fiscales entran al sistema contable de esta dependencia, de forma que aparecen como si fueran gastos pagados con recursos federales o estatales. Incluso una parte de esas facturas, previa autorización del director de Administración y Finanzas de la SEP, Francisco Yee Rodríguez, pueden entrar en el “capítulo 5000” del presupuesto anual de egresos, que de acuerdo con el clasificador del gasto corresponde a “bienes muebles e inmuebles”, como puede verse en la “Guía rápida para la elaboración y control de los informes”, que ese funcionario envió a directores y contralores de escuelas secundarias, mediante el oficio 1446/2008.
En la mayoría de los estados de la república las tiendas son manejadas por las sociedades de padres de familia y en ninguna otra entidad se exige, como aquí, que los gastos se facturen a nombre de una dependencia del gobierno estatal.
Estos movimientos contables atípicos se pusieron al descubierto por la Auditoría Superior de la Federación, el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, al revisar las cuentas del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), recurso que envía la Secretaría de Hacienda al estado para el sostenimiento de las actividades educativas.
El organismo encontró que al comparar los 2 mil 286 millones 791 mil 500 pesos del presupuesto ejercido por la Secretaría de Educación Pública, con los 2 mil 096 millones 3 mil 400 pesos transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al FAEB, más los 2 millones 446 mil 900 pesos correspondientes a los réditos generados durante el ejercicio 2008, “existe una diferencia de más por 188 millones 341 mil 200 pesos” ¿De dónde salió este dinero “de más”?, se preguntaron los auditores federales.
Luego que la ASF pidió una explicación a la Secretaría de Finanzas, esta contestó que esa diferencia “corresponde a conceptos distintos del FAEB que se encuentran debidamente identificados”. Sin embargo la respuesta no convenció a la autoridad, ya que, dijo, “la documentación presentada no aclara la situación observada”.
Aunque la SF tiene la obligación de que los registros contables se realicen sobre bases acumulativas detalladas, por tipo y procedencia de los recursos y capítulos del gasto, intencionalmente se mezclan las partidas para oscurecer la contabilidad y así encuadrar los 25 millones producto de las ganancias en las tiendas escolares como parte del presupuesto estatal, por lo que al final del ejercicio “sobraría” esa cantidad, que podría ser transferida a otras cuentas. Así, dice el organismo auditor, “se constató que en la contabilidad de la entidad fiscalizada se mezclan los recursos federales con las aportaciones que hace el gobierno del Estado de Baja California Sur, situación que no permite identificar ni fiscalizar con transparencia los recursos del FAEB”
Al evaluar las prácticas contables de la SF, el órgano auditor dice en un documento que esa dependencia del estado “no cuenta con controles para identificar con qué recursos se solventan los gastos de operación” de la SEP, lo cual, dice, contraviene la Ley de Presupuesto y Control del Gasto Público, que obliga a esa secretaría a llevar la contabilidad del estado, con mecanismos “para registrar los activos, pasivos, capital, ingresos, costos y gastos, así como las asignaciones, compromisos y ejercicios correspondientes a los programas y partidas del presupuesto”.
Además dice, “no cuentan con procedimientos de control internos, y los existentes son débiles e insuficiente respecto de la revisión… y autorización de pagos de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, en incumplimiento del artículo 9, fracción VI, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, y 82, fracción IX, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”
Cabe hacer mención que esta misma situación se observó en la auditoría que se efectuó al ejercicio 2007. “Con la revisión de los registros contables, dice un documento de la ASF, se constató que la contabilidad no se encuentra segregada adecuadamente, por lo cual no se realizó la conciliación de los recursos asignados al FAEB contra los registros contables y de esta forma determinar la aplicación de los recursos por capítulo de gasto, por lo que al realizar la comparación de recursos federales contra los registros contables existe una diferencia de más por 183 millones 032 mil 400 pesos”. Cantidad similar a la encontrada en el 2008.
“Sin embargo, continúa, la Secretaría de Finanzas no ha tomado acciones que permitan separar tanto los ingresos y egresos correspondientes a los recursos federales transferidos por la federación, en incumplimiento de los artículos 38 y 39 de la Ley de Presupuesto y Control del Gasto Público Estatal, 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, y de los Lineamientos para el ejercicio del Gasto Público, publicado en Boletín Oficial del gobierno del Estado de con fecha 20 de septiembre de 2006, vigente en 2008”
