martes, 27 de noviembre de 2012


El impacto socio-cultural y económico  de los norteamericanos en Los Cabos

Tulio Ortiz Uribe

“Ningún país puede darse el lujo de tener un sistema de inmigración del que hace caso omiso o cuyos hechos simplemente ratifica sobre el terreno”, dice un documento del Instituto de Políticas Migratorias, de los Estados Unidos (MPI por sus siglas en inglés), y agrega que los resultados de esa omisión “son un desafío a las reglas más básicas de gobernabilidad”.

Lo anterior bien puede aplicarse a las políticas públicas de México sobre los  inmigrantes  y en particular los norteamericanos en Baja California Sur, cuyos flujos han tenido un innegable impacto cultural, social, ambiental y económico en el estado.

La prueba de que no hay políticas claras en cuanto a la inmigración, es el hecho de que ni el propio gobierno federal sabe cuántos residentes extranjeros hay en el estado. Un documento del INEGI, titulado Los extranjeros en México, advierte que el marco conceptual que fundamenta la generación de estadísticas migratorias, especialmente la inmigración de extranjeros, no permite establecer un punto de convergencia entre el concepto jurídico legal y la entrada al país de población netamente extranjera.

Y agrega que “las limitaciones de las fuentes de información plantean la necesidad de una revisión exhaustiva de los procesos de generación de estadística migratoria, institucionales y no institucionales que permitan, por un lado, la interpretación actual del fenómeno con la mayor calidad posible, y por el otro, el desarrollo de un plan estratégico que estructure, norme y sistematice a dichos procesos”

Según datos del Instituto Nacional de Migración, entre el 2003 y el 20011, ingresaron al estado 28 mil 353 extranjeros residentes de los cuales el 95% eran estadounidenses. Pero las cifras oficiales no coinciden. Estadísticas del Consejo Nacional de Población informan que en el 2010 había en el estado “7 mil 676 residentes norteamericanos”.

El investigador de la UNAM, Álvaro López, en un estudio titulado Análisis de los flujos turísticos en el corredor Los Cabos, concuerda con lo anterior al señalar que debido a las limitaciones de información de las autoridades federales, “se desconoce cuántos extranjeros residen en Baja California Sur y qué propiedades tienen, pese a que en los hechos ocupan casi toda la costa del corredor turístico de Los Cabos”.

Esta población y la entrada de capitales extranjeros en Los Cabos, dice, “ha generado, un impacto en diferentes ámbitos socioeconómicos: la absorción, en forma legal o corrupta, de extensas áreas litorales en detrimento de tierras antes ejidales; la formación de una nueva sociedad extranjera que funciona a modo de una subcultura con una creciente injerencia económica, política, administrativa y cultural en toda la zona; la generación de redes comerciales que controlan múltiples negocios, en donde se marcan nuevas pautas de consumo, a la vez que elevan mucho el costo de las mercancías para la población local; la circulación de variadas publicaciones que definen nuevos patrones culturales; la intervención en decisiones propias del municipio, sobre todo en materia de servicios y medio ambiente; la creación de redes de narcotráfico y prostitución que, entre otras cosas, han puesto en riesgo la salud pública”

De acuerdo con la maestra María Luisa Cabral, investigadora de la UABCS,  esa población “se encuentra concentrada en las localidades de Buena Vista, Los Barriles, Todos Santos, San José del Cabo y Cabo San Lucas, encontrándose en estas dos últimas localidades el 80 % de los extranjeros que realizan actividades lucrativas, principalmente como vendedores de tiempos compartidos, de bienes raíces y en cargos de confianza, así como laborando en empresas que en su mayoría poseen capital extranjero en un 75%. El resto de los residentes en el municipio son rentistas, jubilados o pensionados.

Playas para el disfrute de extranjeros
En un bien documentado estudio de la maestra María Luisa Cabral, titulado La enajenación de las playas en Baja California Sur y la integración económica de Norteamérica advierte que la regulación en la venta de propiedades de playa a extranjeros se ha ido desmantelando “por la presión del modelo económico occidental imperante y por el proceso de profundización de la integración económica de Norteamérica”.

