Tulio Ortiz Uribe
Aunque el número de casos de contagio de VIH-SIDA se ha reducido en los últimos 15 años a nivel mundial, en Baja California Sur sigue habiendo una alta tasa por cada mil habitantes. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, los estados que tienen la mayor prevalencia de infectados en 2011 son: Quintana Roo con 1.4 casos por 1000 habitantes, Yucatán 1.4, Distrito Federal 1.3, Veracruz 1.2, Guerrero 1.1, Campeche 1.1, Baja California 1.0, Morelos 1.0, Tabasco 1.0 y Baja California Sur 0.9. Aquí, la incidencia acumulada es de 138.13 por cada 100 mil habitantes, y en últimos cinco años las instituciones públicas de salud reportaron 253 nuevos casos.
Asimismo, el estado ocupa el cuarto lugar nacional en cuanto a defunciones por cada 100 mil habitantes. Los estados que presentaron las mayores tasas de mortalidad son: Tabasco con 11.1 defunciones, Veracruz con una tasa de 10.7, Baja California 9.1, Baja California Sur 8.0, Campeche 7.5, Quintana Roo 7.3 y Colima 7.1. La media nacional es de 4.9.
Información proporcionada a esta revista por el IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, indica que en el estado hay 819 pacientes que son tratados en esas instituciones, aunque el número de infectados podría ser mayor ya que se calcula que el 60 % de las personas que viven con SIDA en México, no tienen acceso a los servicios de Seguridad Social, de éstos, solamente el 3.5% se atiende en instituciones privadas.
Mediante la solicitud de información número 0064101571211 tramitada a través del IFAI, la Jefatura Delegacional de Prestaciones Médicas del IMSS documentó a esta publicación que en el Hospital General de Zona # 1 de La Paz se atiende a 93 pacientes; en Los Cabos a 62, en Comondú 6 y tres en Mulegé para un total de 164.
Informó además que el costo promedio mensual de los antirretrovirales es de 435 mil 986 pesos, y que el gasto por paciente es de 2 mil 658 pesos al mes, sin contar hospitalización, atención médica en consulta externa, otros medicamentos empleados, ni estudios realizados.
Agrega el documento que los pacientes tratados en el Instituto tienen una edad de entre 16 y 52 años, y que tienen oficios de meseros, albañiles, recamareras, empleados generales y profesionistas diversos.
Por su parte el ISSSTE da tratamiento a 20 enfermos de SIDA en el Hospital General de La Paz. De acuerdo con la información proporcionada, el costo por paciente es variable, aunque no indica por qué, pero va de los 2 mil 361 pesos a los 7 mil 206 pesos. El paciente más antiguo tiene 12 años y tres meses y la más reciente ingresó hace seis meses. El 25 por ciento son profesores, 50 por ciento trabajadores administrativos y el resto amas de casa. El rango de edad va de los 27 a los 57 años.
El costo que realizan las instituciones públicas en el estado por el tratamiento de los 816 pacientes reportados, es de 24 millones 480 mil pesos, lo cual demuestra que resulta más económico y humanitario realizar campañas de prevención del Sida con el uso del condón.
sábado, 26 de noviembre de 2011
martes, 1 de noviembre de 2011
Crecen delitos de alto impacto en BCS
A mi maestro universitario, Miguel Angel Granados Chapa
Tulio Ortiz Uribe
Las denuncias de delitos de “alto impacto” en el estado, se incrementaron en 34.7 por ciento en el segundo cuatrimestre del año, al pasar de 548 entre enero y abril, a 738 de mayo a agosto, revela un documento elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.
La media nacional de la variación porcentual que ha tenido la denuncia de delitos de alto impacto en cada una de las entidades federativas, entre el primer y segundo cuatrimestre del 2011 es de 0.5 por ciento, al pasar de 149 mil 394 a 150 mil 077, por lo que Baja California Sur ocupa el primer lugar con 34.7 por ciento, seguido de Tamaulipas con 28.7 y Guerrero 25.8.
El reporte hace un desglose de los seis delitos que más impacto tienen en la sociedad sudcaliforniana, en donde los homicidios dolosos se incrementaron en 100 por ciento; el robo con violencia 47.5 y el robo de vehículo en 32.9 por ciento. El delito de extorsión y el homicidio culposo bajaron a menos 15.4 por ciento y menos 25.0 respectivamente. No se dieron casos de secuestro y el total de homicidios creció 20 por ciento al pasar de 25 a 30 en el segundo cuatrimestre
En los primeros cuatro meses del año, se registraron 9 homicidios dolosos o premeditados en el estado, cifra que se duplico a 18 entre mayo y agosto de este año. En cuanto al robo con violencia, de 141 delitos denunciados de enero a abril se pasó a 208 en el segundo cuatrimestre. Asimismo, el robo de vehículos tuvo un incremento importante al pasar de 368 a 489, con un promedio mensual de 122 automóviles robados.
