sábado, 10 de febrero de 2024

 

Se tensan las relaciones entre Caracas y Washington

La CIA, la DEA y la sombra del Esequibo

 

Por Carlos Fazio

Tras la revelación de cinco planes conspirativos golpistas detectados y desarticulados en los últimos meses por el Ministerio Público y los cuerpos de inteligencia venezolanos −que involucran a militares y sectores de la extrema derecha local reclutados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Administración de Control de Drogas (DEA)−, y con la excusa de la inhabilitación política de María Corina Machado (la nueva ‘Guaidó’ de Washington para la elección presidencial de Venezuela este 2024), la Casa Blanca volvió a esgrimir su tradicional política injerencista al anunciar la reanudación de medidas coercitivas ilegales e ilegítimas como medio de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano ratificó la inhabilitación de Machado para ocupar cargos públicos por un periodo de 15 años, que le había sido impuesta por la Contraloría General de la República el 13 de julio de 2015 y extendida por ese lapso en septiembre de 2021 por haber estado involucrada en la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó (el presidente fake auspiciado por la administración de Donald Trump), que propició el bloqueo criminal de EU a la República Bolivariana así como el despojo millonario de riquezas y empresas del Estado (como Citgo Holding Inc, Citgo Petroleum Corporation y Manómeros Colombo Venezolanos, S.A.), junto con el secuestro y robo de 31 toneladas de lingotes de oro venezolano por el Banco de Inglaterra.

Fundadora del partido Vente Venezuela y de la ONG Súmate, financiada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED, vieja tapadera de acciones clandestinas de la CIA y cuyo Consejo Administrativo estuvo integrado por halcones de la talla de John D. Negroponte, Otto Reich, Henry Cisneros y Elliot Abrams), María Corina Machado abogó durante la campaña de “máxima presión” de Trump (2017-2021) por la invasión extranjera a su país mediante la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y de la polémica doctrina intervencionista Responsabilidad de Proteger (R2P).

Con acceso directo a la Oficina Oval de la Casa Blanca desde el gobierno de George W. Bush a Joe Biden, Machado también fue firmante del Decreto Carmona durante el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en abril de 2002, y estuvo presente en la ceremonia en el Palacio de Miraflores cuando el efímero dictador Pedro Carmona procedió a disolver todas las instituciones democráticas de Venezuela. Asimismo, sus patrocinadores ocultan que en 2014 fue destituida como diputada por haber aceptado ser embajadora alterna de otro país (Panamá) para intervenir contra Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA), violando la constitución y las leyes de la República. En la actualidad, mantiene vínculos orgánicos con fuerzas de la ultraderecha internacional como la española Vox, y las que encarnan Javier Milei en Argentina y Jair Bolsonaro en Brasil.

Otra vez el chantaje y la agenda insurreccional como en Chile

El 29 de enero pasado, amparándose en la ideologizada interpretación de Washington de los Acuerdos de Barbados suscritos en octubre último por el gobierno de Maduro y la oposición venezolana, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro −principal herramienta de guerra por medios no militares de EU−, informó que a partir del 13 de febrero quedará revocada la licencia que permitía a estadunidenses establecer relaciones comerciales con la empresa minera de oro estatal Minerven. El ente de extracción aurífera había sido agregado a la lista negra de la OFAC en 2019 y sus activos bloqueados, pero en octubre de 2023 Washington emitió una exención de seis meses a esa sanción, como parte de la hoja de ruta electoral suscrita por el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición en Bridgetown (de la que Machado no forma parte).

Un día después, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, fijó como límite el 18 de abril para reanudar las sanciones a los sectores petrolero y gasífero, y la sede diplomática de EU para Venezuela (radicada en Bogotá, Colombia), replicó en la red X el ultimátum del vocero del Consejo de Seguridad Nacional, almirante John Kirby, de que las autoridades venezolanas tenían “hasta abril” para “permitir a los partidos y candidatos de la oposición participar adecuadamente y liberar a los presos políticos”. Es decir, en clara violación del derecho internacional, la administración Biden volvió a la vieja praxis bipartidista (Demócrata/Republicana), que pretende mantener como rehén político al Estado venezolano mediante el esquema de sanciones coercitivas, mecanismo para la aplicación de castigos colectivos a la población venezolana.