La concesión de tiendas escolares
Según el Reglamento de las Tiendas Escolares en los planteles oficiales de educación básica de la Secretaría de Educación Pública en Baja California Sur, publicado en el Boletín Oficial de gobierno en febrero de 2007 y firmado por el actual gobernador Narciso Agúndez Montaño, las tiendas escolares funcionan a través de la concesión de los derechos a particulares para proporcionar servicios de alimentación a la comunidad escolar. Quedando bajo jurisdicción del plantel escolar y de la SEP, el otorgamiento de las concesiones, la administración y la aplicación de los ingresos obtenidos por ésta.
Las concesiones de tiendas escolares a particulares son otorgadas a través de una convocatoria que es publicada por la SEP cada ciclo escolar. En ella los participantes deben hacer una propuesta de la utilidad que se le otorgará por día al plantel, la cual debe ser calculada teniendo en cuenta el total de alumnos y la cuota de base mínima de concesión por día laborado que determine el Consejo Técnico Escolar, que como menciona el reglamento antes citado, debe partir de un peso. La concesión es otorgada a la mejor propuesta, según determine el Comité de Selección, que está integrado por un representante de la SEP, el presidente de la sociedad de padres de familia, un representante de los alumnos, el consejo técnico escolar y un miembro del consejo escolar de participación social.
Otros requisitos contemplados incluyen el no tener parentesco con el supervisor de la zona escolar, con personal de la escuela, ni con concesionarios de otros planteles. Además de no tener antecedentes penales.
El concesionario realizará los pagos de forma diaria, teniendo en cuenta los días laborales del calendario oficial escolar que son aproximadamente 200 días al año. En días festivos o suspensión de clases no se reportan ganancias.
La aportación de la tienda escolar se deposita mensualmente en una cuenta bancaria, cuya “orientación” es proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas de la SEP. Con estos ingresos, y de acuerdo a un clasificador otorgado por la Secretaría de Finanzas, se adquiere material para las mejoras físicas de los planteles. Se incluyen diversos rubros como material de oficina, material de limpieza, servicio telefónico, mobiliario, gastos de ceremonias, combustible y refacciones.
Según lo señalado en el apartado de administración del ingreso por concesión, el gasto en materiales debe ser comprobado con documentación fiscal “expedida a nombre de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur”, con Registro Federal de Contribuyentes SFG-931220-5S3 en el rubro de “Educación” y con la dirección Allende e Isabel La Católica, La Paz, Baja California Sur. Toda documentación es firmada por el Director y el Tesorero del plantel en los niveles de preescolar y primaria, así como por el Director y el Contralor en el nivel secundaria. La revisión en la aplicación de los recursos es realizada por el Órgano de Control Interno de la SEP.
Si bien la cuota mínima por concesión es de un peso por alumno en los planteles escolares, ésta puede variar dependiendo de la zona en la que se encuentra ubicada la institución. Los planteles con una populosa cantidad de alumnos y con mayor poder económico de sus padres, tienen mayores ganancias. En al año escolar 2010-2011, hubo una matricula de aproximadamente 100 mil alumnos de primaria y secundaria.
“A nosotros se nos ofrece más de un peso porque estamos en un medio que no es vulnerable, las condiciones económicas son mejores. El promedio de dinero que gasta un alumno en la tienda escolar es entre 15 y 20 pesos. Nos toca entre 1.50 y 1.70 pesos por alumno. Tenemos 750 alumnos. Los chicos traen un poco más para gastar porque trabajan sus papás”, señala un director de secundaria en una zona céntrica de La Paz.
Sin embargo, en los barrios de escasos recursos, el Consejo Técnico Escolar ha tomado la decisión de tener una cuota menor, debido a la mala condición económica del alumnado.
“Tenemos 510 alumnos. Oficialmente la cuota tendría que ser de 510 pesos diarios, pero no la otorgamos porque hay días muy malos, en los que los concesionarios solicitan que bajemos la cuota. Por ello decidió el Consejo Técnico aplicar una cuota de 350 pesos diarios, misma que no subirá ni bajará en todo el año”, nos comenta una directora de educación secundaria al sur de la ciudad, quien agrega que “esto se debe a la condición económica de los alumnos. No traen dinero. Los lunes y los martes, nada más”.

