¿Quién es y qué piensa Claudia Sheinbaum?

La "hija del 68" que quiere gobernar México

 Cecilia González

¿Quién es, de dónde viene y cómo piensa la mujer que se prepara para dirigir los destinos de México? ¿Podrá independizarse de su mentor y líder incombustible, Andrés Manuel López Obrador, y ser más que su heredera? La candidata de Morena aparece con ventaja en las encuestas y el apoyo del presidente, que parecen asegurarle la victoria el próximo 2 de junio.

1 de octubre de 1991. The Stanford Daily reporta en su portada una protesta de estudiantes contra Carlos Salinas de Gortari, el presidente de México que ha disertado en esa universidad estadounidense para promover el neoliberalismo, del que es uno de los principales y más aplaudidos exponentes latinoamericanos. El artículo está acompañado por una fotografía en blanco y negro de los manifestantes. Al centro destaca una joven mexicana de rostro adusto, cabello sujeto por una vincha y camisa de manga corta que, con sus enérgicos brazos en alto, muestra una pancarta con la leyenda: Fair Trade and Democracy Now! («¡Comercio justo y democracia ahora!»). A su lado, otro cartel sugiere fraude al preguntar cuánta gente muerta votó en las presidenciales de México en 1988; en otro más se lee: «México, la dictadura perfecta», una frase reconvertida en lugar común que resume la vida política de un país donde desde hace décadas gana el mismo partido.

La joven se llama Claudia Sheinbaum Pardo. Es una física de 29 años, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que realiza una estancia académica en Stanford. En su equipaje transfronterizo lleva un intenso activismo político que combina su reciente papel protagónico en una histórica huelga universitaria y la militancia a favor de los derechos humanos y la democratización del país.

Tres décadas más tarde, la científica postea en sus redes sociales la amarillenta portada del Stanford Daily para recordar que toda su vida luchó en contra del neoliberalismo. Que siempre fue una dirigente de izquierda. Que la congruencia es uno de sus valores políticos.

«Conservo el mismo sentimiento y anhelo de justicia social, para que haya patria para el pobre y patria para el oprimido», escribe en los albores del lanzamiento de una larga campaña que el próximo 2 de junio la puede convertir en la primera presidenta en la historia de México. Y en la guardiana del legado que dejará Andrés Manuel López Obrador.

Heredera

«Soy hija del 68», suele decir Sheinbaum. En México no hace falta explicar mucho para entender las implicaciones políticas de esta definición. El año 1968 remite de inmediato a la primera gran huelga universitaria que culminó en la masacre de Tlatelolco y en los cientos de estudiantes indefensos, heridos, detenidos y ejecutados ese 2 de octubre. Es el momento en que el poder del PRI, el oximorónico Partido Revolucionario Institucional, comenzó a horadarse.

La dolorosa represión, que marcó para siempre la memoria social mexicana, fue el germen de una nueva clase política que militó un largo y trabajoso proceso de democratización. Veinte años después, el ala izquierda de un partido que podía albergar ideologías disímiles se rebeló y abandonó al PRI. Cuauhtémoc Cárdenas fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y lideró a los disidentes, entre los que se encontraba el aún joven Andrés Manuel López Obrador.

En 1988, la candidatura presidencial de Cárdenas puso por primera vez en jaque el poder del PRI. Aunque finalmente Salinas de Gortari fue declarado ganador, las elecciones arrastraron la eterna sombra de fraude y el sistema de partido único se resquebrajó. Luego vendría la esperada y tardía alternancia del año 2000, de mano de la derecha del Partido Acción Nacional (PAN), representada por Vicente Fox y su sucesor, Felipe Calderón. Mientras, el gobierno de la Ciudad de México también operaba cambios, en tanto pasaba a ser liderado por Cárdenas primero (1997-1999) y por López Obrador después (2000-2005). Finalmente, se produciría el regreso del PRI al gobierno nacional de la mano de Enrique Peña Nieto y las tres campañas presidenciales de López Obrador, un político que pareció no perder nunca la paciencia.

Ahora es el turno de Sheinbaum, que lo acompaña fielmente desde hace 24 años.

La candidata que lidera las encuestas es hija del químico Carlos Sheinbaum Yoselevitz (descendiente de una familia judía lituana que migró a México a principios del siglo pasado) y de la bióloga Annie Pardo. Ambos son egresados de la UNAM y fueron activistas en la resistencia estudiantil de ese 1968 que hoy ella tanto reivindica.

La ciencia y el compromiso político de izquierda habitaron la casa natal de Sheinbaum. Por eso no sorprendió que la mujer nacida en 1962 decidiera estudiar la carrera de Física, ni que de muy jovencita apoyara a Rosario Ibarra de Piedra, la madre de un joven desaparecido durante la guerra sucia de México de los años 70 que se convirtió en una legendaria dirigente de derechos humanos y, en 1982, en la primera mujer candidata a la Presidencia.