Y agrega que “En Baja California Sur esta falta de protección se resiente de manera muy especial por varias razones. Primero, por ser el estado con mayor extensión en litorales y por su escasa población; por estar en la zona norte, en donde la presión de la economía norteamericana es mayor; por estar en el noroeste, bajo la poderosa influencia de la economía de la California estadounidense; por su posición en la zona de Pacífico, que se ha convertido en la nueva región económica del comercio mundial y finalmente por la gran riqueza biológica sobre todo marina que posee y por las características y condiciones que prevalen para la explotación y preservación de estos recursos que, a partir del desarrollo de las nuevas tecnologías, se han vuelto de tanta importancia estratégica como el petróleo”

Esta situación, dice, ha propiciado muestras de inconformidad  por parte de la población civil en todo el estado En todo el estado desde Mulegé hasta Los Cabos, se han dado muestras de inconformidad de la sociedad en relación con esta situación, ya  que el problema viene creciendo en forma desmedida e incontrolable. “No solamente un sector de la sociedad civil se ha manifestado, también se han dado manifestaciones de inconformidad por parte de empresarios mexicanos que han señalado que se privilegia a los extranjeros quienes tienen todas las facilidades…”

Y aclara: “Cuando los mexicanos nos quejamos del acaparamiento de las playas por los extranjeros no se trata de una reacción de xenofobia, de intolerancia, de negación del progreso o de rechazo a la globalización. No es cuestión de diferencias de nacionalidad. Las diferencias económicas, más que las políticas o culturales, sin una regulación adecuada dan lugar a abusos e injusticias que son las que, a su vez, dan lugar a la inconformidad en la sociedad local que se va acumulando y provocando conflictos sociales”

Para los nacionales, propinas y bajos salarios
La permisividad de las leyes y reglamentos, así como el poco personal y corrupción de funcionarios migratorios, han permitido que infinidad de norteamericanos se dediquen sin permiso a las más variadas actividades económicas, casi todas relacionadas con el turismo. En general los altos y medios empleos son ocupados por extranjeros. Los nacionales soportan la mayor carga del trabajo y muchas veces se les regatean prestaciones como Seguro Social, vacaciones y aguinaldo, ya que se les emplea sin contrato o bien lo hacen bajo la figura del outsourcing.

El Observatorio Laboral, un órgano de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, indica que el salario promedio en el sector turismo es de 3 mil 787 pesos. Esto contrasta con las grandes ganancias que obtienen las empresas turísticas, extranjeras en su mayoría, que generan ventas por 2 mil millones de dólares anuales en Los Cabos, el 20 por ciento del ingreso total a México por ese concepto. Sin embargo, el 80 por ciento de esas ganancias regresan a sus lugares de origen mediante la fuga de capitales, aportando beneficios marginales a la economía local.

Para Jorge Rionda Ramírez, investigador de la Universidad de Guanajuato, la consolidación de la actividad turística trasnacional y su alto nivel de ingresos, crea privilegios, marginación y monopolios, al tiempo que explotan los recursos para su  beneficio, al crear  “mecanismos de fuga de capitales principalmente vía remesas, que dentro de una red empresarial holding causan que en cada eslabonamiento las remesas se sumen como un efecto multiplicador, de tal modo que la derrama económica local solo corresponde a los sueldos y salarios, las ventas de algunos bienes y servicios modestos al turista, y propinas”

Esta precariedad laboral tiene obvias repercusiones en la calidad de vida de los sudcalifornianos. Basta con observar las zonas marginales de Los Cabos donde vive la mayoría de los trabajadores de los establecimientos turísticos para darse cuenta de las condiciones en que habitan: falta de agua potable, electricidad, drenaje y otros servicios públicos municipales como recolección de basura, pavimentos, banquetas y vigilancia.

Rionda Ramírez agrega que la inversión pública se enajena a los intereses de los inversionistas transnacionales y se orienta en crear infraestructura que apoye el funcionamiento de las industrias que promueve, de tal manera que el dinero que viene del pueblo vía impuestos y que debe ser aplicada para el pueblo y ver por el pueblo, abandona su compromiso original y acaba sirviendo a los intereses extranjeros en un nivel local.

