Cienfuegos, y el incendio de la militarización

Héctor A. Hoz Morales

“Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país durante el periodo neoliberal”.

Se trata de la primera reacción pública del presidente López Obrador ante el anuncio de la detención, el 15 de octubre por la tarde, de Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por autoridades y en un aeropuerto de Estados Unidos.

Ejemplos de la degradación del régimen político neoliberal a la que se refiere el presidente sobran, de tal forma que pocos podrían argumentar que le falte razón. Allí donde se vislumbrase la posibilidad de negocios millonarios, había – y sigue habiendo- casi inexorablemente algún elemento del poder político inmiscuido. Pero el juicio del presidente es insuficiente, al tratar de explicar todo lo que ha pasado en el país recurriendo a la arenga moralina de la corrupción.

No se malinterprete: individuos específicos juegan un papel fundamental en cada uno de los casos señalados. Pero el problema de fondo no radica en que lo que decida una persona, sino en las estructuras institucionales detrás de él que no solo permiten, sino atizan la posibilidad de tales actos. Y en eso consistió precisamente el periodo neoliberal. Más allá de seguir a pie juntillas las disposiciones de organismos financieros internacionales respecto a qué debía hacerse en términos de política económica, más allá de privatizaciones, reformas estructurales y tratados de libre comercio, el neoliberalismo es la captura de las estructuras de la administración estatal por parte de una lógica de acumulación cortoplacista. El neoliberalismo no es sino hacer del Estado un instrumento para el enriquecimiento inmediato de unos cuantos. Todo lo demás son racionalizaciones academicistas, producidas en su mayoría a posteriori, que tratan de explicar un fenómeno de captura del Estado haciéndolo pasar por una cuestión de modernización y eficiencia económica.

La detención de Cienfuegos da cuenta precisamente de este proceso: la colusión de altos mandos de las Fuerzas Armadas con el crimen organizado debe ser leída, más allá de la cuestión moral, bajo esta lógica. De no hacerlo así, caemos una vez más en la apócrifa conclusión de que la corrupción es un problema que se soluciona con sangre nueva. Y ahí viene el quid de la cuestión: los esquemas de militarización que permitieron que instituciones como las Fuerzas Armadas llegaran a ocupar espacios que en principio no le correspondían se siguen repitiendo.

Aclaro: a todas luces el caso Cienfuegos, así como el de García Luna, no están acotados únicamente a la cuestión de la corrupción dada la naturaleza de sus funciones. Si bien, en última instancia, el narcotráfico es un negocio más, es evidente que tiene circunstancias agravantes, por decir lo menos. Más aún, cuando sabemos de la sistemática violación a derechos humanos y del uso que se le ha dado a las Fuerzas Armadas en particular desde que Calderón decreto su “guerra frontal contra el narco”. No hay punto de comparación entre el genocidio voluntariosamente puesto en marcha en el 2006 y el uso de las Fuerzas Armadas en el sexenio actual. La estrategia en aquél entonces, reconocida por los mismos partícipes de la misma, fue básicamente sacar al Ejército a las calles, a dar golpes mediáticamente redituables a ciertos líderes de la delincuencia organizada, y dejar que corriera la sangre después. Y vaya que corrió.

Lo que pongo a discusión no es el análisis de la política de seguridad, sino la espuria insistencia en pretender que todos los problemas en el país se resuelven con una ética intachable por parte de los servidores públicos. Permítaseme una breve mirada hacia atrás. La militarización del país no comenzó en aquel diciembre del 2006 cuando Calderón tuvo a bien lanzar su declaración de guerra. Habría que remontarnos, al menos, una década más, al sexenio al que menos se hace referencia cuando al neoliberalismo se denuncia y que ha sido probablemente el que deja peores herencias. Si Carlos Salinas es el padre del neoliberalismo nacional, con Ernesto Zedillo se hizo mayor de edad. En 1996, la Suprema Corte por la que ahora se rasga las vestiduras la oposición a la 4T, ese “último contrapeso al autoritarismo absoluto del presidente”, declaró constitucional el uso de las Fuerzas Armadas para labores civiles. Y desde entonces, ese uso no ha parado.