Menos aún sorprendió que, a mediados de la década de 1980, la joven Sheinbaum formara parte del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) que lideró la segunda huelga más importante que se registró en la UNAM desde 1968. La defensa de la autonomía y la gratuidad universitaria era un principio familiar. Los estudiantes ganaron. Y el nombre de Claudia Sheinbaum apareció por primera vez en los medios.

El movimiento estudiantil representó el comienzo de su carrera política, en tanto los miembros del CEU se transformaron en el sector juvenil del PRD que fundaron Cárdenas y otros legendarios dirigentes y que, desde 1989, aglutinó a la izquierda mexicana.

Lealtad

A principios de la década de 2000, parecía que el destino de Sheinbaum sería la academia. Hacía años que alternaba su trabajo como investigadora de la UNAM con la vida familiar al lado de su esposo Carlos Ímaz (otro de los líderes estudiantiles de la huelga de 1986 y también fundador del PRD) y sus dos hijos.

Pero ese año López Obrador ganó la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la invitó a asumir como su secretaria de Medio Ambiente. Aunque apenas se habían visto en algunas reuniones políticas, Sheinbaum aceptó el desafío. El primer cargo público de la científica implicó el inicio de una relación marcada por la lealtad a López Obrador y por la confianza plena de este hacia Sheinbaum. Desde entonces, nunca más se separaron.

La relación política entre ambos se fortaleció en 2006, durante la primera campaña presidencial de López Obrador en la que Sheinbaum ejerció como vocera. Al igual que la de 1988, la elección de 2006 también estuvo manchada por las denuncias de fraude. López Obrador impugnó y resistió el triunfo del conservador Felipe Calderón, organizó un plantón que duró meses en la Ciudad de México y armó un gabinete paralelo en el que Sheinbaum juró como secretaria de Defensa del Patrimonio Nacional. Pero no sirvió de nada.

Con la derrota a cuestas, y ya fuera de la Alcaldía capitalina, López Obrador se consolidó como el principal líder opositor de México. Siempre con Sheinbaum al lado. En 2012, el político protagonizó su segunda campaña presidencial y la presentó como su futura secretaria de Medio Ambiente. Fue otra aventura trunca.

Mientras el PRI regresaba al poder con Peña Nieto, López Obrador rompía con el PRD, que estaba sumido en escándalos de corrupción y atravesado por disputas internas, y se enfrascaba en la consolidación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al que presentaría como el nuevo y único partido de la izquierda mexicana. Su partido. Otra vez, Sheinbaum ejerció de fiel aliada, como fundadora y operadora política.

La figura pública de la ex-funcionaria adquiría cada vez más relevancia. En 2015 se postuló por primera vez a un cargo de elección popular. Cobijada por Morena, que se estrenaba en las boletas electorales, ganó la Alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México. Un par de años más tarde, anunció que contendería por la Jefatura de Gobierno de la capital. Por supuesto, contaba con el respaldo absoluto de López Obrador, quien al mismo tiempo encabezó su tercera, y por fin triunfadora, campaña presidencial.

El 1 de diciembre de 2018, en una ceremonia que coronó décadas de luchas de la izquierda mexicana, López Obrador juró como presidente. Cinco días después, Sheinbaum lo hizo como jefa de Gobierno. Morena comenzó a gobernar el país y la capital. Se convirtió en el partido más poderoso de México. Los históricos PRI, PAN y PRD quedaron hechos trizas y, ni siquiera aliándose, lograron recomponerse.

En el momento en que Sheinbum asumió su nuevo cargo, se convirtió automáticamente en precandidata a la Presidencia para 2024. Y desde el primer día trabajó con ese objetivo.

Dependencia

El 3 de mayo de 2021, 27 personas murieron al desplomarse el paso elevado de una estación del metro capitalino, uno de los más grandes del mundo. La tragedia desató la peor crisis que enfrentó Sheinbaum al frente de la capital mexicana. Su fortaleza política fue puesta en duda pero, contra todos los pronósticos, salió airosa.

Pese a las denuncias de corrupción en la construcción de la Línea 12, a los testimonios de los usuarios que enumeraron las cotidianas deficiencias del funcionamiento del metro y de la intensa campaña mediática en su contra, Sheinbaum no perdió apoyos de manera significativa.

Parecía que nada le haría mella. Tampoco su contradictoria confrontación con el movimiento de mujeres al que ella, la primera jefa de Gobierno electa en la Ciudad de México, una de las políticas que rompió infinidad de techos de cristal, no adhirió. Quedan para la historia del feminismo mexicano las represiones policiales a las protestas callejeras de mujeres en la era Sheinbaum. Hasta hoy, no hay reconciliación posible con gran parte de los colectivos. Sheinbaum no es su aliada. La relación con los colectivos de familiares de desaparecidos también estuvo marcada por la tensión, la desconfianza y, en algunos casos, la decepción hacia una jefa de gobierno que no abrazaba la búsqueda de las víctimas.