El Observatorio Nacional Ciudadano critica “la falta de resultados de las autoridades en los tres órdenes de gobierno” y dice que la principal exigencia ciudadana en materia de seguridad “continúa siendo la disminución de la violencia y la delincuencia que trastoca nuestra vida cotidiana”
“Durante los primeros cuatro bimestres del 2011, agrega, la tendencia de las denuncias de robo con violencia, extorsiones, secuestros y homicidios dolosos se ha mantenido constante o creciente. La única manera de interpretar esta situación es que las políticas públicas implementadas, lamentablemente no han impactado en la disminución de la delincuencia que existe en nuestro país”, dice el documento.
Y agrega que el hecho de que no hayan bajado las denuncias a partir de los datos disponibles en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “es preocupante para las organizaciones que integran el Observatorio Nacional Ciudadano. Ello adquiere ese matiz no sólo por los resultados que arrojó el presente monitoreo periódico sino porque al traer a colación los resultados de la Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) que reflejan que los delitos denunciados durante el 2010 fueron equivalentes sólo al 8 por ciento de la incidencia delictiva, por lo tanto los delitos padecidos por la ciudadanía se multiplican exponencialmente y mientras tanto los esfuerzos de las autoridades no parecen corresponder a esta situación”
El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, que dirige Héctor Larios Santillán, dijo que el robo con violencia es un delito muy cotidiano para la ciudadanía en cualquier entidad federativa.
“Lo preocupante de la normalización de este tipo de delito es que las autoridades no están focalizando los esfuerzos en materia de seguridad pública en este sentido, prueba de ello es que no se observa decremento en el mismo, al contrario ha mantenido su crecimiento constante durante los primeros ocho meses del 2011”. En ese periodo se denunciaron 349 robos con violencia en Baja California Sur.
El Observatorio Nacional Ciudadano considera relevante y serio hacer un llamado para prestar atención sobre este delito puesto que existe la probabilidad de que el robo con violencia derive en la comisión de otros delitos como el homicidio, pues si estamos mencionando que fue “con violencia” es presumible que el agresor tenga acceso a un arma y por ende cabe la posibilidad de que atente contra la integridad de la víctima. Este delito, puede ser catalogado como uno de los primeros escalones de la actividad criminal, agregó.
Como conclusión el Observatorio dice que la política de seguridad debe enfocarse según los tipos de delitos y los índices de crecimiento detectados en cada entidad federativa. “Sería ingenuo y atendería a tesis criminológicas ya superadas afirmar que la delincuencia surge espontáneamente, o que se trata de meros actos de responsabilidad individual, por el contrario, y sobretodo en sociedades como la nuestra, en las que muchas de las veces el delito es resultado de factores sociales que por mucho tiempo han generado espacios de corrupción, ilegalidad y violaciones a los derechos humanos, el fenómeno delictivo y por lo tanto las políticas públicas que se implementen para prevenirlo y controlarlo deben partir necesariamente de dos premisas: en primer lugar, la obligación que tiene la autoridad de generar las condiciones de confianza y seguridad indispensables para que la ciudadanía denuncie los delitos y, en segundo el diseño de políticas públicas que respondan a los comportamientos delictivos particulares que obedecen a diversos factores sociales en cada zona o lugar del país”
“En ese sentido las políticas de prevención deben atender como un indicador clave, el crecimiento de determinados delitos en la entidad, ya que las acciones pueden ser más eficaces si se implementan en momentos donde la problemática no adquiere dimensiones fuera de control. Por ello las estadísticas criminales no deben servir para tranquilizar a la autoridad al detectar que en su entidad la problemática no es tan grave como en otros lugares, sino que debe identificar las tendencias que se dan en su propia entidad, considerando que el incremento o la persistencia delictiva son en sí mismos problemas de grave inseguridad”
Y termina: “vale la pena resaltar la importancia de una cultura política y social de prevención y persecución del delito que fundamentalmente tenga como eje el respeto a los derechos humanos, ya que de lo contrario se genera un círculo de arbitrariedades que incrementa la violencia y que atenta contra los derechos humanos de la ciudadanía”.
Tulio Ortiz Uribe
Las denuncias de delitos de “alto impacto” en el estado, se incrementaron en 34.7 por ciento en el segundo cuatrimestre del año, al pasar de 548 entre enero y abril, a 738 de mayo a agosto, revela un documento elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.
La media nacional de la variación porcentual que ha tenido la denuncia de delitos de alto impacto en cada una de las entidades federativas, entre el primer y segundo cuatrimestre del 2011 es de 0.5 por ciento, al pasar de 149 mil 394 a 150 mil 077, por lo que Baja California Sur ocupa el primer lugar con 34.7 por ciento, seguido de Tamaulipas con 28.7 y Guerrero 25.8.