Mientras medios nacionales e internacionales calificaban de “histórico” lo acontecido con Cienfuegos, pasaba casi desapercibida la confirmación de que, desde el 6 de octubre pasado, el control operativo de la Guardia Nacional es ejercido por la SEDENA. Al mismo tiempo, marinos mercantes protestaban en el Senado la iniciativa de reforma, ya aprobada por la Cámara de Diputados, que entrega a la Secretaría de Marina “la administración total de los asuntos marítimos en México, incluyendo el desarrollo de la Marina Mercante Nacional y la Educación Náutica”. Durante la actual administración, las Fuerzas Armadas han cobrado relevancia como actores de primera línea en casi todas las políticas de la 4T: la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, de sucursales del Banco de Bienestar y de hospitales ante la pandemia, la operación de puertos y aduanas, los operativos de combate contra el huachicol, además de las labores policiacas que siguen realizando.

La lógica con la que ha trabajado la 4T en sus primeros dos años ha sido una lógica de sustitución: que sean las Fuerzas Armadas las que lleven a cabo las tareas que se hacían, en sexenios anteriores, siguiendo las directrices neoliberales, esto es, la búsqueda de rentabilidad inmediata al amparo del Estado. Esta política de sustitución, sin embargo, tiene tres graves problemas. En primer lugar, no puede continuar ad infinitum, por simple imposibilidad material. Segundo, si algo demuestra el caso Cienfuegos es que las estructuras militares no están exentas de participar en los esquemas de captura institucional que se han descrito para casos similares. Valga señalar que entre 2003 y 2019, del Ejército se desviaron más de 2 mil millones de pesos a empresas fantasma (https://cutt.ly/tgjtnKz). Y si el caso mexicano no basta, indiquemos solamente la relación entre ese viejo conocido nuestro, Odebrecht, y las fuerzas militares brasileñas durante otro gobierno progresista, el de Lula (https://cutt.ly/Fgjt9X0). El tercer problema es el más obvio, y quizá el más preocupante: dada la naturaleza de las instituciones militares, siempre estará latente la posibilidad de un uso indebido del poder de las armas.

Hace casi diez años escribí un breve texto, titulado “Estrategia equivocada” (https://cutt.ly/SgjyYQ4). Hoy, solo podría decir que la solución al problema es igualmente equívoca. Y lo es, principalmente, por que el diagnóstico hecho desde Palacio Nacional resulta, por decir lo menos, insuficiente. ¿Por dónde empezar entonces, si asumimos que el neoliberalismo dejó tras de sí instituciones cuya razón de ser era facilitar el enriquecimiento de determinados agentes? Resolver la herencia de décadas de subsunción de los intereses privados en la esfera pública no es cuestión sencilla, seguro. Pero mientras se insista en que el problema es uno de carácter moral, y se apele solamente a la fuerza incorruptible de las Fuerzas Armadas y sus dirigentes, solo quedará esperar al nuevo escándalo, si no ocurre algo peor antes.

Héctor A. Hoz Morales. Colectivo La Digna Voz  https://lavoznet.blogspot.com/

 

Todo el poder al pueblo

 

Claudia Korol

El triunfo del pueblo boliviano contra los golpistas y la derecha en las elecciones, la contundencia del resultado y la posibilidad de avanzar hacia la profundización de un proceso de cambios marcado por la descolonización del Estado Plurinacional constituyen hoy un gran aliento para los pueblos de todo el continente.