¿Quién es Jesús Ortega Martínez?

Miguel Ángel Ferrer
Hagamos un poco de historia. Por allá de los primeros años ochenta del siglo pasado, existía en México un partido político que se denominaba Partido Socialista de los Trabajadores (PST). No era, en realidad, un partido político, sino un simple membrete, un grupúsculo de oportunistas que vivían –y no vivían tan mal– de las dádivas oficiales, de una especie de subsidio gubernamental para aparentar que en México había una oposición “socialista” al partido del Estado.
Aparentar que había una oposición socialista era una cosa buena para el régimen imperante, ese que Mario Vargas Llosa llamó alguna vez la “dictadura perfecta”. Una apariencia de oposición de izquierda que materializaba la célebre y maquiavélica expresión política del mayor ideólogo del PRI, ya fallecido, Jesús Reyes Heroles: “Lo que resiste, apoya”. O, mejor dicho, lo que aparenta que resiste, por supuesto que apoya.
El PST, desde luego, no era el único membrete simulador de oposición al régimen priista. Había otros. Y a todos ellos se les llamaba, en expresión insuperable, partidos paraestatales. Y también, en el lenguaje popular de México, partidos paleros (comparsas). O, igualmente, oposición o izquierda domesticada.
Cuando vino la insurrección electoral de 1987-1988, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, el PST, en un acto de oportunismo, se cambió el nombre y pasó a llamarse Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN). Y de ambos membretes, el líder, jefe y dueño era un personaje, hoy en el ostracismo, llamado Rafael Aguilar Talamantes, un ejemplo ya clásico de venalidad política.
Y aquí viene lo más interesante. Aguilar Talamantes tenía dos lugartenientes. Uno era el desde entonces muy desprestigiado político Graco Ramírez. El otro era Jesús Ortega Martínez, actual presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), organismo que durante casi 20 años representó a la izquierda mexicana.
Conociendo estos antecedentes, no puede sorprender que bajo la conducción de Jesús Ortega el PRD se haya convertido en un partido paraestatal, en una oposición domesticada, en un instituto comparsa del régimen, hoy, con el Partido Acción Nacional (PAN) en el poder, desembozadamente de extrema derecha.
Por todo esto no puede hablarse de una genuina alianza entre PRD y PAN. El comparsa no es aliado; es comparsa. Su papel es simular, actuar, engañar. Servir a los propósitos del contratante, del dueño del espectáculo, del que paga.
En esa supuesta alianza, como todo en la vida, el que paga manda. Y el PRD está cumpliendo un papel de subordinación al partido y al gobierno de la extrema derecha.
Ortega y sus secuaces, llamados los Chuchos, pueden ofrecer mil explicaciones y justificaciones de esa supuesta alianza entre un partido que se asume como más o menos de izquierda y la organización política de la extrema derecha. Pero los antecedentes y la biografía de Jesús Ortega dicen más que mil palabras para explicar esa inconcebible y falaz alianza.
El PAN, desde luego, tiene como propósito no soltar el poder en 2012. O, dicho de otro modo, impedir que el PRI o la izquierda representada por el movimiento popular de López Obrador conquisten el poder que da la Presidencia de la República. Pero si la tal alianza de veras lo fuera, cuál sería el propósito del PRD. ¿Ayudar a la extrema derecha a permanecer en el poder? ¿Trabajar para la extrema derecha a fin de que la derecha no tan extrema, es decir, el PRI, no vuelva al poder presidencial?
Al mando del PRD, Jesús Ortega ha retornado a sus dorados años de joven oportunista, centavero y simulador. En materia de oportunismo y venalidad política y personal, el alumno Ortega Martínez superó al maestro Aguilar Talamantes.

