MAR DE FONDO

 

Magistrados electorales incompetentes...y un nombramiento ilegal

 

Tulio Ortiz Uribe

En un solo párrafo, la Sala Regional Guadalajara del TEPJF no sólo resolvió declarar fundado el agravio (anular por presunta falsificación de firmas los registros y revocar las constancias de validez) propinado por los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de BCS a los candidatos a diputado de la coalición Unidos Contigo en los distritos V y XV, que ganaron por mayoría de votos el pasado 6 de junio, sino que los puso en evidencia por no conocer bien la Ley Electoral, ni estar al tanto de la jurisprudencia sobre la materia.

En la ponencia, los magistrados de la Sala Regional expusieron que asiste la razón a los candidatos agraviados, "porque la autoridad responsable no advirtió", como lo señala la Ley Electoral de BCS, "que se impugnaba el registro de candidatura correspondiente a una etapa que culminó cuando se inició la jornada electoral y que conforme se ha sostenido en diversos precedentes y tesis de este Tribunal, una vez finalizada la etapa electiva", ya no es posible regresar al punto en que se registraron los candidatos.

Como se recordará, el pasado 15 de agosto, el Tribunal integrado por los magistrados Sara Flores, Dulcinea Apodaca Ruiz y Raúl Jiménez, ordenó entregar nuevas constancias de mayoría en un plazo de 48 horas, a las candidatas de la coalición Morena-PT, Fernanda Villarreal González y Karina Olivas Parra, quienes habían obtenido el segundo lugar en los distritos V y XV.

Un nombramiento ilegal

El 7 de diciembre de 2017, el pleno del senado nombró a funcionarios electorales de nueve estados, entre ellos a Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz, como magistrada del Tribunal Electoral de Baja California Sur.

De acuerdo a un comunicado de prensa emitido por comunicación social del Senado, en esa fecha, el senador Manuel Bartlett, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, dijo que "los ciudadanos no tendrán confianza en los institutos electorales mientras no haya honestidad y una selección real de los funcionarios de todos los niveles estatales y federales. Refirió que la Junta de Coordinación Política (presidida por el panista Ernesto Cordero) nunca se reunió para aprobar el nombramiento; “y aquí tienen la votación asegurada, igualmente mafiosa que el resto de los nombramientos de este Senado”, comentó ante el Pleno.

Por su parte el senador petista Luis Humberto Fernández Fuentes, señaló que en el acuerdo para el nombramiento no se documentó la sesión en la cual fue firmada, y se trata de un acuerdo político que no tomó en cuenta el interés nacional, ya que “el dictamen que vemos es nada más una lista de nombres, en la cual no se considera ninguna descripción de porqué se decidió sobre tal o cual candidata o candidato”, dijo.

Y tenía razón, entre otros requisitos necesarios para ser magistrado electoral, atendiendo al artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, está el "Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello", algo con lo cual no cumplía la ahora magistrada Betsabé Apodaca Ruiz.

De acuerdo con la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, esta funcionaria obtuvo su título y cédula profesional de la Universidad Autónoma de Chihuahua en 2018. Es decir que cuando fue designada magistrada electoral por el Senado, ni estaba titulada ni, desde luego, contaba con una antigüedad de 10 años.