Frente a lo que consideró como un “grosero e indebido chantaje y ultimátum” del gobierno de EU y un deliberado intento de golpear a la industria venezolana de hidrocarburos, la vicepresidenta Delcy Rodríguez replicó en X que si Washington intensificaba la agresión económica contra su país, a partir del 13 de febrero quedarán revocados de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos (lo que podría perjudicar los anhelos reeleccionistas de Joe Biden) y se adoptarían otras contramedidas. A su vez, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, cuestionó el plazo del 18 de abril dado por EU para reimponer sanciones, y reviró: “Ahórrense el lapso, yanquis de mierda”.

Por su parte, el presidente Maduro señaló que a pesar de las sanciones impuestas por EU y la Unión Europea, Venezuela ha aprendido a enfrentar todo tipo de dificultades y recordó que la extrema derecha vernácula, referenciada en la “oligarquía de los apellidos” −como “los Borges, López, Machado, Ledezma, Capriles, entre otros”−, siempre ha querido “incendiar el país” promoviendo “sanciones, bloqueos y hasta intentaron crear un Estado paralelo” que fue derrotado y terminó “en el basural de la historia”. No obstante, advirtió que los planes extremistas continúan activos y son apoyados por EU, que se niega a aceptar la institucionalidad del Estado venezolano y sus decisiones independientes y soberanas.

La escalada de tensiones entre ambos países habían iniciado el 22 de enero, cuando el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la detención de 32 personas (entre ellas 18 militares), presuntamente involucradas en cinco conspiraciones de terrorismo y planes para asesinar al presidente Maduro, al ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, y al gobernador de Táchira, Freddy Bernal.

El propio Maduro dijo que en las conspiraciones desmanteladas habían participado militares traídos desde EU, Perú, Colombia y oficiales venezolanos captados en 2020 y 2021 por la CIA, que junto con la DEA y agentes de inteligencia del Ejército colombiano, han buscado desestabilizar Venezuela. Al respecto, citó el intento de magnicidio de agosto de 2018, cuando intentaron explotar drones contra la tribuna presidencial en un acto militar en Caracas donde el mandatario y su esposa se encontraban rodeados de la cúpula castrense, y la Operación Gedeón, una incursión marítima de mercenarios estadunidenses y militares venezolanos disidentes exiliados en Colombia, en 2020, entre otras acciones sediciosas generadas con la participación de sectores de ultraderecha Miami y Bogotá. Según Maduro, la DEA maneja los hilos de los principales grupos de narcotraficantes colombianos. (La DEA fue expulsada de Venezuela en 2005 por el fallecido presidente Hugo Chávez).

El subsecretario de Estado de EU para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo que esas acusaciones no tenían fundamento y expresó preocupación “por las recientes acciones contra la oposición y la sociedad civil en Venezuela”. Ante ello, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación del gobierno de Venezuela para el diálogo con la Plataforma Unitaria, preguntó en su cuenta de X a Nichols, si Washington sabía de esas conspiraciones en marcha para asesinar a Maduro y a Padrino con participación de la CIA y la DEA “mientras nos veíamos cara a cara” y llegaban a acuerdos junto a un sector de la oposición venezolana. El parlamentario aludió, también, a la respuesta “obvia y frecuente” que suele dar Washington ante esas acusaciones: “Negar los hechos sin siquiera atender la evidencia”. Y agregó: “¿Debemos esperar, como ocurrió en Chile, a que se desclasifiquen los documentos?” (en obvia referencia a la participación del Comité 40, el Consejo de Seguridad Nacional, la Agencia de Inteligencia de Defensa y la CIA, de la mano de Henry Kissinger y el presidente Richard Nixon, en el golpe de Estado del general Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende en Chile, en 1973).

La Exxon, la generala Richardson y el Esequibo

En ese contexto, el ministro de Defensa venezolano, Padrino López, denunció que la empresa petrolera estadunidense ExxonMobil financió los intentos de magnicidio contra el presidente Maduro, con el objetivo de hacerse del territorio del Esequibo, en disputa con Guyana. En noviembre pasado, Maduro culpó a la ExxonMobil y al Comando Sur del Pentágono de sembrar un conflicto militar en el Esequibo con el objetivo de “saquear los recursos energéticos”.