La actual candidata a la Presidencia enfrentó, además, luces de alarma en las elecciones intermedias de 2021. El predominio que la izquierda presumía en la capital desde 1997–cuando la ciudad cambió de estatus político y empezó a tener jefe de gobierno, un poder legislativo propio y jefes delegacionales que luego mutaron a alcaldes– se resquebrajó. Aunque no perdió en todas las alcaldías, la debacle de votos le restó poder a Morena en uno de los distritos más estratégicos del país, territorio obradorista por excelencia.

La responsabilidad política de la derrota era de la jefa de gobierno, así que la viabilidad de su candidatura presidencial se puso en duda. Pero López Obrador la blindó.

«Es Claudia»

«Claudia es una mujer excepcional. Claudia es muy trabajadora. Claudia es honesta. Claudia es muy buena dirigente. Claudia es muy inteligente. Claudia está muy preparada. Claudia es congruente. Claudia le tiene amor al pueblo. Claudia es una gran mujer. Claudia es de primera». El presidente halaga de manera permanente a Sheinbaum, a costa, incluso, de las reiteradas sanciones del Instituto Nacional Electoral (INE) que cada tanto le recuerda que no puede intervenir en la campaña en favor o en contra de ninguna candidatura. López Obrador, simplemente, desobedece.

Lo hace desde el púlpito político en el que supo convertir sus diarias y extensas conferencias de prensa. En «las mañaneras», López Obrador prometió neutralidad en la pelea de Morena por la candidatura presidencial, pero jamás dejó de evidenciar su favoritismo hacia la ex-jefa de Gobierno.

El rol del presidente fue fundamental para que Sheinbaum venciera a los cinco contrincantes que la enfrentaron dentro de la coalición Sigamos Haciendo Historia (compuesta por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México). Por eso, el ex-canciller Marcelo Ebrard, su principal antagonista, exigió una y otra vez un «piso parejo». Denunció las «trampas» en los sondeos que le dieron la victoria a Sheinbaum (la selección se basó en encuestas), se refirió a una situación de «inequidad», criticó el uso indebido de recursos públicos en favor de la candidatura de la favorita de AMLO, como todos llaman al mandatario mexicano, e hizo hincapié en los misteriosos e ilegales carteles que se pegaron en todo el país con el lema «Es Claudia». Todavía hoy, no se sabe quién pagó esa millonaria campaña que le otorgó proyección nacional a una candidata que prácticamente solo era conocida en la capital. De nada sirvieron las acusaciones. En septiembre pasado, Sheinbaum fue confirmada como ganadora de la interna y López Obrador le traspasó un «bastón de mando», símbolo indígena del poder máximo.

En esa ceremonia, la nombró su sucesora y líder del movimiento de «la Cuarta Transformación», la «4T», como bautizó López Obrador a su gobierno en aras de dotarlo de un aura épica porque, según él, esta gestión simboliza cambios tan profundos que se equipara a la Independencia de 1810, la guerra de Reforma del siglo XIX y la Revolución de 1910.

Sheinbaum asumió por completo el desafío, repitió el eslogan obradorista «por el bien de todos, primero los pobres» y se comprometió a defender y profundizar la «4T». Es su principal promesa de campaña, parte de una estrategia que busca un efecto contagio para capitalizar a su favor la alta e inmutable imagen positiva de López Obrador. Es el propio AMLO quien, cada tanto, muestra en sus «mañaneras» los estudios de la consultora Morning Consult que afirman que es el segundo jefe de Estado más popular del mundo, solo superado por el primer ministro de la India, Narendra Modi.

El apoyo categórico de López Obrador es la principal fortaleza de Sheinbaum y lo que le ha permitido liderar la competencia electoral. Pero es, también, su talón de Aquiles, por las dudas –impregnadas en muchos casos de un tufillo machista– que desata su dependencia del líder político más importante que el país ha tenido en las últimas décadas.

Ventaja irremontable

A dos meses de la elección, las encuestas coinciden en que Sheinbaum goza de una ventaja irremontable de 20 a 30 puntos frente a su principal competidora, la conservadora Xóchitl Gálvez, quien suele advertir que compite contra Claudia y contra el presidente. El tercer candidato en discordia, Jorge Álvarez Máynez (Movimiento Ciudadano), ni siquiera supera el dígito de intención de voto.

Las cifras a favor de la candidata de Morena han sido estables a lo largo de la campaña. Al igual que ocurrió durante su paso por la Jefatura de Gobierno, ninguna polémica ha derrumbado su imagen. No la afectó ni siquiera el inesperado «fuego amigo» que recibió en enero pasado, cuando la periodista Sanjuana Martínez denunció que la campaña de Sheinbaum estaba financiada con sobornos. Martínez, una famosa y conflictiva reportera con una trayectoria colmada de escándalos, fue designada, durante el primer tramo del gobierno de López Obrador, como directora de Notimex, la agencia estatal de noticias, pero su ingreso dio inicio a un largo conflicto sindical que el presidente resolvió el año pasado con una tajante decisión: cerró el medio estatal y ordenó la liquidación del personal.

