Rector...sin título

Tulio Ortiz Uribe

La Paz, BCS.- El 29 de agosto de 2012, dos días después de la visita del secretario de Educación Pública José Ángel Córdova Villalobos, para anunciar la creación de la Universidad Tecnológica de La Paz (UTLP), el gobernador Marcos Covarrubias recibió en su despacho una llamada de Gustavo Cruz Chávez, rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, para recomendarle a su protegido, Allan Alexander Amador Cervantes, para el puesto de rector de la nueva institución.

El Congreso local aún no decretaba la ley orgánica de la UTLP, y ya se barajaba el reparto de posiciones. Amador Cervantes había dejado cuatro meses atrás, por no tener el perfil, la dirección de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la UABCS (cargo en el que duró unos meses), y se encontraba desempleado.

Covarrubias Villaseñor accedió a la petición de su amigo Cruz Chávez, e instruyó al diputado panista Sergio Barrón Pinto, secretario de la Gran Comisión, para que se omitiera en el decreto un requisito clave para ser rector de una institución de ese tipo: ser egresado de una carrera técnica.

Así, en un proceso lleno de anomalías, se designó a una persona sin experiencia administrativa y sin título profesional para hacerse cargo de un centro educativo donde firma documentos oficiales y convenios con otras instituciones como "licenciado" y donde incluso se hace llamar "Maestro en Ciencias".

Pero Allan Amador no sólo le mintió al gobernador del Estado, sino a las propias autoridades de la SEP.

En efecto, mediante la solicitud de información 0001100234813 dirigida al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la SEP entregó a este medio de comunicación copia del currículum que Amador Cervantes presentó a las autoridades educativas. Ahí dice haber estudiado la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UABCS y poseer la Cédula Profesional No. 000931.

Al consultar la página www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/index

Avanzada.action, se informa que dicha cédula, tipo C1, le fue expedida a Mario Juan Camargo Hampshire en 1946, luego de titularse como abogado en la UNAM. Existe otra cédula con el mismo número, pero esta es tipo A-1 (especialidad) y le fue otorgada en 1986 a Moisés Alvarado Ortega por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea como especialista en Medicina Interna.

Ya desde marzo de 2014, tres meses antes de que llegara a La Paz el secretario de Educación Emilio Chuayffet Chemor para inaugurar las instalaciones de la UTLP, la licenciada Ingrid Mercedes Jasso López, jefa del departamento Jurídico de la Dirección de Profesiones de la SEP, mediante el oficio DGP/DJ/531/2014 dirigido a este reportero, dice: "informo a usted que de la consulta realizada en el Sistema del Registro Nacional de Profesionistas no se encontró antecedente profesional a favor del C. Allan Alexander Amador Cervantes como licenciado en Ciencia Política y Administración Pública.

En una nueva petición de información, de fecha 29 de mayo de este año (folio 0001100229417), se solicitó a la SEP que informara "si el señor Allan Alexander Amador Cervantes tiene registrado título profesional de licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, por la Universidad Autónoma de Baja California Sur y en consecuencia si se le ha otorgado cédula profesional". La Unidad de Transparencia de esa dependencia federal respondió que: "De acuerdo con los registros con que cuenta esta Unidad Administrativa y el resultado de la búsqueda en el Sistema Nacional de Profesionistas, NO resultó dato a nombre de la persona solicitada"

El rector de la UTLP pone asimismo como antecedente académicos haber estudiado en la UABCS la maestría  en Estudios Sociales y Humanísticos de Frontera, con especialidad en Ciencias Sociales y Globalización, pero tampoco existen pruebas que acrediten sus dichos. También afirma en su currículum tener 8 años y 8 meses de experiencia como Profesor Investigador  en esta universidad, sin que informe o presente documentos de los trabajos y materias que desempeñó.

Todo lo anterior configura diversas violaciones a la ley, con penas que van desde la aplicación de multas, hasta la suspensión o cancelación  de  la autorización para que continúe efectuando actividades profesionales.