Las tensiones entre Caracas y Georgetown recrudecieron después de que Guyana recibiera ofertas de la corporación ExxonMobil cuando en diciembre de 2022 salieron a licitación ocho bloques petrolíferos en las aguas en disputa, por las que Venezuela solicita una justa resolución a través de lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966.

Desde 2015, Guyana ha estado participando en maniobras militares conjuntas conocidas como Tradewinds, patrocinadas por el Comando Sur con el objetivo de consolidar la supremacía estadunidense en esa región del Mar Caribe. A comienzos de 2021, el exsecretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, firmó con Guyana el Acuerdo de Shiprider como parte de la campaña internacional de hostigamiento contra Venezuela, bajo el pretexto de la lucha contra organizaciones criminales transnacionales. Los Acuerdos Shiprider permiten la realización conjunta de patrullajes marítimos y aéreos para interceptar actividades ilegales. Las acciones lideradas por la actual jefa del Comando Sur, la generala Laura Richardson, evidencian que la administración Biden no ha disminuido el ritmo de asedio hacia Venezuela y el Esequibo del gobierno de Trump.

La AP divulga operación encubierta de la DEA

No transcurrió mucho tiempo para que se corroboraran las acusaciones del gobierno de Venezuela contra algunas agencias del gobierno de Estados Unidos por actividades conspirativas. Concretamente, el 1 de febrero, la agencia estadunidense The Associated Press difundió un memorando secreto de 15 páginas, fechado en 2018, donde se detallaba una operación encubierta de la DEA de más de un año de duración, para fabricar y montar denuncias por casos de narcotráfico contra miembros del gobierno de Venezuela, incluido el presidente Maduro.

Como parte de una ampliación de la “Operación Tejón del Dinero”, creada en 2013 para investigar a funcionarios venezolanos, mandos de la DEA conspiraron en 2018 para desplegar al menos tres informantes encubiertos, para grabar subrepticiamente a altos funcionarios sospechosos de convertir a Venezuela en un “narco-Estado”, recoge el texto de AP. Agrega que el operativo fue aprobado por el Comité de Revisión de Actividades Sensibles de EU, a pesar de la evidente violación de las leyes venezolanas e internacionales, al no informar a las autoridades del país

El documento se redactó durante la campaña de máximo hostigamiento de la administración Trump, cuando echando mano de la guerra no convencional, asimétrica, Washington intensificó la política de “cambio de régimen” con eje en el montaje de Venezuela como un narco-Estado. En ese contexto, el fiscal general de EU, William Barr, presentó cargos formales de narcoterrorismo, tráfico de armas y corrupción contra Nicolás Maduro y otros 13 altos funcionarios venezolanos. Incluso, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera al arresto o procesamiento del jefe de Estado venezolano.

En su investigación, la AP sostiene que el plan ejecutado por la DEA “parecía hacer caso omiso de las leyes venezolanas e internacionales”. Añade que Washington reconoció desde el principio que podría considerarse una violación del derecho internacional. “Es necesario llevar a cabo esta operación de forma unilateral y sin notificar a las autoridades venezolanas”, indica el memorando. El contexto en el que se reveló la actividad de la DEA fue un juicio por conspiración de soborno. El memorando fue subido inadvertidamente a un sitio web de intercambio de archivos por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en Manhattan durante el juicio, y fue retirado después de que un reportero de AP comenzara a preguntar por él, según el artículo.

Algunos de los aliados más próximos a Maduro se vieron implicados en la fabricación de la DEA, como es el caso del diplomático venezolano Alex Saab, liberado a finales de diciembre pasado tras permanecer 1 280 días retenido ilegalmente en una prisión estadunidense. Saab fue capturadoen junio de 2020 durante una escala en Cabo Verde cuando se dirigía a Irán, en una misión diplomática para negociar acuerdos petroleros y adquirir medicinas y alimentos para Venezuela, en medio de las sanciones y el bloqueo de EU y la Unión Europea contra Caracas. Fue liberado el 22 de diciembre de 2023 como parte de un acuerdo de canje de prisioneros entre Caracas y Washington.