Según la periodista, diversos funcionarios les pidieron a los trabajadores de Notimex, y a ella misma, 20% de sus indemnizaciones para destinarlo de manera ilegal a la campaña de la candidata oficialista. Para peor, Martínez publicó la denuncia en La Jornada, un tradicional diario de izquierda aliado incondicional de López Obrador. A la oposición se le hizo agua la boca.

El presidente había defendido sin fisuras a Martínez a pesar de las incesantes advertencias de que, en algún momento, podría convertirse en un dolor de cabeza para el gobierno. Los antecedentes sobraban. Ese día, por fin, le soltó la mano y de inmediato defendió con fervor a Sheinbaum, quien negó cualquier acto de corrupción.

Con el paso de los días, la tormenta política amainó y Sheinbaum continuó con una campaña que puede llevarla a Palacio Nacional y en la que, más que el resultado electoral, las dudas pasan por saber si López Obrador cumplirá con su compromiso de retirarse de la vida pública una vez que termine su mandato, lo que genera escepticismo proviniendo de un líder con cinco décadas de militancia que está habituado a hacer política tanto como a respirar.

¿Podrá independizarse Sheinbaum de su mentor? ¿O López Obrador seguirá gobernando en las sombras? ¿Qué hará Sheinbaum con los militares, a quienes el presidente, en plena contradicción con sus promesas previas, les otorgó tanto poder durante este gobierno? ¿Cómo la recibirá un poder castrense machista por excelencia? ¿Qué hará con los cárteles, con los narcotraficantes, con la violencia interminable, con la crisis humanitaria en el país de los más de 100.000 desaparecidos? Si se confirman los vaticinios de las encuestas, en los próximos meses tendremos las respuestas.

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 https://www.nuso.org/articulo/la-hija-del-68-que-quiere-gobernar-mexico/

 

López Obrador: acto final

Patrick Iber, Humberto Beck

El presidente de México ha construido su sostenida popularidad combinando políticas y posturas tradicionalmente identificadas con la izquierda y la derecha. Con un particular carisma, ha logrado una persistente popularidad, que hoy hace casi segura una victoria de Claudia Sheinbaum en las presidenciales del próximo 2 de junio.

Durante sus cinco años en el cargo, Andrés Manuel López Obrador, dejó rara vez el país. Pero en septiembre de 2023, AMLO, como es comúnmente conocido, viajó a Colombia y a Chile, países latinoamericanos hoy gobernados también por la izquierda. En Colombia, se reunió con el presidente Gustavo Petro y participó en la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, donde Petro exigió poner fin a la fallida estrategia de «considerar que las drogas son un problema militar y no un problema de salud de la sociedad». El presidente mexicano señaló que preservar la unidad familiar y combatir la pobreza son acciones claves en la lucha contra las drogas. En Chile, se sumó al presidente Gabriel Boric en la conmemoración del decimoquinto aniversario del golpe de Estado que depuso al presidente socialista Salvador Allende. AMLO, que tenía 19 años en aquel momento, recuerda vívidamente el golpe. (Boric, en cambio, nació en 1986.) En la conferencia de prensa conjunta, Boric alabó a México por haber ofrecido refugio a miles de chilenos obligados a exiliarse a causa de la dictadura de Augusto Pinochet. AMLO describió a Allende como «el dirigente extranjero que más admiro» y agregó: «fue un humanista, un hombre bueno, víctima de canallas».

Si el objetivo del viaje fue enviar un mensaje de unidad para los líderes de izquierda, hubo no pocas ironías. AMLO voló en un avión militar a fin de evitar el espacio aéreo peruano, donde ha sido declarado persona non grata por apoyar a un presidente que trató sin éxito de disolver el Congreso del país para permanecer en el poder. Petro condenó la militarización de la guerra contra las drogas y Boric lamentó la intervención militar en la política chilena, pero AMLO ha asignado a los militares de México un mayor rol no solo en las campañas antidrogas sino también en otras áreas del gobierno. Boric ha criticado abiertamente el autoritarismo en la izquierda y la derecha, mientras que AMLO ha guardado silencio respecto de los gobiernos de izquierda autocráticos de Cuba y Nicaragua, en nombre del respeto por la soberanía. Pero la mayor ironía, tal vez, sea que AMLO retiene el apoyo popular en su país, mientras que Petro y Boric han tenido dificultades en los suyos.