La Ley para el Ejercicio de las Profesiones del Estado de Baja California Sur,

dice en su artículo 5 que "requerirán titulo y cédula profesional debidamente registrados ante la dirección de profesiones del Estado, todos aquellos profesionistas que hayan concluido sus estudios universitarios, tecnológicos, normalistas o de cualquier instituto superior"

Por su parte el artículo 56 establece que: "Cuando una persona dentro del territorio del Estado se ostente como pasante o profesionista sin serlo, y realice actos propios de una actividad profesional...no tendrá derecho a cobrar por concepto de sueldo u honorarios, y se le impondrá además una multa hasta por el equivalente a 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización"

Mientras, el artículo 55 determina que "Cuando derivado del ejercicio profesional se incumplan con las obligaciones que esta ley señale para los profesionistas, se actúe con negligencia, se ataquen los derechos de terceros o los derechos de la sociedad en general, la Dirección podrá imponer una multa hasta por el equivalente a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y podrá suspender o cancelar la autorización para que continúe efectuando las actividades profesionales..."

Creación de la UTLP

El 12 de diciembre del 2012, el Congreso del Estado expidió el Decreto 2045 con el que se aprobó la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de La Paz, la cual entró en vigor el 1 de enero de 2013, fecha con que se dio de alta como rector a Amador Cervantes.

El artículo Segundo Transitorio de ese ordenamiento, le dio al gobernador la facultad de nombrar de manera directa al primer rector, quien "durará en su cargo cuatro años y podrá ser reelecto una sola vez".

Llama la atención que, a diferencia de similares decretos en otras entidades de la república, aquí no se haya hecho obligatorio para el candidato a ocupar el puesto de rector, tanto el requisito de poseer una especialidad tecnológica como el de tener maestría o doctorado.

Manejos poco transparentes

Personal de esa institución que no proporcionó sus datos personales para evitar represalias, hablan de manejos poco transparentes del presupuesto asignado. Refieren por ejemplo, la cantidad de viajes que Allan Amador y su hermano Kenno Allen, quien es el director Jurídico de la Universidad,  han hecho al interior del país y del extranjero. Comentaron que, como se puede ver en los estados financieros (http://www.utlp.edu.mx/estados-financieros), entre el 2015 y el 2016, gastaron 999 mil 440 pesos en pasajes aéreos y 932 mil 257 pesos en viáticos al extranjero y 542 mil 323 en viáticos dentro del país.

Del 8 al 10 de octubre, los hermanos Amador Cervantes  viajaron a Tucson, en donde la Universidad de Arizona realizó la Convención por el 20 Aniversario de la CONAHEC (Consorcio para la Colaboración en la Educación Superior en América del Norte), donde presentaron la ponencia "Advance and Grow, but Never Forget the Basics" (Avance y crecimiento, pero nunca olvidar lo esencial). De acuerdo con la agenda del evento, este trabajo versaría sobre "todos los aspectos que los presidentes de las instituciones de educación superior deben ocuparse desde que se fundan hasta que alcanzan la madurez" (The presentation is about all aspects that Presidents of higher education institutions must take care about since the university is founded,until it is mature).

Videgaray al relevo de Almagro como peón de Washington

Carlos Fazio

Rebelión

Los días 14, 15 y 16 de junio, la base militar del Comando Sur del Pentágono en Doral, Miami-Dade, Florida, será uno de los escenarios de la Conferencia de alto nivel sobre seguridad y economía para México y Centroamérica, convocada por los secretarios de Estado y Seguridad Interior de Estados Unidos, Rex Tillerson y John Kelly, respectivamente, con el Estado mexicano como “coanfitrión” (sic).Planificado bajo la lógica de la administración Trump que pone énfasis en la vigilancia de fronteras e identifica como una “amenaza” a la seguridad nacional de EU al trinomio del terrorismo, el crimen organizado y la migración indocumentada, el evento tendrá un enfoque netamente militarista como premisa para una reinversión de capitales privados en la subregión.
La conferencia, a la que asistirán el vicepresidente de EU, Mike Pence, y los secretarios del Tesoro, Steven Mnuchin y de Comercio, Wilbur Ross, ha sido precedida de sendos eventos en Tapachula y Cozumel, México, que contaron con la participación directa de los jefes de los comandos Norte y Sur, la generala Lory Robinson y el almirante Kurt W. Tidd.
Por encomienda de Enrique Peña Nieto, en la reunión de Cozumel de finales de abril, los secretarios de Defensa y Marina de México, general Salvador Cienfuegos y almirante Vidal Soberón, aceptaron profundizar la “cesión inteligente” de la soberanía nacional (según la definición acuñada en 2001 por el ex canciller de Vicente Fox, Jorge G. Castañeda, actual asesor oficioso de Luis Videgaray), y subordinarse al mando del almirante Tidd, como parte de una “fuerza de tarea conjunta” con Guatemala que realizará patrullajes terrestres, marítimos y aéreos a lo largo de la frontera común.
Al espíritu colaboracionista de los mandos de las Fuerzas Armadas, se suma el entreguismo supino del aprendiz de canciller Videgaray, quien en mayo pasado, tras reunirse con Tillerson y Kelly, aludió a una “negociación integral” con EU, lo que ha dado pie a interpretaciones de que al negociar en “paquete”, México podría recibir ciertas concesiones en la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a cambio de permitir operaciones oficiales del Pentágono y otras agencias de seguridad de Washington en el territorio nacional.
Al respecto, y más allá del ruido mediático que provocan el histrionismo y la verborrea del presidente de EU, cabe señalar que Donald Trump está siguiendo al pie de la letra los lineamientos del Council on Foreign Relations (Consejo de Relaciones Exteriores, CFR, por sus siglas en inglés), el influyente tanque de pensamiento señalado como la “aristocracia del dólar” o la cara oculta del poder globalizado; en particular −en lo que tiene que ver con México− en materia energética, comercial, migratoria y de seguridad.
Desde hace 70 años, la élite del business determina los objetivos bélicos de EU en función del interés de los monopolios empresariales y elabora la diplomacia de guerra de la Casa Blanca por consenso y a puerta cerrada. Es decir, al margen de todo control democrático. 