En el marco de la actual pugna geopolítica de Washington con la alianza estratégica China-Rusia y de la incorporación de Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos al BRICS en enero pasado; cuando crece la inestabilidad de las rutas comerciales marítimas del Golfo Pérsico, el Mar Rojo y el Canal de Suez tras la guerra genocida de Israel en Gaza, y en momentos que se da una caída de los inventarios de petróleo crudo en el centro de almacenamiento de Cushing, Oklahoma, sumado a una disminución en el volumen de las capacidades de extracción de petróleo y gas en Estados Unidos, Venezuela, con las reservas de hidrocarburos más grande del mundo, y las aguas del Esquibo, también ricas en oro negro, se vuelven vitales para la superpotencia imperial. ¿Responde a ello la trama conspiracionista impulsada por la CIA, la DEA y el Pentágono contra Venezuela? ___________________________________________________

La Tijereta ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

lunes, 28 de agosto de 2023

 

Gobierno federal y Salinas Pliego: una relación psicopática

 

Eduardo Nava Hernández  


El martes 22 en la conferencia de prensa presidencial, el procurador fiscal de la Federación Félix Arturo Medina hizo una denuncia pública contra “una empresa de gran tamaño con presencia nacional” que fue fiscalizada en los años 2010, 2011 y 2013, encontrándose que dejó de pagar impuestos por más de 25 mil millones de pesos.

Para ello, se ha valido de diversas estrategias legales, señaló el funcionario, para retrasar la emisión de sentencias judiciales que lo obliguen a cubrir su adeudo con el fisco. Incluso ha recurrido tal empresa, nunca mencionada por su nombre en la mañanera, a demandar que la Suprema Corte de Justicia ejerza su facultad de atracción para llevar a esa instancia el litigio que el gobierno tiene contra ella. El procurador señaló en particular al ministro Luis María Aguilar Morales como el togado que en los recientes ocho meses ha sido omiso y ha retrasado sin causa justificada el tratamiento del caso, impidiendo así que fluya la demanda de la instancia fiscal contra la aludida empresa para recuperar la cuantía mencionada.

La intención de la denuncia matutina ante la prensa y los ciudadanos era hacer una vez más señalamientos contra el Poder Judicial, la Suprema Corte y el ministro Aguilar Morales, en el contexto de los constantes choques que el Ejecutivo ha tenido en los últimos tiempos con estas instancias jurisdiccionales. La SCJN ha respondido que el asunto no está todavía en sus manos, pues aún no ha ejercido la facultad de atracción del caso, que sigue, en consecuencia, en los tribunales ordinarios.

No fue difícil, pese a la secrecía en el nombre del consorcio evasor, identificar que se trata de la cadena de tiendas Elektra, propiedad del multimillonario Ricardo Salinas Pliego. Es ya muy conocido que éste ha venido durante muchos años negándose a liquidar su adeudo con el Servicio de Administración Tributaria. La historia de “Don Ricardo Salinas”, como él mismo exige que se le llame, y de sus negocios también ha dado tema a diversas crónicas y notas de prensa durante tres décadas. En su número de agosto, la revista Proceso le ha dedicado al personaje y al caso de la evasión impositiva un extenso reportaje, para no ir muy lejos.

Heredero de una mediana fortuna forjada en la fabricación y venta de muebles a lo largo de dos o tres generaciones, saltó a la fama pública en 1993 cuando, como cabeza de un grupo de inversores se hizo de la propiedad de la televisora del Estado TV Azteca (antes Imevisión, integrada por los canales 13 y 7 de UHF), privatizada por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Después se sabría que, para concretar la adquisición, Salinas Pliego recibió un préstamo nada menos que de Raúl Salinas, el polémico “hermano incómodo” del presidente. Desde el principio, entonces, la operación, iba marcada por el tráfico de influencias. Desde unos años antes, Ricardo había asumido también la presidencia del Grupo Elektra, que comenzó a tener un espectacular crecimiento no sólo en la República Mexicana sino en algunos países de América Central.