Es preocupante la nula rendición de cuentas del gobierno de Baja California Sur: CIDE

Tulio Ortiz Uribe
El 5 de abril de 2005, al leer su discurso de toma de posesión, el gobernador Narciso Agúndez Montaño dijo: “nuestras acciones se sujetarán estrictamente a las normas de la transparencia, que por convicción, pero que (sic) ahora también por ley, estamos obligados a observar”
Luego de cinco años y seis meses de ejercicio del poder, el gobernador no tuvo ni la convicción ni el respeto a las leyes para ofrecer a los ciudadanos una verdadera rendición de cuentas, por lo que la administración agundista sigue ocupando los últimos lugares en transparencia y acceso a la información pública, como lo muestra el estudio La Métrica de la Transparencia 2010, dado a conocer por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) el pasado 9 de septiembre.
Ya desde 2007, el gobierno sudcaliforniano había sido reprobado por el mismo organismo, que al evaluar los diversos sujetos obligados encontró que el ejecutivo ocupaba el penúltimo lugar nacional con los siguientes porcentajes: 49.29% en información por Internet; 0% en atención al usuario y 0% en la calidad de las respuestas. “En Baja California Sur y Tlaxcala -dice el documento-, fue imposible presentar una solicitud de información en las oficinas del poder ejecutivo”. El legislativo, a su vez, obtuvo el último lugar con las siguientes cifras: 12.0% en información por Internet; 0% en atención al usuario y 0% en calidad de las respuestas.
En el estudio, el CIDE criticó la opacidad y el bajo nivel en que se encontraban los procesos para que toda persona pudiera conocer los documentos en los que consta la actividad de los gobiernos estatal y municipal. Al describir la ruta que siguió para probar los mecanismos de acceso a la información pública y tiempos de respuesta, fue contundente al afirmar que: “El caso de Baja California Sur es aún más preocupante, dado que no fue posible (siquiera) entregar las solicitudes de información”.
En ese año el Congreso de la Unión reformó el artículo sexto constitucional, con el fin garantizar el derecho de toda persona a conocer el funcionamiento y gasto del gobierno y para remover inercias indeseables como el secretismo, el patrimonialismo, la corrupción y la discrecionalidad. La esencia de esta reforma se base en que “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública…”
El CIDE, un centro de investigación reconocido internacionalmente por la calidad de sus trabajos, y en donde su planta de profesores investigadores de tiempo completo cuenta con doctorado en las mejores universidades del mundo, presentó en días pasados el avance de resultados de La Métrica de la Transparencia 2010 (las cifras definitivas se entregarán en octubre), realizado con el apoyo de la UNAM y el Instituto Nacional de Administración Pública, y aplicado entre noviembre de 2009 y julio de este año. Ahí reporta que Baja California Sur obtuvo un índice de 0.52, donde el máximo es 1.00, que lo ubica en el penúltimo lugar nacional. Aquí se midieron 12 categorías entre otras: sujetos obligados, información pública de oficio, información reservada, información confidencial, datos personales, archivos, procedimiento de acceso, recurso de revisión, responsabilidades y sanciones, y en todas ellas el estado se clasifica en los últimos o penúltimos lugares.