El CFR y la guerra como continuación del libre mercado 
Según el documento América del Norte, el momento de un nuevo enfoque −elaborado en 2015 por el CFR−, la proyección imperialista en lo que llama la “comunidad norteamericana” incluye la “integración” en materia de infraestructura de las plantas de producción de hidrocarburos, refinerías y mercados de ese espacio geopolítico trilateral, y la interconexión eléctrica transfronteriza.
Con eje en la seguridad nacional de EU, el CFR enfatiza el control monopólico y el aumento de la producción de energía fósil −sin ningún atisbo que busque reducir los gases de efecto invernadero−, lo que prefigura un escenario neocolonial para México, que profundizará su papel como enclave exportador de bienes primarios a través de una red de gasoductos integrada de facto a la infraestructura instalada en EU; con el añadido de una enloquecida carrera de despojo de territorios del lado mexicano.
A partir del perverso vínculo indocumentados-terrorismo-crimen organizado, el documento del CFR llamaba a militarizar las fronteras con mecanismos más sofisticados, y con la zanahoria de la “cooperación” militar de la Iniciativa Mérida preconizaba la “integración orgánica” de México al Comando Norte. Aunque en 2015 el CFR no promovía la intervención directa de EU en suelo mexicano sino el control operacional y doctrinario de la maquinaria de seguridad local −lo que convirtió a las Fuerzas Armadas mexicanas en un virtual ejército de ocupación interna−, con Trump dicha visión parece haber cambio y ello puede estar relacionado con las políticas de “cambio de régimen” impulsadas en el vecindario.
Bajo la premisa de que la guerra no es “la continuación de la política por otros medios” (según la fórmula de Clausewitz), sino la continuación del libre mercado, el Council on Foreign Relations ha contribuido a exportar el modelo político estadounidense cooptando a funcionarios extranjeros. Ejemplos sobran. Cuando en abril pasado el general (retirado) John Kelly dijo que no era bueno un presidente mexicano “de izquierda y antiestadunidense” –en implícita alusión al político de centro izquierda Andrés Manuel López Obrador−, destacó su “amistad” con Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón, asiduos visitantes del Comando Norte. 