En 2002, TV Azteca se hizo por la fuerza, con un comando de hombres armados, de la antena de transmisión de CNI Canal 40 (VHF) del empresario Javier Moreno Valle, en un episodio que pasó a ser conocido como el Chiquihuitazo (por el cerro del Chiquihuite, donde se ubican esas instalaciones). Salinas y Moreno habían firmado un contrato de asociación de sus televisoras. En medio de acusaciones mutuas de incumplimiento, el litigio fue a dar a tribunales; pero antes de esperar el veredicto judicial, Salinas ocupó ilegalmente esas instalaciones, que convirtió en Azteca 40 y más tarde en Proyecto 40. Tras el golpe armado, cuando se preguntó al presidente Vicente Fox si su gobierno intervendría para restablecer el estado de derecho, fue que el mandatario respondió con su célebre “¿Y yo por qué?” Tiempo después, la SCJN daría la razón al promotor del asalto, que pudo así consolidar su cadena televisiva. El mismo Fox otorgó a Salinas Pliego una licencia para fundar Banco Azteca, la rama financiera del grupo del magnate, que también se ha extendido hasta ser uno de los bancos más importantes por el número de sus sucursales. Maneja también la Aseguradora Azteca y la Afore Azteca, por la cual atrae y administra los fondos de retiro de cientos de miles de trabajadores.

Igualmente, durante el gobierno foxista, en 2002, se creó la Fundación Azteca, uno de cuyos proyectos más conocidos fue el de crear orquestas y coros infantiles y juveniles en diversos Estados y regiones de la República, Más tarde se sabría que la fundación de Salinas aportaba una parte mínima para ese fin, y que en realidad los grupos musicales eran subsidiados con millones de pesos por el gobierno federal a través de la SEP, el Conaculta y otras instituciones (https://www.animalpolitico.com/2018/06/fraude-orquestas-tv-azteca).

En 2003 siempre al abrigo del gobierno de Fox, el grupo de Salinas Pliego adquirió Iusacel, la primera empresa de telefonía del país, la cual fusionó en 2007 con Unefon y que en 2014 fue vendida a la estadounidense AT&T. En materia de telecomunicaciones, el Grupo Salinas conserva Totalplay, que ofrece servicios de Internet, telefonía fija y móvil y televisión de paga. En 2004 diversificó don Ricardo sus negocios con la empresa Italika, que hoy domina una gran porción del mercado de motocicletas en el país. Así, contando con algunas otras ramas de operación, en su mayoría conformadas mediante los favores de los gobernantes, Salinas Pliego ha llegado a ubicarse como el tercer hombre más rico del país, con una fortuna de 10 mil 900 millones de dólares, aunque ésta ha disminuido en el último año en 12.4 por ciento, pues en 2022 era de 12.45 millardos, según el célebre catálogo de la revista Forbes (https://www.forbes.com.mx/millonarios-2023-elektra-y-banco-azteca-acaparan-los-reflectores-de-salinas-pliego/). ¿Cuánto de esa riqueza ha sido obtenida esquilmando a los infortunados que se endeudan para adquirir un electrodoméstico “en abonos chiquitos” con los que acaban pagando el doble o el triple del precio original? ¿Ha hecho algo el gobierno que dice tomar partido y dar prioridad a los pobres para evitar esas modalidades de fraude?

Ahora sabemos que fue desde el gobierno de Felipe Calderón, hacia 2010, que Salinas decidió no pagar los impuestos a los que está obligado, y es desde entonces que vienen los reclamos de la Secretaría de Hacienda, los que han pasado por diversas instancias judiciales con muy poco éxito. Y a eso es a lo que se refirió el procurador fiscal en su translúcida intervención mañanera.

Con todos esos antecedentes, y siendo Salinas Pliego uno de los multimillonarios generados por la horneada privatizadora del salinismo —como Carlos Slim, Alfonso Romo y una veintena más— y beneficiario como pocos del “capitalismo de compadres (crony capitalism, en su versión anglo), como diversos autores han llamado al favoritismo estatal hacia ciertos empresarios, ha disfrutado de enormes canonjías también durante el gobierno de la autodenominada “Cuarta Transformación”. Sorprendió, al iniciar el sexenio lopezobradorista la designación como secretario de Gobernación de Esteban Moctezuma Barragán, como titular de la SEP, sin antecedentes en el sector educativo y quien venía de ser durante 16 años director general de la Fundación Azteca. También López Obrador entregó el manejo a Banco Azteca de los recursos de varios de los programas de asistencia social de la Secretaría de Bienestar; y TV Azteca sigue ubicada como el segundo medio que más contratos de publicidad ha recibido del gobierno federal entre 2019 y 2022, con un gasto de 985 millones 776 mil pesos, sólo por debajo de Televisa, que recibió en ese periodo 1 087 millones 638 mil pesos, y un poco por arriba del diario La Jornada, que ha obtenido 919 millones 167 mil pesos. Si bien el actual gobierno ha ido reduciendo su gasto en publicidad, es un hecho que el Congreso, con mayoría de Morena y sus aliados, ha desatendido, pese a al menos dos emplazamientos de la SCJN, la aprobación de la ley reglamentaria del gasto gubernamental en ese renglón, por lo que prevalece la discrecionalidad en el otorgamiento de los contratos de divulgación.