«El presidente Allende nos dejó muchas lecciones», dijo AMLO en Chile. «De él aprendimos que la mejor forma de lograr una verdadera transformación depende en mucho del esfuerzo que hagamos para despertar la conciencia cívica, del cambio de mentalidad en nuestros pueblos, no sólo de un grupo o una minoría, sino de amplios sectores de la población, de una mayoría lo suficientemente poderosa para establecer un nuevo orden social y político». Esta fue una lección dolorosa del fracaso de Allende: su apoyo electoral no fue nunca mayoritario. Pero el de AMLO sí. En el inicio de su último año en el cargo, los índices de aprobación están donde han estado desde hace varios años: entre 60% y 70%. A fines de 2023, Petro y Boric languidecían en niveles cercanos a 30%.

Sin embargo, el gobierno de AMLO ha debido enfrentar críticas considerables en su país y en el exterior, entre ellas por lo que se percibe como un retroceso de la democracia. Y muchos de los problemas que pesan sobre Petro y Boric también pueden estar presentes en el caso de AMLO. Petro ha debido lidiar con acusaciones de corrupción contra miembros de su familia, al igual que AMLO. Boric ha sido criticado por su manejo del delito violento y la inmigración, al igual que AMLO.

No obstante, AMLO es el único entre ellos que ha construido una base de apoyo amplio y la ha conservado. Su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), parece preparado para retener el control de la Presidencia una vez que él deje el cargo y para seguir siendo la fuerza política dominante del país. (Los presidentes de México cumplen un único mandato de seis años en el cargo, sin posibilidad de reelección). Sin embargo, es más difícil elucidar qué significa el legado de AMLO para la izquierda de América Latina. No construyó su sostenida popularidad sobre la base de posturas exclusivamente de izquierda, sino combinando políticas y posturas tradicionalmente identificadas con la izquierda y la derecha. En otras palabras, construyó una nueva hegemonía política en México desarrollando una izquierda curiosamente conservadora. Como tal, la política mexicana se reconfiguró en campos pro- y anti-AMLO, con partes de la izquierda en ambos, lo cual deja a la izquierda sin una salida institucional clara.

La economía

Después de años de un desempeño económico mediocre, México está registrando un crecimiento significativo. Las remesas desde Estados Unidos aumentaron, mientras que el nearshoring (la práctica llevada adelante por empresas estadounidenses de instalar sus fábricas en México en lugar de Asia para reducir costos de transporte), así como las presiones internacionales orientadas a independizar las cadenas de suministro de China produjeron un fuerte flujo de inversiones extranjeras. El peso mexicano incrementó en forma significativa su valor en los dos últimos años. El desempleo se encuentra en mínimos históricos, la pobreza disminuyó, las reformas progresistas expandieron los derechos laborales y los aumentos del salario mínimo ayudaron a incrementar el poder adquisitivo.

AMLO también se atribuye el mérito de haber ampliado los programas sociales, pero la realidad no es tan clara. Por un lado, son más los mexicanos que cuentan con algún tipo de programa social que en los años anteriores al gobierno de Morena, y el monto total del gasto por beneficiario se ha incrementado. Sin embargo, como porcentaje del PIB, el gasto social es ligeramente más bajo que durante el gobierno anterior a AMLO, y es el más bajo entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El principal cambio estructural en el mandato actual consistió en desmantelar planes de transferencia de efectivo más pequeños y, a menudo, condicionales en favor de jubilaciones universales por vejez y algunos otros programas insignia. La expansión de las jubilaciones universales constituye un desarrollo positivo, y muchos mexicanos que han trabajado arduamente con salarios muy bajos durante décadas están comprensiblemente agradecidos. Pero a pesar del eslogan gubernamental «Por el bien de todos, primero los pobres», un porcentaje más reducido del gasto social general va a los muy pobres, y el sistema ha perdido, en realidad, cierta progresividad. Los datos de 2022 muestran que el decil de ingresos más bajos recibe un porcentaje menor de beneficios hoy que antes de AMLO. Más de la mitad de las familias extremadamente pobres no reciben beneficio alguno. Mientras tanto, son más que antes las personas situadas en la categoría de más altos ingresos que reciben ayuda social, en parte porque el programa más importante se basa en la edad y no en el ingreso. Si bien la pobreza se ha reducido en forma modesta, la pobreza extrema, en realidad, creció.

En nombre de la lucha contra la corrupción y la «austeridad republicana», el gobierno de AMLO le retiró recursos a una cantidad de instituciones estatales. Como resultado, se creó una grave situación en las instituciones públicas de salud: según las propias cifras del gobierno, la cantidad de mexicanos que carecen de acceso a la atención de la salud aumentó de 20,1 millones en 2018 a 50,4 millones en 2022. El plan federal de atención de la salud se encuentra subfinanciado, además de ser inadecuado. El presupuesto 2024, aprobado en noviembre pasado, incluye un aumento de fondos para programas sociales, de modo que el próximo año electoral puede traer mayor generosidad. No obstante, la mayor prioridad en el presupuesto se otorgó a las Fuerzas Armadas, para las cuales la financiación aumentó en más de 130% respecto del año anterior.

