México trabaja en la creación de un banco público que será el más grande del país

Ellen Brown

Mientras los defensores de EE.UU. y políticos locales canadienses batallan para constituir sus primeros bancos públicos, el nuevo presidente de México ha comenzado la construcción de 2,700 sucursales de un banco estatal que serán terminadas en 2021, fecha en que será la institución bancaria más grande del país. En conferencia de prensa el 6 de enero, dijo que el modelo neoliberal había fracasado; los bancos privados no servían a la gente pobre y del campo, por lo cual el gobierno tuvo que intervenir.

Andrés Manuel López Obrador (conocido como AMLO) ha sido comparado con el líder de la oposición en el Reino Unido, Jeremy Corbyn, con una eminente diferencia: AMLO está en el poder. Él y su coalición de izquierda ganaron abrumadoramente la elección de 2018 en México, derrotando al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó el país durante gran parte del siglo pasado. Llamado el primer experimento de izquierda hecho y derecho en México, la victoria de AMLO marca un giro dramático en la la dirección política del país. AMLO escribió en su libro México 2018, la salida: "En México, la clase gobernante constituye una mafia de saqueadores... México no va a crecer si las instituciones del gobierno permanecen al servicio de la élite adinerada".
El nuevo presidente ha mantenido sus promesas de campaña. En 2019, su primer año en la presidencia, hizo lo que Donald Trump prometió hacer -"limpiar el pantano"- purgando el gobierno de tecnócratas e instituciones que él considera corruptas, despilfarradoras o que impiden la transformación de México luego de 36 años de políticas neoliberales centradas en el mercado. Otros logros incluyen un incremento sustancial del salario mínimo al mismo tiempo que se recortaron los sueldos de altos funcionarios públicos y sus pensiones onerosas; el extender pequeños créditos y subsidios directamente a campesinos; establecer precios de garantía para productos agrícolas básicos; impulsar programas sociales que benefician a la juventud, los adultos mayores y las personas con discapacidad; y echar a andar un plan de infraestructura de $859 mil millones de pesos. El objetivo de López Obrador es construir, en sus palabras, "un nuevo paradigma" de política económica que busque no sólo incrementar el Producto Interno Bruto (PIB), sino mejorar el bienestar de las personas.

El fin de la era neoliberal
Para cumplir tal promesa, en julio de 2019 AMLO convirtió el banco de desarrollo de propiedad estatal BANSEFI en un "banco de los pobres" (Banco del Bienestar). Mencionó el 6 de enero que el periodo neoliberal había privatizado todos los bancos estatales, excepto uno, mismo que ha recibido la aprobación para construir 2,700 nuevas sucursales. Sumadas a las 538 sucursales ya existentes de BANSEFI, dentro de dos años el total será de 3,238, muchas más que cualquier otro banco en el país. (Banco Azteca, que actualmente cuenta con el mayor número de filiales, tiene 1,860). La banca digital también será desarrollada. De gira por el interior del país en diciembre, AMLO afirmó que su objetivo es que el Banco del Bienestar llegue a un total de 13,000 sucursales, más que las de todos los bancos comerciales del país juntos.
En conferencia de prensa el día 8 de enero, explicó por qué este nuevo banco es necesario:
"Hay más de mil municipios que no cuentan con sucursal bancaria. Estamos dispersando recursos pero no tenemos cómo hacerlo... La gente tiene que ir a sucursales que están a dos, tres horas de camino. Si no acercamos esos servicios a la gente, no vamos a impulsar el desarrollo del país …
"Ya se están construyendo. Los invito dentro de dos meses, tres a lo máximo, a la inauguración de las primeras sucursales porque ya se está trabajando, se están consiguiendo los terrenos... porque tenemos que apurarnos".
El presidente mencionó que los 10 mil millones de pesos necesarios para construir estas nuevas sucursales provendrán de los ahorros del gobierno; y que 5 millones ya han sido transferidos al Banco del Bienestar, que a su vez entregará los fondos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuyos ingenieros serán los responsables de la construcción. El ejército también será utilizado para transportar el dinero físico para el cobro de los programas sociales. AMLO añadió: “me están ayudando, me están apuntalando, se han portado muy bien los militares y no se echan para atrás en nada. Siempre me dicen ‘sí se puede, sí lo hacemos, va’”.
Sobre la preocupación de que el banco estatal acapararía fondos provenientes de los bancos comerciales y competiría con ellos de otras formas, tales como créditos de cero interés a pequeños negocios, AMLO rebatió:
"No hay motivo de queja por el hecho de construir estas nuevas sucursales... si los bancos privados quieren construir sucursales en más ciudades y pueblos tienen todo el derecho de hacerlo, pero como no lo hacen porque piensan que no es negocio, nosotros tenemos que hacerlo... es nuestra responsabilidad social, el Estado no puede eludir su responsabilidad social".