Por si todo eso fuera poco, al inicio de su gobierno, AMLO conformó un equipo de asesores empresariales —algo que ninguno de los considerados como gobiernos de la etapa “neoliberal”, no superada hasta hoy, había hecho— en el cual integró, junto con otros magnates o representantes de las más grandes empresas del país, a Ricardo Salinas Pliego.

Pese a los favores recibidos de la administración lopezobradorista, el megaempresario se ha comportado atrabiliariamente atacando a ésta cada vez que le conviene y seguramente dolido porque lo quieren obligar a pagar los impuestos adeudados, que llegaron a ser 32 mil millones y hoy, como queda señalado, más de 25 mil. Durante la pandemia de Covid-19 en 2020 y 2021, cuando se ordenó el cierre de todas las empresas no prioritarias, Salinas se negó a cerrar sus tiendas Elektra, que permanecieron abiertas. En éstas hubo contagios y decesos entre los trabajadores. También desató una campaña mediática en esos días contra el subsecretario López-Gatell, conductor oficial del combate al peligroso padecimiento. Para enfrentar la campaña contra López Gatell y llamando a no hacer caso a sus recomendaciones, el presidente expresó en abril de 2020: “Creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre, anoche, que llamó a no hacerle caso a Hugo López-Gatell, creo que fue una actitud no bien pensada, porque Javier es una persona buena, creo que cometió un error”. Pero no era un error; era una maniobra diseñada por los altos mandos de TV Azteca y Elektra para que el confinamiento y la parálisis parcial de la economía no afectara sus ganancias.

Hace poco, el propio Salinas Pliego, a través de su cuenta en X (antes Twiter) se ha trenzado en una guerra de insultos contra la secretaria general del Morena, Citlalli Hernández, a quien ofende por su físico, tema que ha llegado al INE, donde se ordenó al empresario borrar sus tuits, juzgados como expresiones de violencia política de género, y disculparse por violar la ley. El empresario declaró públicamente que no obedecería a la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del organismo electoral, que no borraría sus inserciones y seguiría hostigando a la morenista cada vez que se le antoje. Si alguien encarna en México “al más mezquino y odioso de los despotismos [del capital]”, como escribió Marx, ése es Ricardo Salinas Pliego.

Y como cereza del pastel, al desatarse recientemente el gran debate sobre el contenido de los libros de texto gratuito, TV Azteca se sumó a la campaña contra éstos de la manera más estridente, amarillista y paranoica posible, acusando a la SEP de querer formar a los niños en la doctrina comunista como producto de un virtual complot del gobierno para controlar ideológicamente la conciencia de la infancia mexicana. Ante esa engañifa, y ante otras agresiones del magnate, la respuesta del gobierno no ha sido tibia, sino lo que le sigue, como los jóvenes dicen.

En un artículo de diciembre de 2020, con la pandemia y el encierro vigentes, y con ello la campaña de Azteca contra las disposiciones sanitarias, Jorge Zepeda escribió: “Una y otra vez el Presidente ha defendido la imagen del empresario del Ajusco cuando en las mañaneras es encarado por las violaciones de este grupo a las normas de contingencia (‘causó daño la declaración de Javier Alatorre, pero no tanto, hay que perdonar’), sus excesos jurídicos con respecto a la evasión fiscal (sí, debe al SAT ‘pero habría qué ver cuánto’), los vínculos de sus empresas con negocios corruptos como el de Fertinal (‘no hay que creer al The Wall Street Journal’)” (https://www.sinembargo.mx/20-12-2020/3912443).