Delito y violencia

El incremento en los fondos destinados a los militares refleja la decisión de AMLO de elevar el estatus de las Fuerzas Armadas como institución. Fue el presidente conservador Felipe Calderón quien durante su mandato (2006-2012) dispuso por primera vez la participación a gran escala de los militares en la lucha contra el delito organizado. Desde entonces, la violencia y el delito persistieron como un grave problema grave, aunque desigual desde el punto de vista geográfico, para México; cuanto mayor fue la intervención de los militares, más crecieron la violencia y el delito. Durante la campaña, AMLO prometió reducir esta participación, pero una vez en el poder hizo lo opuesto. Le otorgó a las Fuerzas Armadas un rol decisivo en una serie de áreas, entre ellas la construcción y administración de grandes proyectos de infraestructura, la vigilancia policial de los migrantes, el control de los puertos, aeropuertos y aduanas, e incluso la operación de una nueva aerolínea comercial.

AMLO justifica estas acciones invocando la supuesta eficacia, lealtad e incorruptibilidad de los Fuerzas Armadas. Sin embargo, dada la índole jerárquica y reservada de las organizaciones militares, el recurso de AMLO a los militares entraña el riesgo de incrementar la opacidad y falta de rendición de cuentas del Estado mexicano. Según el politólogo Julio Ríos-Figueroa, las Fuerzas Armadas mexicanas jamás hicieron una transición completa a un régimen democrático y siguen insistiendo en la autonomía institucional. Ni la Secretaría de Defensa ni la Secretaría de Marina (equivalentes a ministerios) se encuentran bajo el comando de un civil, como es habitual en otras democracias latinoamericanas. Se encuentran, en cambio, bajo la dirección de oficiales militares de alto rango que a menudo se rehúsan a informar sus actividades ante instituciones como el Congreso. De acuerdo con la investigadora Sonja Wolf, AMLO «también expandió la presencia, las atribuciones y los presupuestos de las Fuerzas Armadas en detrimento de las instituciones civiles encargadas de hacer cumplir la ley y de la justicia penal». Además, escribe, «las tareas y recursos asignados a las fuerzas armadas tienden a estar exentos de obligaciones de transparencia». Por ejemplo, la Guardia Nacional, una fuerza nueva creada como sustituto de la Policía Federal, opera de acuerdo con estándares militares, en contraposición a las fuerzas policiales civiles, y la mayoría de sus miembros y mandos son militares. Soldados de las Fuerzas Armadas están implicados de manera habitual violaciones de los derechos humanos, como el reciente asesinato de cinco civiles desarmados en Nuevo Laredo.

El mayor recurso a los militares no se tradujo en mejoras sostenidas de la seguridad pública. Si bien se ha registrado una leve reducción del índice de homicidios (una reducción de menos de 10%), la extorsión se incrementó en casi 30% y surgieron nuevas organizaciones delictivas. El número oficial de personas desaparecidas en México es de más de 100.000, y algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos estiman que ese número podría ser mucho mayor. Según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, para fines de 2022 había 37.600 nuevos desaparecidos durante el mandato de AMLO, más que en cualquiera de los dos gobiernos anteriores. Dadas las actuales tendencias, es probable que el mandato de AMLO sea el más violento en la historia moderna de México.

Pluralismo

La victoria que obtuvo AMLO en 2018 mucho le debió a la deteriorada imagen pública de los partidos anteriormente el poder: el conservador Partido Acción Nacional (PAN) de Felipe Calderón y el otrora hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernó con Enrique Peña Nieto. La reputación del PAN se vio más gravemente dañada por el proceso penal contra Genaro García Luna, ex-secretario de Seguridad Pública de Calderón, que fue declarado culpable en 2023 de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa. Por su parte, el PRI, que debió enfrentar los efectos colaterales de sus propios escándalos de corrupción, perdió su último bastión, la gobernación del Estado de México, en 2023. La creación de Morena también dejó al Partido de la Revolución Democrática (PRD), que en el pasado fuera el abanderado de la izquierda, como una carcasa vaciada de identidad. El PRD, tras procurar mantener una opción «socialdemócrata» viable, se alió con sus antiguos opositores de derecha y está a punto de desaparecer por completo. Un partido nuevo que permanece fuera de la coalición de AMLO, Movimiento Ciudadano, controla algunas gobernaciones, pero sigue siendo ideológicamente vago a pesar de emplear una retórica socialdemócrata.

Durante la transición de México a la democracia, a fines de la década de 1990 -que culminó en la derrota del PRI en la elección de 2000-, los líderes partidarios de izquierda y derecha convergieron en temas como elecciones limpias y una estructura de gobierno liberal y democrática que incluyera la separación de poderes e instituciones independientes. A AMLO este modelo no lo atrae y se ha enfrentado con varias instituciones. AMLO siempre prefirió una «democracia popular» a una democracia liberal. «El gobierno es el pueblo organizado, y el mejor gobierno es cuando el pueblo se organiza», ha declarado describiendo un sistema mediado por un líder carismático que conoce y representa los intereses del pueblo.