Problemas con el Banco central
Pese a que el Congreso ya ha aprobado el nuevo banco, el Banco de México aún puede bloquearlo si las regulaciones bancarias son infringidas. Ricardo Delfín, socio líder de auditoría en servicios financieros de KPMG México, declaró al periódico La Razón que si la fuente de financiamiento del banco proviene de un empréstito por parte del gobierno federal en vez de capital, esto puede afectar negativamente el "ratio de capitalización" del nuevo banco. Pero AMLO sostiene que el Banco del Bienestar será autosuficiente. La financiación para la construcción provendrá del ahorro del gobierno federal en otros programas y los gastos operativos del banco serán cubiertos mediante pequeñas comisiones pagadas en cada transacción por sus clientes, la mayoría de quienes serán beneficiarios de programas sociales. Las sucursales serán levantadas sobre tierra de propiedad estatal o donada, incluso compañías de software han ofrecido asistencia gratuita.
Acerca del Banco de México, dijo:
"Vamos a hablar con los del Banco de México, respetando su autonomía. Tenemos que explicarles puesto que para ellos esto es un anacronismo, incluso un sacrilegio, porque ellos tienen otras ideas. Nosotros hemos llegado (al gobierno) luego de decirle al pueblo que la política económica neoliberal iba a cambiar...
"No debe haber obstáculos. ¿Cómo va a impedir el Banco de México que tengamos una institución bancaria que disperse recursos en favor del pueblo? ¿Qué daño hace eso? ¿A quién le perjudica?"
AMLO ha prometido reiteradamente que no interferirá en los asuntos del Banco de México, que ha gozado de autonomía en el último cuarto de siglo. Pero también ha declarado que le gustaría ampliar su función, llevándola más allá de combatir la inflación mediante la preservación del valor del peso, para incluir el estímulo al crecimiento. La preocupación, de acuerdo con el Financial Times, es que el presidente utilizaría el banco central para financiar sus programas sociales, siguiendo el ejemplo de la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, "cuyas heterodoxas políticas elevaron la inflación y, muchos economistas creen, precipitaron la actual crisis argentina".
Mark Weisbrot refuta esta afirmación en el New York Times, argumentando que los problemas de Argentina fueron provocados, no por la impresión de dinero para financiar el desarrollo doméstico, sino por una masiva deuda externa. De hecho, la hiperinflación ocurrió bajo el mandato del sucesor de Fernández de Kirchner, el presidente Mauricio Macri, quien la relevó en 2015. La deuda pública se incrementó de 53% a más de 86% del PIB, la inflación se elevó del 18% al 54%, las tasas de interés de corto plazo se dispararon hasta el 75%, mientras la pobreza creció del 27% al 40%.
En una elección sintomática del malestar popular en agosto de 2019, el indignado electorado argentino reeligió a Fernández de Kirchner como vicepresidenta junto a su antiguo jefe de gabinete como presidente, restableciendo el legado de doce años del kirchnerismo, iniciado en 2003 por su esposo, Néstor Kirchner, considerada por Weisbrot como una de las presidencias más exitosas en el hemisferio occidental.
Más apropiado que Argentina como modelo de lo que puede lograr un gobierno trabajando en colaboración con su banco central es el caso de Japón, cuyo primer ministro, Shinzo Abe, ha financiado sus programas de estímulo vendiendo bonos gubernamentales directamente al Banco de Japón. Éste maneja actualmente casi la mitad de la deuda pública japonesa, y aún así la inflación de los precios al consumidor permanece baja -tan baja que el Banco de Japón la mantiene por debajo de su objetivo de 2%.

Otras opciones de financiamiento
Es poco probable que AMLO siga esta ruta, debido a que se ha comprometido a no interferir con la autonomía del Banco de México; empero, los analistas señalan que necesita introducir algún tipo de estímulo económico puesto que el PIB mexicano se estancó el año pasado. El presidente mexicano ha criticado que el PIB sea el máximo indicador de referencia; en vez de ello, ha abogado por otro modelo de desarrollo que incorpore la distribución de la riqueza y el acceso a educación, salud, vivienda y cultura entre sus parámetros de medición.
Pero como advirtió Kurt Hackbarth en Jacobin en diciembre, "para financiar su programa sin tener que quitarle recursos a otras partidas presupuestarias, AMLO tendrá que hacer algo que hasta ahora ha descartado categóricamente: subir los impuestos a las clases altas y grandes corporaciones quienes, y esto no es ninguna sorpresa, resultan poco menos que bandidos en el corrupto sistema financiero mexicano."
AMLO ha prometido reiteradamente, sin embargo, no subir los impuestos a los ricos. En vez de ello, ha reclutado a los magnates empresariales mexicanos en asociaciones público-privadas, permitiéndole esquivar la "trampa tequila" que hundió tanto a México como a Argentina en años anteriores -sometiendo a ambos países a los acreedores extranjeros y al Fondo Monetario Internacional. La élite empresarial mexicana parece estar feliz de invertir en el país, a pesar del estancamiento en el PIB.
Como ha dicho Carlos Slim, el hombre más rico de México, "no ha aumentado la deuda, no hay déficit fiscal y la inflación se redujo". En noviembre de 2019, la Secretaría de Economía reportó un incremento de 7.8% en la inversión extranjera directa en los primeros nueve meses de ese año, comparado con el mismo periodo de 2018, alcanzando su segundo máximo histórico; asimismo, para finales de 2019 el peso se apreció 4%. La bolsa creció 4.5% y la inflación cayó de 4.8% a 3%.
Colaborar con los empresarios nacionales es políticamente conveniente, pero las asociaciones público-privadas pueden resultar costosas; como señala el profesor Richard Werner, recurrir a inversionistas privados simplemente pone dinero existente a recircular en la economía. Sería mejor solicitar financiamiento directamente a los bancos, que pueden crear nuevo dinero cuando prestan, como ha confirmado el Banco de Inglaterra. Este nuevo dinero circula entonces en la economía, estimulando la productividad.
Hoy en día, el mejor ejemplo de este modelo es China, que financia su infraestructura mediante créditos de sus bancos estatales. Como todos los bancos, crean préstamos como créditos bancarios en sus registros, mismos que son pagados con las ganancias de los proyectos construidos con esos préstamos. No hay necesidad de recurrir al banco central o a inversionistas millonarios o a la base fiscal. Los bancos estatales pueden crear dinero en sus registros igual que los bancos centrales y los bancos privados.
En el caso de México, utilizar el banco estatal a la manera de China sería un proyecto para el futuro, si acaso. Por lo mientras, AMLO se ha colocado a la vanguardia al demostrar cómo un sistema nacional de banca pública puede ser echado a andar rápida y eficientemente. La clave, parece ser, radica simplemente en tener la voluntad política -además del apoyo masivo del pueblo, el Congreso, los empresarios nacionales y el ejército.
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Fuente: https://www.globalresearch.ca/mexico-president-amlo-shows-how-its-done/5703116Traducido por Ramón Magaña Gabriel

AMLO y el bonapartismo mexicano

Federico Piña Arce

La correlación de fuerzas marca la coyuntura y permite analizar el comportamiento de los diferentes componentes de la sociedad. Para realizar este proceso, se pueden utilizar diferentes herramientas conceptuales, teóricas o procedimentales. Hay quienes la explican a través de los intereses, los gustos o preferencias de los individuos.

A partir de este tipo de interpretaciones se puede analizar lo que separa a las personas, las facciones y los grupos, los recuerdos, las esperanzas, las convicciones, las aspiraciones, incluso las simpatías o antipatías. En este terreno se sitúan casi todas las lecturas políticas de la coyuntura mexicana.

Así, aparentemente lo que marca el análisis de la política mexicana actual son los gustos, las simpatías, la “división” entre “conservadores” y “liberales. Aunque en la práctica este campo se obnubila, desaparece, porque los supuestos “liberales” actúan como auténticos conservadores y los supuestos “conservadores” se vuelven, según ellos más liberales que Juárez, aunque en realidad a veces se comportan como fascistas.