Todavía no es posible distraernos en festejos, aunque nuestros corazones laten a ritmo frenético. Porque, a pesar de que el resultado reconocido permite que la fórmula encabezada por Luis Arce y David Choquehuanca llegue a la presidencia y vicepresidencia en la primera vuelta, este resultado tendrá que ser defendido de las acciones mafiosas de la derecha, que buscará caminos para desestabilizar e impedir que se desmonte la retórica del fraude con la que se buscó legitimar el golpe de Estado un año atrás.

Tampoco podemos distraernos: sabemos que la derecha fascista, civil, militar y paramilitar, y sus custodios –la embajada yanqui, la OEA, las corporaciones transnacionales que ganaron mucho poder económico y control político con el beneficio del Gobierno golpista– ya están preparando su respuesta criminal.

La fórmula del Movimiento al Socialismo (MAS) fue el camino que el pueblo boliviano eligió para derrotar al golpe de Estado. A pesar de todas las maniobras tendientes a restar votos a los candidatos del pueblo, impidiendo el voto en el exterior, generando miedo con la saturación militar y policial en las calles, intentando manipular el escrutinio eliminando horas antes del mismo la difusión de resultados preliminares, el pueblo impuso su voluntad. La fórmula encabezada por Arce y Choquehuanca obtuvo más del 53,4% de los votos, 22 puntos más que su seguidor, el derechista Carlos Mesa, que logró el 31,5%, y casi 40 puntos más que el golpista fascista Fernando Camacho, que quedó con 14,1%.

En un lugar absurdo quedan la OEA y su portavoz, Luis Almagro, que un año atrás legitimaron la idea de fraude que permitió la destitución de Evo Morales. En un lugar absurdo quedan quienes, desde discursos izquierdistas o feministas, responsabilizaron del golpe de Estado a las víctimas del mismo y no al poder hegemónico del país y del mundo que conspiró para interrumpir el proceso de cambio no por sus debilidades, no por sus extravíos, sino por lo que contenía de amenaza para sus intereses (capitalistas).

Los errores cometidos por el gobierno de Evo serán analizados y balanceados por su pueblo y por las organizaciones que, un año después, regresan al Gobierno. Pero nada justifica el golpe de Estado, la dictadura cívico militar paramilitar y religiosa, las masacres, los crímenes de lesa humanidad, la proscripción política, la persecución y prisión de líderes políticos/as y sociales (especialmente indígenas), el exilio, el cierre de los medios de comunicación comunitarios, la persecución al periodismo que cuestionaba al golpe, la violencia patriarcal y racista contra las mujeres de pollera, la falta de respeto a la wiphala y a los símbolos del Estado Plurinacional.

Ese mismo pueblo será el que ahora construya los caminos para que haya justicia y para que haya memoria. Para que sean juzgados los criminales que produjeron las masacres de Senkata y Sacaba, los responsables de la muerte de Sebastián Moro, periodista argentino asesinado por los fascistas.

Seremos los pueblos quienes seguiremos exigiendo la libertad de Facundo Molares, periodista argentino rehén de la dictadura boliviana en la cárcel de Chonchocoro, y por la libertad de todos los presos y presas políticas. El triunfo del MAS tendrá que ser confirmado con acciones cotidianas que pacifiquen al país a partir de la justicia y no de la impunidad o la desmemoria.

Este resultado alegra, estimula la lucha de todos los pueblos, y también obliga a mirar críticamente el camino de modo que en este nuevo momento, con la fuerza y legitimidad que da el resultado electoral, se pueda profundizar el proceso de cambio, para que no quede atrapado en las lógicas institucionales de las democracias condicionadas por el lobby mundial transnacional y sus gobiernos títeres.

Desmontar la militarización, las fuerzas represivas entrenadas en el fascismo y el racismo, la cultura del miedo internalizada a sangre y fuego, es parte inalienable de la posibilidad de recuperación de una democracia del pueblo y para el pueblo.

El poder popular, feminista, anticolonial, ganó una segunda oportunidad que no puede desperdiciar. El pueblo que resistió en las calles la dictadura, que salió a cortar rutas a pesar de la pandemia frente al aplazamiento de las elecciones, que controló voto a voto cuando se decidió que esa fuera la estrategia de lucha, merece ahora ser la fuente de todo el poder.

