Soberanía estatal en riesgo, por venta de litorales

María Luisa Cabral Bowling

La iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional que fue aprobada sorpresivamente en el Cámara de diputados y que debe ser tramitada ahora en el Senado, es de tal trascendencia por las consecuencias que puede acarrear que debería analizarse y discutirse ampliamente. Casi fue aprobada a escondidas, no hubo una sola mención al respecto en los medios de comunicación los días anteriores, lo que es una muestra de un manejo irregular.

La reforma, en los términos aprobados por los diputados, permitirá que los extranjeros particulares puedan comprar directamente tierras en la franja prohibida de 50 kilómetros de la costa y de 100 kilómetros de la frontera.

La iniciativa contiene cuatro puntos:

1. Que el uso de las tierras sea destinado para vivienda única y exclusivamente.

2. Que el uso de las tierras no tenga un uso comercial, industrial, agrícola o cualquier otro que implique explotación económica directa o indirecta que derive de un uso a la vivienda o casa habitación.

3. El extranjero deberá convenir con la Secretaría de Relaciones Exteriores en los términos de la fracción I, del párrafo noveno, del artículo 27 constitucional.

4. En caso de que las tierras sean destinadas a un uso distinto a la vivienda, la ley establecerá los procedimientos para que el extranjero pierda los bienes adquiridos en beneficio de la nación.

Su presentación casi a escondidas, sin que se evaluara y se debatiera antes y su aprobación sin ningún debate parlamentario, mostraron claramente cómo el PRI y el PAN (salvo muy honrosas y contadas excepciones) ya tenían la decisión tomada y, como lo señalaron los oradores de la oposición en la sesión, ni siquiera prestaban atención a los argumentos que se les presentaron. Se aprobó por 356 votos a favor, 119 votos en contra y 2 abstenciones.

Aunque ya se está dando un debate sobre el tema, en particular en nuestro estado, afortunadamente, es necesario que antes de que pase al Senado se propicie un mayor análisis. La sociedad mexicana debe conocer esta reforma tan trascendente y debe contar con suficientes elementos de juicio para analizar los múltiples  aspectos y las graves consecuencias que tendría su aprobación.

La prohibición constitucional tiene una historia, la más relevante es la pérdida de más de la mitad del territorio a manos de Estados Unidos. La razón de su existencia no es el chauvinismo, ni la xenofobia o el nacionalismo mal entendido, nada parecido. Simplemente es una protección ante el enorme desequilibrio económico y político de México y de los mexicanos frente a Estados Unidos y los estadounidenses. Se requiere tener una visión más integral y más profunda de la situación ¿cómo pedirle que entienda de geopolítica y de coyunturas internacionales si no sabe ni cuál es la capital de Veracruz?

La desigualdad entre los dos países no solo no la hemos superado, ahora se ha profundizado gravemente. A partir de los noventas aumentamos de manera todavía más desequilibrada nuestra dependencia de Estados Unidos, en materia económica y comercial con el TLC y a partir de la aprobación de ASPAN, por cierto firmado en Los Cabos, y desde el Plan Mérida incluso en materia de seguridad.

A esto podríamos agregar que la reforma laboral y la anunciada reforma energética obedecen más o los intereses estadounidenses y a la crisis económica que desataron desde el 2008 que a los intereses de la sociedad mexicana. Definitivamente no es aceptable el argumento de que ya no debemos temer a nuestros vecinos.

Durante la revolución mexicana que coincidió con la conversión de Estados Unidos en potencia hegemónica mundial hubo cuatro momentos, según Friedrich Katz en su libro “La guerra secreta en México”, estuvimos a punto de ser invadidos y que anexaran todavía más territorio, solo nos salvó la inminencia y el estallido de la primera guerra mundial. Ahora estamos justo en el proceso contrario, el repliegue de Estados Unidos frente al surgimiento de otras potencias y en América Latina la desaparición de su influencia determinante en Sudamérica y una profundización de su control en Centroamérica, el Caribe y México. Sobre todo México está siendo utilizado en todos sentidos como su colchón de amortiguamiento económico, en mano de obra barata y receptor de inversiones desreguladas, de afectación del medio ambiente, entre muchos otros aspectos.

