Marcos Covarrubias y
José Antonio Ramírez, investigados por la PGR
Redacción
Marcos Covarrubias Villaseñor ex gobernador de Baja California Sur y su secretario de
Finanzas, José Antonio Ramírez Gómez, enfrentan acusaciones penales por parte de la Auditoría Superior de
la Federación (ASF), por simular devoluciónes de fondos federales, exigidos luego
de encontrar inconsistencias en el manejo financiero estatal de programas de salud y educación.
Estas irregularidades se dieron entre los años 2011 y 2013, de acuerdo con la demanda presentada ante la Procuraduría General de la República por el ente fiscalizador del Poder Legislativo. Covarrubias Villaseñor estuvo al frente del gobierno del Estado entre marzo de 2011 y septiembre de 2015.
El monto de lo defraudado asciende a 88.3 millones de pesos, aunque en febrero de 2013, cuando se presentó el estado de resultados de la Auditoría 2011 a la Cámara de Diputados, la ASF había señalado un daño a las finanzas públicas por 99 millones 196 mil 711 pesos, parte de los 2 mil 392 millones 895 mil pesos, recursos que fueron entregados para el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).
Asimismo, la auditoría ya había reconvenido a la secretaría de Finanzas del gobierno del Estado, "por no informar al Órgano de Fiscalización Superior de Baja California Sur y a la Secretaría de la Función Pública sobre la cuenta bancaria específica en la que recibió, administró y manejó exclusivamente los recursos del (FAEB) y sus rendimientos financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2011"
El mecanismo de simulación consistía
en depositar el dinero a una cuenta y notificar de ello a la autoridad, como se
muestra en el oficio (ver parte de abajo) del 13 de diciembre de 2012, firmado por la entonces
Contralora General Maritza Muñoz Vargas. Sin embargo una vez que la ASF daba
por solventado el señalamiento, "se retiraban los fondos y se les daba un
destino desconocido". Estas irregularidades se dieron entre los años 2011 y 2013, de acuerdo con la demanda presentada ante la Procuraduría General de la República por el ente fiscalizador del Poder Legislativo. Covarrubias Villaseñor estuvo al frente del gobierno del Estado entre marzo de 2011 y septiembre de 2015.
El monto de lo defraudado asciende a 88.3 millones de pesos, aunque en febrero de 2013, cuando se presentó el estado de resultados de la Auditoría 2011 a la Cámara de Diputados, la ASF había señalado un daño a las finanzas públicas por 99 millones 196 mil 711 pesos, parte de los 2 mil 392 millones 895 mil pesos, recursos que fueron entregados para el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).
Asimismo, la auditoría ya había reconvenido a la secretaría de Finanzas del gobierno del Estado, "por no informar al Órgano de Fiscalización Superior de Baja California Sur y a la Secretaría de la Función Pública sobre la cuenta bancaria específica en la que recibió, administró y manejó exclusivamente los recursos del (FAEB) y sus rendimientos financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2011"
En el pliego de observación 11-A-03000-02-0612-06-001 del informe de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, la ASF había informado de "un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal", con recursos no ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, por un monto de 99 millones 196 mil 711 pesos, "más los intereses generados" desde su disposición hasta su reintegro, " debido a que se desconoce el destino y aplicación a los fines del fondo.