“Por decir, en México la captación de Inversión Extranjera Directa (IED) en materia de turismo genera desarrollos turísticos localizados en regiones que muchas veces presentan fuertes carencias de infraestructura como de atención a los habitantes residentes del lugar. No obstante su emergencia, los pocos capitales existentes como la propia inversión pública nacional dejan de aplicarse a la mejora de la calidad de vida de los lugareños para asistir y alojar la inversión foránea. El efecto es precisamente la polarización del desarrollo económico donde vemos el convivio de áreas altamente desarrolladas creadas a favor de los intereses extranjeros en el país, con áreas contrastantes de abierta pobreza y alta marginación. México es una nación donde existen un sinnúmero de casos que sustentan esta afirmación”, dice.

Y alerta: “La cuestión es que la inclusión de inversiones foráneas implica la gradual pérdida de la autonomía y la independencia nacional… y con ello, los nacionales pasan a ser ciudadanos de tercera ante los privilegios que se les otorgan a los extranjeros”. Incluso, dice, se privilegia a los inversionistas extranjeros, a quienes “se les regalan terrenos extensos, muchas veces playas o islas, y les dan ventajas administrativas y fiscales que a los nacionales no se les brindan”.

Alvaro López va más allá al decir que con el ingreso de grandes empresas turísticas extranjeras en Los Cabos, se evidencia una fuerte participación en amplios ámbitos políticos, sociales, económicos y culturales, (y en donde) “la soberanía nacional se muestra como uno de los mayores problemas observados. El arraigo que la sociedad estadounidense adquiere en la zona hace evocar que, cuando el gobierno de Estados Unidos de América ha visto amenazados sus intereses económicos so pretexto de la seguridad de sus ciudadanos, puede intervenir, incluso, militarmente”.

Baja Mil, sólo daños ambientales
Un ejemplo de severos daños ambientales producidos por empresas y organizaciones norteamericanas en el estado, y en este caso en toda la península, lo constituye la carrera de autos y motocicletas “Baja Mil” que se realiza cada año en el mes de noviembre.

Dicho evento que se realiza desde 1967, actualmente es organizado desde Estados Unidos por la empresa Short Course Off-Road Enterprises (SCORE) y usan la
península, de Ensenada a La Paz, como su patio trasero.
Un estudio de impacto ambiental financiado por el gobierno de Baja California, dice que los vehículos provocan contaminación atmosférica, erosión de caminos y daños a la flora y fauna durante su trayecto. Es el caso de los impactos que se ejercerán sobre el matorral costero, que estarán sujetos a atropellamiento, principalmente juveniles que hayan crecido sobre los caminos menos transitados. Para la zona que comprende esta unidad ambiental, están reportadas cuatro especies florísticas que se encuentran contempladas en la NOM-059-ECOL-1994”

Por otra parte, se tiene que la fauna que se verá afectada primordialmente son aves, mamíferos menores y reptiles, por atropellamiento. Principalmente, el grupo más susceptible será el de aves con hábitos nocturnos.  En cuanto a los reptiles, se puede considerar que este grupo será el más afectado, más que por el ruido, estarán sujetos a ser atropellados, ya que por su forma de desplazamiento y su carencia de órganos auditivos, aún y cuando perciben vibraciones, se encuentran en desventaja para poder evitar el ser atropellados por los vehículos al cruzar los caminos de la ruta, ya que es común encontrarse serpientes atravesando en este tipo de caminos.

Es necesario considerar, dice el estudio de 164 páginas, que además de los grupos más susceptibles a los impactos, que se han mencionado con anterioridad como lo son aves y mamíferos menores, en esta unidad ambiental se distribuyen comunidades de borrego cimarrón (Ovis canadensis cremnobates) el cual se encuentra considerado en la NOM-059-ECOL-1994 bajo Protección especial.