Sin embargo, para analizar la coyuntura desde una perspectiva diferente, podemos recurrir a un método que nos permita examinar, desde una posición en la que las diferentes clases de la sociedad se enfrentan tratando de imponer su dirección, sus intereses, sus convicciones, su visión de futuro.

Desde esta perspectiva, en el análisis del golpe de Luis Bonaparte, sobrino de Napoleón Bonaparte, concentrado en el libro “El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte”, Marx nos brinda herramientas teóricas y de análisis político para entender la situación del país, así como desentrañar, libre de todo tipo de patrañas ideológicas y giros supuestamente críticos, si es cierto que López Obrador ha transformado el “orden viejo” y puesto las bases del “orden nuevo".

Comienza Marx su análisis señalando que: “Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se le olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”. Con AMLO y la “cuarta transformación”, ¿estamos ante una tragedia o una farsa?

Se podría afirmar que nuestro país vive una tragedia y una farsa, o mejor una farsa y una tragedia. La farsa consiste en el engaño acerca de la supuesta “transformación”, que es sin duda, sólo una súper mejora adocenada del capitalismo mexicano, pero sin cambiar las bases de la acumulación de capital, ni, por tanto, de la explotación.

Tragedia, porque con todo el mecanismo impuesto por AMLO, la lucha de clases parece no existir como motor de la historia, dejando toda explicación “teórica” a la lucha contra la corrupción, aplicando la “austeridad republicana” a costa del trabajo y los salarios de miles de trabajadores, imponiendo, además, la conciliación de clases como la base fundamental del supuesto cambio.

Marx señala que con Napoleón se creaban las condiciones necesarias para la libre explotación de la tierra y la libre competencia, todo en función de la acumulación de capital. Las “transformaciones” realizadas por el gobierno de “La Cuarta”, colocan los cimientos para que la burguesía, el capital financiero y los monopolios continúen acrecentando la desigualdad, mediante la libre acumulación de capital, sobre las espaldas de las masas trabajadoras.

Marx, asegura que el proletariado francés no se movilizó, incluso se volvió apacible porque se dejó obnubilar por el gran camino que se le mostraba hacía adelante, es decir por los engaños de “transformación” que Bonaparte realizó cuando tomó el poder.

La independencia de clase se ha perdido en esta coyuntura. No existe aún la fuerza política socialista o comunista capaz de luchar por la independencia de la clase obrera y las masas trabajadoras. En el gobierno de AMLO no sólo no hay independencia, sino que una clara y burda intromisión en la vida de los sindicatos, tratando de imponer direcciones afines a los propósitos de la conciliación, es decir, no huelgas, no movilizaciones, hasta que se logré “el crecimiento económico”.

Podríamos decir qué al explicar a través de la concepción materialista de la historia, que tanto Marx como Engels habían esbozado en escritos como La ideología alemana y otros, demuestra, en el “Dieciocho Brumario”, cómo la lucha de clases creó en Francia las circunstancias y las condiciones que permitieron a un personaje “mediocre y grotesco representar el papel de héroe”.

Las miles de movilizaciones, los asesinatos de líderes sociales, la negación de derechos para la libre asociación, la ausencia de libertades para elegir direcciones sindicales revolucionarias, la falta de una verdadera democracia que abatiera las restricciones para que surjan los partidos de izquierda, pero sobre todo el partido de la revolución socialista, es decir, la lucha de clases, es el gran telón de fondo que permitió que AMLO obtuviera el triunfo electoral del 2018.

¿Tendremos ante nuestros ojos a “un personaje mediocre y grotesco que representa el papel de héroe”, pero nos negamos a verlo? López Obrador niega la lucha de clases como el motor central que le permitió ese triunfo electoral. La lucha de clases lo puso en la presidencia, y cómo Bonaparte está trabajando en beneficio del capital.

En el “Dieciocho Brumario” Marx analiza el nacimiento de la socialdemocracia como una fuerza no revolucionaria, sino de contención del movimiento proletario en beneficio del capital. Escribe que “A las reivindicaciones sociales del proletariado se les limó la punta revolucionaria y se les dio un giro democrático; a las exigencias democráticas de la pequeña burguesía se les despojó de su forma meramente política y se afiló su punta socialista. Así nació la socialdemocracia”.

Sobre el papel de la socialdemocracia también escribió Marx: “El carácter peculiar de la socialdemocracia consiste en exigir instituciones democráticas republicanas, no para abolir a la par los dos extremos: capital y trabajo asalariado, sino para atenuar su antítesis y convertirla en armonía”.

Es decir, la socialdemocracia busca solamente administrar lo mejor posible los intereses del gran capital, de la burguesía y la oligarquía financiera, contener al movimiento social, inmovilizar al movimiento obrero con promesas de mejoras laborales, de aumentos de salarios que pronto son pulverizados con los aumentos de los precios de los bienes más necesarios.

En una reciente serie de 6 artículos el historiador Enrique Semo califica al gobierno de AMLO como “un gobierno progresista”. Semo, quién militó en el Partido Comunista desde la década de los sesenta del siglo XX, hasta su desaparición en 1981, es demasiado benévolo, por decir lo menos, con esta apreciación. Me parece que este gobierno está un poco más a la derecha que un gobierno socialdemócrata.

Ningún gobierno de esta corriente en la historia política mundial, quizá con excepción del partido alemán que asesinó, por cierto, a Rosa Luxemburgo, planteó políticas públicas tan alejadas de la izquierda como el de AMLO: recortes al gasto de salud, de cultura, tratar de reformar las pensiones para otorgar menores ingresos a los adultos mayores, etc.

La llamada “austeridad republicana” no tiene nada que ver con las reivindicaciones de los trabajadores mexicanos, ni de la izquierda socialista y comunista. Esta política sólo afecta a los trabajadores con menos salarios del aparato gubernamental, mientras que los salarios de los mandos medios y altos del gobierno se mantienen en niveles que ofenden a los trabajadores.

Señala Marx con agudeza que: “Bonaparte quisiera aparecer como el bienhechor patriarcal de todas las clases, pero no puede dar nada a una sin quitárselo a la otra”. Cuando AMLO trata de quedar bien con todos los sectores, a los únicos que está afectando es a los explotados que son la mayoría de la población, porque en el desbalance, la desigualdad sólo favorece a quienes poseen los medios de producción.