Funcionarios de la Dirección de Vinculación con Estados y Municipios del IFAI, en la ciudad de México, consultados por teléfono y quienes prefirieron permanecer en el anonimato, comentaron a esta revista que al gobierno estatal le ha faltado voluntad política para cumplir con el decreto de marzo de 2007, que reforma el artículo sexto constitucional, y que en su artículo tercero transitorio obliga a los estados para que en un plazo no mayor de dos años, cuenten con un sistema electrónico “para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información”.
Explicaron que para que ningún estado se excediera de esos plazos, el 13 de marzo de 2009 se firmó un convenio entre el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el gobierno del Estado y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAI), con el fin de cederle la tecnología y el desarrollo de un sistema electrónico de solicitudes de acceso a la información pública, denominado Sistema Infomex, financiado con recursos del Banco Mundial. El convenio fue firmado por el gobernador Agúndez, el secretario de Gobierno Luis Armando Díaz, el comisionado Presidente del IFAI, Alonso Lujambio y la entonces consejera Presidenta del ITAI, Silvia Cueva Tabardillo.
El 13 de agosto del año pasado, luego de que durante tres meses personal del IFAI desarrolló el Sistema Infomex para el estado, que consistió en instalar, configurar, cargar catálogos, construir procesos, realizar pruebas internas, capacitar y ofrecer asesorías al personal y liberación del sistema, el director general de Informática del gobierno del Estado, José Manuel González Cota, firmó el acta de aceptación “de los trabajos de desarrollo del sistema Infomex”, Un año después, el sistema sigue sin operar, sin que nadie pueda dar una respuesta a esta irregularidad.
Al ser entrevistado por este reportero, Héctor Pérez Márquez, secretario Técnico del ITAIBCS, dijo que él no tenía facultades para contestar a la pregunta de por qué aún no se pone en funcionamiento es Sistema Infomex, y pidió que se hablara con el Consejero Presidente, el ingeniero Rodolfo López Gómez.
Pero, al solicitar una entrevista con este funcionario, quien en ese momento no atendía a ninguna persona, su secretaria explicó que López Gómez se encontraba “muy ocupado”, pero que “con gusto” nos recibiría en ocho días.
De acuerdo con su página de Internet www.itai.org.mx, la planta administrativa y de funcionarios devenga anualmente en salarios 2 millones 500 mil pesos. En el acta de sesión pública ordinaria del 11 de agosto de 2010, la consejera Adela Cueva Tabardillo propuso que el presupuesto del organismo para el 2011, “mínimamente debe ser de cinco millones seiscientos mil pesos”. El consejero presidente ingeniero Rodolfo López Gómez agregó que dicho presupuesto debe elaborarse sobre la base de que sea suficiente y que “permita al Instituto operar eficaz y eficientemente sus tareas sustantivas; es decir fortalecer el apartado de gastos de operación” Sin embargo, en los tres años que viene operando el ITAI, sólo ha recibido 90 solicitudes de información, de las cuales muy pocas han sido contestadas satisfactoriamente.
Algo más que se ha criticado de este organismo es el bajo perfil de los consejeros para ocupar esos puestos. El artículo 31 de la Ley de Transparencia, dice en su inciso III que para ser consejero del ITAIBCS, se debe “contar como mínimo, con grado académico de licenciatura en áreas de las ciencias sociales y humanísticas…”. López Gómez es ingeniero agrónomo y Adela Cueva Tabardillo no tiene título profesional.

