Procuración de justicia, una tarea pendiente en BCS

 

Tulio Ortiz Uribe

Los datos son reveladores: Baja California Sur es el estado con más agencias del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes en el país, pero sus niveles de efectividad en la resolución de investigaciones lo colocan en el vigésimo lugar, con todo y que entre 2010 y 2011, el número de denuncias por delitos graves aumentó en 33 por ciento, y que el 85 por ciento de los delitos no se denuncian por desconfianza en las autoridades encargadas de procurar justicia, informa un reporte elaborado por el Centro de Análisis de Políticas Públicas, AC.

Con datos oficiales, el organismo demuestra que los agentes ministeriales encargados de dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión giradas por un juez, sólo efectúan poco más de una de cada cuatro detenciones; es decir, 26 de cada 100. De esto se sigue que el número de agencias del Ministerio Público no es determinante para un buen desempeño del aparato encargado de perseguir el delito, sino que existen otros factores, como la organización  y los procedimientos de investigación, que son decisivos para un trabajo eficiente.

 

Adicionalmente, la confianza ciudadana de BCS en el Ministerio Público es muy baja. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2012, levantada por el INEGI, el 60.5 por ciento de la población de 18 años y más no tienen confianza en el Ministerio Público; sólo el 9.4 por ciento tienen mucha confianza y el 30.1 por ciento alguna confianza.

El reporte, dado a conocer en marzo pasado con el título de “Seguridad y justicia Penal en los Estados: 25 Indicadores de Nuestra Debilidad Institucional” afirma que tanto en Baja California Sur como en el resto del país, miles de delitos (conocida como cifra negra), “quedan sin denunciarse porque las víctimas prefieren cargar con su agravio antes de exponerse a ser doblemente victimizadas” por los ministerios públicos. La encuesta ENVIPE captó que en el 2011, los ciudadanos interrogados declararon haber sido víctimas de 135 mil 710 delitos en el estado, de los cuales 115 mil 555 no fueron denunciados; es decir el 85 por ciento. Los tres delitos reportados con mayor frecuencia son la extorsión, el robo parcial de vehículo y el fraude, pero solo fueron denunciados el 30.4 del primero el 14.3 del segundo y el 14.2% del delito de fraude.

Las causas principales por las cuales el 70 por ciento de los agraviados no denuncian el delito es “por miedo a que lo extorsionaran”, “pérdida de tiempo”, “trámites largos y difíciles”, “desconfianza en la autoridad” y “por actitud hostil de la autoridad”, causales que denotan una profunda desconfianza de la población hacia sus instituciones de justicia.

Para el Centro de Análisis de Políticas Públicas, “las víctimas del crimen tienen muy pocas probabilidades de ver sus casos resueltos. Los sistemas están sobrecargados porque no priorizan: procesan delitos de alto impacto y los de menor relevancia por igual”, y agrega que la mayoría de los estados dedican una gran cantidad de sus recursos a sancionar delitos menores “a través de los mismos mecanismos que se utilizan para resolver delitos graves, cuando podrían ser atendidos mediante mecanismos de conciliación y salidas alternativas”

Datos de la encuesta de INEGI que debería hacer prender los focos rojos de las autoridades, son los reportes de conductas delictivas que los ciudadanos de 18 años o más observaron con mayor frecuencia en lugares cercanos a su vivienda entre marzo y abril de este año: el 54.6 por ciento observa que se consume alcohol en la calle; el 36.8 dice que se consume droga; el 25.8 que se vende droga; el 21.9 hay robos y asaltos frecuentes; el 17.2% existe pandillerismo o bandas violentas y el 10.4% hay riñas entre vecinos, entre los casos más importantes.

Otro problema que enfrentan las autoridades aquí, es el aumento de la denuncia de delitos graves. No obstante que entre 2010 y 2011 hubo una reducción del 2.6 por ciento a nivel nacional en el número de denuncias ante los Ministerios Públicos, en ese periodo en Baja California Sur  aumentó un 33 por ciento la denuncia de delitos graves: robo en cuatro modalidades (a transeúntes, a casa habitación, a negocios y vehículos), violación y lesiones dolosas. Así, en 2011 se registraron 735 denuncias por delitos graves por cada 100 mil habitantes, lo cual coloca al estado en el lugar número 13. También habría que consignar que en esos años, la tasa de homicidios dolosos bajó en el estado en 20.83 por ciento.