“La revolución social no puede sacar su poesía del pasado, sino solamente del porvenir. No puede comenzar su propia tarea antes de despojarse de toda veneración supersticiosa por el pasado” (Marx). Para avanzar hacía el socialismo-comunismo es necesaria la verdadera transformación con un gobierno y un partido revolucionario. Es la única manera de remontar la farsa y la tragedia mexicanas.

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La Tijereta ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

El México de López Obrador: no es un año de gobierno, es toda una vida de lucha

Katu Arkonada

A 12 meses del 1 de diciembre de 2018 y tras el discurso de Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo, es buen momento para hacer balance del primer año de gobierno.

Probablemente una de las primeras cosas que Amlo ha aprendido es que llegar al gobierno no es tener el poder. Se ganó el 1 de julio de 2018 por toda una vida de lucha en defensa de las mayorías sociales, pero el año transcurrido desde el 1 de diciembre de 2018 ha servido para aprender que el gobierno es solo una parte de un monstruo llamado Estado, y que las élites políticas y económicas que durante años gobernaron México han podido perder el poder político, pero siguen controlando una parte de la economía del país, mientras se atrincheran en el poder mediático o judicial.
Pero a pesar de las dificultades, es innegable que el país cambió. La imagen de hace un año mientras Amlo se dirigía a la toma de posesión en su Jetta blanco, y un ciclista le dice a su lado “No tienes derecho a fallarnos”, es la imagen de un país lleno de esperanza, pero, sobre todo, tremendamente politizado.
Esperanza, porque Amlo ha sido capaz de canalizar el descontento con el modelo neoliberal, incapaz de garantizar condiciones de vida dignas para una mayoría de la población; y politización, porque ha sido capaz de explicar que para dejar atrás ese modelo neoliberal hace falta construir uno nuevo, posneoliberal, atacando de raíz uno de los principales males del Estado: la corrupción.

1 año de gobierno, 12 meses de tareas pendientes
Lo dijo Amlo en el Zócalo: “ ¿Cuánto tiempo necesitaremos para consolidar la transformación? Pienso que un año más; es decir, en diciembre del 2020 ya estarán establecidas las bases para la construcción de una patria nueva. Para entonces, ante cualquier circunstancia, será prácticamente imposible regresar a la época de oprobio que significó el periodo neoliberal o neoporfirista.”
Es claro que lo simbólico ha sido fundamental en el primer año de gobierno, desde la desaparición del Estado Mayor Presidencial hasta la apertura al público de Los Pinos, pasando por los viajes de Amlo en aviones comerciales.
Pero, aunque lo simbólico es fundamental para la disputa de la hegemonía cultural posneoliberal, es en dos cuestiones materiales y concretas donde se va a medir si la cuarta transformación se consolida o no:
Por un lado, la reducción de la pobreza y la desigualdad. En un país donde el 41% de la población vive en situación de pobreza, y un 16% más en extrema pobreza, la puesta en marcha de un proceso de redistribución por medio de los diferentes programas sociales es una apuesta clara por reducir esos niveles de pobreza. Si a esa redistribución, que permitirá dinamizar el consumo y la demanda interna para generar crecimiento (y esto es Keynes, no Marx) se le suma la apuesta por una (re)industrialización (con la recuperación de Pemex a la cabeza) y grandes obras de infraestructura, como el Tren Maya, los indicadores sociales (que no siempre van de la mano de los económicos) deberían mejorar.
Por otro lado, la apuesta por una nueva estrategia de seguridad también debería dar sus frutos en el medio plazo. Es clara la apuesta por desplegar los programas sociales entre la población, y la Guardia Nacional en el territorio para recuperar la soberanía nacional. Y aunque sea muy pronto para decirlo, y aunque la mayoría de medios nos vayan a bombardear al terminar este 2019 señalando que la cifra de muertos por la violencia es la más alta de la historia, la realidad es que el incremento respecto de 2018 es de tan sólo el 2%, lo que indica una estabilización, mientras que el crecimiento de año en año durante los dos sexenios anteriores era del 25-30%. Si se consigue que en 2020 se reduzca el número de muertes, por pequeño que este porcentaje sea, se empezará a consolidar el cambio de estrategia.

12 meses de gobierno, 5 años de desafíos por delante
Y si la reducción de la pobreza, desigualdad y violencia son los principales indicadores para evaluar la cuarta transformación en el mediano plazo, son 5 los indicadores que permitirán evaluar el éxito o el fracaso del gobierno de López Obrador en los 5 años que quedan de sexenio.
En primer lugar, es urgente y necesaria la construcción de un partido que empuje hacia la izquierda un gobierno que por inercia siempre va a tender al centro. Sobre todo, porque en 2021 Amlo no va a estar en la boleta y se necesita una mayoría clara si se quieren hacer reformas constitucionales.
Asimismo, es imprescindible la politización de la sociedad. Lo sucedido en Bolivia es el mejor ejemplo de que la inclusión y redistribución de la riqueza son inútiles si creas una clase media de consumidores, despolitizada. O, mejor dicho, politizada por los medios de comunicación. Los millones de personas que van a ver mejoradas sus condiciones de vida materiales deben saber que esto es debido a unas determinadas políticas sociales y económicas del gobierno de López Obrador.
Todo ello debe venir acompañado de medidas que van más allá de lo simbólico. Se hace urgente y necesario que los responsables del saqueo del país en sexenios anteriores sean juzgados y encarcelados. Entendiendo la decisión táctica de Amlo de no querer enjuiciar a los presidentes para no abrirse nuevos frentes de batalla, la corrupción estructural no puede quedar en la impunidad.
Y el saqueo solo ha podido ser posible mediante la doctrina del shock contra la población, mediante el impulso a una economía criminal amparada por la narco política, que ha dejado México convertido en un cementerio, o peor aún, en una gran fosa común. La política de Derechos Humanos, la justicia en casos como el de Ayotzinapa, o poner todos los recursos del Estado para enfrentar el drama de los desaparecidos, va a ser otro de los pilares por los que se mida el éxito o fracaso de la cuarta transformación.
Y finalmente, y como la gente no come ideología, la redistribución de la riqueza y el crecimiento del país, y más en un contexto de recesión mundial como el que estamos entrando, debe venir acompañada de una reforma fiscal como única forma de sostener el proceso de transformación. Que paguen más quienes más tienen como forma de mejorar estructuralmente un país del G20 que tiene algunos de los índices de pobreza y desigualdad más bajos de la OCDE.
Si todo lo anterior se encara con valentía, la vida entera de lucha de Andrés Manuel López Obrador, y millones de personas más, habrá servido para dejar como herencia de este sexenio la transformación radical de México.

