Tulio Ortiz Uribe
Desvío de recursos por 3 millones 183 mil pesos, desabasto de medicamentos, insatisfacción en los usuarios por la mala calidad del servicio y niveles críticos en la atención de urgencias, son algunas de las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante la fiscalización de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASS) operados en 2009 por la Secretaría de Salud estatal.
Al revisar los documentos de gastos de operación, la ASF encontró que hubo comprobaciones con facturas falsas. Se verificó que las facturas con los números 0228, 0231 y 0234 de enero, febrero y marzo de 2009, respectivamente, por 316 mil 800 pesos, y la factura número 8576 de mayo 2009 por 16 mil 700 pesos, son “presumiblemente apócrifas” de acuerdo con el reporte electrónico emitido por el Servicio de Administración Tributaria.
El organismo fiscalizador de la Cámara de Diputados detectó también que la Secretaría de Salud aplicó recursos del FASS por 697 mil 100 pesos, para el pago de “arrendamiento de departamentos, apoyos al sindicato y gastos que corresponden al Seguro Popular, conceptos que no contribuyen a mejorar la calidad de los servicios de salud ni beneficia a la población abierta”
Asimismo, al revisar los documentos que integran las comisiones sindicales, se constató que las autorizaciones de 40 servidores públicos fueron emitidas 3 y 12 quincenas después del inicio de las mismas, por las que se realizaron indebidamente 530 pagos por 3 millones 125 mil pesos.
Al evaluar los servicios médicos, se observó que los indicadores “satisfacción por el surtimiento de medicamentos” y “surtimiento completo de medicamentos” presentaron niveles críticos debido a la falta de planeación y organización para la adquisición de insumos médicos, situación que originó desabasto de medicamento e insatisfacción en los usuarios de los servicios de salud.
También se constató que el servicio de urgencias presentó niveles críticos, ya que en los hospitales del Instituto de Salud no se cumplió con el tiempo para atender a la población usuaria de los servicios médicos de segundo nivel.
Al cierre del ejercicio fiscal 2009, el Instituto de Salud registró 55 unidades acreditadas de un total de 68, lo que significa que el 19.1% de las unidades médicas no cuentan con el dictamen que avala la calidad de atención a los usuarios.
Con el análisis de los Formatos Únicos de Movimientos de Personal y las autorizaciones de comisión a otras dependencias, se verificó que ocho servidores públicos fueron comisionados al Seguro Popular y a la Beneficencia Pública, centros de trabajo independientes del Instituto de Servicios de Salud, y a los que se les realizaron 254 pagos por 1 millón 819 mil100 pesos.
El estado de Baja California Sur, dice el documento, en el transcurso de la auditoría, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos a la cuenta bancaria del fondo, más los intereses por 1 millón 889 mil 800 pesos, y quedó pendiente de iniciar “la investigación correspondiente”, para sancionar a los funcionarios responsables.
Con el análisis de los Formatos Únicos de Movimientos de Personal, nóminas ordinarias y extraordinarias, y estados de cuenta bancarios, se constató que a 2 servidores públicos se les realizaron pagos posteriores a su baja por 29 mil 400 pesos. El estado, en el transcurso de la auditoría, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos a la cuenta bancaria del fondo, más los intereses por 30 mil 600 pesos, y quedó pendiente de iniciar la investigación correspondiente de conformidad con la normativa que le es aplicable, con lo que se solventó parcialmente la observación.
Por otra parte, al visitar el almacén central estatal, se detectó medicamento caduco por 41 mil 200 pesos, y medicamento próximos a caducar con vigencia menor a seis meses por 281 mil 600 pesos, por lo que se concluyó que no se cuenta con mecanismos de control que permitan su oportuna detección y remisión a otros centros de salud y hospitales para su aprovechamiento.
Finalmente, en el Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, se registraron 6 mil 42 nacidos vivos, de los cuales 3 mil 806 fueron partos y 2 mil 236 fueron cesáreas, lo que representa el 37.0% del total de nacimientos, porcentaje que excedió los estándares nacionales e internacionales.