AMLO demostró su capacidad para movilizar grandes multitudes. Más de una vez, sus seguidores llenaron la plaza central de Ciudad de México, el Zócalo, para celebrarlo a él y a su gobierno. Pero en febrero de este año, el Zócalo se llenó, en cambio, de críticos que marcharon en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) contra los cambios instituidos por Morena que restringirían la autonomía y las capacidades de la autoridad electoral y habilitarían mayor influencia de la rama ejecutiva del gobierno en las elecciones. Los manifestantes, mayormente miembros de las clases media y alta urbanas, esperaban alentar a la Suprema Corte para que anulara los cambios. AMLO, como suele hacerlo, calificó a quienes no acordaban con él como parte del «bloque conservador». «Solían fingir que había diferencia entre el PRI y el PAN», dijo en una de sus conferencias matutinas diarias. «Y ahora sabemos que no es así. Caminan juntos, de la mano».

A medida que se aproxima el fin de su mandato, AMLO fue intensificando sus esfuerzos por centralizar la autoridad y el poder en la figura del presidente, usando un lenguaje polarizante contra la oposición, la prensa, las elecciones electorales y de transparencia autónomas. A esos opositores ahora ha sumado el Poder Judicial, en especial la Suprema Corte, que en efecto rechazó la reforma electoral propuesta por su partido. AMLO anunció su intención de obtener en 2024 una mayoría legislativa que enmiende la Constitución de modo tal que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por el voto popular. Dada la capacidad de AMLO y de Morena para influir en la movilización social, una reforma de esa índole probablemente significaría el fin de la separación de poderes.

Movimientos sociales

Si bien AMLO concibe la democracia como un pueblo organizado que se gobierna a sí mismo, eso no significa que considere al pueblo organizado una parte de su gobierno. Su llegada al poder tuvo lugar tras intensas movilizaciones sociales que surgieron en respuesta a las deficiencias y limitaciones de los gobiernos previos elegidos democráticamente. Muchos esperaron que su gestión diera mayores respuestas a las demandas de los movimientos sociales y que, incluso, alentara la movilización como una forma de participación ciudadana. Lo que sucedió fue exactamente lo opuesto. AMLO ha mostrado hostilidad hacia las movilizaciones llevadas a cabo con el objetivo de expandir la inclusión social y, como resultado, se han producido una serie de conflictos y enfrentamientos. El presidente afirmó en ocasiones que los movimientos sociales son elitistas y engañosos. «En lugar de ayudarnos, nos ponen obstáculos», dijo. El presidente y muchos de sus seguidores parecen creer que, después de la victoria de 2018, la movilización social se volvió redundante, pues es el mandatario quien da voz a todas las demandas populares. O, peor aún, creen que esos movimientos actúan en forma deliberada o velada como aliados de sus opositores políticos, los conservadores, una etiqueta que el presidente aplica a sectores amplios y diversos de la política y la sociedad mexicanas que no acuerdan con sus políticas o se oponen a su estilo de gestión del Estado. La hostilidad de AMLO hacia los movimientos sociales revela su incomodidad con el pluralismo político y la autonomía social.

En las últimas décadas, surgieron en México importantes movimientos sociales -en defensa de los pueblos originarios, los inmigrantes, las mujeres, el medio ambiente y las víctimas del delito o la violencia- como respuestas a las crisis de las que los gobiernos democráticos previos no se ocuparon. Ninguno de esos movimientos encontró respuesta a sus demandas durante el mandato de AMLO. El presidente ha chocado con ellos y los ha menospreciado públicamente.

Los movimientos de los pueblos originarios se opusieron a algunos de los proyectos de infraestructura del gobierno por motivos ecológicos y culturales, y en respuesta AMLO ha tildado a sus miembros de «conservadores» y «radicales de izquierda». Un ejemplo fue «El Sur Resiste», una caravana internacional que recorrió el sur de México en protesta frente a los megaproyectos insignia de AMLO, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que el movimiento consideró insostenibles desde el punto de vista ambiental y socialmente destructivos. (Esos proyectos buscan impulsar el turismo y el comercio internacional, respectivamente, en los estados del sur de México). Otro ejemplo es el del líder comunitario Samir Flores, quien se opuso al Proyecto Integral Morelos, un megaproyecto hidroextractivista promovido por el gobierno mexicano en asociación con empresas españolas, y que resultó asesinado en 2019. Diversas organizaciones de la sociedad civil sostienen que las difamaciones de los activistas medioambientales por parte de AMLO ayudaron a precipitar su asesinato. En Chiapas, los zapatistas han sido hostigados por organizaciones paramilitares financiadas por productores de café que quieren desplazar al grupo autonomista de izquierda y usar sus tierras para recibir fondos de Sembrando Vida, otro de los proyectos insignia de política pública de AMLO. (Sembrando Vida otorga subsidios a los terratenientes a cambio de iniciativas de reforestación, pero ha sido aprovechado por personas que talan tierras boscosas para luego postularse para esos fondos).