La Tijereta ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

16 Tesis para una crítica de la 4T

¿“Nuevo régimen” con hegemonía oligárquica secular?

José Luis Ríos Vera

I. La fecha de nacimiento del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) no data de la insurrección “ciudadana” del 1 de julio de 2018, sino del período de la campaña electoral. La apariencia “anti-empresarial” de la 4T fue borrada en este período. De la mano de Carlos Urzúa y Alfonso Romo –portavoces del capital financiero, industrial, comercial– quienes subrayaban la postura de “centro-izquierda” del proyecto, el principal dirigente de la 4T (AMLO) autoproclamó en dicho periodo de campaña sus compromisos “a los inversionistas nacionales y extranjeros”, tales como: respeto a contratos y concesiones establecidas; aseguramiento del sistema financiero; independencia de Banco de México; disciplina fiscal; superávit primario; rechazo a la Reforma Hacendaria progresiva; respaldo al TLCAN. II. Reconociendo las Deudas (corruptas, ilegítimas) del “viejo régimen”, el “nuevo régimen” de la 4T aceptó sin cuestionamientos prácticos la hegemonía de la oligarquía financiera, la principal expoliadora del país. ¿Es posible un “nuevo régimen” con viejos acreedores y añejas obligaciones? ¿Puede hablarse de un nuevo régimen con hegemonía secular?
III. Con cargo en la reproducción de rezagos sociales y del histórico atropello de las necesidades colectivas y populares (educación, salud, etc.), el “gobierno de la austeridad” consolida el poder del capital financiero (con inéditas transferencias de 1 billón de pesos anuales equivalentes a 50 mil millones de dólares). Tras la supuesta premisa de “extirpar la corrupción” anidada en las “alturas” del aparato estatal, en su desmesura, la “austeridad” se ha hecho “República”, y observamos la acentuación del adelgazamiento de la máquina estatal (una máxima neoliberal). Las principales repercusiones de ello se han orientado contra los derechos laborales de los trabajadores de la función pública (administrativos, médicos, enfermeras, doctores, profesores, etc.). A ello hay que añadir que, en el país de la precariedad y de la informalidad laboral, la disciplina fiscal y el régimen de austeridad defendidos con firmeza por el gobierno de la 4T, mantienen y agravan el atraso, el deterioro y el subdesarrollado estado de los servicios públicos del Estado.
IV. La 4T desperdició la oportunidad de derrumbar (¡en unos cuantos días!) los principales nudos del patrón de acumulación y reproducción del capitalismo mexicano dependiente de la economía estadounidense, esto es, el TLCAN y el yugo financierista. No realizó ningún desafío al sistema financiero internacional a través de un arrojado Presupuesto Público Federal que tuviera como prioridad las necesidades sociales (educación, salud, ciencia y tecnología, etc.). No ofreció ninguna respuesta contundente a la amenaza-extorsión de Trump respecto a los “aranceles” al comercio de mercancías y por la defensa de los derechos de los trabajadores migrantes que impidiera la mayor crisis migratoria que día a día crece en el país.
V. Una forma política de régimen no se define por un carácter “honesto” o “corrupto”. En el remoto caso de que en el mundo del capital pudiera ocurrir un “gobierno honesto”, existe una gran distancia entre “eliminar” la corrupción mediante el ejercicio de un gobierno con este carácter y el establecimiento de una nueva forma política de régimen. En consecuencia, barrer a los “corruptos del pasado” –aun en el caso que así pueda serlo– no es suficiente para conformar un “nuevo régimen político”.
Un régimen político se explica a partir de las clases y fuerzas sociales que concentran y ejercen el poder político, así como las formas y medios por los que se construyen los procesos de acumulación, las relaciones de explotación y condiciones de dominación. En stricto sensu éstas fuerzas no se identifican inmediatamente con “los corruptos” (por ejemplo, los hasta ahora investigados o procesados en el país), sino sustancialmente con aquellas clases sociales o fracciones de éstas que detentan la capacidad de imponer sus intereses de clase y construyen la modalidad predominante –actualmente vigente– de acumulación y reproducción del capital (banqueros, financieros, exportadores, importadores, manufactureros, propietarios del sector de telecomunicaciones, del sector turismo, etc.).
La construcción de un nuevo régimen político implica –entre otros elementos– trastocar la capacidad política de las fuerzas de clase que detentan y ejercen el poder político (fuerzas hegemónicas). En consecuencia, significa poner en marcha la de-construcción de los intereses y políticas económicas que cimientan y conforman la modalidad de acumulación-reproducción del capital predominante impuesta por dichas fuerzas.
La noción acuñada de “mafia del poder” (AMLO) reduce el cuestionamiento del orden económico y político al funcionamiento corrupto y vertical del aparato estatal (y de sus actores) y sus vínculos con los agentes económicos, si bien es indicativa de la tradicional lumpenpolítica practicada en el seno del aparato estatal y grupos empresariales, en rigor resulta desorientadora. También deja de lado el papel del Estado y las relaciones de poder entre las clases sociales en el establecimiento e imposición de la forma dominante de acumulación del capital en el conjunto de la sociedad.
En el límite, la narrativa “anticorrupción” de la 4T lleva a la apología del orden del capital y su modalidad de acumulación. Por medio del genuino discurso y política de “combate a la corrupción” como bandera de justicia social, AMLO hace de la “corrupción” el “principal problema del país”. Sin embargo, con aquél combate otorga legitimidad a un orden que paradójicamente fetichiza las contradicciones históricas de la sociedad: el modo de acumulación-concentración del capital, las transferencias de riqueza al exterior, la subordinación y dependencia del régimen económico-político y los antagonismos sociales y de clase. Para la 4T, la “solución” a ello se presenta con la simple fórmula de un “gobierno honesto”, con lo que se perpetúan dichas contradicciones reales.