En la conferencia de prensa que ofrecieron Peña Nieto y Obama, por su visita a nuestro país, ambos mandatarios hablaron sobre la integración económica de Norteamérica, por primera vez sin ningún rodeo. Pero además resulta que somos los principales socios y estamos profundizando el proceso de integración pero, según lo dijeron ambos mandatarios la migración de mexicanos a Estados Unidos es un problema interno de ese país, al igual que el comercio legal e ilegal de armas, temas en los que ni siquiera se atrevió a opinar nuestro presidente. Fue una muestra muy clara de nivel de dependencia que tenemos con Estados Unidos en este momento.

En este contexto, permitir la adquisición directa de tierras por los extranjeros va a agravar los conflictos de la tenencia de la tierra que ya existen y la península de Baja California es especialmente vulnerable al respecto, por razones geográficas e históricas. Ya en Baja California Sur vemos conflictos por propiedades costeras de las más valiosas entre estadounidenses, como es el caso de Punta Arena de la Ventana. En Baja California Sur ocupamos desde hace ya varios años uno de los primeros lugares entre las entidades con mayor tasa de denuncias por el delito de despojo, junto con el estado de Morelos en donde los conflictos campesinos se han agravado en los últimos años.

Es falso que se diga que se trata promover el turismo porque es un paso más en la distorsión del proyecto turístico. Quienes compran propiedades no son turistas, son residentes o por lo menos residentes temporales y no promueven ningún turismo, promueven el negocio inmobiliario y todos los negocios que derivan de él para los extranjeros. Desarrollo turístico sería que los mexicanos tuviéramos los grandes hoteles y los principales servicios turísticos para beneficiarnos de su visita. Eso no es lo que está ocurriendo ya no solamente en Los Cabos. De hecho el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del PRD comentó en la sesión de discusión de la reforma el caso de San Miguel Allende, Guanajuato, “donde se han asentado ciudadanos extranjeros y han adquirido grandes propiedades, viviendas, que violando la ley las han convertido en hoteles-boutique y que hoy, al amparo de todas estas omisiones e irregularidades, generan una competencia desleal para el sector hotelero guanajuatense y en específico de San Miguel Allende”

Si ahora sin la reforma ya las principales playas están cerradas, muchas de ellas con vigilancia armada que impide la entrada a los mexicanos, esa presión va a aumentar ahora considerablemente ya que para los inversionistas estadounidenses es muy frustrante no poder tener títulos de propiedad en playas. Tenemos, todavía los mexicanos un concepto muy diferente de la propiedad. Para nosotros el subsuelo, la atmósfera y las playas son de la nación, de todos los mexicanos, para ellos no. O sea que la presión para privatizar las playas será tremenda.

Según los términos de la propuesta se trata de que los particulares extranjeros puedan adquirir propiedades solo para uso de vivienda y no para hacer negocios lucrativos y en Los Cabos lo que predominan son los grandes desarrollos inmobiliarios, son negocios inmobiliarios en donde los extranjeros son los principales beneficiarios. Con la reforma a la ley de inversión extranjera de 1989, se permitió que las empresas domiciliadas en México, aunque fueran 100% de capital extranjero y de socios extranjeros pudieran comprar tierra como empresas mexicanas. Se suponía que lo que se pretendía era que surgieran proyectos productivos y se crearan empleos y la famosa derrama,  que ya sabemos que es las migajas para acá y las grandes ganancias para allá. Y los negocios productivos que surgieron fueron los negocios inmobiliarios. Si estos no están limitados por la iniciativa se va a agravar todavía más el despojo y la pérdida de soberanía, ya evidente en Los Cabos.

Uno de los grandes temas a discusión ahora en medio de crisis europea y del prolongado aunque ya decadente predominio de la especulación financiera como principal motor de la economía mundial, es la especulación inmobiliaria. Se está hablando mucho sobre este tipo de especulación sobre todo ahora en las ciudades, grandes y pequeñas, en donde se sacrifican espacios verdes y se hacen construcciones que no obedecen a un crecimiento de las necesidades locales sino a la lógica del negocio inmobiliario con graves afectaciones al medio ambiente y a la comunidad local.