Los contrastes
Un grupo de panelistas invitados por la revista National Geographic Traveler en su edición de diciembre de 2009, dice que Cabo San Lucas, de ser una pacífica villa de pescadores, se ha transformado en un lugar en donde los tragos de tequila es la atracción numero uno de los turistas. Agrega que el destino “parece una extensión de Estados Unidos y no precisamente de sus mejores y admirables partes. Si bien no llega a los niveles de Cancún, en Cabo San Lucas se vive la terrible gringo manía y deja muy poco que ver del auténtico México”.

El panelista que describe a Cabo San Lucas dice que es una “catástrofe de turismo totalmente enfocado al dinero. Falta de atención ambiental. Falta de beneficios locales a excepción hecha de la venta de cosas menores. La totalidad de la costa vendida a desarrolladores que destruyen nidos de tortuga y lugares que debieran permanecer intactos. Presenta muy poca cultura local y sufre bajo la explotación de mega desarrollos sin reglas y de todo lo que tiene que ver con los impactos sociales, culturales y geográficos”

 

 

 

 

 

 

 

 

jueves, 15 de noviembre de 2012


La guerra de Felipe Calderón, un fracaso


 

Tulio Ortiz Uribe

Es irreversible. La mariguana terminará por legalizarse en la mayoría de los estados de EU y en otros países. El pasado martes, junto con las elecciones para presidente,  los electores de Colorado y Washington aprobaron la legalización de la mariguana para uso recreativo y se suman a otros 15 que permiten su consumo con fines medicinales.

La razón de esta medida es el aumento de la criminalidad ligada con el tráfico de estupefacientes que empieza a registrarse en ese país, y que podría convertirse en algo fuera de control con altísimos costos sociales y económicos.

Estados Unidos tienen la experiencia de la Ley Seca o Ley Volsted, que prohibía la fabricación, venta, importación, exportación  y transporte de bebidas alcohólicas en todo el país. Duró 13 años (de 1920 a 1933)  y fue derogada cuando se dieron cuenta que había sido peor el remedio que la enfermedad, ya que el consumo de alcohol siguió subsistiendo y creciendo bajo el control de las mafias que lo producían clandestinamente o lo contrabandeaban de Canadá y México. El crimen organizado creció como nunca antes lo había hecho.

Al igual que hoy en México, el gobierno gastaba grandes cantidades de dinero para combatir las bandas delictivas, pero la corrupción de funcionarios y policías de todos los niveles, hicieron imposible su desarticulación.

La legalización de la mariguana en Colorado y Washington, fue resentida por Felipe Calderón quien declaró que esa medida “resta autoridad moral” a Estados Unidos al pedir a otros países combatir o restringir las drogas. Pero contradictorio como es, apenas hace sólo dos meses y al ver el fracaso de su estrategia, propuso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, “que se haga una valoración de los resultados de la prohibición de drogas"

Y el debate del uso legal de la mariguana, auque tibiamente, se inició. El gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno declaró el pasado día 9 que se debe analizar el tema y  que “logremos consensuarlo con la población”, para lo cual se tendrá que buscar un mecanismo de consulta. A esto se sumó el rector de la UNAM, José Narro Robles, quien dijo que este tema debe ser “discutido, revisado y debatido con la mayor apertura e información posible”

En una abierta crítica a la forma en que Felipe Calderón actuó contra el crimen organizado, dijo que no se puede atacar ese flagelo (las drogas) sacando a los militares a las calles, y que se requiere un replanteamiento de la estrategia.

Para muchos analistas, la guerra que Felipe Calderón inicio a finales de 2006 ha sido un completo fracaso con altísimos costos sociales y económicos. Se calcula que en estos 6 años se han gastado cerca de 700 mil millones de pesos. Tan solo para este año se presupuestaron 154 mil millones de pesos para la Sedena, Marina, PGR y SSPF. Y de los muertos, ni hablar: rondan los 100 mil, sin contar con los 13 mil desaparecidos y los 200 mil desplazados.

Calderón enfrenta una demanda ante la Corte Penal Internacional de La Haya, Holanda, por delitos de “lesa humanidad”.  El expediente está integrado por 470 casos documentados de asesinatos, torturas, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores, “que se han producido en un contexto generalizado de violencia sistemática que ha llevado a México a una crisis humanitaria”