VI. Bajo el lema de “separar el poder político del poder económico”, se pretende neutralizar los privilegios y la capacidad política de la oligarquía predominante de imponer sus intereses, y reconstituir a la República sobre la forma de un “pluralismo” político-democrático sustentado en un “Estado de Derecho”. De este modo, se busca la ampliación de espacios para el conjunto de fuerzas u organismos económicos y sociales, así como el establecimiento de “nuevas” condiciones de competencia económica y política.
En este sentido, anteponer la “unidad nacional” y/o el “interés general” al estrecho círculo de una lumpenburguesía oligárquica corrupta (cuasi-monárquica y/o autárquica), supone elevar y aperturar al conjunto general de las clases propietarias a la dominación del capital sobre los explotados y/o desposeídos. Por tanto, la convocatoria a la “unidad nacional” de la 4T –que buena parte de la oligarquía rechaza con desprecio–, representaría una alianza entre “ricos y pobres”, “millonarios y hambrientos”, en condiciones estructurales e institucionales que favorecen permanentemente a los primeros, con lo que dicha “separación” –entre “poder político” y “poder económico”– termina por ser una apariencia, abiertamente manipulatoria.
No obstante, hasta ahora, la pretendida “unidad nacional” (pluriclasista, “sin privilegios”, “democrática”) ni por asomo se ha acercado a remover tanto las relaciones esenciales de la acumulación del capital como la composición de las relaciones de hegemonía en el seno de las fuerzas políticas (de clase) en México. Por lo que se recrea así una “reconciliación nacional” imaginaria, que se constituye bajo la permanente égida de las fuerzas hegemónicas (financieras, exportadoras, y fracciones de clase subordinadas al capital internacional predominantemente estadounidense).
VII. La “abolición” del neoliberalismo sólo ocurre en la fantasía de la nueva fracción política “reinante” en el aparato estatal, en la imaginación del gobierno y en sus desveladas frases. Sus acciones dicen lo contrario: transferencias de riqueza al capital financiero, defensa de la liberalización comercial, austeridad, recorte del Estado, ningún aumento en gasto educativo, salud, caída de inversión productiva, etcétera.
VIII. Las expresiones que sintetizan la apariencia “antineoliberal” de la 4T son el “desarrollo” y el “bienestar”. Orientadas a la construcción de un “nuevo pacto social”, y una de “política social” y de “bienestar”, son un evangelio incapaz de cuestionar al capital y sus relaciones de apropiación del patrimonio público, despojo (territorial y de la biodiversidad) y superexplotación del trabajo. Sin embargo, es fundamental resaltar que estas expresiones impactan en la conformación de un Estado despolitizador, el cual es impuesto sobre los explotados por el mundo del capital.
La “redistribución del ingreso” (según AMLO) o “crecimiento inclusivo” (de acuerdo con el FMI), sin ninguna mudanza estructural, apenas levantan el derecho a una “asistencia pública” frágil, acrítica y subordinada al orden clasista de opresión, injusticia social y desigualdad prevaleciente.
IX. Con la postración de un Estado austero, en el límite de la crisis fiscal, la 4T estimula y acrecienta el reino de la llamada Iniciativa Privada (el gran capital) en la mayor parte de espacios y circuitos económicos de la esfera social al que el propio Estado (“sin recursos”) ha renunciado. Es el caso, por ejemplo, del sector de la Petroquímica o del “Plan de Infraestructura”, que eleva la participación de la IP (con el magnate Carlos Slim al frente) en la infraestructura social y hace retroceder la inversión pública y de “desarrollo” –por cierto, digámoslo fuerte– diseñada y organizada por el empresario neoliberal Alfonso Romo.
La obstinada convocatoria y defensa del nuevo gobierno para recurrir a la inversión extranjera y nacional se explica por esta señalada retracción y renuncia de la participación del Estado como capitalista colectivo –aquí su límite desarrollista–. Lo anterior revela entonces la total ausencia de un programa de ruptura con el orden económico de la mundialización neoliberal y la construcción de una alternativa social real. Esto es así a pesar de las disputas y contradicciones existentes (política energética en Pemex, CFE, gasoductos, etc.) entre el gobierno de la 4T y las clases predominantes locales-extranjeras, quienes defienden sin tregua sus intereses de clase (certidumbre jurídica, el Estado de Derecho, la reforma laboral “competitiva, T-MEC, las instituciones supuestamente “autónomas”, los llamados farmouts, los amparos judiciales; la “flexibilidad” fiscal, etc.), y forman en la derecha una oposición posesiva y destructiva.
X. El llamado decálogo de la “nueva política industrial” en absoluto intenta construir una nueva capacidad de organización y estructura industrial que supere la subordinación del aparato productivo a los nodos de una economía exportadora. Por el contrario, mantiene el absoluto dominio trasnacional (división internacional del trabajo) y la estructura altamente importadora (en déficit estructural), de baja generación de valor en aquellos sectores de especialización productiva que lograron integrarse a las cadenas mundiales de valor –organizadas por las grandes corporaciones trasnacionales demandantes de las condiciones de superexplotación del trabajo de los países dependientes y periféricos—.
La dinámica de la política industrial y del mercado nacional reafirman y consolidan su supeditación a la demanda externa y al inestable (des) orden económico de la globalización neoliberal, muy próxima de una nueva recesión. Dicha supeditación es evidenciada con la enérgica persistencia de la brutal violencia que se vive bajo la no-correspondencia entre el salario y el costo de la vida y que se refleja en las disminuidas metas de la 4T de incrementar el salario mínimo “por lo menos dos puntos porcentuales” (AMLO) por encima de la inflación, y de lograr una recuperación del poder adquisitivo de “20 por ciento” en el periodo 2019-2024, además de su prácticamente nulo combate a la informalidad y precariedad del trabajo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo.