La dignidad de los rostros que hoy celebran la derrota política de la dictadura quedará grabada en nuestra historia colectiva. ¡Jallalla las mujeres de pollera! ¡Jallalla el pueblo boliviano! ¡La wiphala se respeta, carajo!!

Claudia Korol. Comunicadora, feminista e integrante del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía. Fuente: https://jacobinlat.com/2020/10/19/todo-el-poder-al-pueblo/

 

 

Estados Unidos y Venezuela: Contexto histórico

 

James Petras

Fuentes:Rebelión

"Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo. Ellos las tienen y nosotros las queremos" (Funcionario anónimo de la Administración Trump)

Introducción

La hostilidad hacia Venezuela y las iniciativas estadounidenses para derrocar a su gobierno forman parte de la larga e ignominiosa historia de intervenciones de EE.UU. en América Latina que se remonta a la segunda década del siglo XIX.

En 1823, el presidente Monroe declaró en la doctrina que lleva su nombre el derecho de EE.UU. a mantener alejados de la región a los europeos, junto con el derecho de EE.UU. a intervenir para favorecer sus intereses económicos, políticos y militares.

Vamos a resumir en este artículo las fases históricas de la intervención política y militar de Estados Unidos en la región con el fin de favoreces los intereses de las empresas y los bancos de ese país, así como los movimientos sociales y políticos latinoamericanos que se le han opuesto a lo largo del tiempo.

El primer periodo comprende desde finales del siglo XIX a la década de los treinta, e incluye intervenciones de los marines, la implementación de dictaduras clientelares y la resistencia popular liderada por figuras revolucionarias en El Salvador (Farabundo Martí), Nicaragua (Augusto Sandino), Cuba (José Martí) y México (Lázaro Cárdenas).

Luego resumiremos las intervenciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el derribo de gobiernos populares y la represión de los movimientos sociales en Guatemala (1954), el golpe de Estado de Chile (1973) y la invasión de República Dominicana (1965), Granada (1982) y Panamá (1989).

Terminaremos examinando las iniciativas estadounidenses para derrocar al gobierno venezolano (desde 1998 hasta la actualidad).

Política de Estados Unidos en América Latina: Democracia, dictaduras y movimientos sociales

El general estadounidense Smedley Butler resumía sus 33 años en el ejército afirmando que «[he sido] un músculo que trabajaba a favor de las grandes empresas, Wall Street y los banqueros […] Contribuí a mantener a salvo los intereses petroleros en México en 1914. Ayudé a que Cuba y Haití se convirtieran en lugares decentes para que el National City Bank pudiera recoger beneficios […] Colaboré en el saqueo de media docena de repúblicas centroamericanas en beneficio de Wall Street. Ayudé a purificar Nicaragua para el Banco de Brown Brothers entre 1902 y 1912. Favorecí los intereses de la industria azucarera estadounidense en República Dominicana en 2016. Contribuí a que Honduras aceptara las compañías fruteras en 1903 […] Cuando miro hacia atrás, ¡pienso que podría haber dado algunos buenos consejos a Al Capone!

En los primeros 40 años del siglo XX, Estados Unidos invadió Cuba convirtiéndola en una cuasi colonia y repudiando al héroe de su independencia José Martí; proporcionó asistencia militar y asesoría al dictador de El Salvador, asesinó a su dirigente revolucionario Farabundo Martí y a 30.000 campesinos sin tierra que pretendían la reforma agraria. Intervino en Nicaragua, combatiendo a su líder patriótico Augusto Sandino e instaló una dinastía dictatorial dirigida por los Somoza, que se mantuvo en el poder hasta 1979. También intervino en Cuba en 1933 para instalar una dictadura militar que reprimiera el alzamiento de los trabajadores del azúcar. Entre 1952 y 1958, Washington armó a Batista en su lucha contra el movimiento revolucionario 26 de Julio, liderado por Fidel Castro. A finales de los treinta, EE.UU. amenazó con invadir México cuando su presidente, Lázaro Cárdenas, nacionalizó las compañías petroleras estadounidenses y redistribuyó la tierra entre millones de campesinos sin acceso a ella.