El reporte hace un desglose de los seis delitos que más impacto tienen en la sociedad sudcaliforniana, en donde los homicidios dolosos se incrementaron en 100 por ciento; el robo con violencia 47.5 y el robo de vehículo en 32.9 por ciento. El delito de extorsión y el homicidio culposo bajaron a menos 15.4 por ciento y menos 25.0 respectivamente. No se dieron casos de secuestro y el total de homicidios creció 20 por ciento al pasar de 25 a 30 en el segundo cuatrimestre
En los primeros cuatro meses del año, se registraron 9 homicidios dolosos o premeditados en el estado, cifra que se duplico a 18 entre mayo y agosto de este año. En cuanto al robo con violencia, de 141 delitos denunciados de enero a abril se pasó a 208 en el segundo cuatrimestre. Asimismo, el robo de vehículos tuvo un incremento importante al pasar de 368 a 489, con un promedio mensual de 122 automóviles robados.
El Observatorio Nacional Ciudadano critica “la falta de resultados de las autoridades en los tres órdenes de gobierno” y dice que la principal exigencia ciudadana en materia de seguridad “continúa siendo la disminución de la violencia y la delincuencia que trastoca nuestra vida cotidiana”
“Durante los primeros cuatro bimestres del 2011, agrega, la tendencia de las denuncias de robo con violencia, extorsiones, secuestros y homicidios dolosos se ha mantenido constante o creciente. La única manera de interpretar esta situación es que las políticas públicas implementadas, lamentablemente no han impactado en la disminución de la delincuencia que existe en nuestro país”, dice el documento.
Y agrega que el hecho de que no hayan bajado las denuncias a partir de los datos disponibles en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “es preocupante para las organizaciones que integran el Observatorio Nacional Ciudadano. Ello adquiere ese matiz no sólo por los resultados que arrojó el presente monitoreo periódico sino porque al traer a colación los resultados de la Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) que reflejan que los delitos denunciados durante el 2010 fueron equivalentes sólo al 8 por ciento de la incidencia delictiva, por lo tanto los delitos padecidos por la ciudadanía se multiplican exponencialmente y mientras tanto los esfuerzos de las autoridades no parecen corresponder a esta situación”
El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, que dirige Héctor Larios Santillán, dijo que el robo con violencia es un delito muy cotidiano para la ciudadanía en cualquier entidad federativa.
“Lo preocupante de la normalización de este tipo de delito es que las autoridades no están focalizando los esfuerzos en materia de seguridad pública en este sentido, prueba de ello es que no se observa decremento en el mismo, al contrario ha mantenido su crecimiento constante durante los primeros ocho meses del 2011”. En ese periodo se denunciaron 349 robos con violencia en Baja California Sur.
El Observatorio Nacional Ciudadano considera relevante y serio hacer un llamado para prestar atención sobre este delito puesto que existe la probabilidad de que el robo con violencia derive en la comisión de otros delitos como el homicidio, pues si estamos mencionando que fue “con violencia” es presumible que el agresor tenga acceso a un arma y por ende cabe la posibilidad de que atente contra la integridad de la víctima. Este delito, puede ser catalogado como uno de los primeros escalones de la actividad criminal, agregó.
Como conclusión el Observatorio dice que la política de seguridad debe enfocarse según los tipos de delitos y los índices de crecimiento detectados en cada entidad federativa. “Sería ingenuo y atendería a tesis criminológicas ya superadas afirmar que la delincuencia surge espontáneamente, o que se trata de meros actos de responsabilidad individual, por el contrario, y sobretodo en sociedades como la nuestra, en las que muchas de las veces el delito es resultado de factores sociales que por mucho tiempo han generado espacios de corrupción, ilegalidad y violaciones a los derechos humanos, el fenómeno delictivo y por lo tanto las políticas públicas que se implementen para prevenirlo y controlarlo deben partir necesariamente de dos premisas: en primer lugar, la obligación que tiene la autoridad de generar las condiciones de confianza y seguridad indispensables para que la ciudadanía denuncie los delitos y, en segundo el diseño de políticas públicas que respondan a los comportamientos delictivos particulares que obedecen a diversos factores sociales en cada zona o lugar del país”
“En ese sentido las políticas de prevención deben atender como un indicador clave, el crecimiento de determinados delitos en la entidad, ya que las acciones pueden ser más eficaces si se implementan en momentos donde la problemática no adquiere dimensiones fuera de control. Por ello las estadísticas criminales no deben servir para tranquilizar a la autoridad al detectar que en su entidad la problemática no es tan grave como en otros lugares, sino que debe identificar las tendencias que se dan en su propia entidad, considerando que el incremento o la persistencia delictiva son en sí mismos problemas de grave inseguridad”
Y termina: “vale la pena resaltar la importancia de una cultura política y social de prevención y persecución del delito que fundamentalmente tenga como eje el respeto a los derechos humanos, ya que de lo contrario se genera un círculo de arbitrariedades que incrementa la violencia y que atenta contra los derechos humanos de la ciudadanía”.
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