En Mulegé, “desaparece” mobiliario y equipo comprado con fondos federales

Tulio Ortiz Uribe
El municipio de Mulegé gastó en el 2008, con recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), 95 mil 700 pesos en mobiliario y equipo de oficina, el que, meses después, “desapareció” sin dejar rastro.

Contraviniendo todos los reglamentos, se omitió su registro en las cuentas de activo fijo y patrimonio, y no se elaboraron los resguardos correspondientes como lo marca la normatividad sobre el contenido de la Cuenta Pública, emitida por la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado.

Además, se hicieron gastos por 122 mil 300 pesos en el concepto de gastos indirectos, de los cuales el municipio no presentó evidencia justificativa de que los recursos se hubieran utilizado en servicios de supervisión y control de obras de infraestructura del Fondo. Dichas erogaciones fueron las siguientes: papelería y consumibles por 71 mil 300 pesos; combustibles por 13 mil 500 pesos; mantenimiento y refacciones por 12 mil 300 pesos y viáticos del personal adscrito a la Dirección General de Asentamientos Humanos, Obras y Servicios Públicos, por 25 mil 200 pesos.

En mayo de 2009, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) practicó una revisión para conocer la forma en que se aplicaron los recursos del Fondo, y se encontró con que “los bienes no fueron localizados en las instalaciones del municipio, ni se contabilizaron como gasto”

Como se sabe, la misión del FAISM es la de “contribuir a superar la pobreza extrema y la exclusión social orientando recursos a incrementar la cantidad y calidad de la infraestructura de servicios básicos en las regiones más pobres”, pero esto poco importó a las “autoridades” de Mulegé, y el mobiliario nunca apareció. Además, los responsables nunca levantaron un acta administrativa ni judicial por los hechos.

Ante esta situación, la unidad de asuntos jurídicos de la ASF pidió al presidente municipal José Manuel Murillo Peralta, que justificara la inversión de “mobiliario y equipo de oficina por 95 mil 700 pesos, del rubro gastos indirectos, así como la justificación por 122 mil 300 pesos en gastos varios”

Con el oficio número 169/2009 del 11 de diciembre de 2009, Murillo Peralta informó que no cuenta con la evidencia documental de dichos gastos, por lo que anexó copia de la ficha de depósito en BBVA Bancomer con lo que reintegró al gobierno federal un total de 218 mil pesos.

No obstaste que la Contraloría General del Estado recibió copias de la auditoría realizada al gobierno municipal de Mulegé, en donde se demuestra el desvío de fondos y sustracción de los bienes, y que por ley le corresponde investigar las violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y a la Ley de Coordinación Fiscal, no movió un solo dedo para sancionar a los funcionarios municipales.

Baja California Sur, segundo lugar nacional por delitos de despojo

Tulio Ortiz Uribe

Con la complicidad de funcionarios, notarios, jueces y ministerios públicos, en lo que va de este sexenio casi mil 200 propiedades han sido invadidas o se pretende arrebatar a sus legítimos dueños mediante documentos falsos. Esto le ha valido a Baja California Sur ocupar el segundo lugar nacional en cuanto a la integración de averiguaciones previas por el delito de despojo, con un promedio de 55.8 ilícitos por cada 100 mil habitantes. El promedio nacional es de 19.7.

De 2005 al 2008, las agencias del Ministerio Público del estado atendieron mil 159 denuncias de particulares, ejidatarios y posesionarios, lo que ha propiciado que se esté perdiendo la certidumbre en la tenencia de la tierra y se ponga en duda la existencia de un estado de derecho, al decir de diputados federales.

Quienes más han resentido estos ilícitos son los propietarios de predios costeros, derivado de los altos precios que han alcanzado los terrenos con frente de playa. No obstante, en esta administración se presentaron casos de despojo de ranchos ganaderos.

El jaloneo por los bienes inmuebles también se da en ejidos y terrenos nacionales. Es conocido el caso del ejido La Purísima, en donde casi un centenar de políticos y empresarios, en un evidente caso de corrupción, compraron cartas de residencia y derechos ejidales, para convertirse en “ejidatarios” y por tanto dueños de cientos de kilómetros de tierras costeras.

Actualmente en el tribunal agrario se ventilan 341 juicios por la tenencia de la tierra, incluyendo uno que promueve el gobernador Narciso Agúndez Montaño, para posesionarse de 273 hectáreas de la Fracción 2 del ejido Santa Anita. Hasta extranjeros entran en la disputa por demasías y terrenos nacionales, es el caso de Patrick George Kelly, quien reclama 46 hectáreas del Cajón de Pichilingüe; Kristen Reichard Sepencer pide 8 hectáreas de la Boca de la Trinidad, en Los Cabos; Thomas Scott Landis pelea por 350 hectáreas en San Antonio de la Sierra y Thimothy Means Heineman, 2 mil 625 hectáreas del predio San Carlos, en Loreto.

La ley define al infractor del delito de despojo como “Al que de propia autoridad, por medio de violencia física o moral, el engaño o furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca”. La táctica que han estado empleando estos delincuentes es la de falsificar escrituras, confabulados con notarios públicos de otros estados, y luego comprometer el apoyo de altos funcionarios de Baja California Sur contra la entrega de importantes cantidades de dinero.