XI. Por medio de un proceso de incorporación de la región del Sur-Sureste del país se pretende “superar” los graves problemas de concentración y desigualdad geográfica-territorial, económica y productiva, promovidos por la integración subordinada-segmentada a la economía estadounidense. Ello implica la construcción de nuevos polos productivos en la región (parques manufactureros-maquiladores, Zonas Económicas Especiales) orientados a proveer de bienes a la demanda de las cadenas globales de valor, mismas que contarán con una nueva plataforma de infraestructura (Corredor Transístmico) que daría un inmejorable impulso al mercantilismo capitalista global y a la dependencia exportadora de una economía de cuyas contradicciones le impiden conformar el crecimiento de un mercado interno de masas a razón de que ésta es sustentada en un mundo del trabajo centrado en relaciones de superexplotación.
Otro conjunto de megaproyectos (Tren maya, oleoductos, minería, carreteras, etc.) dominados por grandes capitales completarán esta nueva etapa de incorporación “tardía” de la región sur-sureste a las formas de acumulación de capital e integración subordinada al capital extranjero, para lo que se han venido activando políticas de contrainsurgencia, cooptación y desorganización de la lucha popular en las respectivas poblaciones y territorios. Sin embargo, todos estos proyectos en lugar de procurar romper la subordinación económica al mercado mundial, terminan por incrementarla.
XII. Contario a lo esperado, el gobierno de la Cuarta Transformación reactiva y continúa con las políticas de un Estado de excepción que ahora suponen promover la defensa de la “seguridad nacional” ante “amenazas potenciales” (“crimen organizado”, “sabotaje”, etc.). Despliega su mayor capacidad para coaccionar y desmovilizar la lucha social, e irónicamente, revela su impotencia y aguda incapacidad de poner fin a la violencia social y a la crisis de “seguridad pública”, argumento utilizado para imponer la militarización oficial del país. De este modo, la Guardia Nacional reedita la Ley de Seguridad Interior elaborada por el gobierno anterior como arma de criminalización y militarización de las luchas populares en defensa del medio ambiente, la biodiversidad, el territorio, y el conjunto de los derechos sociales y laborales que los intereses y Megaproyectos del gran capital nacional-internacional destruyen.
XIII. La experiencia “progresista” que elude la lucha de clases en aras de una sentimental “fraternidad” abstracta, es un anacronismo histórico categórico. Han sido demostrados los límites de las recientes experiencias de “Nuestra América”, erguidas en las bases de un Reformismo menor, por lo que la historia muestra la necesidad ineludible de dar el salto cuántico hacia una política de cuestionamiento y ruptura con el orden prevaleciente.
XIV. El significado de la “gobernabilidad” defendida por el Ejecutivo reside en el fortalecimiento del vacilante sistema de dominación caracterizado por las condiciones de la crisis de la democracia y de representación que en buena parte llevó al “tsunami” electoral de julio de 2018. Al no utilizar en su justa dimensión el llamado “bono democrático” del que hasta ahora dispone, la 4T abdica gratuitamente de la capacidad política para implementar reformas estructurales (económicas, políticas, culturales, mediáticas) en beneficio de los vilipendiados y desposeídos. El “nuevo régimen” reproduce el divorcio entre el poder ejecutivo, los centros de poder del aparato estatal y del sistema de decisiones de las clases trabajadoras y populares. Hoy más que nunca se vuelve mucho más efectiva aquella expresión que dice “todo lo que no es abolido, puede ser restaurado”.
XV. La actual política energética del Estado es el epicentro de la disputa entre la oligarquía dependiente y el capital extranjero (principalmente estadounidense) con la nueva clase reinante que controla el cuerpo institucional del aparato de Estado. Los más grandes capitales pugnan por la continuidad de la Reforma Energética, pues por medio de las “rondas petroleras”, licitaciones y contratos de exploración y explotación, liberalización del fracking, desmantelamiento de Pemex, etc., la renta petrolera era entregada a capitales locales y principalmente trasnacionales (bancos de inversión, bancos comerciales, petroleras trasnacionales, empresarios privados locales, etc.). De ahí el inflexible rechazo del gran capital al impulso de las refinerías del Estado, la defensa de la soberanía energética, el fortalecimiento de CFE, etc.
La transferencia de recursos desde la Secretaría de Hacienda hacia Petróleos Mexicanos y su capitalización, desdibuja la sonrisa de los acreedores internacionales del Estado, pues ven “en riesgo” las transferencias públicas de riqueza (por el Costo Financiero de la Deuda y Superávit primario) a sus bancos, al tiempo que limita la participación del gran capital en la exploración y extracción de hidrocarburos. El gran capital exige ¡disciplina financiera y apertura energética para los privados! El poder financiero y sus agencias calificadoras amenazan con el “terrorismo económico”. A todas luces incomparable a la llamada “delincuencia organizada”, la amenaza catastrofista de los grandes “cárteles” del poder financiero internacional y grandes capitales asociados son entre otros: degradación en la calificación de deuda (de Pemex, deuda soberana), fuga de capitales, devaluación, inflación, empobrecimiento generalizado.
XVI. El control del aparato de Estado es muy distinto de concentrar y ejercer el poder político del Estado. La 4T debe poner freno a su escalada de subordinación y rendición al orden de acumulación-reproducción del capital predominante, a riesgo de ser avasallada. Construyendo vínculos con los desposeídos bajo el marco del clientelismo electoral e implementando leves modificaciones a dicho orden, la 4T quedará muy lejos de una transformación histórica genuina, y mucho más próximo del periodo de una reforma menor, que administra el aparato estatal y desorganiza y posterga los intereses de los desposeídos y trabajadores.
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La última intriga vaticana, digna de 'El Padrino': cardenales que compran palacios con el dinero para los pobres