Tras la derrota del fascismo (1941-1945), se produjo un crecimiento significativo de gobiernos socialdemócratas en América Latina, a los que EE.UU. se oponía. En 1954, derrocó al presidente electo de Guatemala, Jacobo Arbenz, que había expropiado las plantaciones bananeras de la United Fruit Company. Apoyó un golpe militar en Brasil en 1964, que mantuvo el poder veinte años. En 1963, derrocó al gobierno de Juan Bosch, elegido democráticamente, e invadió República Dominicana para evitar un levantamiento popular. En 1973 respaldó el golpe militar chileno que derrocó al presidente socialista Salvador Allende y sostuvo el régimen militar del dictador Augusto Pinochet durante casi veinte años. Posteriormente, EE.UU. ocupó Granada en 1983 y Panamá en 1989.

Estados Unidos sostuvo a los regímenes derechistas de la región que apoyaban a los oligarcas de la banca y las grandes compañías estadounidenses, los mismos que explotaban los recursos, a los trabajadores y a los campesinos.

Pero a comienzos de los noventa, poderosos movimientos sociales encabezados por trabajadores, campesinos, funcionarios de clase media, médicos y profesores desafiaron la alianza entre las élites gobernantes de EE.UU. y las distintas naciones. En Brasil, el Movimiento de los Sin Tierra, que agrupaba a 300.000 campesinos, consiguió la expropiación de grandes latifundios improductivos; en Bolivia, los mineros y campesinos indígenas, incluyendo a los cocaleros, derribaron a la oligarquía. En Argentina, las huelgas generales y los movimientos de masa de desempleados consiguieron echar a los gobernantes corruptos aliados del City Bank. El éxito de los movimientos nacionalistas y populistas llevó a la convocatoria de elecciones libres que ganaron presidentes progresistas de izquierdas en toda América Latina, especialmente en Venezuela.

Venezuela: elecciones democráticas, reformas sociales y triunfo del presidente Chávez

En 1989, los programas de austeridad impuestos por el presidente de Venezuela, con el respaldo de EE.UU. dieron paso a manifestaciones de protesta (el Caracazo) fuertemente reprimidas por la policía y el ejército, que causaron cientos de muertos y heridos. Hugo Chávez, un oficial del ejército, se rebeló y apoyó la revuelta popular. Fue detenido, encarcelado, posteriormente liberado y se presentó como candidato a la presidencia. En 1999 resultó elegido por un amplio margen sobre la base de un programa de reformas sociales, nacionalismo económico, fin de la corrupción e independencia política.

Washington inició entonces una campaña de hostilidades para que Chávez se uniera a la guerra global del presidente Bush en Afganistán y el resto del mundo. Pero Chávez se negó a someterse, afirmando: «No se combate el terror con el terror». A finales de 2001, el embajador de EE.UU. se reunió con la élite empresarial y un sector del ejército para destituir a Chávez mediante un golpe de Estado que se produciría en abril de 2002. El golpe apenas duró 24 horas. Más de un millón de personas, la mayor parte residentes de los barrios de chabolas, marcharon hacia el palacio presidencial con el apoyo de los militares leales. Derrotaron el golpe y restituyeron a Chávez. A partir de ahí, Chávez ganó una docena de elecciones democráticas y referendos a lo largo de la década siguiente. El presidente Chávez triunfó, en buena medida, gracias a su programa exhaustivo de reformas socioeconómicas a favor de los trabajadores, desempleados y clase media.