De esta forma las demandas por el delito de despojo casi no prosperan y van quedando rezagadas en ministerios públicos y juzgados. Mediante una solicitud de información pública a través del IFAI, (folio 2210300018709), el Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que en 2008 fueron sentenciadas cuatro personas por despojo y en 2009 se encontraban detenidas 12 por el mismo delito en cárceles estatales, lo que representa tan sólo el 0.8 por ciento del total de denuncias presentadas. Esto da una idea de la parcialidad y poca celeridad con que actúa la Procuraduría y el Tribunal Superior de Justicia.
El asunto es tan grave, que el 13 de agosto de 2008 un grupo de siete diputados del PAN, liderados por Felipe Díaz Garibay, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para la creación de una comisión especial “que investigue el presunto despojo de predios en Baja California Sur”

Por su parte miembros del Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, entre otros María Luisa Cabral y Dalila Martínez Mejía, elaboraron con datos de INEGI mapas georeferenciales de toda la república y encontraron que el estado ha ocupado los primeros lugares nacionales en el delito de despojo en los últimos cinco años. En el 2005 se ubicó en el segundo lugar nacional con 264 averiguaciones previas y una tasa de 51.5 delitos por cada 100 mil habitantes; en el 2006, tercer lugar con 284 averiguaciones previas y tasa de 54.2; en el 2007, segundo lugar con 337 denuncias y tasa de 62.7; en el 2008, segundo lugar con 274 denuncias y tasa de 54.8 averiguaciones por cada 100 mil habitantes.

Punta San Cristóbal
Uno de los casos más emblemáticos porque retrata la forma en que operan las mafias dedicadas al robo de bienes inmuebles, es el que denunció el empresario René Pinal, quien dice haber sido despojado de 857 hectáreas ubicadas en Punta San Cristóbal, municipio de Los Cabos, a manos del sinaloense Antonio Sosa Valencia, con la complicidad del ex procurador Fernando González-Rubio. La propiedad en disputa tiene actualmente un precio de 100 millones de dólares.

Pinal, dueño de la propiedad desde 1983 luego de habérsela comprado a la doctora María Cristina Orduño Durand, relató a esta revista que “En junio de 2007, una persona que dice llamarse José de Jesús Jiménez Sánchez  quien de acuerdo con una acta de defunción falleció el 7 de febrero de ese año en la población de Guamuchil, Sinaloa y fue padre de Jesús Jiménez Domínguez, un empleado de Sosa Valencia , presentó ante la Dirección de Planeación Urbana del Ayuntamiento de Los Cabos una solicitud para subdividir el predio Punta San Cristóbal. El solicitante pidió que el total quedara en tres lotes: fracción “A” con 55 hectáreas; fracción “B”, 244 hectáreas y área restante, 558 hectáreas; es decir un total de 857 hectáreas”
El individuo “acreditó” su personalidad con un poder notarial supuestamente otorgado por Orduño Durand el 20 de septiembre de 1999, ante el Notario Público Faustino Medina Medrano, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

“Mediante el oficio SUBD/145/PU/2007, y con una celeridad que llama a la sospecha, la autoridad municipal resolvió la petición favorablemente en tan solo cuatro días, sin tomar en cuenta lo delicado del trámite solicitado y sin cumplir con las formalidades que ameritaba el caso. Posteriormente protocolizan dicho oficio de autorización ante el Notario Público José Alberto Castro Salazar, en San José del Cabo, según acta 71,416, Volumen 1151 del día 7 de julio del 2007 y lo acreditan el 12 de julio ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, ¡todo en tan sólo cinco días!, cuando que este trámite se lleva varias semanas.

Prosigue: “Pero seis meses atrás, el 16 de diciembre de 2006, José de Jesús Jiménez Sánchez le había “vendido” a Manuel Verdugo Vizcarra la fracción “A” de 55 hectáreas, testimonio que protocoliza el Notario Público número 149 de Culiacán, Sinaloa, Manuel Lazcano Meza y le asigna el número 14,175 a la escritura Pública, la cual fue registrada el día 28 de agosto de 2007, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Municipio de Los Cabos. Como se puede observar, el supuesto José de Jesús Jiménez Sánchez vendió la fracción “A” seis meses antes de que se conociera la superficie, medidas, colindancias rumbos y grados de dicha fracción, pues no existía la subdivisión.