Y esa actitud, en exceso mesurada por parte de quien casi cotidianamente recurre a esa forma de corrupción que consiste en usar los recursos del Estado para atacar y desacreditar a sus adversarios políticos y críticos, ha continuado. En relación con la nueva campaña anti libros de texto en la que otra vez la “persona buena” arremetió contra el gobierno, López Obrador hizo una parodia, de manera de restar importancia a esta nueva operación de la emisora del Ajusco contra su gobierno.

Salinas Pliego no ha sido retirado del grupo de asesores presidenciales, pese a ese cúmulo de violaciones y desafíos al gobierno. Cada vez que se les pregunta acerca de su relación, tanto el oligarca de los abonos chiquitos como el presidente declaran ser amigos. Pero es ya una relación entre dos poderes, uno constituido y otro fáctico, el del Estado y el del dinero, que raya en lo enfermizo, en lo patológico, en lo esquizoide. “Pégame, pero no me dejes”, parece decir AMLO al amigo que por varios flancos le lanza fuego y sabotea su gobierno. Nuevamente, Jorge Zepeda ha reiterado, en una nueva colaboración periodística, su perplejidad ante la actitud del mandatario: “[…] difícil de entender la buena predisposición de López Obrador, que por mucho menos que eso ha sido implacable en contra de sus críticos. Hace tres años me preguntaba, igual que hoy: ¿desconocemos algo que convierte a este personaje en amigo o aliado del presidente? ¿Algo sabe el empresario del presidente que los demás no sabemos?” ( https://www.sinembargo.mx/13-08-2023/4396472).

Es seguro que el sexenio terminará, López Obrador se irá y Salinas Pliego continuará como el acaudalado soberbio, vulgar y despótico que es, explotando a los trabajadores de sus tiendas y succionando los magros ingresos de los pobres que caen en sus redes crediticias. Ojalá, al menos, ya que se lo ha propuesto, el gobierno logre hacerle pagar sus impuestos.

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Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH

La Tijereta ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

 

miércoles, 9 de agosto de 2023

 

Otro aniversario del mayor acto terrorista de la historia

 

Jorge Majfud

El número de Time del 13 de agosto de 1945 cita a Truman: “hace dieciséis horas un avión estadounidense lanzó una bomba sobre Hiroshima, una importante base del ejército japonés. Esa bomba tenía más poder que 20.000 toneladas de TNT… Es una bomba atómica. Es un beneficio del poder básico del universo; lo que se ha hecho es el mayor logro de la ciencia en su historia… […] ahora estamos preparados para destruir más rápida y completamente todas las empresas productivas que los japoneses tienen sobre su suelo… si no aceptan nuestros términos, pueden esperar otra lluvia de fuego, como nunca se ha visto en esta tierra”. En Londres, Winston Churchill también se refirió a estas proezas de la ciencia: “debemos orar para que este horror conduzca a la paz entre las naciones y que, en lugar de causar estragos inconmensurables en todo el mundo, se conviertan en la fuente perenne de la prosperidad mundial”.[i]

En su portada del 20 de agosto la misma revista recibía al lector con un gran disco rojo con fondo blanco y una X que tachaba el disco. No era la primera bomba atómica de la historia arrojada sobre una población de seres humanos sino el sol o la bandera de Japón. En la página 29, un artículo bajo el título de “Awful Responsability” (“Una responsabilidad terrible”) el presidente Truman trazaba las líneas de lo que iba a ser más tarde el pasado. Como un buen hombre de fe siempre que es colocado por Dios en el poder, Truman reconoció: “Le damos gracias a Dios porque esto haya llegado a nosotros antes que a nuestros enemigos. Y rezamos para que Él nos pueda guiar para usar esto según Su forma y Sus propósitos”.[ii] En la inversión semántica de sujeto-objeto, por “esto” se refiere a la bomba atómica que “nos ha llegado”; por “nuestros enemigos”, obviamente, se refiere a Hitler e Hirohito; por “nosotros”, a nosotros, los protegidos de Dios.

En realidad, la barbarie de fuego había comenzado mucho antes. El general LeMay había sido el cerebro que planificó el bombardeo de varias ciudades de Japón, como Nagoya, Osaka, Yokohama y Kobe, entre febrero y mayo de 1945, tres meses antes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki.

