Tulio Ortiz Uribe
El gobierno del panista Marcos Covarrubias Villaseñor podría enfrentar serios problemas financieros, como resultado de las malas políticas públicas que en materia de presupuesto, inversión y deuda pública, fueron ejecutadas en el último tramo del sexenio de Narciso Agúndez, paradójicamente, por el mismo personaje que seguirá en la secretaría de Finanzas: José Antonio Ramírez Gómez.
Nombrado secretario a fines de 2008 por recomendación de su padrino el Cardenal Norberto Rivera Carrera (según confió el propio Agúndez al presidente del PRD estatal), Ramírez Gómez permitió un abultado crecimiento de la deuda pública valorada hoy en día en 3 mil 500 millones de pesos, que trajo como consecuencia comprometer por veinte años la recaudación del impuesto sobre nóminas y tenencia de automóviles; que el 77% de las participaciones federales (ramo 28) se canalice para el pago de deuda directa bancaria; que no haya suficiente liquidez para cubrir la demanda de servicios básicos y que se tenga que usar continuamente líneas de crédito de corto plazo para financiar gasto de inversión,
El 14 de mayo pasado, la calificadora internacional Standard & Poor's ubicó al estado de Baja California Sur con riesgo crediticio mxBBB+ a escala nacional, debido a su poca liquidez, derivada de sus compromisos por “servicio de deuda, limitada flexibilidad financiera y alta vulnerabilidad presupuestal”. Aunque considera que por el momento la situación es estable, “condiciones económicas adversas o cambios circunstanciales podrían conllevar a un debilitamiento de la capacidad de pago”.
Agrega la empresa que “un servicio de deuda por arriba de 10% de sus ingresos discrecionales (dinero disponible luego de pagar compromisos), que presione aún más su posición de liquidez o una tendencia negativa en su desempeño presupuestal”, podrían llevar la calificación a un umbral donde prevalecería el riesgo respecto de su capacidad de pago tanto de intereses como del principal.
Informa que en el 2009 el servicio de la deuda del estado absorbió un alto 13.8% de los ingresos discrecionales, lo cual confirma la tendencia negativa. En el periodo 2008-2010 el servicio de la deuda costó 940 millones 742 mil 82 pesos, una cantidad considerable para un estado en donde los ingresos propios representan el 8.5 por ciento promedio de su prepuesto total, y que apenas le sirve para pagar la nómina de su burocracia, situación que empieza ya a ser insostenible.
Un boletín de prensa del gobierno del Estado dado a conocer el martes 12 confirma lo anterior. Dice en su parte medular que “se estudia la posibilidad de aplicar un programa de retiro a trabajadores de confianza y eventualmente a los de base, con el fin de reducir la nómina hasta en un 30 por ciento”.
Este programa de austeridad y control del gasto corriente que pondrá en marcha el gobierno del Estado, permitirá el ahorro de recursos que habrán de ser destinados al fortalecimiento de los programas de obra pública y de infraestructura social, explicó el secretario de Finanzas, José Antonio Ramírez Gómez. Aunque no citó cifras, se estima que el total trabajan en el gobierno estatal unos 4 mil 500 entre sindicalizados y de confianza.
Cómo está estructurada la deuda
En la página oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el ultimo reporte indica que la deuda del estado es de 2 mil 301 millones 700 mil pesos; a esto habría que sumar 350 millones para el CRIT-Televisa aprobados por el Congreso y 786 millones 787 mil pesos por pasivos no bancarios (proveedores y cuentas por pagar a corto plazo), como se ve en el Balance General al 31 de diciembre de 2010. Total: 3 mil 438 millones 487 mil 949 pesos, una pesada carga para el Estado que tiene que usar continuamente líneas de crédito para financiar gastos contingentes, con lo cual se entra en un círculo vicioso. Por ejemplo el año pasado el servicio de la deuda tuvo un costo de 383 millones 428 mil pesos entre capital e intereses. Para no perder liquidez se tuvo que contratar un nuevo crédito por 222 millones.
Verónica Yáñez, analista de Standard & Poor´s, dice que “el uso continuo de líneas de crédito de corto plazo para financiar gasto de inversión, presionaría el servicio de deuda así como su posición de liquidez, y la calificación crediticia del estado podría verse afectada”. Esto haría que los bancos nieguen más préstamos, o que den créditos con tasas de interés más altas.