El peligro es mayor en este momento en que las instituciones de nuestro país están debilitadas en extremo, en que tenemos una corrupción generalizada, cada vez con menos instrumentos para combatirla y en que la impartición de justicia se encuentra en uno de sus peores momentos.

Para Baja California Sur es particularmente delicado si vemos el enorme poder que están adquiriendo algunos grupos de extranjeros, como el grupo Walton en concreto en nuestra ciudad. El proyecto de ciudad emergente sustentable para la ciudad de La Paz fue promovido y apoyado principalmente por la International Community Foundation, que promueve los intereses de los estadounidenses residentes en el extranjero, en particular en México y en Centroamérica. Ellos afirman en el propio documento del proyecto que publica en su página que éste no hubiera sido posible sin su apoyo. Desde hace tiempo estamos presenciando una transformación de la ciudad de La Paz, las casas de interés social y la ciudad dormitorio hacia el sur y la salida a las playas con “desarrollos turísticos” y en medio el centro casi en desmantelamiento.

¿Cómo puede hacerse una reforma responsable al respecto si ni siquiera se sabe cuántos extranjeros residen en nuestro país? En el censo no son registrados por ser extranjeros aunque residan en nuestro país. Por la cercanía y por las facilidades que tienen para entrar y adquirir propiedades no necesitan ser residentes, entran y salen como turistas. Incluso se ha llegado al grado de hablar de turismo residencial, concepto que es totalmente contradictorio y que muestra el engaño de la enajenación del territorio.

En medio de esta discusión tenemos que congratularnos de que el diputado Alfredo Zamora García de Baja California Sur declaró en la sesión que votaría en contra, al igual que otro diputado de Baja California, por considerar que siguen vigentes los argumentos que el constituyente de 1917 para establecer esta limitación y que es inaceptable esta reforma.

En la sesión del Congreso los argumentos que se presentaron a favor son muy endebles.

“Se trata de erradicar la simulación en la propiedad extranjera en las playas de México y de eliminar a los intermediarios, que a través de fideicomisos, sociedades anónimas y prestanombres han lucrado con la prohibición constitucional", afirmó un diputado quien agregó que "estaremos facilitando la inversión turística y la generación de empleo local". Será erradicar la simulación en el despojo y la desnacionalización, como hay muchas infracciones a la ley que existe para proteger a los mexicanos pues hay que legalizarlas, otra vez con la cantaleta del empleo. Es una tragedia nacional el que se siga esperando la solución a la crisis y al desempleo a través de la inversión extranjera. La inversión extranjera es un negocio, vienen a hacer ganancias, no a promover ningún desarrollo. Además los mismos organismos financieros, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional nos han alertado sobre el peligro de la actual atracción en México para los capitales que ellos mismos llaman “golondrinos”, inversiones altamente especulativas que no dejan ningún desarrollo. Igualmente nos han alertado sobre el lavado de dinero en México y todos los especialistas coinciden en que uno de los rubros preferidos de esos flujos financiaros no siempre ilegales son los negocios inmobiliarios. ¿Cuántas construcciones conocemos que no corresponden a las dimensiones de la economía local?

"Por motivos estratégicos militares se consideró un riesgo establecer permanentemente a los extranjeros en las fronteras y costas", señaló Beltrones en la propuesta, pero según él las "circunstancias que llevaron al Poder Constituyente a limitar que los extranjeros adquirieran tierras y aguas en las fronteras y playas han sido superadas". Ya sabemos que la actual administración ya no quiere hablar de guerra contra el narco, no sé cómo se le pueda llamar ahora conflicto armado, o lo  que sea, pero el hecho es de que esta condición de violencia por el narco está muy lejos de terminar, ha seguido creciendo y agravándose y el hecho también es que no es un conflicto interno nacional sino un conflicto por lo menos binacional, de Estados Unidos y México, porque el gran negocio y el gran consumo están allá, aunque la inmensa mayoría de las muertes, sobre todo las más violentas estén acá. Así que más bien estamos otra vez en uno de los momentos más delicados de la historia de nuestro país, aunque no lo quieran ver así.