El grotesco Videgaray y su doble moral 
Es patético, asimismo, el papel de Luis Videgaray en la guerra sucia de Washington contra el presidente constitucional y legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro. Ajeno al arte de la diplomacia, Videgaray no entiende que una negociación parte de la confianza y que al tomar partido por una de las partes se autoexcluye como mediador.
Toda negociación diplomática pasa por buscar puntos de coincidencia entre las partes; ese es el ABC de la negociación. En sentido contrario, en la coyuntura, de manera imprudente y equivocada, acicateado por el ex canciller Jorge G. Castañeda, agente del intervencionismo de Washington, y bajo los efluvios emanados de su parentesco político con Margarita Zavala –esposa del ex presidente ultraconservador Felipe Calderón, quien acaba de pedirle que rompa relaciones con Venezuela−, Videgaray ha provocado un escalamiento del conflicto y logrado fragmentar a América Latina en tres bloques: las naciones del ALBA; Bahamas y el Caricom, y los 14 países que bailan al son que les toca Trump.
Amigo de Jared Kushner, el yerno de Trump vinculado con la mafia rusa, Videgaray relevó como peón de la diplomacia de guerra de EU a Luis Almagro, el secretario de la Organización de Estados Americanos refutado por sus ex compañeros del Frente Amplio de Uruguay y convertido en un cadáver político.
Videgaray sigue los pasos de Almagro. Y no en balde, la reunión de la OEA del 19 al 21 de junio en Cancún, Quintana Roo, fue planeada inmediatamente después de la conferencia de seguridad en el Comando Norte, para tener “planchado” el aislamiento hemisférico de Venezuela y la aplicación de eventuales sanciones; pero la inexperiencia y la rudeza de Videgaray rompieron cualquier consenso posible.
Por cierto, México decidió cambiar la sede del evento de la Ciudad de México a Cancún, para evitar manifestaciones de repudio a la OEA y al gobierno mexicano, y de apoyo al proceso bolivariano de Venezuela.
A su vez, en su esgrima verbal con la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, Videgaray se exhibió como una pieza de Trump. Y es relativamente cuestionable que México se someta al escrutinio internacional: de manera recurrente, cuando un fallo no le favorece, lo impugna o no lo acata.
Pruebas, abundan. Lo pueden atestiguar los cinco miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que elaboraron dos voluminosos informes que incriminan al gobierno de Peña Nieto por los crímenes de Estado de Iguala/Ayotzinapa; el alto comisionado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Raád Al Hussein, quien identificó a México como un “cruel ejemplo” de la violencia generalizada y de los vínculos entre las fuerzas de seguridad del Estado y autoridades locales y federales con el crimen organizado, y el relator especial de la ONU sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, Juan Méndez, quien fue acosado y estigmatizado por la Cancillería mexicana, por afirmar que dichas prácticas, en el país, son “generalizadas” y se dan en un contexto de total impunidad. 

Nuevas denuncias penales de la ASF contra la administración de Marcos Covarrubias

Tulio Ortiz Uribe

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó en la Procuraduría General de la República dos nuevas denuncias penales contra la administración del ex gobernador de Baja California Sur Marcos Covarrubias Villaseñor, por el desvío de recursos que suman 120 millones 653 mil 607 pesos, de la cuenta pública del 2014.

Mediante el oficio USIT/DTAIPD/939/2017, la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos de la ASF, dio respuesta a la solicitud de información 0110000036217 de este reportero, en donde informa que el 2 de septiembre del año pasado entregó al Ministerio Público Federal una denuncia por el desvío de 25 millones 915 mil 980 pesos, a la cual se le asignó la averiguación previa FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001695/2016.

Asimismo, el 1 de marzo de este año se presentó nueva denuncia, ahora por 94 millones 737 mil 627 pesos, la cual tiene pendiente el número de averiguación previa. Estos recursos no han sido solventados y se desconoce su destino. Las dos últimas denuncias se suman a otras tres presentadas en el 2011 y 2012.

En el escrito, la Auditoría se abstuvo de calificar el tipo de delito en que incurrieron el funcionario o funcionarios de esa administración, ya que, señala, sus atribuciones son "la presentación de las denuncias penales que deriven de las irregularidades detectadas en la fiscalización de la Cuenta Pública, por lo que se limita a describir los hechos presuntamente delictivos derivados de la irregularidad durante la fiscalización, sin calificarlos jurídicamente, facultad que le corresponde al Ministerio Público de la Federación quien debe acreditar el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad, como base del ejercicio de la acción penal"

Averiguación Previa	Cuenta Pública	Fecha de Presentación de la Denuncia	Monto de la Irregularidad	Irregularidad	Estado
FED/SEIDEF/UNAI/BCS/000034/2017	2011	02/10/2015	$ 2,166,995.56	No se aplicaron los recursos públicos a los fines destinados	En integración
AP/PGR/UEIDCSPCAJ/CAJ/MVI/230/2015	2011	02/10/2015	$ 4,166,369.34	No se aplicaron los recursos públicos a los fines destinados	En integración
AP/PGR/DDF/SPE-XXIII/2370/2014	2012	28/08/2014	$ 299,937.87	No se aplicaron los recursos públicos a los fines destinados	En integración
FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001695/2016	2014	02/09/2016	$ 25,915,980.15	No se aplicaron los recursos públicos a los fines destinados	En integración
Pendiente de Asignación	2014	01/03/2017	$ 94,737,627.21	No se aplicaron los recursos públicos a los fines destinados	En integración