Jesús Bastante

Sloan Avenue, 60. Barrio de Chelsea, Londres. El ladrillo reluciente de este remozado palacio en uno de los barrios más caros de la ciudad es el epicentro de una trama corrupta digna de El Padrino, que por el momento se ha cobrado la dimisión del jefe de seguridad vaticana, Domenico Giani, después de veinte años siendo la sombra de tres papas. El edificio londinense, propiedad del Vaticano, costó 200 millones de euros. 200 millones que salieron del dinero de la Iglesia católica para los pobres.

Los dineros vaticanos siempre han estado rodeados de misterio, luchas de poder, odio e incluso muerte. También en Londres, el 18 de junio de 1982 apareció ahorcado en el puente de Blackfriars Roberto Calvi, apodado 'el banquero de Dios', después de haber financiado, junto al todopoderoso arzobispo Marcinkus, fondos del IOR (Banco Vaticano) y el Banco Ambrosiano que, en muchas ocasiones, se destinaron a la mafia o las operaciones anticomunistas que Juan Pablo II fomentó en Polonia. Este sangriento episodio aparece retratado en la última entrega de la trilogía de Francis Ford Coppola, en 1990.   

Bertone, Becciu y la AIF, involucrados

37 años después, la capital británica vuelve a ser protagonista de intrigas vaticanas. Este escándalo financiero implica el dinero del Óbolo de San Pedro, que las iglesias de todo el mundo entregan al Vaticano para obras de caridad del Papa y que se desviaron para negocios turbios que involucran el pontificado de Benedicto XVI –y a su secretario de Estado, Tarcisio Bertone–, pero también al actual prefecto de Causas de los Santos, Angelo Becciu. Resucitan además otra polémica de comienzos del papado de Francisco: el 'Vatileaks II', que llevó a juicio al español Lucio Ángel Vallejo Balda y a su colaboradora Francesca Chaouaqui, así como a dos periodistas italianos, Gianluiggi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, acusados de filtración de documentos.

Este último ha sido quien destapó el último escándalo desde las páginas de L'Espresso, a través de los máximos responsables del IOR y de la Oficina del Revisor General vaticano. Ellos advirtieron en junio al Papa de posibles delitos financieros que podrían implicar a varios trabajadores de la Secretaría de Estado y de la Autoridad Internacional Financiera (AIF), órganos que supuestamente estarían detrás del trabajo de transparencia financiera del Vaticano.

De hecho, entre los acusados está Tommaso Di Ruzza, presidente de la Agencia de Información Financiera, encargada de controlar los blanqueos de capitales. Los lazos entre los responsables del dinero vaticano y los poderes económicos italianos es evidente. Ruzza es yerno del ex gobernador de la Banca d’Italia, Antonio Fazio.

Otro investigado es monseñor Mauro Carlino, jefe del Departamento de Información y Documentación, los 'ojos' del Vaticano para sintetizar lo que sucede fuera y para orientar al departamento de Comunicación. Carlino fue hasta el año pasado secretario del cardenal Becciu. Los otros tres encausados son Vincenzo Mauriello y Fabrizio Tirabassi, dirigentes de la Secretaría de Estado; y una empleada de la administración, Caterina Sansone.

El 'pecado' de la filtración

"Al día siguiente de la divulgación de la nota de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, las personas sometidas a las investigaciones han sido objeto de un verdadero escándalo mediático con la publicación de sus fotos, a pesar de que todavía no se han determinado las posibles responsabilidades", lamentó oficialmente  el Vaticano. "Las personas involucradas en la investigación tenían y tienen derecho a ser respetadas por su dignidad como hombres y mujeres, ya sean sacerdotes o padres y madres de familia", sostiene.

El Papa se mostró furioso por la publicación de la noticia sobre la investigación, que llegó a ser calificada de 'pecado mortal'. El Vaticano mantiene una difícil relación con Fittipaldi, el periodista que la publicó, desde que fue exonerado de ser juzgado en el caso Vatileaks II.

De hecho, la filtración de los nombres de los investigados provocó la renuncia de Domenico Giani como Comandante de la Gendarmería Vaticana. Fuentes cercanas al Papa ven su cese como una estrategia para eliminar a algunos colaboradores del Pontífice, entre los que se encontraba Giani, y miran al cardenal Becciu y al 'clan de los italianos' como artífices de una trama para evitar perder el control de la Curia, y de sus fondos. 

En todo caso, Francisco ha querido dejar clara su confianza en Domenico Giani, a quien visitó en su casa, y que podría ayudarle a continuar con su política de transparencia en la Santa Sede, bien desde fuera, bien desde algún puesto pontificio creado específicamente para él.

Fondos de inversión en Italia, Rusia, Malta o Jersey

¿Pero qué ha sucedido en Roma para que, por primera vez en la Historia la Gendarmería vaticana entrara en la Secretaría de Estado y se incautara de cientos de folios de documentación, ordenadores, tablets y teléfonos móviles? La investigación apunta a un fondo británico, gestionado por oscuros monseñores vaticanos, que tras el referéndum del Brexit sufrió pérdidas millonarias.

No sólo eso: está detrás de transacciones financieras entre Roma, Londres y Luxemburgo en los últimos ocho años, que llevaron el dinero vaticano a fondos de inversIón controlados en Italia, Rusia, Malta y Jersey. Según apunta Fittipaldi, entre unos y otros llegaron a invertirse hasta 800 millones de euros provenientes del Óbolo de San Pedro y el Fondo Pablo VI, para la sociedad WRM y la inversora Athena Capital Found, ambas con sede el Luxemburgo. Es ésta última la que logra el contrato para invertir los 200 millones de euros en distintos inmuebles, entre ellos el palacio del barrio de Chelsea. Becciu y el anterior responsable de los fondos de la Secretaría de Estado, monseñor Alberto Perlasca, podrían haber ejercido como intermediarios con Athena.

El edificio de la Sloane Avenue, en Londres, que fue adquirido con el dinero para la caridad.

La economía, uno de los puntos negros de Bergoglio

Todos las miradas apuntan al cardenal Becciu, quien hasta hace poco fue Sustituto de la Secretaría de Estado. De hecho, es su sucesor, el venezolano Edgar Peña Parra, quien habría impulsado la investigación, tras comprobar algunas irregularidades en los archivos de su antecesor. En el trasfondo, una lucha de poder entre los afines a los cambios propugnados por Francisco que, en el ámbito económico, supondrán que los fondos de todas las congregaciones habrán de pasar por el control de la Secretaría de Estado, acabando así con el descontrol financiero de la Curia vaticana.

Según se desprende de la investigación, Becciu era la firma que autorizaba las inversiones investigadas por la Gendarmería vaticana, y que podrían superar los 200 millones de euros. Tal y como explica Financial Times, pudo haber jugado un papel fundamental en las reformas financieras del Vaticano, protagonizando enfrentamientos con el entonces 'superministro de Economía' vaticano, George Pell, hoy condenado por pederastia en Australia.

En todo caso, la operación de la Gendarmería deja en punto muerto el trabajo que la AIF estaba llevando a cabo para fomentar la transparencia financiera del Vaticano, y se une a las caídas de otros personajes que en su día trataron de hacerse cargo del poder económico romano. Desde el español Vallejo Balda al cardenal Pell, condenado por pederastia en Australia y que durante años ejerció como 'superministro de Economía' vaticana, pasando por el anterior revisor general, Libero Milone, despedido tras haber sido sorprendido en operaciones cuando menos sospechosas. Todos ellos fueron nombrados por Francisco: algo que sus enemigos están utilizando para atacar al pontífice argentino y su supuesta ineficacia para gestionar la todopoderosa maquinaria financiera de la Iglesia católica.

Fuente:https://www.eldiario.es/sociedad/Sinodo-Amazonia_0_949105831.html

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