“De igual manera, el mismo José de Jesús Jiménez Sánchez, le vende el día 17 de Enero de 2007, al propio Manuel Verdugo Vizcarra, la fracción “B” con una superficie de 244 hectáreas, operación supuestamente bajo la fe del notario Lazcano Meza, quien corre la escritura número 14,327, la cual fue registrada el 17 de julio de 2007 en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Municipio de Los Cabos”
Para redondear el fraude, dice René Pinal, el 19 de julio de ese año, dos días después de que fue registrada, Verdugo Vizcarra revende las 244 hectáreas a la “Constructora Inzunza”, cuyo accionista mayoritario es Antonio Sosa Valencia y se asigna a la escritura el número 4,485, registrada el 1 de agosto de 2007. También ahora se sabe que Manuel Verdugo Vizcarra es hijo de Héctor Manuel Verdugo Alvarado, empleado de Sosa Valencia, en la Central de Abastos Guasave.

No obstante que el agraviado hizo una denuncia penal desde el 28 de agosto de 2007, su caso no ha tenido avances y al presunto autor del despojo, la PGJE le dio posesión del predio en julio de 2008, no obstante que estaba en trámite un juicio de amparo ante la justicia federal.

Los Llanos del Gallito
Otro caso que atrajo la atención de la opinión pública fue el del predio Llanos del Gallito en el municipio de Mulegé, y en donde se vio involucrado el actual diputado local Guillermo Santillán Meza, ya que fue éste quien como notario público realizó la escritura apócrifa mediante la cual la familia Meza Romero pretendió apoderarse de 800 hectáreas propiedad de Mario Fernández Raya.

En el hecho también estuvieron coludidos funcionarios de la Dirección de Catastro del Municipio de Mulegé, quienes permitieron el registro de la falsa escritura. Fernández Raya, dueño del predio desde hace 50 años, descubrió que fueron alterados documentos oficiales en oficinas municipales, para crear una nueva escritura con la que trataron de vender indebidamente su terreno.

El Zacatón
Este es un predio de 400 hectáreas, propiedad de Laura Fernández McGregor prima del ex Procurador General de la República Jorge Carpizo. Esta ubicado en el corredor turístico de San José del Cabo, y cuenta con cuatro kilómetros de playa.

Mediante documentos falsos y con la complicidad de funcionarios municipales de Los Cabos, Hilario Vargas Espinoza, compadre del gobernador Narciso Agúndez Montaño, pretendió arrebatarle la propiedad a la señora Fernández, quien debido a sus buenas relaciones políticas logró frenar el despojo, y llevar a la cárcel a Vargas Espinoza, mediante el proceso penal 137/2003, radicado en el estado de Morelos.

Los entonces directores del Registro Público de la Propiedad, Juan Luis Araiza, y de Planeación Municipal de Los Cabos, Federico Carreón, también fueron detenidos luego de que un juzgado penal de Tlalnepantla, estado de México, giró en diciembre de 2005 una orden de aprehensión, acusándolos de ser cómplices de Vargas Espinosa.

En enero de 2006, los inculpados reconocieron ante el Juzgado II del Primer Distrito de Xochitepec, Morelos, haber falsificado las firmas de la escritura número 12851 ante el notario público 42, Luis Gerardo Mendoza, que supuestamente lo acreditaba como propietario de las 400 hectáreas.

Ahora se sabe que la señora Fernández McGregor radicó sus demandas fuera del estado, pues sabía de la impunidad y del apoyo que recibirían los indiciados por parte del gobernador y del presidente municipal de Los Cabos, Luis Armando Díaz. Muchos afectados que no cuentan ni con dinero ni con palancas, están a la buena de dios para que opere un milagro.