El nivel de homicidios en  Baja California Sur se mantiene por debajo de la media nacional con una tasa de seis por cada cien mil habitantes y es la segunda entidad con menor impunidad en homicidio doloso, después de Yucatán; aquí, en promedio 75 por ciento de los homicidios son sancionados, es decir se resuelven tres de cada cuatro, mientras que en el resto del país se resuelve uno de cada cinco.

Otra variable que es la consignación del delincuente, un procedimiento mediante el cual el Ministerio Público pone a disposición de una autoridad judicial los hechos o las pruebas necesarias para juzgar a alguien, tiene cifras negativas aquí. En el país se observan tasas muy bajas de consignación con respecto a las denuncias: en promedio casi 10 por ciento. En 2010 Baja California Sur se alcanzó un 9.7% de porcentaje de consignaciones, mientras que  Campeche tuvo el primer lugar con 73.2%.

Sin embargo el estado enfrenta otro tipo de problemas. Junto con Quintana Roo, son los únicos estados del país que no han podido acreditar su Centro de Evaluación y Control de Confianza, y en la evaluación del personal estatal y municipal en activo se lleva el 72 por ciento; de mil 407 elementos evaluados 226 no aprobaron, es decir el 16 por ciento.

Para los especialistas en seguridad pública, la policía preventiva es el elemento clave para evaluar el sistema de seguridad y justicia,  puesto que, además de participar en los procesos de prevención y persecución del delito, es un vínculo entre la ciudadanía y las autoridades.

De acuerdo con normas internacionales se requieren en promedio 342 policías (estatales, municipales y ministeriales) por cada 100 mil habitantes. Baja California Sur supera esa cifra pues cuenta con 444 policías por cada 100 mil habitantes. Sin embargo la solución no radica en la cantidad, sino en la confianza que la ciudadanía tiene en ellos, así como la capacidad de resolver las denuncias.

La encuesta ENVIPE 2012, muestra que en BCS sólo el 12 por ciento de los interrogados tiene mucha confianza en la policía estatal, 8.5 en la municipal y 7.7 en la policía ministerial. En ese orden, el 33.2, 31.7 y 28.4 consideran tener alguna confianza en los elementos de esas corporaciones,  por lo que más del 60 por ciento de la población no les tiene ninguna confianza, y en promedio el 70 por ciento tienen la percepción de que existe corrupción en estas instituciones.

Aunque en su mayoría las cárceles en el país están sobrepobladas, controladas por grupos criminales y con incidentes violentos, esto no sucede en el estado. La ONU considera que más de 120 por ciento de ocupación penitenciaria constituye hacinamiento y puede considerarse como trato cruel. México se ubica por encima de esta tasa con 124.4 por ciento, y en Baja California Sur fue en 2011 de 102%.

Otro problema en el estado tiene que ver con la reincidencia de los procesados del fuero común, personas que purgaron prisión por la comisión de un delito, pero que luego de cumplir su sentencia fueron recluidas nuevamente por cometer otro. La media nacional de reincidencia es de 13.7% y en Baja California Sur es de 16 por ciento. La tasa más alta la tiene Nuevo León con 27.4%.

Este tema es de relevancia porque tiene que ver con las políticas de reeducación y recuperación social de los delincuentes. A mayor tasa de reincidencia, menor éxito de los programas de readaptación social.

De acuerdo con la especialista en derecho penal, Alicia Rodríguez Nuñez^1, el infractor debe recibir un tratamiento individualizado dirigido a la adquisición de nuevas pautas de comportamiento social que permitan una convivencia normalizada con sus conciudadanos desarrollando su capacidad para la vida en común. Es evidente que si durante el encierro no se consigue que el sujeto varíe su comportamiento y una vez en libertad vuelve a infringir el ordenamiento penal, la colectividad no habrá obtenido ningún beneficio de su privación de libertad que, además, habrá costado una suma considerable de dinero al erario”