Como mecanismo para el pago de los financiamientos bancarios, se está utilizando un fideicomiso irrevocable de administración y pago (F/2001163-1) con el que se afecta el 77 por ciento de los derechos sobre las participaciones federales que le corresponden al Estado. Los créditos de Scotiabank y Banorte vencen en 2015 y otro de Bancomer en 2017.
Para conocer la forma en que esto afecta la inversión en infraestructura social, baste señalar que en el 2009, de los 129 millones 780 mil pesos que envió la federación como recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, sólo se invirtieron 4 millones 657 mil pesos en la construcción del centro de salud de La Rivera. La mayor parte del presupuesto, 72 millones 763 mil pesos, se usó para amortización de deuda, lo que volatilizó el 56% del fondo. El resto se utilizó en terminar el puente del arroyo San José y en el programa de modernización del sistema estatal de recaudación.
Otro hoyo negro son los mil 136 millones de pesos producto de un crédito estructurado con Banorte en abril de 2009, que se paga a través de dos fideicomisos con HSBC a plazo de veinte años (el cual tendrá un costo financiero de mil 113 millones 500 mil pesos tan sólo de intereses): uno está garantizado con el 62.4% del impuesto sobre nóminas (ISN) y otro con el 80% del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos (ISTUV).
Por decisión del Congreso federal, la ley que establece el ISTUV quedará abrogada a partir del 31 de diciembre de este año, por lo que se deberá crear un nuevo impuesto local de las mismas características; o bien, como se establece en el convenio del fideicomiso, el Estado “realizará los trámites correspondientes para afectar a la brevedad” la cuenta del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), como ingreso sustituto que, como vimos arriba, este fondo en particular ya soporta un 56 por ciento para el pago de deuda.
Al respecto, Guillermo Babatz, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores comentó durante la reciente 74 Convención Bancaria que se efectuó en Acapulco, que las entidades o municipios que tengan un mayor porcentaje de sus participaciones en garantía, son susceptibles de enfrentar problemas de pago.
Mintió el secretario
No obstante la crítica situación de las cuentas estatales, en noviembre pasado el secretario de Finanzas José Antonio Ramírez dijo a la prensa que “al cierre de la administración de Narciso Agúndez, la deuda pública directa e indirecta del Gobierno del Estado mostrará una disminución de 378.4 millones de pesos, la cual se ubicará en 644 millones de pesos. Los números son muy claros y corresponden a un manejo financiero responsable y transparente”, recalcó. Hoy se sabe que mintió sobre esto, pues entre septiembre y diciembre la deuda aumentó 668 millones 700 mil pesos.
Este funcionario, de quien se dice fue ratificado en el puesto por una segunda recomendación del Cardenal Rivera Carrera, acusado de proteger a curas pederastas, asegura que el crédito estructurado con Banorte por mil 136 millones “no es deuda pública”. Durante una reunión con diputados de la pasada legislatura, aseguró que “deuda pública y empréstito son conceptos diferentes”, ya que el crédito es “una obligación financiera a largo plazo y no está garantizado ni avalado por las participaciones federales”.
El secretario se refería a la reforma que los diputados locales hicieron en la Ley Orgánica de la Administración Pública el 11 de marzo de 2008, cuyo artículo 4 dice que los fideicomisos que se constituyan como mecanismos de pago y/o garantía “no serán considerados fideicomisos públicos, ni formarán parte de la administración pública paraestatal”
Sin embargo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 27 agosto de 2009, declararon que viola la Constitución el hecho de que los fideicomisos emisores de valores y las deudas generadas por ellos, no se consideren públicos.
El ministro José de de Jesús Gudiño Pelayo, dijo durante la sesión de ese día que “el fideicomiso de financiamiento está legislado de tal modo que la carga se deja a muchas generaciones futuras, sin herramientas significativas con qué enfrentarlas”. El dinero que maneja el Estado, agregó, no es de los gobernantes, es de los gobernados y para servir a los gobernados; es el dinero que proviene de las contribuciones que el Estado nos exige a todos. El Estado no es un negocio, es una estructura democrática, una estructura democrática que la Constitución tutela y que este Tribunal tiene por encomienda hacerla efectiva”.