El movimiento mexicano de mujeres ha sido especialmente señalado por el presidente en sus conferencias de prensa diarias. México registra niveles alarmantes de violencia contra las mujeres, desde acoso callejero y en los lugares de trabajo hasta abuso sexual, trata y asesinato. Lejos de atender las demandas del movimiento de poner fin a la exclusión y la discriminación de las mujeres, tras cada gran movilización feminista AMLO cuestionó la autenticidad del movimiento y lo mostró como una herramienta de sus adversarios políticos. El presidente se ha negado en forma reiterada a reunirse con representantes de movimientos defensores de víctimas de la violencia, a pesar de que muchos de ellos, como los colectivos de madres buscadoras, son blancos vulnerables de las organizaciones delictivas.

El paradigma de la divergencia entre AMLO y los movimientos sociales lo constituye la actual actitud gubernamental frente a la desaparición de 43 estudiantes de una escuela normal en Ayotzinapa, en 2014. Como líder de la oposición y candidato presidencial, AMLO criticó con frecuencia el manejo del caso por parte de Peña Nieto. En aquel momento, AMLO se alineó con los movimientos sociales que acusaban al Estado, en todos sus niveles, de complicidad con grupos delictivos, y lo hacían responsable de las desapariciones. Sin embargo, tras cinco años del mandato de AMLO, el crimen no ha sido resuelto. Según Juanita Goebertus, la directora de Human Rights Watch para las Américas, AMLO «permitió que la investigación se estanque, supuestamente para proteger a sus aliados en las Fuerzas Armadas».

A poco de la finalización del periodo presidencial de AMLO, es más claro que su proyecto político fusionó una crítica izquierdista del neoliberalismo y una serie de políticas económicas progresistas con impulsos conservadores en relación con cuestiones morales, de tributación y de organización del poder. No han existido esfuerzos reales por renovar realmente las instituciones mexicanas -de maneras que no estuvieran orientadas a centralizar el poder en la Presidencia- o por movilizar a la gente con otro propósito que no fuera apoyar al presidente. Los intentos de ampliar el poder presidencial tuvieron éxito en algunas esferas y fueron bloqueados en otras. Un peligro significativo radica en el hecho de que, a través del recurso a las Fuerzas Armadas, AMLO puede estar situando importantes funciones gubernamentales fuera del control de las futuras gestiones.

En las próximas elecciones de junio, Morena cuenta con una clara ventaja. La candidata del partido será Claudia Sheinbaum, ex-alcaldesa de Ciudad de México. Sheinbaum sería la primera mujer en la Presidencia de México (así como la primera de ascendencia judía), y en algunos aspectos, se considera que su pensamiento es más moderno que el de AMLO. Tiene un doctorado en ingeniería en energía y ha escrito extensamente sobre desarrollo sostenible, un concepto que AMLO tiende a desestimar. Pero Sheinbaum carece del vínculo singular que une a AMLO con los sectores populares mexicanos. Cuánto dependerá del actual presidente y cuánta influencia podría conservar AMLO en un gobierno futuro de Morena son preguntas abiertas de difícil respuesta.

Es probable que Sheinbaum se enfrentará a dos oponentes. Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, representa la coalición antipopulista del PAN, el PRI y el PRD. Gálvez, con algunos orígenes indígenas, ofrece una historia de triunfo sobre la adversidad. En público, se expresa con crudeza y, a veces, de manera soez. Las encuestas actuales muestran a Sheinbaum con un apoyo de alrededor de 50% y a Gálvez unos 20 puntos por debajo. Movimiento Ciudadano enfrentó una interna caótica luego de que el joven gobernador del estado norteño de Nuevo León, Samuel García, retirara su candidatura. Al final eligió como candidato al diputado Jorge Álvarez Máynez.

Para las partes de la izquierda mexicana que mantienen su compromiso con AMLO, la elección es fácil. Pero para quienes tienen serias reservas respecto de su desempeño y su conducta en el cargo, no hay una alternativa obvia. Un político tan dominante y polarizador como AMLO produce coaliciones inusuales; es probable que quienquiera resulte elegido tenga dificultades para llevar adelante una «democracia popular» siendo una figura menos popular. Para la izquierda mexicana, el futuro exigirá cierto grado de construcción a partir del legado de AMLO, cierto grado de reconstrucción de lo que se perdió y cierto grado de creación de lo que ni AMLO ni sus antecesores pudieron ofrecer: un camino hacia un país más justo e inclusivo que no dependa de una sola persona.

Fuente: https://nuso.org/articulo/amlo-acto-final/