En la noche del 10 de marzo, LeMay ordenó arrojar sobre Tokio 1500 toneladas de explosivos desde 300 bombarderos B-29. 500.000 bombas llovieron desde la 1:30 hasta las 3:00 de la madrugada. 100.000 hombres, mujeres y niños murieron en pocas horas y un millón de otras personas quedaron gravemente heridas. Un precedente de las bombas de Napalm, unas gelatinas de fuego que se pegaban a las casas y a la carne humana fueron probadas con éxito. “Las mujeres corrían con sus bebés como antorchas de fuego en sus espaldas” recordará Nihei, una sobreviviente. “No me preocupa matar japoneses”, había dicho el general LeMay.

Cuando la guerra estaba decidida y acabada, una semana después de las bombas atómicas, cientos de aviones estadounidenses regaron con otras decenas de miles de bombas diferentes ciudades de Japón dejando otro tendal de miles de víctimas prontas para el olvido. El general Carl Spaatz, eufórico, propuso arrojar una tercera bomba atómica sobre Tokio. La propuesta no prosperó porque Tokio ya había sido reducida a escombros mucho tiempo atrás y sólo quedaba en los mapas como una ciudad importante.

El Japón imperial también había matado decenas de miles de chinos en bombardeos aéreos, pero no eran los chinos lo que importaban por entonces. De hecho, nunca importaron y hasta fueron prohibidos en Estados Unidos por la ley de 1882. El mismo general Curtis LeMay repetirá esta estrategia de masacre indiscriminada y a conveniente distancia en Corea del Norte y en Vietnam, las que dejarán millones de muertos civiles como si fuesen hormigas. Todo por una buena causa (libertad, democracias y derechos humanos).

Poco después de los incontables bombardeos sobre civiles inocentes e indefensos, el heroico general LeMay reconocería: “si hubiésemos perdido la guerra, yo hubiese sido condenado como criminal de guerra”. Por el contrario, al igual que el rey Leopoldo II de Bélgica y otros nazis de Hitelr promovidos a altos cargos de la OTAN, LeMay también fue condecorado múltiples veces por sus servicios a la civilización, entre las que se cuentan la Légion d’honneur, otrogada por Francia.

Nada nuevo. La narratura de los hechos no es sólo para consumo nacional. Se exporta. En el puerto de Shimoda, un busto del capitán Matthew Perry recuerda y recordará, por los siglos por venir, el lugar y la fecha en que el capitán americano liberó el comercio de Japón en el siglo XIX a fuerza de cañón e hizo posible la voluntad del dios de esos cristianos tan particulares. Un siglo después, en 1964, el mismo gobierno de Japón le otorgó la Orden del Sol Naciente al general Curtis LeMay por sus servicios a la civilización. ¿Cuál fue su aporte? El general LeMay innovó las tácticas militares durante la Segunda Guerra mundial bombardeando de forma indiscriminada media docena de grandes ciudades japonesas en 1945. Meses antes de las célebres bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, sólo en una noche murieron cien mil civiles en Tokio bajo una lluvia de otras bombas estadunidenses. LeMay reconoció: “No me molesta matar japoneses”.

Claro que no todo fue a su gusto. Años después, le recomendó al joven inexperiente, el presidente Kennedy, lanzar algunas bombas atómicas sobre La Habana como forma de prevenir un mal mayor. Kennedy no estuvo de acuerdo. Un par de décadas más tarde, en una de las primeras conversaciones sobre el tema Cuba, Alexander Haig, nuevo Secretario de Estado, le dijo al presidente Ronald Reagan: “Sólo deme la orden y convertiré esa isla de mierda en un estacionamiento vacío”.

En 1968, el general LeMay será el candidato a la vicepresidencia por el partido racista y segregacionista llamado Partido Independiente de Estados Unidos.

Si de algo no pecan los mayores criminales de la historia es en alguna forma de incoherencia. No de sus acciones con sus prédicas sino de sus acciones por un lado y de sus predicas por el otro. Sus víctimas también. Luego del mayor acto terrorista de la historia, los gobiernos de Japón no ahorrarán en pedidos de perdón por el crimen de haber sido bombardeados en todas las formas posibles y sin piedad.

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[i] “Birth of an Era”, Time, 13 de agosto de 1945, p. 17.

[ii] “Awful Responsibility”, Time, 20 de agosto de 1945, p. 29.