Construyó más de dos millones de casas y apartamentos, que se distribuyeron de forma gratuita entre las clases populares; cientos de clínicas y hospitales que ofrecían sanidad gratuita en los barrios más pobres; universidades, escuelas de formación y centros médicos para estudiantes de baja renta con acceso libre.

Miles de personas debatieron y votaron temas políticos y sociales en los centros comunitarios de los barrios, incluyendo críticas y destituciones de políticos locales, algunos incluso funcionarios chavistas.

Entre 1998 y 2012, el presidente Hugo Chávez ganó cuatro elecciones presidenciales directas, varias mayorías en el Congreso y dos referendos nacionales, obteniendo entre el 56% y más del 60% de los votos. Tras su muerte, el presidente Maduro ganó las elecciones en 2013 y en 2018, aunque por un margen menor. La democracia floreció y las elecciones fueron libres y abiertas a todos los partidos.

Como los candidatos respaldados por EE.UU. eran incapaces de ganar elecciones, Washington recurrió a los disturbios callejeros violentos e hizo un llamamiento a la rebelión en el ejército para revertir los resultados electorales. El presidente Obama optó por aplicar sanciones al país, que Trump profundizó. Estados Unidos ha incautado miles de millones de dólares en activos venezolanos y en las refinerías petroleras en Estados Unidos. Luego escogió un nuevo presidente (no elegido), Guaidó, cuya misión era subvertir al ejército para que tomara el poder.

Pero no lo consiguieron: apenas cien soldados, de a un ejército de 267.000 efectivos, y unos pocos miles de simpatizantes de derechas secundaron la llamada. La revuelta de la «oposición» fue un completo fracaso.

Este fracaso de Estados Unidos era previsible, pues la masa de votantes defiende sus logros socioeconómicos, su control del poder local, su dignidad y su derecho a ser respetada. Más del 80% de la población, incluyendo la mayoría de la oposición, se opone a una invasión de EE.UU.

Las sanciones económicas de Estados Unidos han contribuido a una hiperinflación y a la muerte de unos 40.000 venezolanos debido a la escasez de suministros médicos.

Conclusión

Estados Unidos y la CIA han continuado aplicando la estrategia que tan buenos resultados les dio el siglo pasado para intentar derribar al gobierno venezolano y hacerse con el control de sus recursos petroleros y minerales. Al igual que entones, han intentado imponer un dictador sumiso que reprimiría los movimientos populares y subvertiría los procesos electorales democráticos. Washington pretendía imponer un aparato electoral que asegurara la elección de líderes manejables, como hizo en el pasado y ha hecho en época reciente en Paraguay, Honduras y Brasil.

Por el momento, Washington no lo ha conseguido, en buena parte porque el pueblo ha defendido sus logros históricos. La mayor parte de los pobres y los trabajadores son conscientes de que una invasión y ocupación por parte de Estados Unidos produciría una masacre y la destrucción de su soberanía y su dignidad.

El pueblo es consciente de la agresión de Estados Unidos y de los errores del gobierno venezolano. Y quiere correcciones y rectificaciones. El gobierno del presidente Maduro está a favor del diálogo con la oposición no violenta. Los venezolanos están desarrollando lazos económicos con Rusia, China, Irán, Turquí, Bolivia, México y otros países independientes.

Latinoamérica ha sufrido décadas de explotación y dominación por parte de Estados Unidos, pero también cuenta con una historia de resistencia popular exitosa, incluyendo las revoluciones de México, Bolivia y Cuba, y los movimientos sociales y triunfos electorales posteriores en Brasil, Argentina, Ecuador y Venezuela.

El presidente Trump y su séquito asesino compuesto por [el secretario de Estado Mike] Pompeo, [el consejero de seguridad John] Bolton y [el emisario especial para Venezuela Elliott] Abrams han declarado la guerra al pueblo de Venezuela, pero por el momento han sido derrotados.

La lucha continúa.

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La Tijereta ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo